No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder en Brasil el año 2003, generando importantes cambios en la estrategia de política exterior del país y más específicamente, en el ámbito comercial. Al participar en la Ronda de Doha de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Brasil, como uno de los principales exportadores de productos agrícolas y motivado por la lectura que hicieron sus tomadores de decisión de los diversos factores estructurales internacionales y domésticos, adoptó una posición agresiva al negociar temas relacionados con el acceso a los mercados y la eliminación o reducción de subsidios. Así, durante los años iniciales del gobierno de Lula, Brasil asumió una posición de protagonista, creando coaliciones con otros países en desarrollo, para defender sus intereses y los de los demás países en desarrollo. Sin embargo, en los últimos años del gobierno Lula, y en los primeros años del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff la participación de Brasil en las negociaciones internacionales parece ya no tener la misma relevancia. A partir de 2006 se evidencian los primeros indicios de que Brasil dejaría de ser el protagonista en dichas negociaciones. Finalmente, con el cambio de gobierno, se nota una reducción en los esfuerzos brasileños para retomar las negociaciones de la Ronda Doha y otros países parecen haber asumido un rol más importante en el escenario multilateral. El presente estudio tiene como objetivo analizar la participación de Brasil en la Ronda de Doha para investigar cuales fueron las razones que provocaron un cambio en la postura de Brasil en el ámbito de las negociaciones comerciales de la OMC. Será realizado un análisis para averiguar si existe un cambio en la estrategia de Política Exterior y consecuentemente una pérdida de interés en negociar a nivel multilateral, o si existen otras razones que inciden en la pérdida del rol central que antes asumía Brasil. / Luis Inácio Lula da Silva was inaugurated as President of Brazil in 2003, changing the country’s foreign policy strategy, specifically in the trade area. Participating in the World Trade Organization (WTO) Doha Developmend Round, as one of the main agricultural products exporter motivated by its decision makers interpretation of international and domestic structural factors, has adopted an aggressive position in negotiating issues related to market access and subvention reduction. This way, during the first years of Lula’s first term, Brazil assumed a leading position, creating coalitions with other developing countries, in order to achieve its and other developing countries goals. However, during Lula’s last years as president and also during Dilma Rousseff’s mandate first years, Brazilian participation in International negotiations seems to have lost its relevance. From 2006 on it is possible to see that Brazil was losing its leading position in the multilateral negotiating process. This paper seeks to analyzer the Brazilian participation in the Doha Development Round to find out which were the reasons that motivated the change of its position within WTO trade negotiations. Research will be done in order to understand if there were a change in Brazilian’s foreign policy strategy followed by a loss of interest in negotiating in a multilateral level, or if there are other reasons behind the loss of the leading position by Brazil.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente estudio de caso hace un análisis de lo que son las buenas prácticas regulatorias (coherencia regulatoria) y da cuenta de la realidad en chilena en la materia. El estudio analiza el trabajo realizado por foros como la OMC, APEC y OECD en materia de buenas prácticas regulatorias, Además se estudia la propuesta hecha por Estados Unidos sobre coherencia regulatoria en el marco de las negociaciones del TPP. A modo de síntesis, es posible sostener que las buenas prácticas regulatorias: • Buscan ser una herramienta para que los países generen regulaciones más eficientes en la persecución de los objetivos de las políticas públicas que se deseen implementar. • Que las regulaciones deben ser un apoyo para entregar una solución a un problema específico que se desee resolver, y evitar que las regulaciones se conviertan en un problema más que en una solución. • Que es importante que las regulaciones no generen obstáculos innecesarios al comercio y a las inversiones, y que sean una herramienta efectiva para apoyar la liberalización comercial a nivel mundial. • Que se requieren implementar mecanismos de transparencia y participación ciudadana a la hora de generar nuevas regulaciones • Que es importante desarrollar mecanismos que midan el impacto económico y social de las regulaciones, con el fin de que éstas no generen mayores costos a la sociedad en su conjunto. • Que es necesario implementar mecanismos de coordinación y control centralizado que permita hacer regulaciones más consistentes, donde puedan intervenir todos