Este estudio busca determinar las nuevas exigencias ambientales que imponen los mercados desarrollados e identificar el nivel de cumplimiento del sector exportador de alimentos en relación a éstas. Asimismo, analiza el rol de apoyo que cumple el Estado para generar competitividad y permanencia en los mercados a través de los acuerdos de cooperación ambiental. Como metodología de trabajo, se desarrolló un estudio exploratorio usando técnicas cualitativas de investigación, a través de entrevistas semi-estructuradas, a un total de 17 empresas europeas y norteamericanas, orientadas a identificar las acciones que están implementando en materias ambientales y sociales; y la colaboración hacia sus proveedores. Por otro lado, se realizó el mismo tipo de entrevistas a 10 empresas chilenas del rubro alimentos que exportan a Estados Unidos y/o a Europa, con la finalidad de establecer el nivel de cumplimiento en relación a las exigencias ambientales de los mercados estudiados. De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio de caso se observa que la responsabilidad corporativa hacia el medio ambiente y la sociedad en general son una prioridad a nivel global. La tendencia hoy apunta a desarrollar en las compañías una política de responsabilidad corporativa, que considere la dimensión de los trabajadores, medio ambiente, comunidad y comportamiento ético. También se preocupa de integrar eficientemente el cuidado del medio ambiente a través de producir con eficiencia operativa. Reducir el consumo de energía, usar energías limpias y racionalizar el consumo de agua son parte del enfoque que es deseable que las compañías manejen hoy en día. El mercado de Europa identifica la Huella de Carbono como una herramienta de indicador de sustentabilidad. La oportunidad que se da en la extensión del cálculo de la HC más allá de los límites de la organización, abre el espacio para un valioso trabajo con proveedores y clientes que permite reforzar las relaciones con estos importantes actores. Esto ayudaría a mejorar la baja colaboración que mantienen tanto los supermercados de Estados Unidos como de Europa frente a los proveedores. Un producto bajo en carbono, podría representar un atributo de sustentabilidad, valorado tanto por el mercado de Estados Unidos como el de Europa, que permitiría diferenciación respecto a productos competidores; si se realiza en el corto plazo que no es una imposición hoy por parte de los supermercados analizados. No existen brechas entre las exigencias que imponen los supermercados de EEUU y Europa y el nivel de cumplimiento que tienen las empresas chilenas de alimentos que exportan a los mercados estudiados. Los Acuerdos de Cooperación Ambiental son absolutamente desconocidos por el sector privado, por tanto no existe un aprovechamiento de éstos. Se recomienda la creación de una Comisión de Coordinación para la cooperación ambiental vinculada a los acuerdos de comercio, cuya principal función es coordinar la participación del mundo empresarial, académico y sociedad civil, para ser parte de los proyectos ambientales vinculados a los acuerdos comerciales. Asimismo, se recomienda crear un fondo concursable como Instrumento de acceso, que permita asegurar principios básicos como equidad, competitividad, objetividad, cofinanciamiento y libre acceso, para los postulantes. Este instrumento debería ser administrado por la Comisión de Coordinación para la cooperación ambiental.

