El siguiente trabajo académico busca establecer una comparación entre los procedimientos y procesos existentes relacionados con la eliminación de barreras burocráticas. Se parte de un análisis del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en el marco de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas que otorgó, entre otras, la facultad de emitir resoluciones con efectos generales cuando se declare una barrera burocrática ilegal. Este control ejercido por el INDECOPI puede ser confundido con el control realizado por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en sus distintos procesos; en ese sentido, en el presente trabajo se establecerán las similitudes y diferencias de los mismos. Se concluye que el procedimiento de eliminación de eliminación de barreras burocráticas realizado por el INDECOPI tiene una finalidad diferente y particularidades frente a otros procedimientos y procesos similares. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto revisar y estudiar los elementos de derecho público y de derecho privado que conviven en la regulación de las empresas del Estado. Para comenzar con este estudio se revisarán en primer lugar las dos formas jurídicas que pueden adoptar, a saber empresas públicas creadas por ley y sociedades del Estado y las características de cada una. Luego, dentro del régimen de derecho público se revisará la regulación constitucional que tiene la materia, las políticas de gobierno corporativo que emplean las empresas públicas, el control que ejercen otros órganos del Estado respecto de su funcionamiento, esto es la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, y las técnicas para poner término a estas empresas. Por su parte, se estudiará, a propósito del régimen de derecho privado, la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Por último, en la segunda parte de este trabajo se hará un estudio particular de las empresas mineras que pertenecen al Estado, esto es Empresa Nacional del Carbón, Empresa Nacional del Petróleo, Empresa Nacional de Minería y la Corporación del Cobre

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Tesis para optar al grado de Magíster en Economía / Autor, no envia autorización para públicar en el Portal de Tesis Electrónicas / En un mercado con tres firmas integradas verticalmente y competencia en cantidades será estrategia dominante otorgar acceso a terceras partes aguas abajo. Esto generará el problema del dilema del prisionero para las firmas integradas. Si las firmas se coluden y, exógenamente, se permite la entrada de una cuarta firma integrada que debe pagar un costo fijo de entrada, los incumbentes estarán mejor si logran disuadir la entrada del entrante rompiendo el acuerdo colusivo. En el caso que no lo logren, estarán mejor acomodándolo. Si las firmas deciden otorgar acceso aguas abajo al entrante, para ciertos valores de costo fijo, el entrante puede decidir no entrar como firma integrada y actuar como un comprador del insumo. Adicionalemente, esta situación puede generar un nuevo dilema del prisionero entre los incumbentes. Los incumbentes obtendrán mayores beneficios si la nueva firma entra aguas abajo, pero, si hay que asegurar un piso de beneficios al entrante, una firma estará peor relativamente a las otras. Este modelo replica el escenario de los últimos años en el mercado de telefonía móvil en Chile.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo pretende hacer un análisis amplio de la doctrina de las facilidades esenciales, tanto en su papel de teoría dogmática como en el desarrollo que ha encontrado en la jurisprudencia. Para tales efectos, se ilustrará primera y sucintamente en lo qué ella consiste y cuáles son sus planteamientos, reseñando luego su historia en la jurisprudencia comparada (capítulo I). En seguida, se presentarán los presupuestos que se estiman como necesarios para que la doctrina en comento reciba aplicación, integrando las distintas posiciones y argumentos que se han generado en el debate. Lo anterior exigirá exponer las posturas a favor y en contra de la misma (capítulo II). Sobre ese precedente, se procederá a revisar la doctrina a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, determinando el lugar que la doctrina de las facilidades esenciales ocupa en el derecho antimonopolios nacional, particularmente en el Decreto Ley Nº 211. De este modo, se pretenderá determinar si es que existen argumentos normativos para que ésta reciba aplicación por nuestros organismos de defensa de la libre competencia, y en definitiva, si es que efectivamente ésta ha tenido o no recepción en la práctica jurisprudencial (capítulo III). Con lo expuesto precedentemente, debe señalarse que la principal intención contenida en este trabajo es recoger con la mayor fidelidad posible los diversos conceptos y argumentos elaborados en el derecho comparado, a fin de contribuir a su promoción y a la mejor calidad de su examen