los actores del sector público y privado que se vean afectados por una regulación. • Que es necesario que las regulaciones sean consistentes con otras regulaciones y que no generen discriminaciones. • Que es importante que las regulaciones consideren la mayor cantidad de información técnica, tecnológica o científica que esté disponible a la hora de formularlas. • Que las regulaciones promuevan la libre competencia y que minimicen comportamientos como el abuso de posición dominante, la colusión, procesos de monopolización, etc. Se estudió también la situación de Chile en materia de coherencia regulatoria. Se concluye, a la luz de los antecedentes, que si bien existe la aplicación de enfoques sectoriales en la aplicación de buenas prácticas regulatorias, no existe una institucionalidad a nivel nacional que coordine la aplicación de buenas prácticas regulatorias y tampoco existe una difusión sistemática de aplicación de buenas prácticas regulatorias en todo el aparato del estado. / This case of study presents an analysis of what are the good regulatory practices (regulatory coherence) and gives an account of the Chilean reality in the field. The study analyzes the work done through forums such as the WTO, APEC and OECD in the field of good regulatory practices, also studied the proposal made by United States on coherence regulatory within the framework of the TPP negotiations. As synthesis, it is possible to argue that good regulatory practices: • Looking be a tool for the countries to generate more efficient regulations in the pursuit of the objectives of the policies that develop. • That regulations should be a support to deliver a solution to a specific problem that the decision maker want to resolve and prevent regulations from becoming one problem rather than a solution. • It is important that the regulations do not generate unnecessary obstacles to trade and investment, and that they are an effective tool to support trade liberalization around the world. • That is necessary implement mechanisms of transparency and citizen participation in the develop of new regulations • It is important to develop mechanisms that measure the economic and social impact of regulations, so that these do not generate higher costs to society as a whole. • It is necessary to implement mechanisms for coordination and centralized control that allow to the decision makers make more consistent regulations, where all stakeholders in the public and private sectors affected by regulation may be involved. • It is necessary that the regulations are consistent with the other regulations and that does not produce discrimination. • It is important regulations to consider the most technical, technological or scientific information that is available in formulating them. • Regulations are an important a tool to promote competition and they minimize behaviors such as abuse of dominant position, collusion, processes of monopolization, etc. The situation of Chile regulatory coherence was also studied. In the light of the background, it is concluded that while there is the implementation of sector-wide approaches in the implementation of good regulatory practices, there is not an institutional framework at the national level that coordinates the implementation of good regulatory practices and there is a systematic dissemination of good regulatory practices application in the entire apparatus of the State.

El objetivo de la presente investigación es determinar la naturaleza jurídica del Sistema de Franja de Precios (SFP) establecido mediante el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, con el que se grava la importación al Perú de determinados productos agropecuarios (arroz, maíz amarillo, leche, azúcar, y sus derivados), a fin de determinar si los mismos constituyen derechos arancelarios propiamente dichos, más bien una sobretasa adicional al arancel, cuya imposición viola los compromisos asumidos en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), determinación que reviste especial importancia a partir del proceso de Celebración de Consultas con el Estado Peruano solicitado por Guatemala ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMA (OSD) por gravar con el SFP la importación de azúcar, y que según afirman constituye un “gravamen variable adicional” o un “precio mínimo” cuya imposición contraviene los compromisos adquiridos ante la OMC. La referida diferencia fue resuelta a favor de Guatemala, recomendándose al Perú adecuar el SFP a las obligaciones internacionales contraídas; sin embargo, teniendo en cuenta que Guatemala sólo impugnó los derechos adicionales derivados del SFP y no el sistema en sí mismo, el pronunciamiento de la OSD no evaluó la necesidad o no de su eliminación; lo que no impide que se puedan promover nuevos procesos que ataquen directamente al SFP. En ese sentido, resulta imprescindible determinar la real naturaleza del SFP y su compatibilidad con las obligaciones asumidas por el Perú ante