El presente trabajo es una lectura de la obra jurídica de Michele Taruffo desde la teoría y la filosofía del derecho. Consiste en reconstruir la obra del profesor lombardo, dispersa a lo largo de cinco décadas, no como un sistema de derecho procesal o una línea de monografías coherente -que serían lecturas posibles-, sino como una teoría de la decisión judicial, a partir de dos ejes cardinales que son recurrentes en sus trabajos: el concepto de motivación de la sentencia y el concepto de prueba. Para ello, la investigación parte de describir el marco de las principales influencias teóricas en la formación del profesor de la Universidad de Pavía, desde tres perspectivas: la del procesalismo italiano, la de la iusfilosofía analítica y la de un conjunto heterogéneo de autores, desde comparatistas a teóricos, con los que se cruzó la obra de Taruffo. La parte propositiva consiste en reconstruir aquello en lo que consiste la obra fundamental del autor: el concepto de jurisdicción, el concepto de decisión judicial que se deriva del primero, y el concepto de prueba. El primero supone una lectura -en clave de “alta dogmática”- de la actividad consistente en resolver controversias y de los presupuestos de su legitimidad. El segundo redescubre la funcionalidad de la motivación de la sentencia judicial desde las razones por las que se exige en los ordenamientos modernos. El tercero se concentra en la racionalidad subyacente a la búsqueda (de la fijación) de la verdad en las premisas que integran el discurso justificativo de las decisiones judiciales.

Los peritajes antropológicos o culturales constituyen actuaciones jurídicas importantes para el debido proceso de personas que tienen una cultura diferente a la cultura oficial y que se hallan involucradas en procesos judiciales. En este caso se trata de pueblos indígenas de la Amazonía. Es un trabajo especializado realizado por un experto que evalúa la pertenencia y prácticas culturales nativas de la persona imputada. Está amparada en el artículo 15 del Código Penal que establece eximir o atenuar la pena, si el hecho punible fue cometido por un error culturalmente condicionado. El presente informe profesional contiene cinco pericias realizadas como parte de las acciones promovidas por la Oficina Defensorial de Loreto de la Defensoría del Pueblo para superar la vulnerabilidad jurídica en que se hallan las poblaciones indígenas. Cuatro casos evaluados fueron delitos contra el cuerpo y la salud (violación de menor, uno de ellos con el agravante de incesto) y un caso de homicidio simple. En todos los casos se determinó la pertenencia a comunidades nativas (dos kukama, dos kichuas del Alto Napo y un kandozi) y el haber sido formados con las pautas culturales nativas correspondientes. Los dictámenes están redactados en forma de relatos, con un lenguaje asequible, orientados a ilustrar a los jueces sobre las pautas culturales que configuran el comportamiento de los nativos involucrados. En todos los casos las sentencias emitidas redujeron considerablemente las penas solicitadas por la Fiscalía para los delitos imputados (por ejemplo, de veinticinco años solicitado por el fiscal a cinco años), excepto en el caso de incesto. / Cultural or anthropological expertise constitute important legal actions for the due process of people who have a different culture from the official culture and who are involved in legal processes. In this case it has been from indigenous people of the Amazon territory. It is a specialized work carried out by an expert who evaluate the belonging and native cultural practices of the imputed person. It is protected in article 15 of the Penal Code that establishes exemption or mitigation of the penalty, if the punishable act was committed by a culturally conditioned error. This professional report contains five expertise carried out as part of the actions promoted by the Ombudsman's Loreto Office to overcome the legal vulnerability of indigenous populations. Four cases evaluated were crimes against the body and health (rape of a minor, one of them with the aggravation of incest) and one case of simple homicide. In all cases were determined the belonging to native communities (two kukama, two kichuas from the Alto Napo and one kandozi) and has been formed with the corresponding native cultural guidelines. The dictums are written in the form of stories, with accessible language, aimed at illustrating the judges on the cultural guidelines that guide the behavior of the natives involved. In all cases, the sentences issued considerably reduced the penalties requested by the prosecution for the crimes attributed (for example, from twenty-five years requested by the prosecutor to five years), except in the case of incest.

La controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia llevó a la Corte Internacional de Justicia a analizar diversos y complejos problemas jurídicos. El presente trabajo se centra sobre el trazo de la frontera marítima única que realiza la Corte en su fallo de 2012 y el procedimiento que sigue a tal fin; no obstante, analiza también la decisión del 2007 a la que llegó respecto a las excepciones preliminares a su competencia presentadas por Colombia. La Corte concluyó en 2007 que era competente para conocer el caso en virtud del Pacto de Bogotá de 1948, pero que la materia sobre la que se podía pronunciar se encontraba restringida por el Tratado Esguerra-Bárcenas, el cual, afirmó la Corte, era válido y se encontraba en vigor hasta el momento de presentarse la controversia jurídica entre los Estados parte del caso. En sus sentencias, la Corte recurre a las normas convencionales que obligan a ambas Partes; asimismo, hace uso de normas consuetudinarias del Derecho Internacional y su propia jurisprudencia para resolver finalmente la controversia. El presente trabajo cuestiona la elección de la etapa que realiza la Corte para analizar las implicancias del Tratado Esguerra-Bárcenas y concluye que dicho análisis pertenecía al fondo de la controversia. Asimismo, expone la incongruencia de utilizar distintas fuentes del Derecho Internacional para las partes en una misma controversia. Finalmente, critica la elección de la Corte sobre la metodología idónea para la delimitación que exigía el caso y expone cómo podría condicionar fallos futuros

Desde la década de 1980, las comisiones de la verdad se han visto como un componente esencial de la justicia de transición cuando las sociedades que han sufrido violencia y violaciones masivas de los derechos humanos se mudan a un país, con suerte, más liberal y democrático. La verdad se ve como el cumplimiento de muchos y, en mi opinión, objetivos conflictivos: una plataforma para que las víctimas recuperen su dignidad; justicia (o no) para las víctimas; reconciliación social; el desarrollo de una memoria colectiva de los eventos violentos; etc. Estos beneficios dignos a menudo se promueven al mismo tiempo sin reconocer los posibles conflictos entre ellos. Lo que se entiende por "verdad" casi nunca se define. Simplemente se supone que es algo en lo que todos pueden estar de acuerdo y que incluso si uno no puede definirlo, lo sabe cuando lo ve. Tampoco es su gran discusión sobre la epistemología de la verdad: suponiendo que sepamos lo que estamos buscando, ¿cómo debemos descubrirlo? Esta tesis es un análisis de la epistemología de la verdad, ya que esto se aplica a la verdad buscada por las comisiones de la verdad. Me centro principalmente en el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú.

Esta investigación se inscribe en torno a una problemática de inseguridad en la ciudad de Otuzco en la cual las rondas urbanas obtienen principal incidencia en participación. Por tanto, se centra en las rondas urbanas de Otuzco. Se plantea que el objeto de estudio para esta investigación será el proceso de legitimación de las rondas urbanas de Otuzco. Por tanto, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las rondas urbanas se legitiman en un contexto de inseguridad ciudadana en la zona urbana en la ciudad de Otuzco – La libertad? El abordaje de esta investigación es de naturaleza mixta; es decir, de carácter cuantitativo y cualitativo con aplicación de encuestas y entrevistas semi estructuradas. Por ello, se determina el contexto de inseguridad de la ciudad de Otuzco. En segundo lugar, se determina la organización de las rondas urbanas de Otuzco para la prevención de delitos comunes y se determina la manera en que se organizan y qué elementos utilizan. En tercer lugar, se identifican las diferentes circunstancias en que las rondas urbanas de Otuzco se legitiman través de los diferentes elementos sustantivos y simbólicos. Además, se determina la manera en que las rondas urbanas de Otuzco resuelven contingencias de la vida cotidiana mediante la denominada “cadena ronderil. Se concluye entonces que el considerar insegura la ciudad de Otuzco y la ineficiencia de las autoridades genera un espacio latente de acceso a aquellos elementos que encuentran un vacío y lo más importante se genera a partir de la intervención de las rondas urbanas en este aspecto. Por otro lado, las rondas urbanas de Otuzco se enmarcan en las políticas de seguridad ciudadana compartiendo funciones en materia de colaboración y/o coordinación con el Estado. El Estado reconoce esta participación y favorece en algunos momentos la coordinación y la colaboración en los elementos de provisión de seguridad. En tanto, las rondas urbanas resuelven sus problemas a través del dialogo, la sanción y/o el castigo

