Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tratará acerca de cómo se presenta el Principio de Especialidad en el Derecho Penal Adolescente chileno. En particular, se abordará la forma en que este principio se ha manifestado en relación a la figura de los jueces intervinientes en el proceso penal adolescente, actualmente regido por la Ley Nº 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Para comenzar, el Capítulo I ilustrará las características de cada uno de los modelos de justicia penal juvenil presentes a lo largo de la historia. Se hará referencia a sus orígenes, al concepto que se tenía en ellos de Niño y Adolescente, a la finalidad atribuida a la justicia penal adolescente en las distintas etapas, al rol del juez y a las singularidades del procedimiento. Para culminar de darle esta necesaria ambientación a nuestra investigación, se hablará de la Doctrina de la Protección Integral y algunos detalles de su presencia en Chile. Acto seguido, en el Capítulo II se expondrá acerca de las exigencias que en el ámbito internacional se plantean en materia de adolescentes y su responsabilidad penal, con énfasis en lo que ocurre en relación a los jueces penales juveniles, cuestión central de esta memoria. El Capítulo III ofrecerá un estudio del tratamiento que distintos países, tanto americanos como europeos, han dado a la responsabilidad penal adolescente y, al mismo tiempo, se revisará en qué medida ha sido acogida la especialidad del juez en ellos. Para estar más cerca del objetivo planteado, el Capítulo IV aportará elementos para conocer y entender la realidad por la que atraviesa el país en el tema. Empezando por dar una pincelada a lo que ha sido la historia del Derecho Penal Adolescente en Chile, para continuar con el análisis de la ley vigente. A lo anterior, se agregará un apartado dedicado a los órganos judiciales y administrativos involucrados en el proceso penal de adolescentes, su enumeración y descripción, y, las que, a juicio de las autoras, son sus falencias. Finalmente, en el Capítulo V se darán a conocer las reformas propuestas al sistema imperante en el territorio nacional, modificaciones que aspiran a convertirlo en un modelo acorde a los nuevos estándares

The unreasonable length of Italian civil proceedings goes on filling pages of newspapers and magazines. According to some authoritative views, the inefficiency of the civil justice system helps explain why the Italian model legislation on civil proceedings, as well as its academic research, are not as influential on the European scene as they were in the past. It is interesting to note that an opposed thesis has pointed out that the Italian procedurallaw and recent researches in civil proceedings lack a clear, up-to-date, principle-oriented and comprehensive approach towards problems and challenges that contemporary civil justice systems face today. Such an outdated and overly complicated approach might contribute to the inefficiency of the Italian civiljustice system. The Italian Law Journal, which aims to both spread knowledge (and criticism) of the Italian legal system and foster international debate among lawyers of different traditions, may be an appropriate venue for deepening our understanding of the current performance of the Italian civil justice system. Itmay, in particular, assist in ascertaining the major causes of the inefficiencies, with a view to assessing (in a subsequent article) if the prevailing way of thinking of legal scholars may, in the end, exacerbate the relevant problems. / La longitud poco razonable de los procesos civiles italianos continúa llenando páginas de periódicos y revistas. De acuerdo con algunas opiniones autorizadas, la ineficiencia del sistema de justicia civil ayuda a explicar el motivo por el cual el modelo italiano de legislación en materia de procedimiento civil, así como su investigación académica, no sean tan influyentes en la escena europea como lo fueron en el pasado. Es interesante notar que una tesis opuesta ha señalado que el derecho procesal italiano y las investigaciones recientes sobre el proceso civil carecen de un enfoque claro, integral, actualizado y orientado por principios sobre los problemas y desafíos que el sistema de justicia civil afronta actualmente. Tal enfoque anticuado y demasiado complicado podría contribuir a la ineficiencia del sistema de justicia civil italiano. El Italian Law Journal, cuyo objetivo es la difusión de conocimiento (y crítica) del sistema legal italiano y la promoción del debate internacional entre abogados de distintas tradiciones, puede ser un modo apropiado para profundizar nuestra comprensión del desempeño actual del sistema de justicia civil italiano. Puede, en particular, ayudar a determinar las principales causas de las ineficiencias con el fin de evaluar (en un artículo posterior) si la forma predominante de pensamiento de los estudiosos del derecho posiblemente, al final, exacerba problemas relevantes.

An approach of corrective roles of judges within the constitutional interpretation demands a number of parameters that must necessarily be made compatible with the principles, values  and guidelines pursuant to contemporary legal systems. This study covers the dimensions of these corrective roles in the attempt to set reference lines on the delicate task of the constitutional judges in the defense of the effective exercise of the fundamental rights and the regulations’ primacy of the Constitution. Finally, this study investigates if there is a jurisdictional government and to what extent the neoconstitutionalism turns out to be a relevant matter in the interpretation of the Constitution. / Un enfoque de roles correctores de los jueces en la interpretación constitucional demanda una serie de parámetros que necesariamente deben ser compatibilizados con los principios, valores y directrices que informan los ordenamientos jurídicos contemporáneos. El presente estudio abarca las dimensiones de esos roles correctores en la pretensión  de establecer líneas referenciales sobre la delicada labor de los jueces constitucionales en la defensa de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución. Indaga finalmente, si acaso existe un Estado jurisdiccional y en qué medida el neoconstitucionalismo resulta ser un elemento material relevante en la interpretación de la Carta Fundamental.

