El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código E-2493, en el cual se encuentra en debate la determinación de la legitimidad negocial de SITENTEL, un sindicato conformado por trabajadores de la empresa Telefónica del Perú y de la rama de telecomunicaciones, frente a cuatro empresas que forman parte de la cadena de productividad de la empresa principal, así como si las emplazadas forman parte del ámbito de las telecomunicaciones y por tanto, si es válido entablar una negociación colectiva a nivel de rama con estas. El objeto del presente trabajo pretende demostrar cómo es que la Autoridad Administrativa de Trabajo interpreta finalmente (de una manera evolutiva) la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En tal sentido, podemos afirmar que no sólo el legislador tiene la obligación constitucional de fomento de la negociación colectiva, sino que esta obligación compromete a todo el Estado, incluyendo las instancias administrativas, pues así lo ordena la Constitución también los Tratados Internacionales que el Perú ha ratificado. La investigación es esencialmente bibliográfica, consistente en la revisión de libros, revistas y publicaciones en internet. Para ello, se utilizará como fuentes, opiniones y doctrina de diversos autores, los cuales nos darán una definición de conceptos como legitimidad negocial, representatividad, descentralización productiva y principio de primacía de la realidad. Además, se examinará la normativa peruana laboral, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, específicamente los artículos que conciernen a la negociación colectiva, los niveles y requisitos de legitimidad negocial, así como normativa constitucional e internacional (Convenios de la OIT) y las opiniones de organismos internacionales como la del Comité de Libertad Sindical. Hay que tener en cuenta que tras la Opinión Consultiva 27 2022 de la Corte Interamericana de Justicia, los pronunciamientos de organismos internacionales como el CLS forman parte del corpus iuris internacional que regula este derecho, con lo que sus pronunciamientos se han visto fortalecidos en su esfera aplicativa Asimismo, se usará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para analizar la restricción de la libertad de negociación que anteriormente establecía el artículo 45 de la LRCT y cómo este es declarado inconstitucional por el mismo órgano. Para ello usará la sentencia del expediente N°03561-2009-PA/TC (Caso Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao contra ASPPOR, APAM y ASMARPE).

El presente informe se centra en los aspectos jurídicos clave de la Resolución del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre No 00005-2023-OSINFOR/02.1. El proceso se inició con un PAU en 2010, donde OSINFOR determino la comisión de infracciones por parte de la empresa Maderera Barrios S.R.L. en su concesión forestal, resultando en la declaración de caducidad de dicha concesión. Tras ello, la empresa solicito una apelación en sede administrativa, y a su vez inicio un proceso en sede judicial contra OSINFOR. la Corte Superior de Justicia de Loreto revisó el caso y emitió un pronunciamiento de fondo. TFFS-OSINFOR, que había suspendido su respuesta a la apelación hasta la conclusión del proceso judicial, finalmente emitió un pronunciamiento reconociendo el análisis de fondo realizado por la Corte. El análisis crítico del caso revela tres problemas sustanciales en la Resolución. En primer lugar, se cuestiona el inicio del cómputo de la prescripción de una infracción continuada, destacando la necesidad de definirlo desde la última acción constitutiva para asegurar un control efectivo sobre las actividades extractivas. En segundo lugar, se examina si el colegiado respetó el principio non bis in ídem al no llevar a cabo una prueba de triple identidad. Finalmente, se aborda la naturaleza de la caducidad como una consecuencia del incumplimiento contractual o como una medida sancionadora, debatiendo si debe fundamentarse principalmente en el daño ambiental o ser evaluada desde una perspectiva contractual. / The present report focuses on the key legal aspects of Resolution No 00005-2023- OSINFOR/02.1 from the Forest and Wildlife Tribunal. The process began with an Administrative Sanctioning Procedure (PAU) in 2010, where OSINFOR determined that Maderera Barrios S.R.L. had committed infractions within its forest concession, resulting in the declaration of the concession's expiration. Subsequently, the company appealed administratively and initiated a judicial process against OSINFOR. The Superior Court of Justice of Loreto reviewed the case and issued a substantive ruling. TFFS-OSINFOR, having suspended its response to the appeal pending the conclusion of the judicial process, eventually issued a statement recognizing the substantive analysis conducted by the Court. The critical analysis of the case reveals three significant issues in the Resolution. Firstly, there is a question regarding the start of the prescription period for a continuous infraction, emphasizing the need to define it from the last constitutive action to ensure effective control over extractive activities. Secondly, it examines whether the collegiate body respected the non bis in idem principle by not conducting a triple identity test. Finally, it addresses the nature of expiration as either a consequence of contractual noncompliance or a punitive measure, debating whether it should primarily be based on environmental damage or evaluated from a contractual perspective.

