Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Dentro de nuestro país cohabitan diversos pueblos indígenas que han subsistido hasta la actualidad. Sin embargo, el desarrollo del mundo moderno y sus proyectos económicos, en tanto manifestación concreta de éste, han ido crecientemente entrando en conflicto con estos pueblos, los que durante largos años se vieron desprotegidos y algunos incluso exterminados, como es el caso de los Onas en el extremo sur de Chile. En este contexto, presente en diversas partes del mundo, el año 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Éste constituye en la actualidad el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y fue ratificado por nuestro país el año 2008, entrando finalmente en vigencia en septiembre del año siguiente. Con ello el Estado de Chile ha adquirido el deber de llevar a cabos procesos de consulta indígena cada vez que se prevea la emisión de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en forma directa a uno o más pueblos indígenas. Deber que, desde su entrada en vigencia ha sido altamente controvertido, respecto de su obligatoriedad, forma de aplicación, entre otros aspectos. El objeto del presente trabajo consiste en el análisis del deber de consulta indígena en nuestro país definiendo su concepto, analizando la normativa correspondiente que la regula y configura sus elementos, para llegar a su aplicación específica por los órganos de la Administración del Estado en las distintas áreas desde la perspectiva que ha ido adoptando la Contraloría General de la República por medio de la jurisprudencia administrativa y así poder confirmar o refutar la hipótesis de que los dictámenes de la Contraloría General de la República, en materia de Consulta Indígena, no han sido uniformes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / La presente tesis se gesta en el taller de memoria “Legislación Indígena Nacional Comparada” impartido por el profesor guía Óscar Dávila Campusano. Este trabajo tiene como principal finalidad hacer una investigación y análisis del Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y la forma en que se ha incorporado este convenio en la jurisprudencia nacional, relativa a las acciones de protección interpuestas por los pueblos indígenas en los diversos tribunales superiores de nuestro país, particularmente relacionadas con el derecho a consulta garantizado en dicho convenio. Esta labor la realizaremos a partir del análisis de las causas jurisprudenciales favorables en sede de protección que tienen como derecho vulnerado el Derecho a Consulta Indígena, lo que nos ayudará a inferir si existe en Chile una aplicación jurisprudencial efectiva del Derecho a Consulta tal como está regulada en el Convenio 169, y no simplemente como lo regula la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Finalmente nos abocaremos la forma en cómo se asimila y/o aplica el Convenio 169 en México y Bolivia, dos de los veintidós países que han aprobado y ratificado dicho convenio, y que a mayor abundamiento, son los países con mayor población indígena en Latinoamérica. Para dicha labor realizaremos un análisis jurisprudencial de las principales causas encontradas de los distintos tribunales de ambos países en las cuales hubo una real protección al Derecho a Consulta regulado por el Convenio 169, lo que nos permitirá inferir si tanto en Bolivia como en México hay efectivamente una real legislación nacional y una correcta formulación y aplicación jurisprudencial, que sea armónica y de la forma en que lo establece el derecho internacional, más específicamente el Convenio 169 de la OIT.

Memoria para optar al grado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales / La reivindicación indígena a mediados del siglo XX, permitió el florecimiento de los primeros instrumentos internacionales de tutela indígena, el primero de ellos fue el Convenio 107 de la OIT, seguido por el actual Convenio 169 de la OIT que logra la protección a la identidad cultural a través del derecho propio y el derecho a la tierra, entre otros. Por su parte, las constituciones latinoamericanas se enmarcaron en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, plasmando en su articulado la traslación fiel a la voluntad constituyente debido “al producto de las luchas de movimientos sociales y populares,”1 estableciendo mecanismos en favor de los pueblos indígenas. Es así, que las constituciones colombiana, boliviana y ecuatoriana – éstas dos últimas encuadradas bajo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas- plasmaron en sus cartas magnas, las propuestas sociales que venían originándose, detallando los derechos individuales y colectivos “fijando estándares mínimos al respecto, concentrándose y garantizando su derecho a la diferencia y a su desarrollo económico, social y cultural.”2 Los dieciséis Estados Latinoamericanos que tienen presencia indígena contemplan algún tipo de protección constitucional, con excepción de Chile. Sin embargo, durante la última década en Chile ha logrado avanzar mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT en el año 2008, y a través del reconocimiento de los derechos indígenas en el nuevo proyecto de reforma constitucional

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca analizar de forma doctrinaria y jurisprudencial el impacto que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan tener en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuando éstas tengan como sujeto principal comunidades indígenas. Para realizar este estudio se analizó una vasta recopilación de bibliografía y jurisprudencia internacional relativa tanto al derecho internacional de los derechos humanos como a comunidades indígenas. Con la información provista por estas fuentes se pasó a analizar 10 sentencias de la Corte Interamericana cuyos criterios interpretativos y conclusiones demuestran la hipótesis de esta tesis. Como resultado se obtuvo un trabajo esquematizado, que de manera concreta y práctica permite al lector identificar qué, cómo, y porqué particularidades y costumbres de comunidades indígenas son tomadas en consideración por un tribunal regional de Derechos Humanos al momento de dilucidar un conflicto y de paso llevar hacia adelante la protección de los pueblos indígenas en el ámbito del derecho internacional.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo busca analizar de manera doctrinaria y jurisprudencial cada concepto comprendido dentro del artículo 6° del Convenio 169 OIT relativo al derecho de consulta indígena. Para realizar este estudio se analizó una amplia recopilación de bibliografía existente sobre el derecho de consulta y jurisprudencia nacional. Luego se fragmentó el artículo 6° del Convenio dividiendo los conceptos que lo componen, para posteriormente exponer en cada tópico la mayor cantidad de información doctrinaria y jurisprudencial posible. Como resultado se obtuvo un trabajo esquematizado de una manera simple y práctica que permite al lector resolver una gran cantidad de interrogantes que se puedan generar al momento de interpretar el artículo 6° del Convenio Indígena 169 OIT apoyando los planteamientos con fallos pertinentes que complementan los criterios doctrinarios.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿En qué consiste el Convenio 169 de la OIT? ¿Cómo fue la discusión que ratifica el convenio mencionado en el Congreso Nacional? ¿Cómo ha sido la implementación del Convenio? Las preguntas enunciadas tienen por objetivo generar inferencias descriptivas respecto el impacto que ha tenido el Convenio en los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas en Chile. Mediante una revisión exhaustiva de la discusión suscitada en el Congreso Nacional que antecedió la ratificación de este convenio, se aportan los principales elementos de análisis para abordar tres fallos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que sientan jurisprudencia respecto del trámite de consulta de los pueblos indígenas y del estándar establecido para este por el Convenio 169. Además, se hace hincapié en el proceso de consulta constituyente iniciado por el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), donde se avizoran críticas a la implementación del convenio, por parte de los propios pueblos indígenas y otros actores de la sociedad civil. Este elemento del derecho internacional, en una lógica de dos niveles, permea el ordenamiento jurídico interno e invita a cuestionar los avances del Estado chileno en el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, generando una superficie propicia de mejora en la materia.