El presente artículo cuenta con mi experiencia en asuntos penitenciarios en Colombia y Perú. Es una reflexión sobre los beneficios de la reincorporación del Juez de Ejecución Penal (JEP) en el sistema penitenciario del Perú. Se expondrá que los procedimientos en los establecimientos penitenciarios (EP) peruanos registran mayor complejidad al estar a manos del Juez de la Investigación preparatoria, pronunciamiento del Ministerio público y de la administración la potestad decisora. Estas circunstancias influyen negativamente en los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción social.

La interpretación prejudicial es un proceso comunitario no contencioso. Sus efectos la convierte en la herramienta fundamental para garantizar la aplicación e interpretación uniforme del ordenamiento comunitario andino dentro del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Mediante la interpretación prejudicial, también se asegura el correcto desarrollo del proceso de integración andino. El presente trabajo académico establece que el trabajo interpretativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, no utiliza las reglas de interpretación establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 cuando analiza el término juez nacional, el mismo que se encuentra descrito en el Artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina opta por una interpretación que amplía su significado y, en consecuencia, entiende que juez nacional también es un funcionario administrativo con función jurisdiccional y un árbitro.

El presente trabajo tiene por objetivo determinar los estándares constitucionales que se deben observar en el ejercicio de la potestad sancionadora manifestada en la destitución de jueces por incumplimiento del precedente constitucional (PC) o la doctrina constitucional vinculante (DCV). Para tal fin, fueron analizados un total de 36 procesos disciplinarios con pedido de destitución (correspondientes al periodo que va del año 2006 al 2018) cuyo cargo imputado a los jueces y juezas de las diferentes instancias del Poder Judicial fue no haber tenido en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional a la hora de emitir sus resoluciones, conforme a lo dispuesto en los artículos VI y VII del Nuevo Código Procesal Constitucional. Analizado el problema de estudio y la forma como se llevaron los procesos ante la Oficina de Control de la Magistratura, se identificaron seis estándares constitucionales que recomendamos que la actual Junta Nacional de Justicia debe considerar: (i) los actos de contenido jurisdiccional como límite al control administrativo sancionador, (ii) diferencia entre lo que es inobservancia y desacato frontal del PC, (iii) consideración de criterios objetivos para graduar la sanción, (iv) garantía de reserva legal de la competencia y tipicidad de las infracciones, (v) garantía frente a intereses o conflictos de índole político-jurisdiccional, y (vi) necesidad de que el Tribunal Constitucional implemente una justicia constitucional dialógica. Estos estándares deben considerarse exclusivamente cuando el cargo imputado sea el incumplimiento de la DCV o el PC. / The present study aims to determine the constitutional standards that must be considered in the exercise of the sanctioning power expressed itself in the dismissal of judges due to breaching constitutional precedent or constitutional doctrine of binding precedent. For this purpose, a total of 36 disciplinary processes with request for dismissal were analyzed (over the period from 2006 to 2018) in which, judges from various instances of the Judicial Branch were accused of not taking into account the resolutions of the Constitutional Court when issuing their judgments, as provided in Articles VI and VII of the New Constitutional Procedural Code. After analyzing the problem under study and the way how the processes were handled before the Office of Control of the Magistracy, six constitutional standards we recommend the current National Judicial Board should consider were identified: (i) the acts of jurisdictional nature as a limit of the sanctioning administrative control; (ii) distinction between non-compliance and frontal contempt of the constitutional precedent; (iii) consideration of objective criteria for graduating the sanction; (iv) guarantee of legal reserve of competence and typicity of infractions; (v) guarantee against political-jurisdictional interests or conflicts; and (vi) the necessity for the Constitutional Court to implement a dialogic constitutional justice. These standards must be considered exclusively when the imputed charge is non-compliance with the constitutional doctrine of binding precedent or the constitutional precedent.

