Hablar de servicios públicos supone hablar de actividades consideradas esenciales para la sociedad. Dicha situación no es ajena a los servicios públicos de telecomunicaciones, siendo una clara evidencia de ello la experiencia actual durante el tiempo de pandemia, donde los servicios de telecomunicaciones ocupan el día a día de todos. Bajo ese contexto, es entendible que el regulador se preocupe por exigir a los operadores garantizar la “continuidad” en la provisión de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, ¿hasta donde llega dicha garantía? ¿podemos hablar de un servicio infalible? El propósito del presente trabajo es evidenciar que, aun cuando existe un interés a garantizar, es necesario no perder de vista los principios que componen el procedimiento administrativo sancionador, al punto de evaluar y/o replantear lo que se entiende por el deber de “continuidad” a cargo de los operadores de servicios de telecomunicaciones. En el presente trabajo abordaremos diversos conceptos (tipicidad, potestad de supervisión y deber de “continuidad”), concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista el alcance de cada uno de los conceptos analizados.

El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL, de fecha 21 de agosto (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se resuelve sancionar a la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, “CLARO”), por incumplir en 31 acciones de supervisión con la entrega de constancias de arribo a sus centros de atención. En este mismo informe, pretendemos analizar si la sanción impuesta a CLARO por medio de la Resolución de OSIPTEL se encuentra conforme a los principios de la potestad sancionadora, a efectos de manifestar si fue razonable, proporcional y debidamente motivada

Desde diciembre del 2013 hasta la fecha, he venido desarrollándome laboralmente en proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) del tipo autofinanciadas y cofinanciadas, en la cual se utilizan técnicas y herramientas económicas que pueden ser manejadas por el concesionario tanto para la formulación como para el desarrollo de su política de negocios, un ejemplo de ellas es el estudio de la oferta y la demanda con el fin de la maximización del beneficio para ambas partes, pero considerando siempre el mejor nivel de servicio para los usuarios. Actualmente, vengo laborando como Especialista Financiero en la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado, entre funciones, de verificar y validar los modelos económicos-financieros de los contratos de Asociación Público Privada que requieran la opinión de dicha dirección a fin de promover la reactivación económica del país en el contexto de la pandemia por el covid-19. Para ello, en el presente informe se analizará la importancia de la promoción de los proyectos APP y puntos de mejora de estos en el contexto peruano.

El presente informe jurídico corresponde a la controversia suscitada entre la Compañía Telefónica Andina S.A. (Teleandina) y Telmex del Perú S.A. (Telmex), en relación a un Procedimiento de Solución de Controversias, desarrollado ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en el mes de junio del 2006, debido a la presunta dilación en la reparación del enlace de interconexión por parte de TELMEX. A raíz de ello, se emitió la Resolución N° 006-2007-TSC/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2007, mediante la cual el Tribunal de Solución de Controversias (i) declara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 003-2006- CCO/OSIPTEL, (ii) instituye un precedente de observancia obligatoria, relacionada al numeral 48 del anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión (en adelante, las TUO de Interconexión)(1) y (iii) recomienda la conformación de un Cuerpo Colegiado, para el inicio de un procedimiento administrativo de oficio. Este informe se realiza con la finalidad de resaltar la importancia de los principios, en la actuación de la Administración, y establecer una crítica a las recomendaciones inviables que formula la Administración. Del análisis de los actuados se identifican tres problemas: primero, la vulneración del Principio de Tipicidad, con el establecimiento del precedente de observancia obligatoria, segundo, las consecuencias de la nulidad del acto administrativo, y tercero, la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador, sustentado en el incumplimiento del numeral 48 del anexo 5 del TUO de las Normas de Interconexión. Se concluye, entre otros aspectos, que OSIPTEL llevó a cabo una interpretación extensiva o analógica del numeral 48 del anexo 5 del TUO de Interconexión, dio origen a un imposible jurídico y brindó una recomendación inviable, contraria al Principio de Tipicidad

En esta tesis, las autoras, sobre la base de la pirámide de Braithwaite, proponen la utilización de las herramientas de Enforcement con las que cuenta el OSIPTEL durante la supervisión, fiscalización, sanción y post evaluación del cumplimiento regulatorio en el sector de las telecomunicaciones, en un esquema piramidal de aplicación, bajo el enfoque de Responsive Regulation. Dichas herramientas están consignadas desde las menos intrusivas y persuasivas, hasta aquellas otras que se sustentan en la no cooperación de los regulados, frente a lo cual se requiere el empleo de mecanismos de disuasión. Además, a fin de obtener un enfoque de Responsive Regulation, de forma integral, precisan que es necesario considerar diversas mejoras en la normativa del OSIPTEL, así como en el ejercicio de sus funciones, las cuales han sido desarrolladas en este documento.

