El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, acto administrativo que deja sin efecto la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, siendo que la resolución carece de los requisitos de validez al evidenciarse contradicción en la motivación y vulneración a la finalidad publica, en medida que se quebranta los artículo 61, 62 y 73 de la Constitución Política del Perú de 1993, que salvaguardan la Libertad de Contratación y Libertad de Competencia en los procesos de adjudicación que requieren recursos públicos del Estado. Así, como vamos a evidencia que se transgrede el principio de legalidad, conducta procedimental e imparcialidad contemplados en la Ley de procedimiento Administrativo General vigente. / This legal report analyzes Resolution No. 1990-2013-TC-S1, administrative act that leaves without effect Resolution N° 1737-2013-TC-S1, being that the resolution lacks the requirements of validity by evidencing contradiction in the motivation and violation of the public purpose, to the extent that it violates Articles 61, 62 and 73 of the Political Constitution of Peru of 1993, which safeguard the Freedom of Contracting and Freedom of Competition in the awarding processes that require public resources of the state. Thus, as we are going to evidence that the principle of legality, procedural conduct and impartiality contemplated in the General Administrative Procedure Law in force is transgressed.

En el presente informe se analizan los principales problemas jurídicos que surgen en el marco de un procedimiento de barreras burocráticas iniciado por la empresa Wi-net Telecom S.A.C contra la Municipalidad de Miraflores, recaído en el Expediente N° 000134-2022/CEB donde se discute la legalidad y razonabilidad de la exigencia de presentar una autorización de uso de infraestructura de terceros para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. El punto de partida es el análisis de cada uno de los cuatro (4) medios de materialización alegados por Wi-net Telecom S.A.C en la interposición de su denuncia para determinar si la Comisión es competente para pronunciarse sobre ellos y, en consecuencia, si son susceptibles de ser analizados en un procedimiento de barreras burocráticas. Sin perjuicio de ello, es menester de este informe determinar la legalidad de la barrera burocrática objeto de cuestionamiento. Para ello se utilizará el análisis de legalidad empleado por el Indecopi que se divide en 3 aspectos; legalidad de fondo-competencias, legalidad de forma y legalidad de fondo- compatibilidad con otras normas. Finalmente, de manera complementaria se abordarán otros temas tales como la presunta vulneración del principio de continuidad de infracciones por las multas consecutivas impuestas por la Municipalidad, entre otros. / This report analyzes the main legal issues arising in the context of a bureaucratic barrier procedure initiated by the company Wi-net Telecom S.A.C against the Municipality of Miraflores in Case No. 000134-2022/CEB, where the legality and reasonableness of the requirement to submit an authorization for the use of third parties infrastructure for the installation of telecommunications infrastructure is discussed. The starting point is the analysis of each of the four (4) means of materialization alleged by Wi-net Telecom S.A.C. in the filing of its complaint in order to determine whether the Commission is competent to rule on them and, consequently, whether they are susceptible to be analyzed in a bureaucratic barrier procedure. Notwithstanding the foregoing, it is the duty of this report to determine the legality of the bureaucratic barrier matter of this discussion. For this purpose, we are going to apply the legality analysis used by Indecopi, which is divided into three aspects: substantive legality-competences, formal legality and substantive legality-compatibility with other regulations. Finally, in a complementary manner, other issues such as the alleged violation of the principle of continuity of infractions by the consecutive fines imposed by the Municipality, among others, will be addressed.

El tema que abordamos no pretende eliminar la prohibición de gastos deducibles en paraísos fiscales, porque comprendemos que el legislador impuso en su momento esta medida antiparaíso para contrarrestar la elusión fiscal, sin embargo, actualmente tenemos una diferente coyuntura, que podría hacer posible la carga probatoria para que las empresas demuestren que sus operaciones son reales, dado que existen instrumentos que permiten un intercambio de información tributaria. Dicha prohibición la cotejamos en el inc. m) del art. 44° del TUO de la LIR. Se parte de la hipótesis que con el escenario actual el Perú es capaz de intercambiar información tributaria con una red amplia de países, siendo posible la permisión de la carga probatoria, tenemos que nuestro país se ha adherido al CAAMMF, así también los AIIT, vienes a ser instrumentos que establecen el intercambio de información tributaria con paraísos fiscales, máxime si se tiene en cuenta que con la actual lista de paraísos fiscales establecida en el Anexo 1 del RLIR, hay un 95.45% entre convenios y acuerdos que lo permiten. En ese sentido, nuestro principal objetivo es analizar en qué medida se debería permitir la carga probatoria a las empresas en los casos sobre deducciones de gastos en paraísos fiscales. La metodología a utilizar es el analítico para el estudio de diferentes literaturas, así como legisprudencial porque se cuestiona el inc. m) del art. 44 del TUO de la LIR y de forma referencial, el comparado.

