Latinoamerica es una de las regiones que en los últimos tiempos viebe padeciendo los estragos que produce la inflación. En particular, el Perú ha registmdlo recientemente uno de los mayores índices de inflación a nivel mundial. Por ejemplo en 1990 los prcrios se incrementaron en un prmnedio de 7649.7% Este dato nos puede dar una idea sobre la magnitud de la depreciación del valor real de nues1tra moneda nacional. En las obligaciones pecuniarias sucede que cuanto mayor es el lapso que demora el deudor en cumplir con la prestación a su cargo, entonces resulta más seria la pérdida del poder adquisltvo del dinero que se emplea en el pago, con el consiguiente perjuicio para el acreedor común y corriente. ¿Cómo ha reaccionado el Derecho frente a este problema? La doctrina y jurisprudencia vienen desarrollando fórmulas de solución bastante polémicas que han alcanzado ribetes verdaderamente brillantes sobretodo en Argentina. Sin embargo, la inflación y la mora del deudor configuran un tema riquísimo en cuanto a posibilidades de investigación se refiere, muchas de las cuales todavía no han tnerecido tma debida atención. En virtud de esta última consideración nuestro trabajo pretende explorar ciertos puntos de vista que nos parecen verdaderamente medulares para contprender a cabalidad el problema planteado. Sabemos que a lo largo de esta obra hemos discurrido por los oscuros límites que separan al Derecho Civil de otras ramas del Derecho en general. En efecto he, nos abordado la perspectiva de la Fllosofia del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Comparado y Derecho Monetario con el propósito de enriquecer la visión de conjunto con relación al tema central de nuestro análisis. Al final puede constatarse una suerte de retroalimentación entre todas estas áreas del quehacer jurídico y que viene a constituir una expresión más del carácter dinámico, complementario y creativo que tiene todo sistenta jurídico para dilucidar los problemas económicos y sociales que se deben regular. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El tema propuesto para desarrollar la tesis de grado, consiste en la posibilidad de acceder a la ejecución forzada de una obligación de un contrato bilateral incumplido por ambas partes y en el que una de ellas se excepciona a la demanda de ejecución forzada, señalando que no se encuentra en mora de cumplir su obligación porque la otra parte no ha cumplido su obligación correlativa, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 1552 del Código Civil.

Latinoamerica es una de las regiones que en los últimos tiempos viebe padeciendo los estragos que produce la inflación. En particular, el Perú ha registmdlo recientemente uno de los mayores índices de inflación a nivel mundial. Por ejemplo en 1990 los prcrios se incrementaron en un prmnedio de 7649.7% Este dato nos puede dar una idea sobre la magnitud de la depreciación del valor real de nues1tra moneda nacional. En las obligaciones pecuniarias sucede que cuanto mayor es el lapso que demora el deudor en cumplir con la prestación a su cargo, entonces resulta más seria la pérdida del poder adquisltvo del dinero que se emplea en el pago, con el consiguiente perjuicio para el acreedor común y corriente. ¿Cómo ha reaccionado el Derecho frente a este problema? La doctrina y jurisprudencia vienen desarrollando fórmulas de solución bastante polémicas que han alcanzado ribetes verdaderamente brillantes sobretodo en Argentina. Sin embargo, la inflación y la mora del deudor configuran un tema riquísimo en cuanto a posibilidades de investigación se refiere, muchas de las cuales todavía no han tnerecido tma debida atención. En virtud de esta última consideración nuestro trabajo pretende explorar ciertos puntos de vista que nos parecen verdaderamente medulares para contprender a cabalidad el problema planteado. Sabemos que a lo largo de esta obra hemos discurrido por los oscuros límites que separan al Derecho Civil de otras ramas del Derecho en general. En efecto he, nos abordado la perspectiva de la Fllosofia del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Comparado y Derecho Monetario con el propósito de enriquecer la visión de conjunto con relación al tema central de nuestro análisis. Al final puede constatarse una suerte de retroalimentación entre todas estas áreas del quehacer jurídico y que viene a constituir una expresión más del carácter dinámico, complementario y creativo que tiene todo sistenta jurídico para dilucidar los problemas económicos y sociales que se deben regular.

