Actualmente, la participación ciudadana es un tema que ha cobrado especial interés debido a los desafíos que plantea para la construcción de democracias inclusivas y deliberativas, pero dentro de la participación ciudadana hay una variedad de público participante. El presente trabajo se enfocará en hacer un recorrido de los espacios de participación existentes y caracterización de la participación en la vida política y social, por dos grupos etarios: las niñas, niños y adolescentes (NNAs) y las y los jóvenes. Finalmente, se identificará la ventana de oportunidad, debido al vacío de la literatura, de realizar una investigación sobre el impacto posterior de la participación en Municipios Escolares o CCONNA en la construcción de trayectorias de liderazgo político y participación juvenil.

La presente tesis trata sobre el fracaso de las estrategias de integración del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) al sistema político legal. El período que cubre comienza por la nueva decisión de la línea acuerdista durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1993 y se extiende hasta el inicio de la pandemia en 2019. El denominado acuerdismo buscaba obtener poder político por medios legales y las elecciones generales, luego de su derrota militar con la caída de la cúpula en 1992. Asimismo, se investigará el contexto político que dio origen a esta línea, las personas que han participado en su implementación, sus logros y desafíos, la creación del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), y por último, el pobre resultado político que ha tenido en las tres décadas anteriores, comparándolo con las experiencias de Uruguay y Colombia que han logrado soluciones más armoniosas en el período postconflicto armado interno.

El presente Trabajo Académico busca analizar si el proceso de consulta previa era aplicable para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga; o si solo era necesario cumplir con el procedimiento de participación ciudadana para cumplir con la normativa vigente y obtener la certificación ambiental. Se parte de la hipótesis que, a la fecha de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, Minera Yanacocha no contaba con la obligación de realizar el proceso de consulta previa, puesto que no era un requisito para la aprobación del mencionado instrumento de gestión ambiental; sino una obligación por parte de Estado Peruano relacionado al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En la última década, en el Perú, la consulta previa se encuentra relacionada con el procedimiento de participación ciudadana, esto es porque se califica a la consulta previa como un mecanismo de participación ciudadana (ESDA, 2013, p.179). Sin embargo, es menester dejar en claro que ambas son figuras que, si bien parecieran cumplir con la misma finalidad, son distintas entre sí. La consulta previa tiene la finalidad de preservar los valores culturales propios de los pueblos indígenas y tribales mediante el otorgamiento de voz para decidir sobre su propio desarrollo en su territorio; por otro lado, la participación ciudadana se caracteriza por incluir a los pueblos indígenas en todas las fases del ciclo de elaboración, aplicación y evaluación de políticas y programas de desarrollo nacional o regional que les pueda afectar. No solo en la fase inicial, como en el derecho a la consulta previa, sino en todo el ciclo. Sin perjuicio de que se concluye que el Proyecto Minero Conga no debió realizar el procedimiento de consulta previa, es menester dejar en claro que, tanto la consulta previa como los procesos de participación ciudadana deben ser fortalecidos, con la finalidad que sean utilizados como verdaderos mecanismos que promuevan el diálogo fluido y eficiente entre los actores involucrados, de manera tal que la población aledaña al Proyecto recupere la confianza de las decisiones de la administración pública (decisiones públicas) y de las empresas mineras (decisiones privadas).

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad orientar que la consulta previa también es aplicable a las comunidades campesinas, donde El Estado peruano tiene que aplicar mecanismos de dialogo para reducir los conflictos socio ambientales. La investigación se encuentra estructurada en los siguientes capítulos. Capítulo 1: Comunidades campesinas, Capítulo 2: Pueblos indígenas, Capitulo 3: Diferencias y semejanzas de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, Capítulo 4: El Estado y las comunidades campesinas en el Perú, Capítulo 5: Naturaleza jurídica de la comunidad campesina en el Perú, Capítulo 6: Noción Jurídica de comunidad campesina y pueblo indígena en el Perú, Capítulo 7: La consulta previa como derecho fundamental en las comunidades campesinas y el Capítulo 8: Implementación de mecanismo de consulta previa en las comunidades campesinas, donde se indica como necesario la inclusión el ordenamiento jurídico peruano de la consulta previa para comunidades campesinas.