OMC, caso contrario, mantener un SFP en contravención con las mismas, pondría en grave peligro político y económico al País. Partimos para el presente trabajo bajo la hipótesis de la naturaleza arancelaria del SFP, condición que se ve demostrada a lo largo de su desarrollo y que concluimos es la que le corresponde, por lo que su aplicación es consistente con los compromisos asumidos ante la OMC. Cabe señalar adicionalmente, que el estudio del tema es abordado desde un análisis netamente jurídico y no económico, por lo que no se incidirá en sus aspectos económicos, tales como su impacto sobre el sector agrícola nacional, ni sobre los mecanismos adoptados para la determinación de los precios piso y techo o los precios internacionales de referencia. / Tesis

En este artículo, se analiza, a través de la interpretación de las últimas modificaciones de la normativa y conforme a los principios de la contratación pública, la posibilidad de ampliar el espectro de análisis de acreditación de experiencia de una persona jurídica cuando esta pertenece a un grupo económico. Para ello, se basa en el desarrollo de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, en conjunto con el papel que tiene la OSCE. Luego desarrolla la actuación de las Personas Jurídicas, que conforman grupos económicos, en la ejecución de obras, para poder acreditar la experiencia requerida por la normativa. Se concluye el artículo haciendo una comparación a través del derecho comparado para así implementar una nueva interpretación de la norma de contratación pública. In this article, the author discusses, through the interpretation of recent changes in regulation and according to the principles of public procurement, the possibility of extending the range of accreditation of experience analysis to legal persons when belongs to an economic group. This is based on the development of the State Procurement Act, as amended, in conjunction with the role it plays the OSCE. Then develops the performance of legal persons, that form economic groups, in the execution of projects, in order to prove the experience required by the regulations. Finally, the article makes a comparison by comparative law in order to implement a new interpretation of the law on public procurement.

The environment preservation and protection is one of the objectives of the World Trade Organization, as stated in the Marrakech Agreement which set up such organization. Even though the WTO is not an environmental entity, environmental issues take part of its interests.In this article, the author analyzes the main rules and legal instruments generated within the World Trade Organization, including several multilateral agreements that impact and influence in the treatment of environmental issues. / La protección y preservación del medio ambiente constituye uno de los objetivos que promueve la Organización Mundial del Comercio, tal como se encuentra evidenciado en el Acuerdo de Marrakech por el cual fue conformada dicha institución. Pese a que la OMC no es una entidad ambientalista, el tema ambiental forma parte de sus intereses. En el presente artículo, el autor analiza las principales normas e instrumentos legales generados al interior de la Organización Mundial del Comercio, entre los que destacan diversos acuerdos multilaterales que repercuten e influyen en el tratamiento de las cuestiones medioambientales.

El proceso de toma de decisiones en la Organización Mundial del Comercio (OMC), regulado en el artículo IX.1 del Acuerdo por el que se establece la OMC, se ha convertido en un aspecto complejo y difícil de ejecutar por varios factores, que hacen cada vez más arduo que los 164 Miembros que lo componen, puedan lograr el consenso y adoptar nuevas decisiones. El presente trabajo de investigación plantea que la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones y el profundo desbalance de poderes entre los Miembros de la OMC, no permiten puntos de coincidencia en beneficio de todos sus Miembros y dificulta el logro del consenso, desde el inicio de las negociaciones hasta la conclusión del mismo. Los problemas para obtener el consenso y las manifestaciones de poder de algunos de los Miembros de la OMC se pueden ver reflejados en la falta de acuerdo para el nombramiento de los miembros del Órgano de Apelación (OA), órgano de vital importancia para el eficiente funcionamiento del Sistema Multilateral del Comercio. A partir del 10 de diciembre de 2019 se venció el mandato de dos de los tres miembros del OA, quedándose sólo con un miembro cuyo mandato culmina el 30 de noviembre de 2020 y, por tanto, el OA ha dejado de funcionar debido a la falta de consenso en la designación de sus respectivos reemplazos. Ello está generando una crisis en el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, dado que no es posible resolver los casos de apelación y se están recortando las opciones para un comercio equilibrado