El Acuerdo de Escazú constituye un hito ambiental para América Latina y el Caribe. Su objetivo es asegurar el derecho al acceso a la información, participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Aunque el Perú suscribió dicho acuerdo, terminó rechazando su ratificación. Uno de los principales argumentos fue la falta de innovación de este tratado, puesto que su contenido ya se encontraría regulado en la legislación nacional. Ante la duda del contenido de las disposiciones de dicho acuerdo, es necesario corroborar los impactos reales, que puede generar en la legislación nacional. De esa manera, se puede determinar la necesidad de contar con dicha ratificación. Uno de los aspectos regulados en el acuerdo es la justicia ambiental. Esta busca que toda persona que sufre impactos ambientales desproporciónales cuente con las herramientas necesarias para reparar los daños sufridos. Considerando que la justicia ambiental es uno de los pilares, este trabajo tiene como objetivo analizar la legislación nacional con relación a la justicia ambiental, a fin de determinar cómo dicho acuerdo podría beneficiar o fortalecerlo. Como resultado, se podrá observar que la regulación actual es una de las más avanzadas de la región. Incorpora gran cantidad de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Además, pueden alcanzarse las exigencias del tratado a través de instrumentos infralegales. En ese sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú, en materia de justicia ambiental, responde a intereses políticos, más que a vacíos o falta de protección de la justicia ambiental. / The Escazu Agreements is the first treaty on environmental matters. this treaty aims to ensure the Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters. Even thought, Peru has agreed to this treaty, it decided to reject its adoption formally. The reason was the lack of substance, due to the legal framework has already regulated its content. However, it is important to analyze its provisions in order to determine the impacts in our legal framework. Thus, we can conclude the necessity of its adoption. One of the key elements of the agreement is the environmental justice. This aims to give the necessary legal instrument to any person who suffers an environmental impact. Considering the relevance of the environmental justice, this article intends to analyze and compare the legal framework with the agreement in order to determine the benefits of it. As a result, we can observe that our current legal framework is one of the most advance compared to the region. Also, it has already incorporated some of the rules from the treaty. Besides, we can achieve the agreement purpose through infralegal regulations. For that reason, the adoption of the Escazu Agreement, responds to politics decisions, more than the environmental justice lack of legal protection. / Trabajo académico

A través del presente trabajo, se busca hacer un análisis de una figura muy controversial en nuestro ordenamiento jurídico: el amparo contra resolución judicial. Es importante entender sus implicancias y la forma en que nuestro ordenamiento ha decidido regularla. Dentro de nuestro sistema de justicia, además de los ya conocidos problemas de ineficiencia y lentitud, tenemos que en muchas ocasiones los jueces vulneran los derechos fundamentales de las personas. Es por ello importante que, a través del amparo, se puedan corregir estas irregularidades para tener cada vez más un sistema rápido, eficiente, transparente y justo. El cual no vulnere los derechos fundamentales de las personas a través de sentencias injustas. De esta manera tendremos que realizar un análisis exhaustivo de si la figura cumple con el rol para el que fue creada, si de verdad se evita con ello el tener sentencias que causen un daño al momento de pretender impartir justicia. En conclusión, queremos demostrar la utilidad de una figura que muchas veces se suele atacar por ser utilizada como una instancia más de apelación por los abogados. Como una forma de evitar la cosa juzgada ordinaria.