El presente informe jurídico examina la sentencia recaída en el expediente N.º 3563-2019, en la que el Tribunal Constitucional determina la nulidad del despido de una trabajadora como consecuencia de su embarazo. Para ello, el autor examina los instrumentos jurídicos que fundamentan el privilegio de protección especial de las madres trabajadoras, así como la evolución jurisprudencial en esta materia, así como los tratados internacionales de Derechos Humanos y Convenios. En el informe se analiza la resolución señalada, que establece la protección reforzada de este sujeto de derecho, incluso en el caso de contratos a plazo fijo. Para lograr este objetivo, la autora examina los instrumentos jurídicos que sustentan la protección especial a las madres trabajadoras, así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia. El propósito del informe es atender consultas sobre el alcance de la estabilidad laboral de las trabajadoras gestantes, el tipo de protección que reciben los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) frente al despido nulo y las restricciones a la reincorporación en los contratos a plazo fijo en el sector público. La protección restitutiva, que comprende la reincorporación efectiva y el pago de las remuneraciones devengadas, es la salvaguarda adecuada frente al despido de una servidora pública en estado de embarazo o lactancia que se encuentre contratada bajo el régimen CAS, según las conclusiones del trabajo. Sin embargo, es importante señalar que el TC no aborda la estabilidad laboral de la trabajadora en el caso específico de la sentencia bajo análisis. Ello debido a que defiere a la discrecionalidad de la entidad pública la determinación del periodo de contratación luego de hacerse efectiva la reincorporación. / In case No. 3563-2019-PA/TC, the Constitutional Court declared the dismissal of a civil servant on the basis of pregnancy to be null and invalid. This ruling established the increased protection of this subject of law, even in the case of impermanent contracts. This report analyzes the ruling. In order to achieve this objective, the author examines the legal instruments that underpin the special protection of working mothers, as well as the international human rights treaties and conventions and the jurisprudential development on this matter. The report aims to address inquiries regarding the extent of labor stability for expectant workers, the nature of protection against unlawful dismissal for workers in the Administrative Contracting of Services regime, and the restrictions of reinstatement in fixed-term contracts in the public sector. With regard to the report's conclusions, it is feasible to assert that restitutive protection, which encompasses the effective reinstatement and payment of accrued remuneration, is the appropriate safeguard against dismissal of a public servant who is pregnant or breastfeeding and employed under the CAS regime. In the specific case of the judgment under analysis, it is observed that the Constitutional Court does not intervene in the worker's labor stability, as it defers to the public entity's discretion in determining the hiring period upon the reinstatement's effective date.