En el presente informe se analiza como deben ser aplicados los intereses moratorios durante el trámite del proceso contencioso administrativo utilizando como base el derecho al plazo razonable y la finalidad de los intereses moratorios. De ese modo, inicialmente se abordarán los conceptos de derecho al plazo razonable e intereses moratorios tributarios al amparo de los diversos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. En concordancia con ello y teniendo en cuenta los conceptos desarrollados inicialmente se analizará la liquidación de intereses moratorios propuesta por el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 1975-2-2021. / This report analyzes how late payment interest should be applied during the administrative litigation process based on the right to reasonable time and the purpose of late payment interest. Thus, initially, the concepts of the right to reasonable time and tax interest in arrears will be addressed under the protection of the various pronouncements made by the Constitutional Court. In accordance with this and taking into account the concepts initially developed, the liquidation of delinquent interest proposed by the Tax Court in Resolution No. 1975-2-2021 will be analyzed.

Este informe de investigación analiza la aplicación de intereses moratorios en los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. En específico, se examina el escenario donde se realizar una modificación posterior del importe del impuesto a la renta anual que se utilizó para computar los mencionados pagos a cuenta de determinado ejercicio. Así, se busca dar respuesta a esta controversia de importante envergadura en los últimos años, que ha sido objeto de diversos pronunciamientos disímiles a nivel administrativo y judicial. No existiendo, en el momento de la emisión de la resolución analizada, una disposición expresa aplicable en estos supuestos, se examina la naturaleza y objeto de los intereses moratorios en el derecho tributario; del mismo modo, de los pagos a cuenta. Siendo ello así, se aplica los métodos de interpretación teleológico y sistemático de las disposiciones que contienen normas legales sobre dichas obligaciones (e.g. de aplicar intereses moratorios ante un pago no oportuno y el de pagar los importes por concepto de pagos a cuenta), del mismo modo, las provisiones normativas sobre la autodeterminación mediante declaraciones tributarias original y rectificatorios. A partir de lo expuesto, se concluye en un sentido opuesto al criterio definido por el Tribunal Fiscal en la resolución revisada, en el sentido que NO corresponde el pago de intereses moratorios en los pagos a cuenta, de ocurrir una modificación ulterior del importe correspondiente al impuesto a la renta anual que fue utilizado para calcularlos.

El Tribunal Constitucional peruano, mediante la Sentencia recaída en el Expediente N° 03525-2021-PA/TC, ha fijado un precedente constitucional vinculante que establece la suspensión de la aplicación de intereses moratorios. La sentencia, más que convencer sobre la primacía de ciertos valores y principios constitucionales sobre otros, lo que ha hecho es generar diversos cuestionamientos y problemas por responder. El presente Informe tratará de abarcar algunos de los problemas que se han generado a partir de la emisión de la sentencia: la equiparación del plazo razonable al plazo legal, y cómo se han visto comprometidos principios y valores constitucionales como la seguridad jurídica, el deber de contribuir, la capacidad contributiva, y el principio de solidaridad / The Peruvian Constitutional Court, through the Judgment handed down in File N° 03525-2021-PA/TC, has set a binding constitutional precedent that establishes the suspension of the application of moratorium interest. The sentence, more than convincing about the primacy of certain constitutional values and principles over others, what it has done is generate various questions and problems to be answered. This Report will try to cover some of the problems that have been generated from the issuance of the sentence: the equating of the reasonable term to the legal term, and how constitutional principles and values have been compromised such as legal certainty, the duty to contribute, the contributory capacity, and the principle of solidarity

El presente informe estudia dos (2) principales problemas jurídicos que se concentran en el laudo arbitral emitido en el caso N° 1274-047-2007, proceso promovido por la empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C en contra de ARUNTANI S.A.C en el marco de un contrato de locación de servicios cuyo objeto era el transporte de minerales y residuos de una operación minera. En estricto, se analiza: (i) la configuración de la mora del acreedor en el entendido de que el tribunal arbitral consideró que la inobservancia injustificada del deber de colaboración constituye un incumplimiento contractual y (ii) el pronunciamiento del tribunal, en el marco del iura novit curia, sobre una materia que no fue demandada en el arbitraje. Al respecto, las conclusiones a las que arribaremos se presentan en el siguiente orden: (i) el tribunal confundió la aplicación de la mora del acreedor en el laudo que emitió y (ii) el tribunal arbitral aplicó indebidamente el iura novit curia al vulnerar el derecho de contradicción de ARUNTANI S.A.C, pues esta última no pudo pronunciarse sobre la materia que estudió y resolvió el colegiado arbitral.