La Resolución N° 11 del Expediente N° 00028-2021-0-1817-SP-CO-02 declara fundado el recurso de anulación del Laudo del caso arbitral Nº 283 – 2017 – CCL. Ello debido a la existencia de un vínculo de amistad entre el árbitro Beltrán y el abogado Fernández que genera una duda razonable sobre la imparcialidad e independencia para resolver la controversia sometida al Tribunal Arbitral del cual el árbitro Beltrán es parte. Este informe aborda temas como la naturaleza jurídica del arbitraje, el recurso de anulación de laudo, el deber de revelación, la imparcialidad e independencia de los árbitros y la recusación. Para analizar dichos problemas, emplearé instrumentos normativos como el Decreto Legislativo N° 1071, el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, las Directrices IBA y el Reglamento London Court of International Arbitration. Asimismo, la jurisprudencia y doctrina correspondiente. / Resolution No. 11 of File No. 00028-2021-0-1817-SP-CO-02 declares the annulment appeal of the Award of arbitration case No. 283 – 2017 – CCL to be founded. This is due to the existence of a friendship between arbitrator Beltran and lawyer Fernandez, which generates a reasonable doubt about the impartiality and independence to resolve the controversy submitted to the Arbitral Tribunal of which arbitrator Beltran is a part. This report addresses issues such as the legal nature of arbitration, the annulment appeal of the award, the duty of disclosure, the impartiality and independence of arbitrators and recusal. To analyze these problems, I will use normative instruments such as Decreto Legislativo N° 1071, IBA Guidelines, Arbitration Regulations of the Lima Chamber of Commerce and the Regulations of the London Court of International Arbitration. Likewise, the corresponding jurisprudence and doctrine.

La legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite brindar la más fuerte garantía que un Tribunal Constitucional podría otorgar a sus ciudadanos: someter a su jurisdicción las leyes a solicitud de cualquiera. El planteamiento de la actio popularis kelseniana, en el proceso de inconstitucionalidad, se propone como un ideal que tendría dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva carga procesal que traería consigo. En la presente tesis se cuestiona esta perspectiva y se proponen los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad pueda cuestionar las normas que la regula. La fundamentación de la legitimación amplia basada en la democracia participativa, en los derechos políticos, en el activismo ciudadano, en la defensa de los derechos colectivos, en el principio de solidaridad y, principalmente, en la efectividad del principio de supremacía constitucional, brinda un primer acercamiento a la propuesta. En un segundo momento, se realiza el estudio de la aplicación actual, y de manera comparada, de la actio popularis en países de Europa tales como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Hungría. En esta misma línea, se presentó los diversos modelos de legitimación activa en los procesos de inconstitucionalidad que se reconocen en América Latina dando una mayor profundidad al estudio de realidades como las de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela en los cuales se establece una auténtica legitimación amplia y popular. En el tercer capítulo, se formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad para el Perú. Al respecto, se analiza críticamente el actual estado de los legitimados activos reconocidos en la Constitución Política del Perú, se recoge la opinión de los Coordinares de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del Perú sobre el particular y, finalmente, se concluye con la propuesta de reforma constitucional, con el objetivo que el Perú, procesalmente, adopte el referido modelo siendo que, a través de esta legitimación, se reivindique el principio de supremacía constitucional y se le otorgue el protagonismo a los ciudadanos para que sean los nuevos guardianes de la Constitución. / Tesis

El presente trabajo tiene como aspecto central, la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional. No obstante lo expuesto, era necesario articular un contexto, un conjunto de aspectos previos, necesarios para finalmente observar y analizar lo que en la actualidad sucede entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través del acontecer de la sentencia 006-2006-PC/TC. Dichos aspectos previos considerados en el derecho y política comparada - como determinar históricamente la aparición del principio de la división de poderes, la función que cumple el Poder Judicial, el origen de la justicia constitucional, la aparición de un distinto poder constituido como el Tribunal Constitucional y cómo afecta esta aparición en la histórica tripartita existencia de poderes(ejecutivo, legislativo y judicial), y, asimismo, preguntarnos sobre si existe una distinta función de los jueces si estamos ante un Estado Legal o Estado Constitucional del Derecho – eran necesarios para desprender de su tratamiento una idea de si en otras realidades había sucedido o sucedía algo parecido con lo que acaecía en nuestro país. Asimismo, resultaba también necesario contextualizar sobre bases históricas y jurídicas referidas a nuestro país, lo que finalmente desembocaba en la sentencia antes dicha, es decir, la determinación de los términos de la relación en nuestro país del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial como poderes constituidos. Asimismo, si el modelo de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución peruana era la fuente de los conflictos o si, muy distintamente, el origen de las fricciones entre ambos poderes constituidos era una actitud invasiva del Tribunal. / Tesis

