Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de memoria pretendemos describir someramente algunas de las repercusiones de la expansión del derecho penal en el procedimiento penal. El objetivo que nos proponemos es poder realizar un análisis global sobre las consecuencias que la expansión del derecho penal ha tenido en el derecho procesal penal. No esperamos que dicho análisis sea completamente exhaustivo y acabado en atención a que las aspiraciones que pueden llegar a tener un trabajo de investigación de esta naturaleza no pueden ser tan ambiciosas. Sin embargo sí pretendemos lograr hacer una revisión de los ámbitos de afectación más relevantes, y profundizar en ellos. Nuestra hipótesis de trabajo es que la vinculación necesaria que existe entre el derecho penal y el derecho procesal penal implica que todos los cambios que se han generado en el primero, y que han sido bastamente estudiados por la doctrina penalista en el desarrollo de la discusión sobre la expansión, deben haber implicado consecuencias no menores en el ámbito del derecho procesal penal. Ambas disciplinas de estudio son independientes, sin embargo trabajan sobre un mismo fenómeno y por lo tanto los cambios que se van desarrollando en una disciplina deben tener necesariamente consecuencias en la otra. Ese antecedente implica que las consecuencias en el plano del derecho procesal existen y que por lo tanto sólo es necesario identificarlas y clasificarlas de modo de poder distinguirlas con más claridad. La metodología de trabajo que utilizaremos se basa en el estudio y análisis de los trabajos científicos de aquellos autores que han escrito sobre la expansión del derecho penal tanto desde la disciplina penal como desde el derecho procesal. Con posterioridad intentaremos clasificar las consecuencias que dichos autores identifican en algunos ámbitos de afectación especialmente sensibles para el derecho procesal. Nos detendremos en cada uno de estos ámbitos de afectación para explicarlos y buscaremos en cada uno al menos un ejemplo de nuestra legislación procesal nacional que pueda ilustrar correctamente el ámbito de afectación desarrollado en los capítulos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo sólo pretende constituir un pequeño aporte a la ciencia penal, no busca soluciones definitivas, ni menos establecer verdades absolutas, lo que se quiere es mostrar un punto de vista sobre el tema de los delitos culpusos y tratar de esquematizar su análisis, compilando ideas de catedráticos chilenos y extranjeros, (y humildemente algunas opiniones nuestras) para que de esta manera se obtenga un resultado que facilite la comprensión de los delitos culposos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tuvieron que pasar muchos años para modificar un sistema inquisitivo en materia procesal penal, pero este cambio claramente se ve marcado por la insatisfacción de la sociedad por un sistema de enjuiciamiento, que era lento, engorroso y que no contemplaba una adecuada regulación de la protección a las víctimas, como la de los derechos y garantías del imputado. Quizás, como decía el Mensaje de nuestro Código Procesal Penal, llegó el tiempo de dotar a nuestro país de un sistema de enjuiciamiento penal, mas acorde con nuestros tiempos, que sea eficaz en la persecución penal, y que garantice el respeto de los derechos y garantías constitucionales. En ese marco tenemos a un nuevo sistema procesal penal que contempla esas garantías, pero es importante rescatar que este sistema también busca en la persecución penal el uso eficiente de los recursos económicos, humanos y técnicos. Es en este ámbito que nuestro proceso penal incluye distintas formas de solución, pero principalmente el uso de los recursos están destinados a perseguir la criminalidad más lesiva, entendiendo por aquellos a los delitos que comprometan con mayor seriedad el interés público. Nuestro sistema procesal penal es inminentemente selectivo, y tal como se señala en el Mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1894, nuestro actual Código Procesal Penal señala en su Mensaje “como ocurre en los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por este motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida”. Con este propósito se han establecido diferentes métodos de salidas alternativas para la solución de un conflicto penal, como también se han contemplado diferentes métodos para evitar investigaciones que no conduzcan a una solución eficaz. En este sentido y aplicando métodos de selectividad, el Ministerio Público se encuentra facultado para suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de una investigación, concretando esa pluralidad de soluciones que puede ofrecer el sistema procesal penal, siendo la principal y de mayor uso práctico en la actualidad, el archivo provisional, el cual analizaremos para determinar su importancia, efectos y alcances en el desarrollo de la actual reforma procesal penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, se presentan los procedimientos abreviado y simplificado, como los más grandes exponentes, de celeridad y eficacia, respecto de aquellos delitos que el legislador considera de poca connotación pública. Dichas salidas alternativas, pueden entrar en conflicto con aquellos principios establecidos en la Constitución, como el derecho a un juicio oral, previo y único, derecho de defensa y a la presunción de inocencia; sin embargo, las políticas criminales impulsadas por el Ministerio Público, obvían la cautela de dichos derechos en pro de la rapidez y eficacia de dichos mecanismos, produciéndose un desmedro en las garantías constitucionales de los intervinientes. Asimismo se analiza la conformidad del acusado, como supuesto base, para que dichos procedimientos tengan subsistencia, y va a depender de las características que ésta presente, para determinar la naturaleza que se le confiera y la extensión que aborden. Pero por distintas que sean las características en uno u otro procedimiento, en ninguno de ellos la conformidad abarca la responsabilidad civil. La política de persecución criminal implementada en nuestro país en los últimos años, busca devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal, persuadiendo a los delincuentes sobre la base de una certeza en la aplicación de sus penas, que en palabras del Marqués de Beccaria se resume en: “no es la dureza de las penas lo que hace desistir al ciudadano de delinquir, sino la certeza y prontitud de su aplicación.”

