La gestión de la calidad en el sector público peruano ha cobrado durante esta última década mayor relevancia, con varias entidades públicas peruanas que han optado por certificarse en ISO 9001, pero ¿realmente estas certificaciones pueden generar valor público? La extradición es una figura jurídica en la que intervienen varias entidades públicas y es responsabilidad del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación según el Código Procesal Penal peruano, en esta figura también participa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUSDH para emitir un informe de carácter administrativo que realiza recomendaciones. En el 2018 el MINJUSDH certificó en la norma ISO 9001 esta pequeña parte en la participa, a la cual denominó como “proceso de extradiciones”, a pesar de que cuenta con otros procesos en los que tiene mayor protagonismo e impacto en el ciudadano, situación que genera la pregunta ¿Por qué certificar el “proceso de extradiciones” y no otros procesos del MINJUSDH? Como señala Moore (1998), existen personas que son más hábiles en generar una buena reputación y mejorar su línea de carrera que en generar resultados que tengan impacto. Asimismo, Cohen, March, & Olsen (1972), señalan que los tomadores de decisiones encuentran los mismos problemas a donde quieran que vayan y la mayor parte de decisiones que toman es al vuelo, es decir, las soluciones responden a los problemas para los que fueron seleccionadas. En el desarrollo de la presente tesis, se demuestra que en el caso de la certificación del “proceso de extradiciones” del MINJUSDH se cumple lo señalado en la teoría del bote de basura de Cohen, March & Olsen, es decir, se verifica su vigencia a pesar de su antigüedad. Además, en base a lo indicado por Moore sobre las formas de cómo generar valor público, se corroboró que el “proceso de extradiciones” no cumple con ninguna de estas formas y que por lo tanto la certificación ISO 9001 del MINJUSDH no genera valor público.

La presente tesis aborda la importancia de controlar el uso desordenado de agroquímicos en la agricultura para prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. Su objetivo institucional es obtener el título de Doctor en Ciencias Jurídicas del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Vale do Itajaí – UNIVALI, en el área de concentración de "Constitucionalismo, Transnacionalidad y Producción de Derecho", vinculada a la línea de investigación "Estado, Transnacionalidad y Sustentabilidad", con doble titulación de la Universidad de Alicante. El trabajo comienza con el estudio de la importancia del agua como recurso vital, la escasez crítica de agua a nivel mundial, la contaminación de las aguas subterráneas y su impacto en el suministro de agua potable, así como las causas de la contaminación del agua. También explora la seguridad hídrica, la transnacionalidad del agua y las relaciones entre el agua y el derecho. En el segundo capítulo, se aborda la evolución de la actividad agrícola en relación con los cambios sociales y ambientales derivados de las revoluciones industriales. Se discute la Revolución Verde, caracterizada por un nuevo ciclo de acumulación primitiva, concentración y control de la tierra, fusiones y adquisiciones en los sectores de semillas y agroquímicos, y la falta de autonomía de los pequeños agricultores. También se abordan los impactos de la globalización en el sector agrícola. El tercer capítulo trata sobre los agroquímicos, presentando su definición, la diversidad de opiniones sobre su seguridad y la lucha de estudiosos y críticos en el campo. También se aborda la contaminación de las aguas subterráneas específicamente por agroquímicos, enfatizando la importancia del control y registro de estas sustancias. Además, se exploran los tratados internacionales relevantes sobre el tema. Se analiza la legislación brasileña con respecto a los agroquímicos, destacando la entrada en vigor de la Ley N.º 14.785/23 y sus repercusiones. También se discute la disciplina legal del registro y clasificación de agroquímicos y la calidad del agua, tanto en la Unión Europea/España como en Brasil. En el capítulo final, se explora la sostenibilidad humanista en el contexto rural, enfatizando la importancia de conciliar el desarrollo económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Se aborda la vulnerabilidad técnica, económica y social de los agricultores. Se trata de la justicia ambiental como objetivo final de las medidas de protección, centrándose en la necesidad de políticas y prácticas que promuevan la equidad y la inclusión social. Por último, se propone imaginar nuevas formas de medidas de protección, abordando en primer lugar el desecho de envases de productos agroquímicos y programas educativos destinados a dar pleno efecto a la logística inversa. En segundo lugar, se aborda el tema del uso de impuestos como forma de intervención del Estado en la economía para fomentar ciertas prácticas agrícolas relacionadas con los agroquímicos.