¿Cómo resuelven los jueces? ¿Por qué eligen una interpretación en vez de otra? ¿Cuál es la razón por la que, al decir de los especialistas, prevalece la interpretación literal? Éstas son preguntas insondables. Para abordarlas, hemos recurrido a la vision unitaria que proporciona la filosofía, aplicándola a casos cualitativamente significativos. Analizamos la decision judicial en tanto opción favorecida en desmedro de otras, a la luz del utilitarismo benthamita. Entonces, emerge la presencia del juez como parte del proceso (en contraposición a la idealizada imagen neutral). Y si la normatividad no considera este fenómeno como elemento de política jurisdiccional, el ciudadano ve afectado su derecho material (aunque se cumplan los principios formales del proceso).

La resolución elegida para desarrollar el presente trabajo es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 18 de diciembre de 2020, acerca de su competencia en el caso de la validez y efecto vinculante del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, que delimitó la frontera entre la hoy República Cooperativa de Guyana (en adelante, “Guyana”) y la hoy República Bolivariana de Venezuela (en adelante, “Venezuela”), en el marco de la controversia de éstos respecto del río Esequibo y su orilla por el lado Este. La Corte Internacional de Justicia, a través de su sentencia, se declaró competente para conocer la demanda planteada por Guyana, toda vez que consideró el origen voluntario del sometimiento de las partes a su jurisdicción en el Acuerdo de Ginebra de 1966, así como sostuvo que la controversia se encontraba cristalizada en un tratado vigente. La corte emitió esta resolución a pesar de la manifiesta negativa de Venezuela de participar en el proceso por considerar que no expresó su consentimiento para someter la controversia a la jurisdicción de la Corte. La sentencia en cuestión plantea un debate en torno al consentimiento del Estado y si acaso Venezuela lo expresó cuando aceptó que el Secretario General de las Naciones Unidas decidiera el medio de solución de controversias

El tema de investigación surge a partir de las confrontaciones que existen entre el ordenamiento jurídico oficial con la justicia especial, como es la ronderil, especialmente dentro de un escenario en el cual ésta última se encuentra cada vez más presente al momento de administrar justicia, como ocurre en la ciudad de Cajamarca. Esta confrontación conlleva a que en algunos casos los ronderos sean juzgados por delitos graves por transgredir derechos fundamentales al momento de administrar justicia especial, pues muchas de sus sanciones son consideradas violatorias a la integridad de la persona y por ende a su dignidad. La interrogante nace sobre si este sistema de administración de justicia especial puede ser observado desde el punto de vista del derecho estatal, el cual mantiene matices centralistas que dificultan concebir una realidad jurídica totalmente diferente a la designada por la Constitución y a los Tratados Internacionales que proscriben los castigos corporales y la violación al debido proceso, sin embargo, reconoce la pluralidad cultural de nuestro país. Es por ello que la presente investigación consiste en establecer que, las Rondas Campesinas del Caserío Campo Alegre del Distrito de Namora, tienen una apreciación diferente al concepto de Dignidad que regula el artículo 1ro de la Constitución Política del Perú. Para ello se realizaron encuestas a 52 integrantes de la Ronda Campesina en el mes de febrero del año 2018, posteriormente entrevistas a sus dirigentes y un focus group en junio del 2019, obteniendo como conclusión que los campesinos del Caserío de Campo Alegre- Namora, no tienen una definición clara sobre lo que significa dignidad, sin embargo consideran que los azotes propinados y las formas de administración de justicia que imparten no son actos de humillación si no de escarmiento para lograr que la persona se reinserte a la comunidad, lo cual no constituye violaciones a los derechos humanos. Esta apreciación diferente se debe a que aplican castigos físicos como parte de su proceso de resocialización del infractor; sus usos y costumbres; y su sistema de justicia especial se basa en la ética del bien común y en criterios comunitaristas de derechos humanos