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo tiene por objeto el demostrar que el cambio de sistema de enjuiciamiento penal no fue antojadizo, sino que fue fruto de un proceso de cambio en la sociedad nacional de gran complejidad cuyo origen probable fue el fenómeno de la globalización y del reconocimiento internacional de los tratados de derech humanos. Esto debido a que al ponerse fin a las fronteras culturales y sociales de los distintos Estados, se obligó a las naciones a crear, particularmente en materia de procedimiento penal, un procedimiento acorde con el estándar de garantías y derechos que la comunidad internacional aceptaba. Garantías y Derechos que hablaban de un sistema en el cuál la víctima tuviera una efectiva y pronta solución a los intereses reclamados como consecuencia de la comisión de un ilícito penal en su contra, y de un imputado que fuera parte activa de un proceso penal y no objeto del mismo. Un sistema donde los principios de imparcialidad, transparencia y celeridad fueran percibidos por la comunidad a fin de dar certeza a la aplicación de la justicia penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El presente trabajo de investigación tiene por objeto editar y analizar el proyecto inédito de Código Penal hallado entre los papeles de José Victorino Lastarria en el fondo Varios del Archivo Nacional. Se plantea que este proyecto recoge el fruto del funcionamiento de la Comisión redactora cuya constitución fue ordenada por Decreto del Ministerio de Justicia de 18 de diciembre del año 1846. Este Decreto plantea a la comisión un itinerario y unas fuentes a ser utilizadas las que esperamos demostrar son efectivamente utilizadas en la redacción de las normas que se contienen en este proyecto inédito. Se efectúa un análisis de contexto y notas biográficas de los integrantes de la Comisión. El método utilizado parte por la indagación y rescate de las hojas halladas en el Fondo Varios del Archivo Nacional, para luego editar su contenido, y proceder posteriormente a redactar el estudio introductorio. Luego se procedió a efectuar el análisis comparativo de las normas que fueron utilizadas como fuentes en la redacción de los artículos que integraron el Proyecto. El Trabajo presenta como conclusiones generales aparte de la edición misma del Proyecto, una comprobación acerca de las fuentes normativas e ideológicas que sirvieron de alimento a la redacción de las normas propuestas, así como una autentificación relativa al origen del Proyecto.