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las posibilidades y expectativas del proceso especial de terminación anticipada, ante la Inseguridad ciudadana y la problemática de la administración de Justicia, desde una experiencia de aplicación acotada a la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. En este objetivo se confrontó los aspectos normativos y de política criminal de este mecanismo alternativo de solución de conflictos penales, con la implementación del mismo realizada por los operadores de justicia, a fin de evaluar las causas de su subutilización, a pesar de su reconocimiento como herramienta útil para la descarga procesal y para minimizar el impacto del proceso penal en los proyectos de vida de los procesados y de los sujetos procesales. Cabe precisar que esta investigación cualitativa se realizó utilizando datos bibliográficos y estadísticos, y concretando las entrevistas a todos los actores relevantes en la aplicación de este proceso especial de la indicada provincia. Ante lo planteado, este trabajo concluyó que la terminación anticipada es un mecanismo alternativo al proceso penal regular destinado a la simplificación procesal, y acorde a los parámetros de la justicia restaurativa, que promueve una solución pronta a la controversia penal, minimizando los impactos nocivos del sistema punitivo en el proyecto de vida del procesado, en favor de su reinserción social, a pesar de la vigencia de una política coyuntural punitiva y represiva. Asimismo, este trabajo ha verificado que la carga procesal, como un problema consustancial al sistema de justicia, influye en tal subutilización, desvirtuando la injerencia significativa del diseño normativo y de la intervención de los operadores del sistema en la aplicación poco relevante de la terminación anticipada.

El presente informe de relevancia jurídica aborda la demanda de Bosnia y Herzegovina en contra de Serbia ante la Corte Internacional de Justicia en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La motivación de la investigación de este expediente se debe a que aquella controversia suscita un caso emblemático que estuvo en análisis durante catorce años por la CIJ. Asimismo, resulta muy llamativo analizar una controversia de Estados que enlazan diversos puntos del derecho internacional público y el derecho penal internacional. El informe se centra en el análisis de la decisión tomada por la CIJ en su fallo del 26 de febrero de 2007. Se identifica que Serbia tuvo responsabilidad ante hechos internacionalmente ilícitos en virtud de la violación de la Convención de Genocidio. A lo largo del informe se revela que los hechos ocurridos en Bosnia y Herzegovina durante los años 1992 y 1995 constituyeron no solo la violación de la obligación de prevenir y sancionar de la Convención, sino que también Serbia violó la obligación de no ser cómplice de genocidio. Se plantea que la CIJ no consiguió todos los medios de prueba necesarios que tuvo a su alcance, y que de haberlo hecho quizás se habría probado la violación de la obligación de no cometer genocidio por parte de Serbia. Los problemas jurídicos del expediente abarcan lo siguiente: a) si hubo un genocidio en Bosnia y Herzegovina, b) si Serbia se encontraba obligada a cumplir con la Convención de Genocidio, c) si los hechos relacionados con Serbia entre 1992 y 1995 vulneraron las obligaciones establecidas en la Convención de Genocidio y d) si aquellos actos internacionalmente ilícitos ocurridos entre 1992 y 1995 fueron atribuibles a Serbia. Finalmente, a manera de conclusión, coincido parcialmente con la decisión tomada por la CIJ en su fallo del 2007. Coincido en el ámbito en que Serbia violó la obligación de prevenir y sancionar, sin embargo, respecto de las otras obligaciones, como la complicidad, considero que la CIJ no realizó un correcto análisis de esta. Asimismo, considero que la CIJ no debió de basar sus decisiones solo en base a pruebas y juzgamientos del TPIY, sino también la CIJ debió de haber analizado por sí misma y solicitado más pruebas que permitan realizar un adecuado juzgamiento respecto de los hechos internacionalmente ilícitos por parte de Serbia.