En el presente artículo se busca analizar la pieza publicitaria del producto "Maggi Cubito de Carne de 100g" a partir de la siguiente pregunta: ¿constituye dicha pieza publicitaria un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño? Para responder a esta cuestión, será necesario abordar la siguiente interrogante: ¿debe la frase "Mezcla deshidratada sabor carne", que figura en la parte frontal del producto, ser considerada parte de la publicidad, a pesar de estar incluida en el rotulado registrado ante la Dirección General de Salud Ambiental (“DIGESA”)? Para delimitar el mensaje publicitario, será esencial llevar a cabo un análisis tanto superficial como integral de la publicidad de empaque del producto. Este análisis debe realizarse conforme al artículo 21 del Decreto Legislativo N.º 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (“LRCD”), con el objetivo de determinar la interpretación que el destinatario (consumidor) tendría de la publicidad sin requerir un análisis exhaustivo ni razonado. Este enfoque debe basarse en la experiencia general de consumo en el mercado de productos saborizantes. De esta forma, se podrá evaluar si la Sala Especializada en Defensa de la Competencia realizó un análisis adecuado de la pieza publicitaria y si esta constituye o no un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño, según lo regulado en el artículo 8 de la LRCD. / This article seeks to analyze the advertising piece of the product "Maggi Cubito de Carne de 100g" based on the following question: does such advertising constitute an act of unfair competition in the form of deception? In order to answer this question, it will be necessary to approach the following question: should the phrase "Meat flavor dehydrated mixture", which appears on the front of the product, be considered part of the advertising, despite being included in the labeling registered before DIGESA? In order to delimit the advertising message, it will be essential to carry out a superficial as well as an integral analysis of the product packaging advertising. This analysis must be carried out in accordance with Article 21 of Legislative Decree No. 1044 - Law for the Repression of Unfair Competition ("LRUC"), with the objective of determining the interpretation that the addressee (consumer) would have of the advertising without requiring an exhaustive and reasoned analysis. This approach should be based on the general consumer experience in the market for flavoring products. In this way, it will be possible to evaluate whether or not the Specialized Antitrust Court conducted an adequate analysis of the advertising piece and whether or not it constitutes an act of unfair competition in the form of deception, as regulated in article 8 of the LRUC.

El informe jurídico aborda la aplicación del silencio administrativo negativo en la emisión de la Resolución Final N° 3390-2023/SPC-INDECOPI por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en ausencia de un pronunciamiento de primera instancia previo. Se evalúa si la mencionada resolución se ajusta al marco normativo vigente del ordenamiento jurídico peruano, con especial atención al Código de Protección y Defensa del Consumidor y al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. El análisis considera el impacto de la figura jurídica del silencio administrativo negativo en el principio de legalidad, que exige que los actos administrativos estén en concordancia con las leyes; y en el derecho a la pluralidad de instancias, que mediante el cual los administrados puedan apelar decisiones ante una instancia superior. Se concluye que la Sala tiene el deber de pronunciarse sobre la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador de iniciativa de parte en materia de consumo. Ello con el objetivo de otorgar seguridad jurídica tanto en la protección de los derechos de los consumidores como de los proveedores frente al uso del silencio administrativo negativo. Adicionalmente, el informe subraya la relevancia de que los proveedores no deben brindar información que como consecuencia induzca a error en la denominación de los productos destinados al consumo de mascotas. Este aspecto es fundamental para salvaguardar la salud de los animales. / The legal report examines the application of negative administrative silence in the Final Resolution No. 3390-2023/SPC-INDECOPI by the Specialized Chamber for Consumer Protection of INDECOPI, in the absence of a prior first-instance ruling. The report assesses whether the resolution in question complies with the prevailing regulatory framework within the Peruvian legal system, with particular emphasis on the Consumer Protection and Defense Code and the Consolidated Text of Law No. 27444, Law of General Administrative Procedure. The analysis considers the impact of the legal figure of negative administrative silence on the principle of legality, which requires that administrative acts align with the law, and on the right to a plurality of instances, which ensures that administrative decisions can be appealed before a higher authority. It concludes that the Specialized Chamber for Consumer Protection is obligated to issue a ruling regarding the nature of sanctioning administrative procedures initiated by private parties in the realm of consumer protection. This is to ensure legal certainty in both protecting consumer rights and safeguarding providers against the application of negative administrative silence. Additionally, the report underscores the importance of avoiding the provision of misleading information in the labeling of products intended for pet consumption. This aspect is crucial for safeguarding animal health.