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS / La integración comercial ha avanzado a pasos agigantados, las barreras y dificultades comerciales son mínimas y los costos de traslado han disminuido. Las mejoras en la infraestructura física y económica, los desarrollos tecnológicos y en sistemas de información, mejores procesos de fabricación, transporte y otras mejoras que impactan directamente a las industrias y al comercio de productos y servicios, han generado un aumento acelerado del número de transacciones comerciales intra e inter mercados. Se han firmado tratados y convenios de comercio internacional y con ellos se han establecido reglas que enmarcan las relaciones comerciales como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que cada miembro de la Organización Mundial de Comercio debe adscribir. Durante el 2016, se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP) entre 12 países de América Latina y el Caribe (entre ellos Chile), América del Norte, Asia y Oceanía. EL TTP representa la mayor área de comercio medida como el PIB conjunto de sus integrantes y se caracteriza por tener una fuerte intención de armonización reglamentaria en áreas como el comercio electrónico, propiedad intelectual y cuidados medioambientales. Actualmente existe mucha incertidumbre respecto de su entrada en vigor por posibles efectos negativos sobre pequeños productores y también por conflictos políticos entre algunos miembros, no obstante, es un ejemplo de lo que significa la ganancia por mejora en las negociaciones y exportaciones de Chile (por ejemplo, agrícolas y agroindustriales) ante la presencia de acuerdos comerciales. Los potenciales beneficios de este y otros tratados, requieren de fuertes políticas industriales, tecnológicas y de innovación para dar respuesta a las exigencias internacionales. ¿Chile está preparado?. Los acuerdos comerciales se basan en la confianza y reconocimiento entre sus miembros. ¿Qué pasa si incumplimos los requisitos armonizados en la reglamentación? Podemos evaluar la respuesta mirando el caso de la exportación de salmón de Chile que excedió la cantidad de antibióticos permitida según los requisitos de ingreso de nuestro socio comercial Estados Unidos. El resultado fue la sustitución del mercado chileno por el mercado noruego y grandes pérdidas monetarias que se suman a la perdida de confianza en el aseguramiento de la calidad que brinda el país. Ejemplos como este, existen muchos en todas las regiones y en particular afectan principalmente a los países en desarrollo por su fuerte dependencia de la exportación de productos y servicios y las limitadas capacidades de establecer un sólido marco regulatorio e institucional que permita una mayor competitividad en el mercado internacional. Según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1999), el 80% del comercio mundial total se ve afectado por normas y requisitos técnicos; y entre un 2% y 10% del costo total de producción se destinan a cumplir con las mismas (OCDE, 1996). Es decir que, si los países en vías de desarrollo buscan ingresar al mercado globalizado, deben poder contar con recursos relacionados al acceso a normas, capacidades de mediciones exactas, servicios de certificación y ensayos y acreditación. Todo esto es parte de lo que se llama Infraestructura de la Calidad. El crecimiento industrial sostenido ha sido motivo de creación de organizaciones que apoyen a los países en desarrollo o en transición para el fortalecimiento de las capacidades comerciales. En este contexto la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ha planificado y creado infraestructuras de la calidad donde no existían para maximizar las capacidades comerciales a nivel regional e internacional, movilizando conocimiento, destrezas, información y tecnología para apoyar el comercio y el desarrollo industrial. Se ha consensuado que la infraestructura de la calidad constituye un catalizador para la mejora de la calidad de los productos y servicios que se transan en los mercados y que, en consecuencia, ayuda a estimular la demanda de estos, lo que vigoriza negocios y la economía en general. Al contribuir con la industria nacional a satisfacer los requerimientos de los mercados de exportación, la infraestructura de la calidad aumenta la competitividad de la economía del país y su capacidad para participar en el comercio mundial y cadenas de valor, resguardando la seguridad del ciudadano y el medio ambiente. En síntesis, la infraestructura de la calidad entrega confianza al cliente y/o usuario cuando adquiere determinado bien o servicio. En adición, los servicios prestados por la infraestructura de la calidad, son grandes propulsores de nuevos avances sociales y tecnológicos, todos sus elementos ayudan a la sociedad y a la economía a hacer frente a distintos desafíos en un entorno cambiante, mediante la creación y difusión de nuevas tecnologías. Por ejemplo, para poder tener una comunicación eficiente se requiere de normas terminológicas para transferencia de conocimiento (normalización); o