Considerando que el trabajo decente tiene estrecha correlación con el desempeño de la judicatura laboral, en este trabajo de investigación se evalúa los resultados de la aplicación, en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, del sistema de gestión de calidad para procesos laborales electrónicos basado en la Norma ISO 9001:2015; investigación que se circunscribe al año 2019. La pregunta principal que guía la investigación es la siguiente: ¿Cuál es la incidencia de la adopción de un sistema de gestión de calidad en función de la Norma ISO 9001:2015 en la Sala Laboral Permanente de Independencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sobre los estándares de calidad de la justicia en el año 2019?. Su objetivo general consiste en demostrar la utilidad de dicho sistema sobre la base del examen de una muestra representativa de los procesos laborales, regulados por la Ley 29497, a la luz de los estándares de justicia comúnmente aceptados. El punto de partida es la hipótesis en torno a que la adopción del sistema de gestión de calidad citado fue útil en el período analizado para el logro de la tutela judicial efectiva en las relaciones de trabajo, siendo la conclusión principal que la aplicación de dicho sistema permitió la reducción de la duración de los procesos en segunda instancia, resultando necesaria la incorporación al sistema de otros estándares de justicia. Se logró asimismo reconstruir argumentativamente el deber de la judicatura de adoptar un sistema de gestión de calidad como principio institucional implícito del sistema secundario. / Considering that decent work is closely correlated with the performance of the labor judiciary, this research evaluates the results of the application, in the Superior Court of Justice of Lima Norte, of the quality management system for electronic labor processes based on in ISO 9001:2015; research that is limited to the year 2019. The main question that guides the research is the following: What is the incidence of the adoption of a quality management system based on the ISO 9001: 2015 Standard in the Permanent Labor Chamber of Independence of the Superior Court of Justice of Lima Norte on the quality standards of justice in the year 2019?. Its general objective is to demonstrate the usefulness of said system based on the examination of a representative sample of labor processes, regulated by Law 29497, in light of commonly accepted standards of justice. The starting point is the hypothesis that the adoption of the aforementioned quality management system was useful in the period analyzed for the achievement of effective judicial protection in labor relations, the main conclusion being that the application of said system allowed the reduction of the duration of the second instance processes, making it necessary to incorporate other justice standards into the system. It was also possible to argumentatively reconstruct the duty of the judiciary to adopt a quality management system as an implicit institutional principle of the secondary system.

El artículo 48 de la Ley General de la Inspección del Trabajo establece que las resoluciones administrativas firmes derivadas de un procedimiento inspectivo tienen la calidad de títulos ejecutivos, por lo que en atención a lo señalado en el literal d) del artículo 57 de la Ley Procesal del Trabajo, su cumplimiento puede ser exigido a través del proceso ejecutivo laboral. Sin embargo, la evidencia muestra que pese a que desde el 5 de noviembre del 2012 se encuentra vigente la Ley 29497 en la Corte Superior de Justicia de Lima, el empleo de dichas resoluciones administrativas es escaso en relación al número de pronunciamientos emitidos por los órganos resolutores de la autoridad inspectiva, lo que implica que pese a su condición de títulos ejecutivos, éstas son utilizadas como medios probatorios de una demanda tramitada en un proceso ordinario o abreviado laboral. Así se tiene que la presente investigación muestra que el principal problema que impide el uso de las resoluciones del sistema inspectivo como títulos ejecutivos es el incumplimiento de los requisitos contemplados por ley para ser considerados como tal, especialmente en aquellas obligaciones de dar suma de dinero, en donde se aprecia que la mayoría de ellas no son liquidadas por el órgano resolutor ni contienen los datos necesarios para su liquidación en el proceso de ejecución. Consecuentemente, al comprobarse que la inoperancia de la calidad de título ejecutivo de las resoluciones administrativas firmes del sistema inspectivo tienen relación con el incumplimiento de establecer una obligación líquida o liquidable, se concluye que el propio sistema inspectivo debe implementar las medidas internas que obliguen a los órganos resolutores