El presente informe jurídico analiza la operación realizada por Enel S.P.A. consistente en la adquisición de la totalidad de acciones de Endesa S.A., ejecutada en territorio extranjero, así como los razonamientos realizados por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia No.1 de INDECOPI para justificar la apertura de un procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción al Artículo 6 de la Ley 26876. Se proporcionará una respuesta frente a los tres problemas jurídicos principales identificados, vinculados a la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración empresarial perfeccionada en territorio extranjero, la determinación correcta de la sanción administrativa impuesta en virtud de los criterios que concretizan el principio de razonabilidad en materia sancionadora, y la correcta adecuación de la actuación administrativa en el presente caso frente a los principios de debido procedimiento y de tipicidad que fundamentan el procedimiento administrativo sancionador. Las conclusiones del análisis establecen la utilidad de la effects doctrine para identificar el elemento que habilita la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración perfeccionada en el extranjero, la fundamentación insuficiente de la cuantía de la sanción establecida en base a los criterios de graduación vigentes, y la adecuación por parte de la Comisión y la Sala a los principios de debido procedimiento y tipicidad. / This report analyzes Enel S.P.A.’s shares acquisition of Endesa S.A. executed in foreign territory, and INDECOPI’s Comisión and Sala de Defensa de la Competencia No.1 reasonings to inititate an administrative sanctioning procedure for the infringement of Article 6 of the Ley 26876. A solution to the three principal legal problems identified will be given regarding the application of Ley 26876 against a foreign economic concentration, the correct establishment of an administrative sanction in virtue of the principle of reasonableness’s criteria, and the adequacy of the actions in the present case in virtue of the administrative due process and principle of typicality. The main conclusions of this analysis establish the usefulness of the effects doctrine regarding the identification of the elements that enable the application of Ley 26876 against an economic concentration perfected abroad, the insufficient substantiation of the quantum of the imposed sanction in virtue of the existing criterias, and the adecuacy of the actions of the Comisión and Sala regarding the administrative due process and principle of typicality.

De acuerdo con lo resuelto por la Sentencia N°41-2023 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitida bajo el expediente N° 00132-2022-0-0401-JR-CI-01, el presente informe analiza los siguientes dos problemas jurídicos. En primer lugar, el presente informe analizará si es que la señalada sentencia transgrede la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Para ello, se evaluará lo que la norma, la jurisprudencia y la doctrina señalan sobre las implicancias de dicha garantía. En segundo lugar, se analizará si existió justificación para que la sala evalúe la motivación del tribunal arbitral. Para esto, se establecerá, por un lado, los alcances de la motivación en los laudos que resuelven controversias derivadas de la ejecución de contratos suscritos bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y, por otro lado, los alcances del control judicial a estos. A consecuencia de lo analizado, se concluye que la sala vulnera la garantía de la debida motivación y, asimismo, que no existió justificación para cuestionar la motivación del Tribunal Arbitral. / According to the ruling of Judgment No. 41-2023 from the First Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Arequipa, issued under case number 00132- 2022-0-0401- JR-CI-01, this report analyzes the following two legal issues. First, it will examine whether the mentioned judgment violates the guarantee of proper reasoning in judicial decisions. To do so, we will evaluate what the law, jurisprudence, and doctrine state regarding the implications of this guarantee. Second, we will analyze whether there was justification for the chamber to assess the motivation of the arbitral tribunal. For this purpose, we will establish, on the one hand, the scope of reasoning in awards that resolve disputes arising from contracts executed under the State Procurement Law and, on the other hand, the extent of judicial review of these decisions. Based on the analysis, it is concluded that the chamber violates the guarantee of proper reasoning and that there was no justification for questioning the motivation of the Arbitral Tribunal.