En el presente trabajo se reflexionará sobre la gradualidad de las sanciones en los procedimientos disciplinarios seguidos contra los jueces supremos por la Junta Nacional de Justicia. El análisis se centrará en la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia y el ejercicio discrecional de la misma en la gradualidad de sanciones. De esa forma, se verificará la importancia de la potestad discrecional de la Junta Nacional de Justicia y su aplicación en las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, se determinará si la aplicación de la gradualidad de sanciones por la Junta Nacional de Justicia se realiza de forma adecuada, para lo cual se efectuará un balance de las resoluciones emitidas por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura mediante las cuales determinó que, si bien no correspondía la imposición de la sanción de destitución, si era pertinente una sanción menor, así como las perspectivas de mejora que afronta la Junta Nacional de Justicia. / Trabajo académico

La justicia de paz es una institución de largo arraigo en la historia del Perú. Subsiste desde la primera Constitución Política de 1823. En la actualidad, los jueces de paz conforman el cuerpo de jueces más numeroso de la república. El propósito de este estudio es contribuir al conocimiento de las prácticas de la justicia de los juzgados de paz y de la inserción del fenómeno jurídico (leyes y costumbres) en su quehacer, a partir del análisis de casos en el distrito surandino de Cangallo, provincia del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho. Enmarcado en la antropología jurídica, este estudio muestra la diversidad de prácticas de justicias de paz en contraste con quienes asumen una justicia de paz hegemónica. Analiza la conceptualización de la ley y el uso de la costumbre en la práctica de los juzgados de paz de Cangallo. Muestra que los jueces no actúan de espaldas a la idea de ley y mucho menos en ignorancia de la ley. El estudio demuestra que las prácticas de justicia de los juzgados de paz del distrito de Cangallo se estructuran como proceso de intermediación animado por la persistente búsqueda del consenso entre las contrapartes. Estas últimas son protagonistas de sus juicios en los que, sin embargo, el juez de paz cumple un rol indispensable como actor de reparto. Los hallazgos de este estudio indican que en el imaginario social de Cangallo la idea de ley destaca por el temor que inspira en los usuarios de la justicia. Las costumbres, por su parte, comprenden un amplio número de prácticas generadas por los propios juzgados o importadas de las prácticas generales de las comunidades y del tejido social de Cangallo. El trabajo concluye que la justicia de paz no es solo una institución legal tampoco unívoca, sino que las diferentes localidades urbanas y rurales se la apropian y moldean en respuesta a las condiciones del escenario y sus singulares necesidades de justicia. En ese marco de acción, las justicias de paz se mantienen en constante cambio, unas son más dinámicas y otras cambian al ritmo de los cambios más profundos de la sociedad que las alberga. En todos los casos, el respeto a la idea de ley, la atención a la costumbre y al sentido común compartido, y la búsqueda del sentido de la «conciliación» son una constante.

Este informe jurídico analiza tres problemas centrales que se abordan dentro de la Casación 113-2017, Áncash, en el marco de la conclusión anticipada: 1) qué rol cumple el juez cuando las partes han arribado a un acuerdo, 2) en qué supuestos el juez puede rechazar dicho acuerdo, conforme al Art. 372º, inciso 5, del CPP, y 3) cuáles son los límites que tiene el juzgador al momento de imponer una pena superior a la acordada. Por ello, dentro del presente trabajo se ha concluido lo siguiente. En primer lugar, se ha establecido que el juez debe cumplir un rol activo cuando las partes han llegado a un acuerdo, en el marco de la conclusión anticipada, por lo que este debe realizar un control judicial de dicho consenso, con el fin de determinar si este acuerdo se encuentra conforme a derecho. En segundo lugar, se sostiene que, si bien no hay una mención expresa dentro del Art. 372º, inciso 5, del CPP, sobre si el juez puede rechazar la pena consensuada por las partes para imponer una superior, esta facultad se encuentra implícita debido a la exigencia que tiene el juzgador de imponer una pena de acuerdo a los principios de legalidad y proporcionalidad. Finalmente, hemos concluido, en la misma línea que la Corte Suprema, que el juez tiene 3 límites que tomar en cuenta al imponer una pena superior a la acordada por las partes, los cuales se vinculan con el respeto a los principios de: legalidad, proporcionalidad, acusatorio y congruencia. / This legal report analyzes three central problems addressed within Cassation 113-2017, Áncash, in the framework of the anticipated conclusion: 1) what role does the judge play when the parties have reached an agreement, 2) under what assumptions the judge can reject such agreement, according to Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, and 3) what are the limits that the judge has when imposing a penalty higher than the agreed one. Therefore, this paper has concluded the following. Firstly, it has been established that the judge must play an active role when the parties have reached an agreement, within the framework of the anticipated conclusion, so the judge have to carry out a judicial control of such consensus in order to determine whether the agreement is in accordance with the law. Secondly, it is argued that although there is no express mention in Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, on whether the judge can reject the penalty agreed upon by the parties to impose a higher one, this power is implicit due to the requirement of the judge to impose a penalty in accordance with the principles of legality and proportionality. Finally, in the same line as the Supreme Court, we have concluded that the judge has 3 limits to take into account when imposing a higher penalty than the one agreed upon by the parties, which are linked to the respect for the principles of: legality, proportionality, accusatory and congruence