a cumplir con este presupuesto, a partir del deber de la debida motivación contemplado en el citado artículo 48 de la Ley 28806. / Article 48 of the General Law on Labour Inspection provides those final administrative decisions resulting from an inspection procedure, have the quality of enforceable titles, so in accordance with the provisions of paragraph d) of article 57 of the Labor Procedure Law, compliance can be enforced through the labor enforcement process. However, the evidence shows that despite the fact that Law 29497 has been in force in the Superior Court of Justice of Lima since November 5, 2012, the use of these administrative resolutions is scarce in relation to the number of pronouncements issued by the decisionmaking bodies of the inspecting authority, which implies that despite their status as enforceable titles, These are used as evidence of a claim processed in an ordinary or abbreviated labor process. Thus, the present research shows that the main problem that prevents the use of the resolutions of the inspection system as enforceable titles is the failure to comply with the requirements contemplated by law to be considered as such, especially in those obligations to give a sum of money, where it can be seen that most of them are not liquidated by the resolving body nor do they contain the necessary data for their liquidation in the process of execution. Consequently, when it has been found that the ineffectiveness of the enforceable quality of the final administrative resolutions of the inspection system is related to the failure to establish a liquid obligation, it is concluded that the inspection system itself must implement the internal measures that oblige the resolving bodies to comply with this budget, based on the duty of due motivation contemplated in the aforementioned Article 47 of Law 28806.

Au Chili, au XIXe siècle, les inspecteurs et les sous-délégués étaient les fonctionnaires qui rendaient justice aux plus bas échelons, à savoir respectivement dans les districts et les sous-délégations qui composaient la République. Ils étaient nommés par le gouverneur du département parmi les hommes sachant lire et écrire et dotés d’une certaine indépendance économique et d’une bonne réputation sociale. L’immense majorité n’avait aucune formation en droit ni même de connaissances juridiques : il s’agissait de juges legos, en opposition aux avocats des universités, les letrados. Ils instruisaient, uniquement à l’oral, des procès de montant minime et mineur ainsi que, dans le cas des sous-délégués, des affaires criminelles légères ; en d’autres termes, les procès les plus courants et les plus nombreux. En outre, ils assumaient des prérogatives administratives et policières larges, cumul unique de fonctions qui les rendaient responsables de l’ordre public dans leur circonscription. Tout ceci, sans aucune rémunération ni gratification de la part de l’État : il s’agissait en effet de charges honorifiques, assumées gratuitement. [...] Au regard de ces évolutions, la figure administrative du juge de campagne semble être « à contre-courant », ce que n’ont pas manqué de remarquer les juristes éclairés de l’époque. Dès lors, cette thèse s’interroge sur la permanence de ce fonctionnaire pendant toute la période étudiée entre le Règlement d’administration de justice de 1824 et la Loi d’Organisation et d’attribution des Tribunaux de 1875. Elle cherche également à comprendre le sens et le poids de cette fonction, à rendre compte de son activité et des conditions dans lesquelles elle s’exerçait, à imaginer son efficacité et son acceptation au sein de la communauté, autant d’éléments qui peuvent contribuer à sa longévité. Deux terrains d’études ont été privilégiés pour leur valeur représentative de différents types de campagnes chiliennes : le département de Curicó, vallée d’agriculture commerciale et d’exportation traditionnelle, et le département de Copiapó, désert minier inséré dans l’économie capitaliste. [...] Certaines de ces sources sont inédites, en particulier, les rapports de visites judiciaires, les affaires judiciaires, les correspondances administratives qui permettent de rendre aux juges de campagne leur «visage humain». En somme, elles aident à comprendre comment se fit la construction de l’État dans les campagnes, depuis l’angle de vue de ces dernières. / In Chile, during the nineteenth century, inspectors and sub-delegates were civil servants who served justice to the lowest strata – namely in the districts and the sub-delegations that formed the Republic. They were appointed by the governor of the province and were men who could read and write, enjoyed a certain economic independence and had decent social status. Most of them had no legal training nor knowledge: they were lego judges, as opposed to university lawyers, the letrados. They were conducting minor trials orally and, in the case of sub-delegates, light indictable cases; that is to say the most common and numerous ones. In addition, they held wide administrative and police entitlements which combined roles making them responsible for public order within their constituencies. All this, without any remuneration or gratuity from the State: such positions were in fact honorary charges, performed for free. [...] In view of these developments, the administrative feature of the county judge was appearing to “go against the grain”, which got noticed by the enlightened jurists of the time. Therefore, this thesis questions the permanence of these civil servants throughout the studied period, i.e. between the Justice Administrative Rules of 1824 and the Judiciary and Judicial Appointment Law of 1875. It also seeks to understand the meaning and credence of this function, to report on its activity and the conditions under which it was exercised, to imagine its effectiveness and its acceptance within the community – all of which being potentially able to contribute to its longevity. Two fields of study were favored in view of their representative value of the Chilean countryside: the Curicó province, a valley marked by commercial agriculture and traditional export, and the Copiapó province a mining desert well included in capitalist economy. [...] The studied “maladministration-of-justice” cases show that, before punishing and penalizing, the letrado judge attempted to advise and to guide his lego judges. Custodians of a valuable "know-how", these "ignorant" of the Law proved to be absolutely necessary for the maintenance of law and order. They acted – in more or less regulatory procedural terms – upon the daily life conflicts and disputes of their community as revealed through the sources (some of them being previously unpublished). Moreover, reports of judicial visits, court cases and administrative correspondence allow us to see county judges with a "human face". In short, they provide a way to understand how the state formation took place, in the countryside and from the latter’s own point of view. / En Chile, en el siglo XIX, los inspectores y los subdelegados eran los funcionarios que administraban justicia a escala territorial local, es decir,respectivamente en los distritos y en las subdelegaciones que componían la República. Eran nombrados por el gobernador del Departamento entre los hombres que sabían leer y escribir, que eran dotados de cierta independencia económica, y que gozaban de buena reputación social. La gran mayoría de ellos no poseía una formación en derecho y tampoco conocimientos jurídicos:eran jueces “legos”, en oposición a los abogados de las universidades, los“letrados”. Inspectores y subdelegados conocían, solamente de forma verbal,juicios de mínima y menor cuantía. En el caso de los subdelegados, estos también conocían delitos leves; es decir, los juicios más comunes y numerosos.Por otra parte, inspectores y subdelegados asumían prerrogativas administrativas y policiales amplias, manejando un cúmulo único de funciones,que los hacía responsables del orden público en su circunscripción. Todo esto,sin ninguna remuneración ni gratificación de parte del Estado: se trataba en realidad de cargos concejiles, asumidos gratuitamente.Considerando estas evoluciones, la figura administrativa del juez rural parece estar a “contracorriente”, lo que fue muy bien percibido por los juristas ilustrados de la época. [...] Partiendo de esta observación, esta tesis cuestiona la permanencia de estos funcionarios durante todo el período estudiado entre el Reglamento de Administración de Justicia de 1824 y la Ley de Organización y de Atribuciones de los Tribunales de 1875. El trabajo busca comprender el sentido y el peso de esta función, así como rendir cuenta de su actividad y delas condiciones en las cuales se ejercía, e imaginar su eficacia y su aceptación en el seno de la comunidad. Todo lo anterior pudo contribuir a su permanencia.Dos terrenos de investigación fueron privilegiados por su valor representativo de los diferentes espacios rurales chilenos: el departamento de Curicó, valle de agricultura comercial y de exportación tradicional, y el departamento de Copiapó, desierto minero inserto en la economía capitalista. [...]Algunas de las que se estudiaron para este trabajo son inéditas, en particular, los informes de visitas judiciales, los expedientes judiciales, y las correspondencias administrativas, que permiten dar a los jueces rurales un“rostro humano”. En síntesis, ayudan a comprender cómo se realizó la construcción del Estado en el espacio rural, y desde el punto de vista de este último.