A través de este trabajo de investigación se pretende observar desde un punto de vista jurídico la aplicación de cambios normativos en el tiempo del cómputo de inicio de plazo de la acción de cobro de deudas tributarias conforme a la legislación peruana. La investigación toma relevancia debido a que durante el periodo de investigación se presentaron diversas interpretaciones de parte de entes administrativos y diversos juristas respecto a la aplicación de los Decretos legislativos No. 1311 y 1421, los cuales introdujeron un nuevo supuesto de inicio de plazo de acción de cobro de deudas tributarias. A ello debemos agregar que durante la investigación el Tribunal Constitucional emitió una sentencia validando la constitucionalidad del DL 1421, dando por concluido los cuestionamientos sobre las facultades de exigencia del cobro de algunas deudas tributarias de parte de la SUNAT (Administración Tributaria). Sin perjuicio de ello, el presente trabajo busca analizar a profundidad la institución de prescripción de acción de cobro de deudas tributarias, tomando en cuenta principalmente un enfoque argumentativo y jurisprudencial, conforme al cual se concluye que el DL 1421 sí resultaría siendo inconstitucional al (i) pretender aplicar sus efectos a hechos ocurridos, (ii) no encuentran justificación para ser aplicados retroactivamente y (ii) en pro de la defensa de los principios de protección de la inversión privada y seguridad jurídica.

La presente investigación identifica que la estrategia dominante para el cumplimiento de las normas (Enforcement) aplicada por el organismo regulador de las telecomunicaciones del Perú (OSIPTEL) es la disuasiva (Deterrent approach), estrategia que tiene como principal proposición que el castigo es lo más efectivo para lograr un cambio de conducta del infractor. En este contexto es que nos preguntamos si cabe la posibilidad de optar por estrategias conjuntas (sin dejar de lado el ejercicio de la potestad sancionadora del regulador cuando corresponda) que permita la apertura del Regulador a solucionar los incumplimientos desde un esquema gradual, partiendo desde una posición persuasiva para que cuando sea necesario ejercer el poder punitivo, se ejerza fuertemente, aunque sólo en los casos en que se hayan sido vencido otros mecanismos de entendimiento. Consideramos en esa línea que lo importante no es tener una cantidad elevada de supervisiones que deriven en expedientes de sanción, sino que los expedientes que existan sean de gran impacto para la sociedad y el mercado de las telecomunicaciones. La causa es que no debe perderse de vista la relevancia de resolver oportunamente un caso en materia de servicios públicos. Entiéndase resolver no como sinónimo de sancionar, sino como sinónimo de reparar, corregir o regenerar. Si el único camino que se tiene es el de sancionar, entonces es mejor, a nuestro entender, fijarse en aquellos procesos en los cuales se cuente con la mayor cantidad de pruebas (certeza indubitable, si se quiere), generada principalmente a partir de investigaciones minuciosas y sistemáticas, y aquellas nacidas del estilo de los juegos repetidos; y que generen un gran impacto en la industria. Desde nuestro punto de vista, a través de la aplicación de una Regulación Responsiva (Responsive Regulation), el Regulador puede alcanzar eficiencia en términos económicos (ahorro en el inicio de procedimientos administrativos sancionadores), eficacia en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a las que se sujetan las empresas operadoras (en lo sucesivo, Agentes Regulados) dentro de un contexto oportuno (los problemas que afectan el servicio público se solucionan en el menor tiempo posible); de este modo el Regulador se enfoca en que el Agente Regulado asegure la provisión de los servicios brindados dentro de los términos en que se encuentra obligado, en un tiempo esperado, otorgando un conjunto de oportunidades graduales al agente presuntamente infractor de modo que corrija, resarza o remedie su incumplimiento, ello, aplicando las vigentes reglas del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y las normas vigentes del sector. Para ello se propone una pirámide que inicia con la implementación de mecanismos persuasivos, como mesas de diálogo y transacciones, y culmina, en el vértice, con el retiro de la concesión o la disminución de años en su renovación, según sea el caso. Asimismo, se propone una pirámide inversa, en donde cada conducta positiva de la empresa, le otorga ventajas regulatorias en el mercado de las telecomunicaciones. / This research identifies that the dominant Enforcement strategy applied by the Peruvian Telecommunications Regulatory Agency (OSIPTEL) is deterrent (Deterrent approach), a strategy that has as its main characteristic that punishment is the most effective way to achieve a change of the offender’s behavior. In this context, the stitches fit into the possibility of opting for strategies (without neglecting the exercise of the regulator's sanitary energy when appropriate) that allow the opening of the regulator that solves noncompliance from a gradual scheme, starting from A persuasive position so that when it is necessary to exercise punitive power, it is strongly exercised, but only in cases where other mechanisms of understanding have been overcome. We consider in this line that the important thing is not to have a high amount of supervisions that result in sanction records, but that the existing files are of great impact for the society and the market of the telecommunications. The reason is that the importance of timely resolving a case regarding public services should not be lost sight of. Understand resolving not as a synonym for sanction, but as synonymous to repair, correct or regenerate. If the only way we have is to sanction, and it is better, in our opinion, focus on the processes in which we have the most evidence (undoubted certainty, if you will), generated mainly from research minutiae and systematic, and those born in the style of repeated games; And that will have a big impact on the industry. From our point of view, through the application of a Responsive Regulation, the Regulator can achieve efficiency in economic terms, the efficiency in the fulfillment of the obligations to which the operating companies are subjected in a timely context (the problem which affect the public service are solved in the shortest possible time); Thus, the Regulator focuses on ensuring that the Regulated Agent ensures the provision of the services provided within the terms in which it is obliged, in an expected time, to grant a set of gradual opportunities to the alleged offending agent in order to correct, compensate Or remedy its noncompliance, applying the current rules of the Single Ordered Text of the General Administrative Procedure Law and the current rules of the sector. To this end, a pyramid is proposed that begins with the implementation of persuasive mechanisms, such as tables of dialogues and transactions, and culminates, at the apex, with the withdrawal of the concession or the reduction of the years in its renewal, according to the case of the sea. Also, it is an investment company, where every positive conduct of the company, granting regulatory advantages in the telecommunications market. / Tesis