Las mujeres indígenas andinas y amazónicas en el Perú son actoras clave en el desarrollo de sus comunidades, la defensa de sus territorios y medio ambiente, el sostenimiento de la vida a través de sus sistemas alimentarios y la preservación y difusión de su cultura y saberes ancestrales, entre muchos otros. Sin embargo, su presencia en los espacios de toma de decisión, ha sido limitada y sus voces silenciadas al no contar con participación efectiva en las asambleas y juntas directivas de sus comunidades. Ante este escenario, un grupo de lideresas indígenas de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) llevaron a cabo un proceso de cambio en la ley que norma los estatutos de las comunidades campesinas y nativas, con la finalidad de lograr el reconocimiento explícito de las mujeres indígenas como comuneras calificadas y la incorporación de mujeres en la junta directiva de sus comunidades. Para comprender este proceso de cambio, la presente investigación emplea el enfoque de las coaliciones promotoras, a partir del cual se establece que el sistema de creencias desarrollado por las mujeres indígenas a lo largo de su formación como lideresas, la conformación de una organización nacional articulada con organizaciones de base de lideresas indígenas, así como alianzas previas con instituciones de la sociedad civil, fueron elementos clave para lograr las modificaciones estatutarias. Este proceso representa un primer paso en la recuperación del poder individual y colectivo de las mujeres indígenas en el Perú.

El derecho a la consulta previa a los pueblos originarios o indígenas se ha convertido en fuente de conflictos internos de carácter sociocultural, ambiental y legal, que cada vez más se acrecientan en el Perú. El Estado peruano debe realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas antes de la implementación de medidas legislativas o administrativas que afecten en forma directa los derechos colectivos de estos últimos, consultas que deben finalizar con la obtención del consentimiento previo, libre e informado. La promulgación de la Ley 29785, “de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas”, es un gran avance hacia la protección de estos pueblos. Sin embargo, en su Artículo 15° se dictamina que si el Estado peruano y los pueblos indígenas no lograran llegar a un acuerdo en la consulta previa, la decisión final será adoptada por el Estado como norma general aplicada a dichos procesos. No obstante ello, esta regla general podría tener excepciones frente a medidas legislativas o administrativas que implique el desplazamiento poblacional indígena de sus territorios ancestrales, ya que de aplicarse de forma taxativa lo señalado en la Ley 29785, se causaría grave indefensión y vulneración a los derechos constitucionales de ese sector poblacional. El Estado, durante los procesos de consulta previa cuando impliquen desplazamiento poblacional indígena de territorios ancestrales, tiene la obligación de obtener el consentimiento de estos pueblos, garantizando la no vulneración de sus derechos constitucionales, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; la libre determinación; el territorio; la identidad étnica y cultural; entre otros; consagrados en los artículos 2°, 70° y 149° de la Constitución peruana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional peruano (TC).

Esta tesis demuestra que los ppkausas, los jóvenes que participaron en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), son representantes del nuevo capitalismo peruano. Entiendo como nuevo capitalismo peruano al modelo neoliberal que rige el Perú desde la década del noventa. Al sostener que son representantes de ese fenómeno lo que estoy planteando es que la ideología que se extendió en el país a partir de la llegada del neoliberalismo ha marcado profundamente su subjetividad. Mi investigación se basa en un trabajo de campo que consta de entrevistas a 24 jóvenes que participaron en la campaña de Kuczynski. Dichas entrevistas permiten analizar la subjetividad de los jóvenes desde tres miradas: la del sujeto como individuo que se enfrenta a mandatos sociales, la del sujeto como integrante de un movimiento político y la del sujeto que construye su identidad a partir del vínculo con un líder. Uniendo esos tres puntos reformamos el planteamiento de que la subjetividad de estos jóvenes los empuja a actuar como súbditos de los discursos hegemónicos neoliberales y no como ciudadanos. El aporte de esta tesis radica en que pone en evidencia cómo la ideología neoliberal está fuertemente extendida en un sector de la sociedad peruana y cómo esta influye en la construcción de una real ciudadanía.