Hoy en día son varios los casos en los que al fallecer uno de los padres, la tenencia de un menor es discutida ya que no necesariamente el padre que aún le sobrevive puede ser el más idóneo para continuar con su crianza. El presente informe, aborda el tema de la tenencia por parte de los abuelos y pretende exponer y analizar una situación que en la actualidad se presenta continuamente. Si bien es cierto la tenencia parte de un derecho derivado de la patria potestad, qué sucede cuando nos encontramos en situaciones que ameritan una aplicación más flexible de las normas en favor del bienestar de los niños y adolescentes. Para ello, partimos de un análisis inicial de nuestra legislación nacional para luego pasar a estudiar de forma sistemática los principios recogidos en los tratados internacionales y que son de carácter vinculante. Asimismo, analizamos la casación Casación N° 4881-2009 - Amazonas a la luz de los conceptos de la tenencia, principio de interés superior del Niño o adolescente y derecho a la identidad. Finalmente, con este informe pretendemos estudiar los conflictos que pueden generarse al no encontrarse de forma precisa los supuestos en lo que, a pesar de que uno de los padres sobreviva al hijo, muchas veces resulta más beneficioso para el menor que se otorgue su tenencia a sus abuelos. E incluso también a familiares con los que ha desarrollado un vínculo afectivo importante. / Nowadays, there are several cases in which when one of the parents dies, the tenure of a child is disputed since the other parent may not necessarily be the most suitable one to continue with the child's upbringing. This report approaches the issue of grandparents' tenure and aims to expose and analyze a situation that constantly occurs today. While it is true that tenure is a right derived from parental authority, what happens when we find ourselves in situations that merit a more flexible application of the national legislation in favor of the wellbeing of children and adolescents? Therefore, we begin with an initial analysis of our national legislation and continue to study the principles of binding international treaties systematically. Furthermore, we analyze the cassation in question in light of the concepts of tenure, the principle of the best interests of the child or adolescent, and the right to identity. Our final objective is to study the conflicts that may arise when the assumptions are not precisely found. Instead of one of the parents being responsible for the child, it is usually more beneficial for the child to grant custody to the grandparents. In some cases, the child may be awarded to relatives with whom the child has developed a strong emotional bond.

En el presente informe se analiza la injuria y faltamiento de palabra como causa válida de cese, partiendo del procedimiento de despido seguido contra un dirigente sindical que profirió comentarios sobre un representante de la empresa, en una conversación por WhatsApp con otros afiliados al sindicato. En ese sentido, el informe busca determinar si la conducta imputada al trabajador se subsume en la falta regulada por el artículo 25. f) de la Ley de Productividad y Productividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR. Finalmente, se analiza el despido nulo por represalia y por discriminación, así como el despido fraudulento por hechos falsos y por fabricación de pruebas, ambos pretendidos por el demandante en el proceso. / This report examines the breach of word as a valid cause for termination, starting with the dismissal procedure followed against a union leader who made comments about a company representative in a WhatsApp conversation with other union members. In this regard, the report seeks to determine whether the conduct attributed to the worker falls under the offense regulated by Article 25(f) of the Law on Productivity and Labor Competitiveness, approved by Supreme Decree No. 003-97-TR. Finally, the report analyzes wrongful termination due to retaliation and discrimination, as well as fraudulent dismissal based on false facts and the fabrication of evidence.

El análisis aborda la sentencia referida al proceso de inconstitucionalidad de la Ley 31143, que regula las tasas de interés en el sistema financiero peruano. El principal problema jurídico identificado es la inadecuada consideración de los principios de protección al consumidor e inclusión financiera por parte del Tribunal Constitucional en su análisis. La investigación utiliza diversos principios e instituciones constitucionales y otras instituciones jurídicas, considerando su desarrollo jurisprudencial y doctrinario, y busca aplicarlos en el contexto peruano. La crítica se centra en la omisión del Tribunal Constitucional al no considerar adecuadamente los principios de protección al consumidor y de inclusión financiera en su análisis, resaltando la necesidad de una regulación que equilibre la protección contra la usura con el acceso amplio y justo al crédito formal. Las principales conclusiones indican que, aunque la norma es constitucional, su efectividad es limitada y podría llevar a consecuencias no deseadas, como la exclusión financiera y el incremento del mercado informal. / The analysis addresses the ruling related to the unconstitutionality process of the Peruvian Financial Services Usury Protection Act N° 31143, which regulates interest rates in the Peruvian financial system. The main legal issue identified is the inadequate consideration of the principles of consumer protection and financial inclusion by the Constitutional Court in its analysis. The research utilizes various constitutional principles and institutions, as well as other legal institutions, considering their jurisprudential and doctrinal development, and seeks to apply them in the Peruvian context. The critique focuses on the Constitutional Court's omission in not adequately considering the principles of consumer protection and financial inclusion in its analysis, highlighting the need for regulation that balances protection against usury with broad and fair access to formal credit. The main conclusions indicate that, although the norm is constitutional, its effectiveness is limited, and it could lead to unintended consequences such as financial exclusion and the rise of the informal market.