¿Por qué ocurre que muchos temas que se instalan en la agenda pública con relativoéxito, no logran trascender y conformarse en políticas o programas concretos? ¿Por qué es tan recurrente que muchos diseños técnicamente robustos se “engaveten” o “abandonen”? ¿Qué es más conveniente cómo diseñador de políticas, ser más técnico o más político? Estas preguntas y similares, son las que han guiado la construcción y análisis del presente estudio de caso. Para responderlas, evidentemente no se puede establecer una respuesta simple, precisa e inequívoca, sin embargo, en estudios como éste se indagan algunas causas posibles. La no indicación en los diseños de los mecanismos y estructuras de implementación, la discordancia entre las políticas territoriales y las políticas nacionales, el mal manejo del marketing y los tiempos políticos, la obsesión con la participación, la planificación o la utilización excesiva de tecnologías, la incapacidad de los diseñadores de políticas para hacer y ver otras cosas que van más allá de sus especialidades; son entre otros factores, los que en este estudio de caso se han identificado como relevantes para lo ocurrencia del fenómeno descrito recién. La importancia de estudiar este tema es que muchas veces se da por hecho que la transición entre una etapa y otra en el ciclo de vida de las políticas públicas es lineal y espontánea, cuando la realidad demuestra con frecuencia que efectivamente no es así. El caso que estuvo bajo análisis fue el proceso de agendación, formulación y toma de decisión del plan estratégico de desarrollo de la zona seca. Esta fue una experiencia que ocurrió en Nicaragua a finales del año 2002. En ella, los alcaldes de once municipios de la mano de una ONG entablaron negociaciones con autoridades del gobierno central con el propósito de encontrar soluciones a problemas ingentes en la zona, logrando desencadenar un proceso extenso de negociación, que si bien alcanzó algunos logros, finalmente no derivó en la implementación de ninguna política pública. El caso fue desarrollado mediante la utilización de la metodología “guía práctica para la elaboración de estudios de caso sobre buenas prácticas en gerencia social” y estuvo orientado específicamente a responder la pregunta de investigación ¿Cuáles son los elementos que deben asegurarse en el proceso de agendación y formulación de una política para que ésta sea susceptible de implementarse?

Este estudio de caso analiza las lógicas y dinámicas de interacción de los actores que participan en la implementación de políticas y programas educativos en instituciones educativas. Esfuerzo exploratorio que busca conocer las dimensiones y fenómenos que impactan la política educativa a nivel micro social. Para acercarse a este entramado complejo de interacciones se optó por un diseño metodológico descriptivo comprensivo, de carácter cualitativo y orientación estructural constructivista (Bourdieu, 2003). La estrategia metodológica de análisis se inspira en la “Grounded Theory” o Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967). Es un estudio de caso único en una escuela, donde se identificó tensión y conflicto producto de los recientes cambios en los cargos de dirección. Se recopiló información mediante entrevistas cualitativas semi estructuradas a actores clave involucrados en el proceso de implementación de las políticas y programas, en vistas de adentrarse en la problemática. En el estudio de caso se plantea como hipótesis que el contexto social de comunas semi-urbanas, con sistemas educativos medianos y pequeños, se asocia a modos propios de interacción social entre los principales actores que implementan las políticas y los programas educativos de la escuela, e influye en sus resultados. Ante ello saltan interrogantes como: ¿cuáles son las principales dimensiones de la interacción social que influyen en la implementación de políticas y programas educativos de la escuela en estudio? ¿Cómo influyen estas dimensiones en el desarrollo de las acciones y actividades en cuestión? ¿Qué procesos macro-sociales influyen también en la implementación de la política educativa en la escuela? Las principales conclusiones y reflexiones del estudio, revelan que asociado al impulso de la nueva gestión modernizadora en la escuela se producen cambios a nivel de su estructura de poder, lo que amplifica las ya complejas dinámicas y tensiones relacionales institucionales. Se dibuja una división grupal entre docentes y administrativos, en torno a quienes aceptan y quienes rechazan los cambios que se llevan a cabo. Las acciones de oposición se manifiestan en boicot, desacreditación pública hacia funcionarios de la nueva gestión y el rechazo a realizar actividades, contrariamente a las que realizan los agentes motivados que impulsan cambios y apoyan a la nueva gestión. En este sentido para mejorar la implementación de las políticas y programas en la escuela, el estudio evidencia la necesidad de impulsar un plan de gestión orientado a limar las asperezas y solucionar los conflictos. Este que establezca mecanismos y espacios de diálogo, respetando principios y criterios de participación, consenso y mediación de conflictos, para acercar a las partes e involucrarlas; generando así una sinergia que contribuya a impulsar los procesos educativos. Los elementos subjetivos-cognitivos responden a procesos de interpretación, valoración e interacción, entre los sujetos sociales e inciden en la implementación de las políticas y programas educativos. Estos hechos confirman la necesidad de alertar y hacer un llamado a los “policy makers” para que en los procesos de implementación de las políticas consideren instrumentos analíticos que tengan la capacidad de comprender y analizar la complejidad de estos fenómenos; y muestran, por otro lado, que los procesos de implementación están influenciados por estructuras macro-sociales y micro-sociales, materializadas y objetivadas en las estrategias de los actores, que analizadas bajo los supuestos del “campus” y “habitus” de Bourdieu, revelan interesantes reflexiones y conclusiones.

