Tesis (magíster en derecho con mención en derecho tributario) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / En los últimos años, nuestro país ha experimentado enormes modificaciones en su estructura tributaria, sin embargo, éstas se han centrado casi exclusivamente en la justicia declarativa, dejando al margen a la justicia de ejecución. Si consideramos la importancia que ésta tiene, no solo en la recaudación tributaria, sino que en el efecto disuasivo que genera en la comunidad, no deja de llamar la atención las escasas modificaciones que ha sufrido su articulado. Como consecuencia, atendida la antigüedad de sus normas y el dinamismo del fenómeno tributario, nuestro procedimiento de cobro ha manifestado ciertos vacíos que han sido fuente inagotable de litigios en nuestros tribunales de justicia, donde la discusión se ha centrado en aspectos que a la fecha no han sido zanjados. El propósito del presente trabajo, es dejar en evidencia uno de ellos en particular, que dice relación con el transcurso del tiempo ante la inacción del ente ejecutor, proponiendo al efecto ámbitos de solución. / 04/01/2020

Hablar de proceso –en su acepción judicial – es considerarlo como aquel instrumento que tiene el Estado para administrar justicia respecto a los conflictos intersubjetivos de intereses de sus integrantes. En atención a esta noble función, nuestra Constitución ha incorporado determinadas instituciones procesales y algunos principios fundamentales del proceso. Todo proceso, independientemente del tipo al que se refiera, debe llevarse adelante con todas las garantías, ante un juez actúe con imparcialidad e independencia, el que debe decidir en un plazo razonable y, sobre todo, que tal decisión sea objetiva y justa. Por ello nos encontramos frente a la aspiración en alcanzar un proceso justo, o como también es conocido un debido proceso. La presente tesis tendrá como perímetro de su investigación al proceso de ejecución, en razón de que sobre este proceso existen pocos trabajos que brillen por su rigurosidad analítica, pese a que aquél presenta una compleja problemática. El proceso de ejecución en el contexto del sistema procesal tiene una gran importancia, por cuanto constituye —o debería constituir— el instrumento para que los acreedores, frente a la renuencia de sus deudores, puedan recuperar en forma efectiva sus créditos. Y de su efectividad, no pocas veces, depende la efectividad misma de todo el sistema procesal. Es más, los procesos de ejecución, en el conjunto de la carga procesal de nuestros Juzgados —tanto de Paz Letrados como Especializados— , representan un elevado porcentaje. Por ello, frente a la gran “difusión” de procesos de ejecución existente ante nuestros órganos jurisdiccionales, sorprende la ausencia de su estudio analítico y en particular de un aspecto que ha pasado un tanto desapercibido: ¿es realmente justo nuestro proceso de ejecución? / Tesis

Magíster en derecho con mención en derecho privado / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto analizar desde un punto de vista doctrinal, jurisprudencial y práctico los distintos problemas relacionados con el cumplimiento de la compensación económica. De lo que es posible concluir que tanto jueces como abogados son los llamados a utilizar correctamente las diversas herramientas legales destinadas a garantizar el real cumplimiento de una compensación económica, ello con el objeto de dar real protección al principio de protección al cónyuge más débil

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El presente trabajo académico aborda la facultad discrecional de los jueces al momento de ordenar se realice nueva tasación dentro del proceso de ejecución de garantías, puesto que si bien es cierto el art. 729 del Código Procesal Civil, otorga dicha facultad, esta se materializa mediante resolución inimpugnable, es necesario resaltar que la facultad discrecional no puede confundirse o admitir arbitrariedad. La resolución que emite el juez ordenando se realice una nueva tasación, debe encontrarse sujeta a criterios objetivos que permitan demostrar que la decisión del juez se encuentra motivada, dado que lo contrario nos llevaría a una motivación aparente, lo cual vulnera los derechos fundamentales. Asimismo, es necesario delimitar y establecer los requisitos objetivos a los que debería ceñirse el juzgador al momento de hacer uso de la facultad discrecional contenida en el Art. 729 del Código Procesal Civil, que lo faculta a decidir si debe ordenar la tasación de oficio, o continuar el remate con la tasación presentada con la demanda. Consecuentemente a través del análisis de resoluciones judiciales, se identificará que efectivamente dichas resoluciones no se encuentran motivadas, evidenciando que el juez no puede ser un mero aplicador de normas, sino debería interpretarlas y arribar a conclusiones que traten de ser justas.

