El presente trabajo académico busca realizar un breve acercamiento al estudio y aplicación de las medidas correctivas por parte de INDECOPI, en especial en la normativa referida a la represión de conductas anticompetitivas. Para ello se utiliza el método dogmático haciendo una revisión de la doctrina y normas pertinentes. Primero, se realiza una delimitación conceptual para luego diferenciarlas respecto de la sanción y otros tipos de medidas de policía administrativa. Asimismo, se analiza la regulación de las medidas correctivas en normativa general administrativa (TUO de la LPAG) para luego evaluarla en la regulación específica de INDECOPI, específicamente la de represión de las conductas anticompetitivas. Finalmente se señala como ejemplo la aplicación de la medida correctiva de cese de negativa injustificada a contratar (Caso FETRANS). Se concluye que la regulación de las medidas administrativas en materia de represión de conductas anticompetitivas (Libre Competencia), representan un gran avance con la publicación del Decreto Legislativo N° 1034, en especial la regulación de las medidas correctivas, que no fueron tomadas en cuenta en la antigua norma (Decreto Legislativo N° 701), sin embargo, existen algunos aspectos de dicha regulación que podrían colisionar o contravenir la regulación de medidas correctivas establecidas en el nuevo TUO de la LPAG.

La implementación de un régimen de control de concentraciones empresariales en el Perú ha tenido un fuerte rechazo desde un sector mayoritario de la academia y desde ciertos sectores de la Administración Pública. Esto, ignorando la tendencia mundial que se inclina por acoger el control de concentraciones en sus respectivos países. Ante ello, se realizó un análisis de los argumentos que son más utilizados más comúnmente para oponerse a la mencionada implementación, así como aquellos que están a favor de dicho sistema de manera que se pueda evaluar sus beneficios o perjuicios. Esto debido a que el presente trabajo académico tiene como objetivo demostrar que la normativa de control de concentraciones empresariales resulta beneficiosa y eficaz para asegurar una adecuada protección de la competencia en el mercado. Los argumentos que se suele utilizar para desde la posición que se opone son que el control de concentraciones empresariales sería un procedimiento incierto, ineficaz, costoso y que no responde al objetivo de proteger la libre competencia si no que más bien resultaría un instrumento de control político. Sin embargo, estas afirmaciones no son correctas en tanto este procedimiento utiliza herramientas propias de la economía que permiten estimar los efectos anticompetitivos de las concentraciones empresariales; asimismo, resulta más económico realizar dicho análisis de manera previa y que el establecimiento de umbrales de concentración empresarial adecuados que permitan que las operaciones potencialmente peligrosas sean analizadas y controladas a través de la imposición de condiciones de ser necesario, resaltando que de ser pertinente los agentes económicos sobre los que hubiesen recaído las condiciones pueden solicitar su levantamiento. Por lo que se concluye que la decisión de implementar el referido régimen no solo es adecuada si no también necesaria.