Chile logró instalar en sus instituciones una política indispensable en el desarrollo de las democracias modernas: el de la transparencia y acceso a la información pública. El presente estudio da cuenta de los factores que facilitaron y dificultaron la aplicación de esta política pública en 2009 y de cómo las instituciones del Gobierno Central comenzaron a cambiar ante los desafíos de la Ley 20.285 (LAIP). Con base en este diagnóstico, se hacen propuestas de mejora de la implementación de esta nueva política pública, que de aplicarse de manera eficaz, contribuiría a dar pasos importantes hacia una variable indispensable para medir la calidad de la democracia, el accountability. Esta investigación sólo se enfoca a la transparencia pasiva en las instituciones del Gobierno Central. Debido a que la transparencia y acceso a la información como una política pública con regulaciones y sanciones es un tema nuevo en Chile, fue necesario aplicar un estudio exploratorio, mediante entrevistas semiestructuradas a stakeholders y a quienes coordinaron los grupos de trabajo para implementar la LAIP, que permitiera identificar hipótesis sobre aquellos factores que facilitarían y/o dificultarían la implementación de la LAIP, así como conocer la forma en que se estaban adecuando las distintas instituciones para su aplicación. Sobre la base de los ámbitos identificados en el estudio exploratorio: gestión documental, momentos previos a la implementación de la LAIP, claridad normativa, tipo de capacitación, desafíos del cambio y ciudadanía informada de sus derechos, se elaboró un cuestionario que incluía variables específicas, el que fue aplicado a una muestra representativa de las instituciones del Gobierno Central. Los encuestados en este caso fueron quienes implementan de manera directa la política de transparencia pasiva, pues son ellos quienes conocen de los problemas que surgen al implementar la LAIP. Los hallazgos de la investigación señalan que en esta política pública del tipo top down, hubo eslabones defectuosos que redujeron la eficacia de la implementación, entre ellos, que los recursos financieros y humanos no estuvieron disponibles y que los tiempos de adaptación no fueron adecuados, en consecuencia, la instalación de las capacidades mínimas de operación para poder cumplir con la transparencia pasiva debió ser lenta y progresiva. El estudio cuantitativo mostró que durante la implementación, algunos elementos se resolvieron de manera adecuada, como la coordinación de los equipos de trabajo en los momentos previos a la vigencia de la LAIP; la capacitación a los funcionarios públicos, y un visible liderazgo de las autoridades al involucrarse en la transformación de las instituciones. Sin embargo, se identificaron temas que dificultan la plena aplicación de la transparencia pasiva, algunos a resolverse a largo plazo y otros que deben atenderse con prioridad, entre los que destacan: la modificación de la política de gestión documental; la falta de claridad de la LAIP y de su reglamento; una ciudadanía que todavía no está ejerciendo en forma plena su derecho de acceso a la información al desconocer los beneficios y límites de la Ley, aspecto que no permite avanzar hacia un accountability efectivo. Para atender lo anterior, las propuestas de mejora apuntan a un plan estratégico a desarrollar en tres etapas, y de manera paralela, las recomendaciones indican reforzar una gestión del cambio con el involucramiento de los directivos hacia los nuevos valores públicos; una política de promoción de los beneficios y límites de la LAIP, acompañado de la instalación de un observatorio desde la ciudadanía, que genere mayor participación y escrutinio público.