Hablar de proceso –en su acepción judicial – es considerarlo como aquel instrumento que tiene el Estado para administrar justicia respecto a los conflictos intersubjetivos de intereses de sus integrantes. En atención a esta noble función, nuestra Constitución ha incorporado determinadas instituciones procesales y algunos principios fundamentales del proceso. Todo proceso, independientemente del tipo al que se refiera, debe llevarse adelante con todas las garantías, ante un juez actúe con imparcialidad e independencia, el que debe decidir en un plazo razonable y, sobre todo, que tal decisión sea objetiva y justa. Por ello nos encontramos frente a la aspiración en alcanzar un proceso justo, o como también es conocido un debido proceso. La presente tesis tendrá como perímetro de su investigación al proceso de ejecución, en razón de que sobre este proceso existen pocos trabajos que brillen por su rigurosidad analítica, pese a que aquél presenta una compleja problemática. El proceso de ejecución en el contexto del sistema procesal tiene una gran importancia, por cuanto constituye —o debería constituir— el instrumento para que los acreedores, frente a la renuencia de sus deudores, puedan recuperar en forma efectiva sus créditos. Y de su efectividad, no pocas veces, depende la efectividad misma de todo el sistema procesal. Es más, los procesos de ejecución, en el conjunto de la carga procesal de nuestros Juzgados —tanto de Paz Letrados como Especializados— , representan un elevado porcentaje. Por ello, frente a la gran “difusión” de procesos de ejecución existente ante nuestros órganos jurisdiccionales, sorprende la ausencia de su estudio analítico y en particular de un aspecto que ha pasado un tanto desapercibido: ¿es realmente justo nuestro proceso de ejecución?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Título V del Libro Tercero del Código Tributario, l lamado, Del Cobro Ejecut ivo de las Obl igaciones Tr ibutar ias en Dinero, regula la cobranza administ rat iva y judicial de las obligaciones tributarias, estableciendo las normas de procedimiento del juicio ejecut ivo dest inado al cumpl imiento coact ivo de dichas obligaciones. Caracter íst ica relevante de este cobro ejecut ivo, tal como señala don Pedro Massone P. , consiste en que “e s u n procedimiento que se desarrolla en dos etapas, a saber: La primera, ante el respect ivo Tesorero y ante el Abogado Provincial del Servicio de Tesorerías. La segunda, ante el Juez de Letras en lo Civ il ” 1. En cuanto al incidente especial del abandono del procedimiento y a su procedencia en el cobro ejecut ivo tr ibutar io, ha sido aceptado, especialmente cuando se ha producido en la segunda fase de este procedimiento2, es deci r, en aquella que se lleva a cabo ante el Tribunal Ordinario; sin embargo, es en la primera etapa, aquel la l levada a cabo ante funcionarios del 1 MASSONE PARODI , Pedro. Tr ibunales y Procedimientos Tr ibutar ios . 3ª ed. , Legal Publ ishing, Sant iago, Chi le, 2010, p. 282. 2 Ibíd. , p. 291. 2 Servicio de Tesorer ías, en la cual existe la discusión –doctr inal y jur isprudencial - respecto de si es o no procedente su aplicación. Para un sector de la doctr ina y jurisprudencia, la etapa llevada a cabo ante funcionarios del Servicio de Tesorer ías tendr ía el carácter de administ rat iva y no jurisdiccional , por lo tanto, no ser ía cor recta la aplicación o procedencia del abandono del procedimiento, que como veremos, es una inst itución cuyo presupuesto básico es la existencia de un juicio, el que en una etapa de carácter administ rat ivo no existe; para otros , en cambio, ser ía totalmente procedente, en atención a que esta etapa -por diversos mot ivos que serán estudiados- no tendr ía realmente el carácter de administrat iva, sino que su naturaleza ser ía más bien de jur isdiccional . Di remos desde ya, que el Código Tributar io, cont iene una serie de normas que, de acuerdo al sent ido y alcance que les otorguemos al momento de su interpretación, permit irán a algunos arr ibar a la conclusión que es totalmente procedente el abandono del procedimiento en la etapa administrat iva, instalándose de este modo una discusión que, hasta el día de hoy, no se encuentra zanjada. Es la cont roversia planteada, la que pretende ser anal izada en este t rabajo, con el objet ivo de alcanzar una conclusión lógica y coherente respecto de si es o no procedente el abandono del procedimiento en la primera etapa del cobro ejecut ivo de las obligaciones t ributarias en dinero. 3 Para el efecto anterior, será necesario, con el f in de contextual izar el tema específ ico que será estudiado, desar rol lar un primer capí tulo que esté dest inado a abordar el procedimiento de cobro ejecut ivo de las obl igaciones t ributarias en dinero. Un Capítulo Segundo estará dest inado al incidente del abandono del procedimiento como inst itución de aplicación general, estableciendo su def inición, caracter íst icas, requisitos, efectos, entre otros. El Capítulo Tercero tratará del incidente del abandono del procedimiento en la etapa administrat iva del cobro ejecut ivo tributario. Se abordará la discusión existente, dando a conocer la controversia, para poster iormente, establecer cuáles son los fundamentos y postulados que permiten sostener como procedente o improcedente el incidente en cuest ión. Finalmente, el Capítulo Cuarto, estará dest inado a las conclusiones logradas en el desarrol lo de este trabajo.