El Código Civil peruano, al igual que la mayoría de Códigos Civiles que se adscriben al sistema romano germánico, adopta una noción pandectística del contrato, entendiéndolo, conforme aparece en su artículo 1351, como “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. Como puede verse, esta definición guarda bastante similitud con la definición que el mismo cuerpo normativo nos brinda respecto del “acto jurídico” [rectius, negocio jurídico1], en el artículo 140, en donde se señala que éste viene a ser “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Y ello, ciertamente, obedece a que el contrato es, al igual que el testamento y la promesa unilateral, una especie de la categoría general de negocio jurídico, entendiendo a éste como un acto vinculante por medio del cual se establecen las reglas jurídicas cuya actuación permitirá la satisfacción de los intereses de las partes, sea creando, transfiriendo, regulando, modificando o extinguiendo efectos jurídicos, esto es, como un acto de autonomía privada. En esta misma línea se ha dicho que: “El contrato entra en la categoría más amplia del acto de autonomía privada o negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica” (Bianca 2007: 24). / Tesis

El objetivo principal del trabajo es analizar el instituto de la cosa juzgada en el proceso de ejecución. En cuanto a la naturaleza del proceso ejecutivo, esta es satisfacer el derecho que tiene una persona que fluye de un título ejecutivo –judicial o extrajudicial- que contiene una obligación, cierta expresa, exigible y líquida. Así el estudio de la cosa juzgada en el proceso ejecutivo pretende demostrar si con la conclusión de la ejecución, a través de una resolución (auto), entendiéndose que no hay mérito (análisis de fondo) en la decisión, sino solo el simple seguimiento del trámite del mismo proceso bastan para revestir de cosa juzgada (formal y material). Por ello resulta necesario estudiar la cosa juzgada a partir de su importancia, en función a la seguridad jurídica recayendo el análisis fundamentalmente sobre el proceso de ejecución, estudio de su naturaleza, y principios, ya que es bajo la esta actividad que recaerá el estudio de la cosa juzgada. Las hipótesis de conclusión de la ejecución, con breve estudio sobre pronunciamiento de mérito y contradictorio, se abordan con el fin de analizar la formación de la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Este análisis reabrirá el debate sobre la formación de la cosa juzgada material en el proceso ejecutivo. / Trabajo académico

El presente artículo pretende reflexionar, a través de la historia y doctrina, sobre algunos aspectos esenciales de la apelación como instituto procesal, el modelo procedendo y sobre los poderes del juez de apelación al momento de resolver un pedido anulatorio. Asimismo, se hará una especial referencia a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso Chumbes para, finalmente, analizar el contenido del artículo 382° del Código Procesal Civil, respecto de sus alcances y contenido del artículo 382° del Código Procesal Civil, respecto de sus alcances y límites, poniendo especial atención en su indebida aplicación. / Trabajo académico

El presente trabajo ha sido enfocado desde una perspectiva garantista-eficaz que todo proceso penal debe tener por el modelo de Estado Constitucional de Derecho (interpretación conforme a la constitución) que el ordenamiento jurídico peruano ha adoptado. El objetivo de esta investigación ha sido determinar cuál es la justificación constitucional de la figura de la desvinculación en el proceso penal. Para ello, se debe analizar dos cosas: primero, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que se desvincule procesalmente de la pretensión procesal punitiva a un imputado debido a que no se logró acreditar el tipo penal atribuido; y, segundo, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que a una persona imputada pueda atribuírsele una nueva pretensión (alternativa a la primera atribuida por el fiscal) correspondiente a una nueva figura penal del mismo bien jurídico del tipo penal establecido inicialmente. Conforme se vayan leyendo las bases teóricas pertenecientes a los sujetos procesales intervinientes, el lector irá dilucidando que, efectivamente, la figura de la desvinculación en el proceso penal es inconstitucional e incompatible con el postpositivismo. En ese sentido, no existe razón de existencia ni justificación constitucional de la figura de la desvinculación procesal dado que el juez no debe romper la imparcialidad judicial que tanto profesa para recalificar la imputación deficiente del Ministerio Público por una adecuada e idónea. Ello vulneraria tanto aquellos principios constitucionales establecidos en la norma constitucional, así como los derechos y las garantías procesales del imputado. / Trabajo académico