El Objetivo general, responde a la pregunta ¿Cuál es la relación entre la presencia del Estado y los grados de organicidad y formas de derecho alternativo vigentes en las comunidades del distrito de Leoncio Prado?. Su importancia, parte de la premisa que la actual Constitución de 1993 y los Artículos: 139, Num. 8: “Principio de no dejar de administrar justicia [...] en tal caso, debe aplicarse el [...] derecho consuetudinario”; y 149: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”; fueron un tanto demagógicos, pues la Ley de Justicia de Paz, recién se promulgó el 2012. La fundamentación teórica, parte del hecho que la colonización europeoanglosajona (“colonias puras”), generó países culturalmente “cuasi homogéneos” y la español-portuguesa (absorción de poblados indígenas); países culturalmente “Heterogéneos, pluriculturales o multiétnicos”, que reprodujeron el mismo modelo de metrópolis colonizadora (centralista, discriminativa, segregacionista y modelos legislativos uniformes), en vez de descentralistas (Federaciones, Regiones, Estados asociados, etc.). El derecho “Monista” (un solo sistema jurídico válido), consideró al derecho consuetudinario: «solo para los dependientes de costumbres salvajes y tiranías incapaces de gobernarse…» y es un “imposible jurídico” (Obligar a pueblos alejados de la “modernidad” a aplicar leyes dictadas desde centros urbanos a donde no llegan). Se justifica la Tesis en la medida que los estudios de comunidades: o son de las muy tradicionales, o son demasiado generalistas (extrapolan casos de derecho alternativo o consuetudinario a todas las comunidades andinas y/o amazónicas). Se concluye con que el estudio de las comunidades campesinas diferenciadas por su altitud y distancias a las urbes, es fundamental para entender su funciones jurisdiccionales en el área andina, por lo que éste tipo de estudios, se podrían aprovechar para una mejor normatividad y aplicación de la Justicia consuetudinaria y de Paz, puesto que es notorio un mayor respeto y mayor efectividad del derecho alternativo en las comunidades más elevadas y alejadas de las ciudades, que en las zonas bajas, más amestizadas y modernizadas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo pretendemos indagar tanto el contexto interno como global en que se desarrolla la crisis en Libia, la denominada “Primavera Árabe”; a su vez procuraremos analizar, desde los criterios de competencia establecidos en el Estatuto de Roma, la intervención que ha mostrado la Corte Penal Internacional en los Estados parte y también, en los no son parte del Estatuto; situaciones que han llevado a discutir el verdadero propósito de las intervenciones de esa institución. También intentaremos comprender el rol preponderante que juega el Consejo de Seguridad de la ONU en el ámbito de la justicia penal del Estatuto de Roma a nivel institucional, lo que bajo un ojo crítico, abre el debate respecto a la independencia y autonomía que pregona la Corte desde su instauración, ya que podría traer como consecuencia que las decisiones se tomen bajo un ideal político segregador, que busca el control social bajo una homogenización de valores occidentales, tomando en cuenta los países sobre los ha actuado hasta el día de hoy, y aún, de otros casos similares en los que no ha habido acuerdo para intervenir.

Cette thèse de socio-histoire, basée sur l'exploitation d'archives nationales du Mexique, cherche à comprendre la production de justice sociale à travers l'éducation mexicaine dans la période postrévolutionnaire, de 1921 à 1940. Elle montre que la politique éducative, conçue sur la base de l'ambition démocratique d'unité nationale et d'intégration citoyenne, a conduit à la réduction des inégalités scolaires en dépit d'une cristallisation des inégalités sociales. / This socio-historical dissertation, based on the use of national archives in Mexico, seeks to understand the production of social justice through the education in Mexico during the post- revolutionary period from 1921 to 1940. It shows that the education policy, designed on the basis of the democratic ambitions, national unity and civic integration, led to the reduction of educational inequalities despite a crystallization of social inequalities. / Esta tesis en socio-historia, se basa en un análisis archivístico del Archivos General de la Nación, y busca comprender la construcción de la justicia social a través la educación mexicana en el periodo post-revolucionario de 1921-1940. Expone que la política educativa, concebida bajo la ambición democrática y de unidad nacional así como de integración ciudadana, condujo a la reducción de desigualdades escolares a pesar de la cristalización de las desigualdades sociales.