During the 90s, the Peruvian government implemented a series of economic and tax to promote investment in the country. This article, after almost two decades and with the assumption of the changes that have arisen, will make a brief review of the background to the enactment of Law No. 30230 with regard to new investments not provided for in the Legal Stability Contracts. From ment, will show how the Law N ° 30230 institutionalizes a misinterpretation of the rules governing legal stability contracts. Then, we will discuss the reasons why the current regulation is not an appropriate tool to promote investment.Finally, we introduce the synthesis of this article through the conclusions. / Durante los años 90, el gobierno peruano implementó una serie de medidas económicas y tributarias para promover la inversión en nuestro país. Este artículo, después de más de dos décadas y con las modificaciones propias de estas medidas, hará un breve repaso de los antecedentes a la promulgación de la Ley N°30230 en relación al tratamiento que se da a las nuevas inversiones no previstas en el Contrato de Estabilidad Tributaria. Luego, se mostrará cómo la Ley N° 30230 institucionaliza una errónea interpretación de las normas que regulan los Contratos de Estabilidad Tributaria. Asimismo, se expondrán los motivos por los que la regulación vigente no resulta ser una adecuada herramienta para promover la inversión. Finalmente, se realizará una síntesis del presente artículo a través de las conclusiones.

This paper discusses the basics and the ways that generally develops the «Public procurement system» between the government and private sector operators. If the material activity of the Public Administrations usually develops through its own means, economic, material and personal, it is also essential collaboration of the private sector through public procurement. The positive connection to the law is unavoidable in public contracts, but it is also very relevant public expenditure savings applying procurement rules to advertising, equal competition and competitiveness. It serves as a reference the substantive core of Spanish law which, as most of the states of Europe, faithfully follows the rules to compliance with the European Union, undoubtedly one of the forms of state integration policies with greater depth and success in the world. / En este trabajo se analizan los fundamentos y las formas en que se desenvuelve generalmente el «sistema de la contratación pública», una de las instituciones jurídicas en que se manifiesta más explícitamente la actuación colaborativa entre las Administraciones Públicas y los agentes económicos del sector privado. Si la actividad material de las Administraciones Públicas se desarrolla generalmente a través de sus propios medios, económicos, materiales y personales, también es fundamental la colaboración del sector privado a través de los contratos públicos.La vinculación positiva a la ley resulta ineludible en los contratos públicos, pero es muy relevante el ahorro de gasto público aplicando normas de contratación con publicidad, igualdad de concurrencia y competitividad. Sirve como referencia el núcleo sustancial del Derecho español que, como la mayor parte de los Estados de Europa, sigue fielmente las normas de obligado acatamiento de la Unión Europea, sin duda una de las fórmulas políticas de integración estatal con mayor calado y éxito en el mundo.

In this interview, the interlocutor analyzes, in general terms, which are the issues that the government reform involves, mainly in three important fields: civil service reform, public contracting system reform, and promotion of theprivate investment. Thus, the interlocutor criticizes the way the reforms in some areas have been executed; mentions which are, from his perspective, the successes of some reforms; and outlines proposed solutions for the road ahead for the government modernization. / En la presente entrevista, el interlocutor analiza, de forma general, cuáles son los problemas que supone la reforma del Estado, fundamentalmente en tres áreas importantes: reforma del servicio civil, del sistema de contrataciones del Estado, y promoción de la inversión privada. De esta manera, el interlocutor critica la manera en la que se han llevado a cabo reformas en ciertas áreas; señala cuáles son, según su consideración, los aciertos de algunas reformas; y esboza propuestas de solución para el camino que aún falta por recorrer para la modernización del Estado.