El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) ha implementado una serie de programas focalizados, cuyo objetivo es igualar las oportunidades de educación de calidad a través de acciones compensatorias que favorecen a escuelas vulnerables de bajo rendimiento. Es conveniente evaluar estas iniciativas para determinar los efectos sobre los beneficiarios y analizar si los cambios pueden ser atribuidos al programa. El objetivo del presente documento es evaluar el impacto para el periodo 2004-2005 de los tres programas de focalización implementados por el MINEDUC en la educación del nivel básico : Escuelas focalizadas P-900, Escuelas con asistencia técnica externa (escuelas críticas) y Escuelas rurales multigrado, organizadas en microcentros. La evaluación se realizó analizando el desempeño de los establecimientos en cuatro variables de resultado: la variación en el puntaje en la prueba SIMCE de 4to básico para los años 2005-2002 de lenguaje y matemáticas y la variación en la tasa de retiro y abandono para 4to básico. Para ello, se utilizaron técnicas de análisis econométrico, estimaciones no paramétricas de vecinos cercanos para el programa de escuelas críticas, análisis con modelos paramétricos y regresión discontinua para el programa P-900 y análisis de modelos paramétricos para las estimaciones de las escuelas agrupadas en microcentos. Los resultados de la evaluación señalan que, sólo el programa de escuelas críticas presenta un resultado positivo en el rendimiento de matemáticas; la Estrategia de asesoría a la escuela para la implementación curricular en Lenguaje y Matemáticas (LEM) y Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) están asociadas a un mejor resultado en matemáticas; ninguno de los programas reporta un impacto estadísticamente significativo para la tasa de repitencia; y sólo la presencia de CRA en las escuelas P-900 presentan una relación negativa con la tasa de retiro. De la revisión teórica, conceptual y empírica se destaca dos puntos significativos, primero, es importante aplicar en una etapa inicial acciones de política de forma aleatoria a un grupo reducido de beneficiarios que cuenten con un adecuado grupo de control, con el objetivo de poder estimar el aporte efectivo que brinda el programa antes de aplicarlo a los beneficiarios potenciales de la política, y segundo, al momento de evaluar es necesario considerar el contexto general del grupo beneficiario, dado que factores externos podrían incidir en sobreestimar el impacto del programa, esta situación se podría dar en el caso de evaluar a los beneficiarios más vulnerables, los cuales probablemente mejorarán su desempeño aún sin la intervención del programa.

El presente Estudio de Caso tiene por objetivo analizar el programa de concesiones viales en Chile desde el marco de la política pública, establecer la relación que existe entre el programa de concesiones y los procesos que debe considerar una política pública. Junto con lo anterior, este trabajo busca avanzar en la identificación de los procesos que se encuentran pendientes y de los desafíos futuros del programa de Concesiones. Para el logro de estos objetivos, el documento se estructuró a través de un marco conceptual en el que se definen los lineamientos para el análisis, en cuanto a la política pública y al bien público, sobre los cuales se establece el programa de Concesiones. Luego una segunda parte con la historia, que da cuenta de lo que ha sido el programa, dando pas o a una tercera parte, en que se analiza la relación que existe entre la pol ítica pública y el programa de Concesiones , a través del análisis de la información recopilada. Finalmente, se presentan las principales conclusiones, desafíos y propuestas sobre el tema. En cuanto a la metodología, se realizaron entrevistas en profundidad a los actores políticos relevantes que estuvieron involucrados directamente en el proceso, específicamente a los ex – Ministros de Obras Públicas, y se desarrolló un trabajo de análisis documental y de prensa. De esta manera se logró estructurar la visión del programa de Concesiones viales en Chile desde los propios actores. Del análisis se desprende que el programa de Concesiones en sus inicios no fue concebido como una política pública; ya que no cumplió varios de los procesos que deben considerarse para tal efecto; sin embargo, implicó una serie de decisiones públicas al momento de su implementación. En este sentido, se considera que el programa de Concesiones responde a una decisión pública y no al diseño y gestión de una política pública, por lo que aún tiene tareas y desafíos pendientes que deben ser abordados en el corto y mediano plazo. Cabe destacar que este hecho no dice relación con el éxito o fracaso que pudo haber tenido el programa de Concesiones. A modo de conclusión se destacan como tareas pendientes; el proceso de institucionalidad del programa de Concesiones y establecer una participación ciudadana que responda a un proceso de modernización del Estado; y como principales desafíos se encuentran; establecer los estándares de servicios para la infraestructura concesionada, una mayor regulación y una política para la nueva generación de Concesiones. Por otro lado, este análisis considera el proyecto de ley que modifica la Ley de Concesiones, que se discute en el Congreso, modificación que no se hace cargo de incorporar la totalidad de las tareas pendientes y desafíos del programa.

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