El debate legal tributario sobre los derechos de los contribuyentes y la demora de la administración tributaria y el Tribunal Fiscal en la resolución de impugnaciones del proceso contencioso tributario ha ocupado el interés de la opinión pública y los operadores del derecho, como consecuencia de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre esta materia. A partir de ello, se ha generado espacios de discusión respecto a las implicancias de dicha demora en el cómputo del plazo de prescripción y de los intereses moratorios, temas que revisten especial importancia por las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación en la esfera jurídica de las personas. En el presente trabajo, se cuestiona la razonabilidad del tratamiento de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción en el ámbito tributario, a propósito del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 2051-2016-PA/TC – caso Industrial Paramonga –, que ordena la reanudación del plazo de prescripción de la acción para determinar y exigir la deuda tributaria cuando el Tribunal Fiscal se haya excedido del plazo legal para resolver el recurso de apelación en el procedimiento contencioso tributario. A partir de ello, se realiza un análisis de los motivos o razones que sustentan los límites a la recaudación de ingresos destinados al gasto público por aplicación de la institución de la prescripción en el ámbito tributario, para determinar si estos cumplen con el principio de razonabilidad en el caso concreto de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción durante el tiempo que se excede el plazo legal establecido para resolver impugnaciones administrativas en el ámbito tributario. Con esta finalidad, se ha recurrido a los principios constitucionales que se encuentran en conflicto al aplicarse la prescripción en el ámbito tributario, recurriendo a los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, así como a la doctrina especializada en el tema para determinar la naturaleza jurídica de la prescripción. Asimismo, se ha recurrido a la aplicación del Test de proporcionalidad aplicado por el máximo intérprete de nuestra Constitución, con lo cual se concluye que la posición interpretativa de dicho órgano – respecto a la reanudación del plazo de prescripción – no es adecuada, pues hay una grave afectación al deber de contribuir en que se sustenta la recaudación en nuestro país. / The legal debate surrounding taxpayers' rights and the prolonged processing times within tax administration and the Tax Court regarding challenges to tax disputes have captured public interest and legal experts' attention, especially in light of recent rulings by the Constitutional Court. These developments have sparked discussions about the ramifications of such delays on the calculation of statutory limitations and accrued interest, issues of paramount importance due to their direct implications on taxpayers' rights and protections. This paper critically examines the rationale behind suspending the statute of limitations in tax matters, particularly in response to the Constitutional Court's ruling in Case No. 2051-2016-PA/TC – Industrial Paramonga –, which mandates the reinstatement of the statute of limitations for actions to determine and collect tax debts when the Tax Court exceeds the prescribed deadline for resolving appeals in tax litigation. Drawing on this context, an analysis is undertaken to evaluate the justification for imposing limits on revenue collection for public expenditure through the mechanism of prescription in tax law. The focus is on determining whether such limitations adhere to the principle of reasonableness, particularly concerning the suspension of the statute of limitations during periods when the legal timeframe for resolving administrative challenges in tax matters is exceeded. To this end, constitutional principles in conflict during the application of prescription in tax law are examined, relying on jurisprudential doctrines articulated by the Constitutional Court and specialized legal scholarship to ascertain the legal nature of prescription. Furthermore, the application of the Proportionality Test by the Constitutional Court is scrutinized, leading to the conclusion that the Court's interpretation regarding the reinstatement of the statute of limitations is inadequate, as it significantly undermines the fundamental duty to contribute to revenue collection, a cornerstone of fiscal policy in our nation.