El presente trabajo de grado es parte de un esfuerzo por compartir una iniciativa de trabajo de incidencia política como respuesta a la problemática de violencia y conflicto armado que actualmente vive el pueblo Colombiano. De esta manera se amplían los conceptos relacionados a incidencia política junto con los elementos de su metodología de planificación por un trabajo hacia la Paz. Por tal motivo, la implementación de los programas sociales orientados a la protección e intervención de la violencia, han buscado desde entonces incidir en este tema, al reconocerlo como fundamental para el desarrollo. De esta manera, queremos evaluar uno de los principales programas de Comité Central Menonita en Colombia llamado “SEMILLA”; específicamente revelar el componente de Incidencia Política y determinar las acciones que han tenido respuesta positiva y donde se han evidenciado cambios concretos. Por esta razón, en la presente investigación se planteó la siguiente pregunta; ¿Por qué el programa Semilla en Colombia no está obteniendo los resultados esperados? ¿Qué factores están impidiendo que el programa Semilla en Colombia se desarrolle en su máximo potencial? Nuestra preocupación ante los resultados obtenidos en la evaluación de un programa como este es realmente importante; pues nos permitirá buscar alternativas de solución ante los factores que están impidiendo que el programa se desarrolle en su máximo potencial. Por consiguiente, es con esta pregunta de inicio que planteamos una investigación que muestra una mirada más cercana a la intervención que realiza la ONG “Comité Central Menonita” con su programa Semilla frente a la violencia y conflicto armado en Colombia, dando a conocer un aspecto cualitativo de su efectividad. Analizando testimonios, percepciones, creencias, y argumentos de los mismos involucrados en la dinámica. Trascendiendo así a las cifras y estadísticas que ya existen. Este análisis nos muestra de que manera podemos potenciar el trabajo que realizan programas como SEMILLA, que representan “agentes de cambio y transformación en la comunidad”. La relevancia de esta investigación para la Maestría en Gerencia Social es involucrarse como agente en el campo de este problema social y poder generar políticas de desarrollo y sociales con una visión de análisis sobre las acciones emprendidas y mejorarlas. / Tesis

La presente tesis tiene como objetivo explicar claramente, desde el enfoque de las capacidades, cuál es la relación entre el la capacidad de empatía y el diálogo, poniendo énfasis en la importancia de esta capacidad para el diálogo en conflictos interculturales. Dentro de las investigaciones actuales sobre conflictos sociales e interculturales, es usual que los autores resalten la importancia de la capacidad de empatía. Sin embargo, no se explica detalladamente por qué es importante, más allá de su mención. Esta tesis defenderá la idea de que dicha capacidad es fundamental para que los actores envueltos en el diálogo puedan tener razones altruistas suficientemente fuertes que los motiven a actuar en beneficio del bienestar de los otros. De esta manera, a través del diálogo, los actores pueden empatizar con el otro y, de esta manera, ser motivados a actuar por su bienestar, a pesar de que esto signifique alguna clase de pérdida para los intereses propios.

El presente caso se analiza la Resolución N° 987-2012-JNE emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual, en el marco del procedimiento administrativo de verificación de firmas de adherentes para la revocatoria de autoridades a cargo de RENIEC, emite pronunciamiento en última instancia revocando el acto administrativo que deniega la verificación de un último lote de firmas por extemporáneo. El administrado y recurrente es el promotor de la revocatoria de la entonces alcaldesa de la ciudad de Lima y los 39 regidores metropolitanos, Carlos Vidal Vidal. Se busca, en primer lugar, analizar la legalidad de las actuaciones administrativas efectuadas por Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC durante el procedimiento administrativo especializado de verificación de firmas para la revocatoria de autoridades (actas de comprobación automática y semiautomática). Por otro lado, se busca analizar la naturaleza del control jurisdiccional que realiza el JNE y, asimismo, determinar si el error en una actuación administrativa puede generar derechos en los administrados. Finalmente, se concluye indicando que el JNE no resolvió el recurso de impugnación del acto administrativo respetando la Ley de Procedimiento Administrativo General al otorgarle eficacia jurídica a una actuación administrativa informativa. Asimismo, el JNE debió actuar de acuerdo a la materia del caso, es decir, la naturaleza del control jurisdiccional de las actuaciones administrativas, por tanto, el respeto al principio de juridicidad y legalidad, así como a las potestades administrativas de RENIEC. / This legal report analyzes Resolution No. 987-2012-JNE issued by the National Elections Jury, which, within the framework of the administrative procedure for verifying the signatures of adherents for the revocation of authorities in charge of RENIEC, issues a statement in last resort by revoking the administrative act that denies the verification of a last batch of signatures due to untimeliness. The administrator and appellant is the promoter of the recall process of the mayor of Metropolitan Lima and the 39 metropolitan councilors, Carlos Vidal Vidal. It seeks, first of all, to analyze the legality of the acts and administrative actions carried out by the National Registry of Identification and Civil Status - RENIEC in the specialized administrative procedure for verifying signatures for the revocation of authorities (automatic and semi-automatic verification minutes). On the other hand, it seeks to analyze the nature of the jurisdictional control carried out by the JNE and, likewise, determine if the error in an administrative action can generate rights in those administered. Finally, it is concluded by indicating that the National Elections Jury did not resolve the appeal to challenge the administrative act respecting the General Administrative Procedure Law by granting legal effectiveness to an informative administrative action. Likewise, the JNE had to act according to the subject matter of the case, that is, the nature of jurisdictional control of administrative actions, therefore, respect for the principle of juridity and legality, as well as the administrative powers of RENIEC.