En las últimas décadas, nuestro país ha venido experimentando un alza en la colocación de créditos hipotecarios, por ello requiere atención el proceso de recuperación de crédito de las entidades financieras, ya que resulta inevitable el incremento también de los potenciales deudores. El presente trabajo de investigación se enfoca en el Efecto Peltzman que genera la duración del proceso de ejecución de garantía hipotecaria en el comportamiento del consumidor del sistema financiero tomando en cuenta el modelo de la banca múltiple que lo rige. Para ello, se deberá determinar si se está cumpliendo el objetivo del proceso de ejecución de garantía hipotecaria en el tiempo legal establecido o si, por el contrario, el plazo real puede estar modelando perniciosamente la conducta de quien adquiere este tipo de crédito, incentivándolo a que deje de pagar puesto que no hay una sanción efectiva. / In recent decades, our country has been experiencing an increase in the placement of mortgage loans, which is why the process of recovery of the credit of financial institutions requires attention, since it is inevitable the increase of potential debtors. This research paper focuses on the Peltzman Effect that generates the duration of the foreclosure process in the behavior of the consumer of the financial system taking into account the they are under the multiple banking concept. To do so, it must be determined whether the objective of the foreclosure process is being met within the prescribed legal time or whether, on the contrary, the actual term may be adversely shaping the conduct of the acquirer.

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer un análisis del Recurso de Casación N° 1243-2011-Piura recaído en el expediente N° 00889-2009-0-2001-JR-CI-04 por la demanda interpuesta por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. contra Jessenia Jacqueline Coveñas Allemant, en su condición de obligada principal, así como sucesión de Asunción Coveñas Velarde (integrada por Jesenia Jacqueline, Jessica Cecilia, Manuel Ricardo y Liliana Vanessa Coveñas Allemant; así como Mercedes Betty Allemant Vásquez) en materia de ejecución de garantías. El método empleado para el presente análisis fue un estudio de las posiciones en la doctrina, método históricodogmático y estudio de la jurisprudencia nacional, tanto del Tribunal Constitucional como las de las Cortes Supremas. Sucintamente, las conclusiones giran en torno al énfasis en la importancia de la debida motivación de las resoluciones judiciales como una de las garantía dentro de la gama que el derecho al debido proceso proporciona, la importancia de seguir reflexionando entorno al proceso único de ejecución y la importancia de que nuestros jueces tengan claros y presentes sus facultades y deberes como operadores de justicia y miembros de la Administración Pública.