El Informe Jurídico aborda el caso “Speedy Naked”: el procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio contra Telefónica del Perú S.A.A., seguido ante el Osiptel, por la presunta comisión de abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas de los servicios de acceso a internet fijo vía ADSL y telefonía fija. A lo largo del procedimiento se emitieron, entre otros actos, primero, el Informe de Investigación Preliminar N° 004-2011-CCO/2011 por el cual se presentan los resultados de las actuaciones preliminares concluyéndose que existen indicios que ameritan el inicio de un procedimiento sancionador. Segundo, la Resolución N° 001-2011-CCO/OSIPTEL, a través de la cual se da inicio al procedimiento sancionador de oficio contra Telefónica. Tercero, la Resolución N° 007-2012- CCO/OSIPTEL, por medio del cual se establece la responsabilidad administrativa de Telefónica, se le impone una multa leve de 492.21 UIT y la medida correctiva de proveer por separado el servicio de acceso a internet. Cuarto, la Resolución N°004-2013-TSC/OSIPTEL, por la cual declara fundado parte el recurso de apelación de Telefónica en el extremo de modificar el monto de la multa impuesta a 407 UIT. El presente Informe presenta los siguientes problemas jurídicos: i) amplitud del acto constitutivo de la infracción, ii) afectación al derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación y, consecuentemente, al derecho de defensa, iii) malinterpretación del principio de supletoriedad. Se concluye que existieron afectaciones al derecho de defensa y, peor aún, los órganos de solución de controversias no fueron competentes para tratar la presente controversia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La primera parte de este trabajo se enfocó en revisar algunos aspectos históricos de la Legislación Antimonopólica, primero en la legislación comparada y luego adentrándonos en la génesis de nuestro sistema de protección y defensa de la Libre Competencia, desde sus orígenes, pasando por el Decreto Ley nº 211, con sus respectivas instituciones, las modificaciones introducidas por la ley 19.911, y las ultimas adecuaciones efectuadas por la ley Ley Nº 20.361. En su segundo capítulo, el presente trabajo contiene el estudio del derecho procesal Orgánico y Funcional sobre defensa la Libre Competencia, comenzando por una revisión de los órganos encargados de velar por la libre competencia establecidos en el DL 211, con anterioridad a la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, esto es las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica, efectuando un estudio de su organización, composición y procedimientos. En el mismo capítulo segundo capítulo, nos avocamos al estudio de los órganos que conforman la institucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico se ha dado en pos de la defensa de la libre competencia en la actualidad, esto es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Que en cuanto al Tribunal, se presenta un trabajo que contempla su definición, sus características, un análisis del mismo desde las bases orgánicas de la jurisdicción, su organización, composición, funcionamiento, su competencia, atribuciones y potestades, concluyendo el estudio del procedimiento de las causas ventiladas antes dicho ente, sea contencioso o no contencioso. Finaliza nuestro estudio con un punto referente al la Fiscalía Nacional Economía, la que sin ser un órgano jurisdiccional, requería de un pequeño estudio necesario al ser uno de los principales intervinientes contemplados en la ley para los procesos ante el Tribunal de defensa de la libre competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por finalidad analizar la conciliación como medio alternativo de resolución de conflicto en el procedimiento de la libre competencia contemplado en el D.L. N°211. Para este cometido, se ha dividido esta investigación en cuatro capítulos. En el primero de ellos, analizaremos las diversas formas de resolver un conflicto y las características de los distintos mecanismos contemplados para ello. Siguiendo la misma línea, ahondaremos en el mecanismo de la conciliación, observando sus aspectos generales, naturaleza jurídica, el procedimiento conciliatorio general, concluyendo con sus similitudes y diferencias con los demás mecanismos. Posteriormente, centraremos el resto de la investigación en la conciliación antimonopólica contemplada en el D.L. N° 211, revisaremos específicamente sus características, el procedimiento conciliatorio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los organismos que intervienen en ella, especialmente el rol de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el último capítulo, abordaremos los viii mecanismos equivalentes a la conciliación antimonopólica existentes en la legislación comparada. Para ello, analizaremos la normativa de Estados Unidos, la Unión Europea y España, estableciendo las principales semejanzas y diferencias entre ellas y con la Conciliación antimonopólica chilena. Una vez realizada la exposición procederemos a mostrar las conclusiones derivadas de la presente investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta memoria hace un análisis doctrinario y jurisprudencial de la licitación pública con el objetivo de obtener conclusiones respecto a la regulación actual, chilena y comparada, de la concurrencia que debe regir dentro de un proceso licitatorio, a fin de evitar ilícitos anticompetitivos durante su desarrollo, ya sea colusión de los oferentes o corrupción de la Administración. Para aquello se analizan los principios rectores de la licitación pública, en particular, libre concurrencia, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y no formalización, junto a la regulación chilena y comparada que tiene por fin erradicar tales ilícitos anticompetitivos, junto a los parámetros que fija la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con el fin de avanzar en ello. Posteriormente, se analiza la jurisprudencia de dos tribunales especiales con competencia para conocer de acciones relacionadas con licitaciones públicas: Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambos difieren en sus sentencias en cuanto a la aplicación de los principios estudiados y fijan criterios disímiles al establecer si un organismo público o los mismos oferentes han infringido la normativa respectiva

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende exponer las distorsiones que se introducen en el funcionamiento de los mercados cuando se establecen vínculos estructurales (de propiedad) o personales (directores comunes) entre empresas competidoras. Junto con una exposición de estos riesgos, se hará un análisis crítico de la capacidad de las categorías tradicionales del derecho de la libre competencia para regular estas conductas, mediante una revisión detallada de la evolución que ha tenido en esta materia la jurisprudencia de los organismos de defensa de la libre competencia de la Unión Europea (la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea –en adelante, y salvo que se indicación en contrario, la “Comisión”– y la Cortes).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En el presente trabajo se pretende hacer un análisis del sistema de responsabilidad civil extracontractual contemplado en el Decreto Ley N° 211, y en lo específico, la posibilidad de alegar tal responsabilidad entre competidores y por consumidores, de mediar una infracción contra la libre competencia, de modo de fortalecer el "private enforcement" de esa área del derecho. La idea central es que pese a que exista un sistema especial con consagración legal, no constituye una regla clara ni eficiente para los competidores y consumidores, considerando los fines que persigue la legislación de competencia. Se propondrá la incorporación de los daños triplicados, como también la posibilidad de interponer la acción civil colectivamente, como mecanismos que enmienden las actuales deficiencias dentro de nuestro sistema nacional. Para llevar a cabo el presente análisis, se revisará la jurisprudencia, la doctrina nacional vigente y el modo en el que se ha estudiado en el derecho comparado. Todo lo anterior como respuesta a la necesidad de una reforma que implique un avance dentro de nuestra legislación acorde a la realidad económica nacional