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación consiste en recopilar y analizar la jurisprudencia anterior a la aplicación de la Ley N° 20.169 relativa a los tipos ilícitos de competencia desleal, dictada por la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, ya que pese a que hace sólo tres años existe una norma que regula específicamente la competencia desleal en Chile, hacía treinta años que nuestros tribunales resolvían sobre la materia, en fallos que hoy pueden sorprender por la actualidad y vigencia de sus criterios y la semejanza de los actos desleales ejecutados en esa época y hoy en día. En otras palabras, la jurisprudencia que se recoge en este trabajo caracteriza en forma precisa al ilícito de competencia desleal, el cual es uno de los elementos de la responsabilidad civil derivada de esta conducta. Respecto a la forma de la exposición del trabajo, esta tesis se compone de dos partes. Una primera, en que se entrega al lector una pequeña reseña acerca del panorama de la competencia desleal en nuestro país, desde 1973 hasta la actualidad. La segunda parte, consiste en el análisis de jurisprudencia y consta de siete capítulos; uno por cada conducta desleal contemplada en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 20.169, con la excepción de la inducción a incumplimiento contractual, puesto que este ilícito desleal sólo ha sido conocido dos veces por nuestros tribunales, rechazándose en ambos casos las respectivas acciones. Existe, además, un capítulo relativo a competencia desleal e infracción a la propiedad industrial, materia esta última que, pese a no haber sido contemplada expresamente en la ley como uno de los tipos ilícitos, cabe dentro de la descripción genérica del tipo efectuada en el artículo 3°. El capítulo presenta interés, pues se trata de dos ordenamientos que se superponen y se complementan, produciéndose un eventual cúmulo de ilícitos. Cada capítulo contiene citas pertinentes de la jurisprudencia, comentarios a las decisiones y finaliza con un pequeño acápite de conclusiones. La tesis cuenta con un índice de conductas, en donde pueden buscarse todos los fallos que fueron extractados para efectos de esta investigación, asociados con alguno de los actos desleales. Finalmente, se acompañan todas las fichas jurisprudenciales, en calidad de anexos, con la intención de acercar los fallos al lector y permitir que éste acuda a la fuente cada vez que lo estime conveniente, para formar su propio concepto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con aquel desafío en vista, esta investigación pretende examinar el nivel de observancia de diversos aspectos relevantes para la institucionalidad de la libre competencia en nuestro país. Para tal efecto, evaluaremos descriptivamente el proceder de la Fiscalía Nacional Económica (en adelante “FNE”), del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante “TDLC”), y de la Tercera Sala de la Corte Suprema cuando conoce de materias de libre competencia, a la luz de las siguientes instituciones y principios: (i) transparencia, (ii) independencia, (iii) accountability, (iv) predictibilidad, (v) proporcionalidad, (vi) no discriminación, (vii) capacidad de respuesta a interesados y agentes externos, (viii) experticia, (ix) impugnabilidad, (x) oportunidad, (xi) debido proceso, (xii) suficiencia de las facultades de investigación y sanción, (xiii) confidencialidad, (xiv) cumplimiento de los Criterios para Archivar una Investigación y (xv) eficacia del enforcement para el cumplimiento de los objetivos previstos por el legislador. Como se aprecia en el listado anterior, en este estudio no sólo se evalúa el funcionamiento de la institucionalidad en términos de la efectividad de la persecución de los ilícitos contrarios a la competencia. Además, adquiere particular relevancia el análisis de la observancia de las garantías vinculadas al debido proceso. Este aspecto resulta fundamental para esta investigación, en el entendido de que “cualquiera que [sea] la órbita en que nos situemos, e independientemente de cuál sea el órgano llamado a imponer la sanción – el juez o administración- debe[n] observarse unos mismos principios generales como guía y limitación de su actuación en la materia”10. Esta memoria consta de dos partes. En la primera se exponen los distintos aspectos que resultan relevantes en el diseño de un modelo de evaluación de la institucionalidad de la libre competencia. En la segunda parte, se desarrolla la aplicación práctica y resultados que ha arrojado el ejercicio de las distintas herramientas que integran el señalado esquema de evaluación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de esta memoria se dará cuenta de la evolución que los sectores económicos y servicios públicos asociados han tenido en las últimas décadas y cómo esto ha influido y determinado la evolución del Derecho Administrativo, ampliando su órbita de aplicación, análisis y ejercicio al momento de desarrollar la función ejecutiva que le corresponde. A su vez, y como contrapartida a ello, se intentará mostrar cómo la introducción del análisis del Derecho de la Libre Competencia y el conocimiento por parte de dichas autoridades de los actos realizados por la Administración Pública, ha determinado también lo anterior. Ello, para dar paso a evidenciar la tensión que esta nueva configuración tiene en relación a la función administrativa de desarrollo de políticas públicas cuando es analizada y mirada desde esta nueva óptica, revisando para ello casos concretos llevados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de la Administración. Se pretende entonces, dar cuenta de los límites que el Derecho de la Libre Competencia tiene en relación al ejercicio de potestades públicas y la tensión que ello genera en relación a la aplicación de la ley

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Las operaciones de concentración tienen lugar, dicho de un modo general, cuando dos empresas dejan de ser económicamente independientes entre sí. El concepto de operación de concentración comprende un rango más amplio de fenómenos que las fusiones que describe el Derecho comercial. Ello, pues en sede de libre competencia importa más el fenómeno económico de ese cese en la independencia entre dos agentes, que la forma jurídica bajo la cual se lleve a cabo. A pesar de existir cierto consenso en torno al tipo de fenómenos que caen dentro de lo que llamamos operaciones de concentración, persisten ciertas diferencias terminológicas respecto de cómo aludirles. Hay quienes –como haremos nosotros en este trabajo– se refieren a ese conjunto de fenómenos como operaciones de concentración, como fusiones, como concentraciones o utilizando ambos conceptos en forma conjunta. La diferencia terminológica arranca del derecho comparado, donde los países anglosajones aluden a ellas como mergers, y el mundo continental, que se refiere a ellas como concentraciones o concentrations. Con todo, cabe resaltar que la diferencia es casi puramente terminológica. Nosotros aludiremos a ellas indistintamente como operaciones de concentración, concentraciones o fusiones

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de abusos exclusorios, la dificultad que enfrentan las agencias de competencia para determinar cuándo la conducta agresiva de un competidor dominante reñiría con las reglas de la competencia, ha devenido en variados test económicos y jurídicos que buscan robustecer el análisis de los órganos adjudicadores y dotar de predictibilidad a sus decisiones. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha transitado por una jurisprudencia cada vez más sofisticada, que permite identificar elementos comunes a los test comparados de determinación de abuso de posición dominante. En la presente investigación, se analizan dichos estándares a la luz de la experiencia nacional, para concluir cómo nuestras autoridades de competencia podrían sancionar la comisión de abusos exclusorios, sin disuadir a quienes por sus propios méritos compiten férreamente en el mercado. PALABRAS CLAVE: Abuso de Posición Dominante – Libre Competencia – Test Económicos – Competencia en los méritos – Tribunal de Defensa de la Libre Competencia – Precios Predatorios.