como el caso del sistema mundial de determinación de la posición (GPS) que se relaciona íntimamente con los avances en las esferas de la metrología científica; o bien cómo se han incorporado los sellos de rotulado energético a los electrodomésticos para orientar a la demanda a consumo eficiente de energía (acreditación y evaluación de la conformidad). En conexión con la relevancia de la IC en la estructura económica y la competitividad comercial, la incorporación de este tema en la agenda de discusión de política pública significa un gran avance en términos de la institucionalidad y marco regulatorio coherente y eficiente en sus iniciativas e interacciones. Este estudio constituye un esfuerzo de levantamiento de ideas, ciertas acciones y decisiones de política para el desafío de desarrollo de la Infraestructura Nacional de la Calidad chilena. Cabe mencionar que no se incorpora análisis econométrico, dada la escasa existencia de datos y a que el foco se mantuvo en generar un marco conceptual común para comenzar a generar conocimiento y literatura nacional sobre el tema. A su vez, esto se enlaza con un estudio previo de Evaluación del Impacto de la Infraestructura de la Calidad chilena en la Productividad1 solicitado por interés del Banco Interamericano de Desarrollo que levantó una serie de falencias respecto de lo que es en Chile una Infraestructura de la Calidad. El documento se divide en dos partes, en la primera se muestran las principales características de un modelo según las buenas prácticas internacionales y cómo se ha desarrollado en Chile. En ambos casos se abordan sus componentes, actores, institucionalidad, cifras de desempeño y otros, para cerrar posteriormente con una síntesis de impactos, beneficios y costos de la Infraestructura de la calidad en distintos ámbitos económicos y sociales. Luego, una segunda parte, enfrenta la discusión sobre las recomendaciones que acercarán a Chile hacia un correcto aseguramiento de la calidad, para lo cual en principio se compara el modelo según buenas prácticas con el existente a nivel nacional y luego se abordan los principales ámbitos de acción y decisión de política publica mediante recomendaciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / China se transformó el año 2010 en el mayor exportador mundial de mercancías, superando a Estados Unidos, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A su vez, varios analistas internacionales apuntan a que China se convertirá en la primera potencia mundial para el año 2030, desplazando a los Estados Unidos. La prestigiosa firma Goldman Sachs proyecta que para el año 2050, China seguirá ocupando este primer puesto, junto con un fuerte posicionamiento de los países pertenecientes al denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Para alcanzar este posicionamiento, China debió pasar por un largo proceso de reformas, tanto políticas como económicas. Se estudiará su desarrollo, analizando su historia más reciente, la que comienza con el nacimiento de la República de China el año 1911. El año 2005 en Busán, Corea del Sur, Chile firmó un Tratado de Libre Comercio con la República Popular China (TLC Chile-China). Para Chile, este Tratado fue el fruto de una política de apertura económica de regionalismo abierto, la que comenzó a desarrollarse en la década de 1990. Chile rebajó unilateralmente sus aranceles, comenzó a firmar importantes acuerdos comerciales con varios países y participó activamente de foros multilaterales, tales como el Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC). La mirada chilena se volcó hacia el Asia Pacífico, con el objetivo de transformar al país en un puente que uniera estas economías con América Latina. Aprovechando las buenas relaciones diplomáticas con China, las que oficialmente se desarrollan hace 42 años, Chile se transformó en el primer país no asiático en firmar un TLC con el gigante asiático. Se hará un estudio de las relaciones diplomáticas sino-chilenas, analizando sus principales hitos, para comprender como se llegó a la negociación de este importante acuerdo económico. Este Tratado de Libre Comercio (TLC) abarcó principalmente el comercio internacional de bienes y mercancías. Para ello, contempló una desgravación arancelaria, lo que aumentó considerablemente el comercio entre Chile y China. Ello significó que el año 2007, China se transformara en el primer destino de las exportaciones chilenas, situación que se mantiene inalterada hasta el día de hoy. Se investigará en profundidad este TLC, analizando su estructura, artículos y principios. No obstante, este acuerdo fue sólo el primer paso reconocido para promover el comercio entre ambas naciones. En el artículo 120 del TLC se estipularon futuras negociaciones en materia de servicios e inversiones. La segunda etapa fue la negociación de un Acuerdo que regulara el comercio internacional de servicios entre ambos país. El año 2010, el Congreso chileno aprobó el Acuerdo Suplementario sobre el Comercio de Servicios con China, incorporando este importante sector de la economía al Tratado. Según datos de la OMC, el sector de servicios viene creciendo a una mayor velocidad que el comercio de bienes desde hace veinte años. Y es visto por muchos, como uno de los principales caminos que tienen los países en vías de desarrollo para alcanzar el status de país desarrollado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Reconocemos que al ser ésta una materia de gran amplitud y complejidad, que es transversal a distintas disciplinas y temas, como la política, la economía, los derechos humanos, el derecho económico y la propiedad intelectual, requiere de un orden y sistematicidad en su tratamiento. Es por ello que los dos primeros capítulos podríamos agruparlos como una primera parte del traba- jo, donde se sientan las bases teóricas de la discusión; en el capítulo segundo ilustramos acerca del ADPIC, su formación, principios, objetivos y sus disposiciones, poniendo especial énfasis en las normas que revisten un mayor grado de interacción, y por ello de eventual conflicto, con el derecho a la salud; para lograrlo expondremos de que manera han incorporado la salud pública, estudiaremos las flexibilidades que permiten las disposiciones e investigaremos de que forma se han utilizado dichas flexibilidades. En el capítulo tercero nos referiremos al derecho humano a la salud, concentrándonos en aquel expresamente reconocido por el Art.12 del PIDESC, su evolución y con- tenido. Para delimitar su alcance nos detendremos en la observación general N◦ 14, preparado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual a pesar de no ser vinculante para los Estados parte del Pacto se trata del esfuerzo más avanzado y serio hasta la fecha para definir los derechos y obligaciones que comporta el derecho humano a la salud, y supone un excelente marco para ser contrastado con las obligaciones del ADPIC. Ya con este marco analítico, en una segunda parte del estudio estaremos capacitados para definir el grado de relación existente entre la propiedad intelectual (ADPIC) y el derecho humano a la salud (Art.12 PIDESC). En el capítulo cuarto nos dedicaremos a esta tarea con un enfoque eminentemente práctico, en el cual se exhiba la repercusión efectiva y probable que conlleva la aplicación de la normativa ADPIC, en especial el aumento temporal de la cobertura de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos farmacéuticos, para el acceso de medicamentos en los países menos desarrollados y en vías de desarrollo. Solo una vez conocido el impacto práctico de la aplicación del acuerdo en el acceso y disponibilidad de medicamentos estaremos facultados para referirnos al conflicto hipotético entre el ADPIC y el PIDESC. Para finalizar, en una tercera parte del trabajo, integrado por el capitulo quinto y sexto, nos referiremos a las soluciones que se han implementado para resolver el conflicto y propondremos nuevas alternativas para lidiar con el dilema subyacente al aparente conflicto entre el ADPIC y el derecho a la salud: la fragmentación del derecho internacional y la desconexión presente entre las distintas normas surgidas bajo el amparo y dirección de los múltiples regímenes especiales que pululan en el derecho internacional general. En este último punto focalizaremos la discusión en la conveniencia y posibilidad de introducir dentro del sistema de la OMC normas del Derecho internacional de los derechos humanos para definir el alcance de las obligaciones que aquel impone en sus acuerdos abarcados y atenuar sus eventuales consecuencias negativas

El presente artículo académico parte con la identificación del principio de no discriminación como eje central de los diversos tratados suscritos en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese marco, se revisa el contenido específico de dicha obligación a la luz de lo dispuesto en el artículo I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). Sin embargo, en tanto no se trata de una obligación absoluta, enumeraremos algunas de las excepciones permitidas para pasar a desarrollar la que contemplamos como la más importante, el regionalismo. Así pues, profundizaremos en el regionalismo a partir de un repaso sobre las posturas que hay en el contexto del sistema OMC, el impacto que genera y la importancia de su desarrollo regulado como se ve plasmado en la doctrina y en la práctica de los Estados en cuanto a la apertura de sus mercados. De igual manera, buscamos esclarecer cuáles son los elementos para la aplicación de la excepción conforme a lo plasmado en el artículo XXIV del GATT sobre Aplicación territorial - Tráfico fronterizo de Uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Finalmente, tomamos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú como ejemplo práctico con la finalidad de identificar si establece medidas incompatibles con el artículo I del GATT para luego verificar que cumple con los requisitos de la excepción planteada en el artículo XXIV.