Aborda los problemas que se presentan al momento de la calificación del tipo penal de delito informático, ya sea al formalizar la denuncia fiscal o al calificar dicha denuncia por el órgano jurisdiccional y su impunidad. Demuestra que las conductas que emplean, utilizan o se basan en sistemas informáticos se encuentran deficiente e insuficientemente tipificadas y el ordenamiento jurídico resulta inadecuado para abarcar las principales manifestaciones que afectan importantes bienes jurídicos. Busca determinar si existe una conducta a la que se pueda denominar en sentido estricto como “delito informático”; identificar cuáles son las limitaciones que existen en la tipificación del delito informático al momento de formalizar la denuncia fiscal y/o en su calificación judicial; demostrar que el delito informático se confunde en su calificación con otros tipos penales, de tal forma que se estaría afectando el principio de legalidad y seguridad jurídica; identificar cuáles son las manifestaciones de la criminalidad informática que no se encuentran tipificadas; demostrar que la Ley 27309 no tipifica correctamente las afectaciones del patrimonio individual con el uso de sistemas informáticos, pues éste se encuentra tipificado en el artículo 183.3 del Código Penal, entre otros. Como hipótesis general se ha planteado la siguiente: La inadecuada tipificación del delito informático y de las conductas que utilizan los sistemas informáticos, la existencia de conductas vinculadas a las nuevas tecnologías que teniendo relevancia penal no se encuentran tipificadas, y el uso de nueva tecnología en la comisión de los tipos penales tradicionales, son los factores que afectan la subsunción, formalización, procesamiento y eventual sanción –generando sensación de impunidad- de conductas que hacen uso de medios informáticos en la comisión de delitos en el distrito judicial de Lima, durante el período 2009-2010. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Determina cuál es la labor de los fiscales provinciales penales corporativos al momento de emitir sus requerimientos fiscales de acusación en aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las diferentes teorías del caso que se presentan ante los órganos jurisdiccionales, en el período 2015-2016. Establece cuáles son los factores que determinan el impacto de las disposiciones fiscales que se emiten en aplicación de las normas de derecho procesal penal para establecer la responsabilidad penal del imputado en el distrito fiscal de Santa. Identifica cuáles son las limitaciones de las disposiciones de requerimientos de acusación fiscal que se emiten en aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en opinión de los jueces de investigación preparatoria del distrito judicial del Santa. Demuestra si los requerimientos acusatorios que emiten las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas en su pronunciamiento han previsto los defectos formales que estos escritos puedan presentar al momento de ser oralizados en las audiencias de control de las acusaciones fiscales en aplicación coherente con el objetivo del principio constitucional del principio de proporcionalidad. / Tesis

The aim of this study is to analyze, from a legal and criminological perspective, the measure contained in article 89 of the Criminal Law (Organic Law 5/2010 of 22 July, that modified the Organic Law 10/1995 of 23 November, of the Criminal Law). This measure, deportation is provided when a foreigner in an irregular situation has been convicted to prison sentence. This work and the research carried out wonder if, taking into account that deportation is an instrument of Administrative Law to control migration’s flows: its introduction in the Criminal Justice system –with different purposes- will produce divergences with criminal and procedural law principles, or otherwise, shall be adapted as an instrument of consequences of criminal law catalogue? To reply this question, this work analyzes the theoretical issues that deportation by substitution has raised. Moreover, considering the need to analyze them in terms of judicial practice, a research has been carried out in different courts of Barcelona. This research permitted to observe that application of deportation create problems that theoretical observation itself could not detect. These problems, at the time, generate new conflicts with principles underlying both the law and the criminal process. / El objetivo consiste en analizar, desde un punto de vista jurídico y criminológico, el artículo 89 del Código Penal según la redacción dada por la LO 5/2010, de 22 de julio, por la que se modifica el Código Penal. La expulsión sustitutiva, está contemplada como respuesta para aquellos supuestos en que una persona extranjera en situación de irregularidad ha sido condenada a una pena privativa de libertad. La premisa de partida ha sido: ¿la introducción de la expulsión en el sistema penal -cuyas finalidades son distintas-, va a producir fricciones con los principios del Derecho penal y Derecho procesal o, se adecuará como instrumento del ordenamiento penal? De los resultados obtenidos se extrae que la aplicación práctica de la expulsión genera problemas que la observación teórica no puede detectar. Dichos problemas, a su vez, generan nuevas fricciones con los principios que inspiran tanto el derecho como el proceso penal.

El objeto de la presente tesis doctoral versa sobre el estudio de homicidios y asesinatos perpetrados por sujetos afectos de trastornos mentales catalogados por los manuales diagnósticos CIE-10 (OMS) y DSM-IV (APA). El estudio se ha dividido en dos partes claramente diferenciadas; en primer lugar se ha procedido al estudio teórico de las figuras tipificadas en el Código Penal español de 1995 en los artículos 138 y 139, así como las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que tienen efectos atenuatorios o que eximen al sujeto de la pena privativa de libertad que se contemplan en el Código penal, para los supuestos en concreto, imponiéndose bien una medida de seguridad, bien una pena privativa de libertad con una medida de seguridad, siguiendo el sistema vicaria! instituido en nuestro Derecho. En segundo lugar se ha realizado un estudio en el que se ha procedido a la extracción de la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de dos puntos de la península ibérica situados en el norte y sur de la misma, que poseen características concomitantes, cuales son densidad poblacional y elementos geográficos convergentes (fachada atlántica, localidades de zona rural interior montañosa) en concreto se escogieron las CCAA de Asturias y Galicia en el norte de España y las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla en el sur. Se extrajeron los datos relativos al sexo, edad, arma, psicopatología, sentencia, fases lunares, pena privativa de libertad o medida de seguridad entre otros sometiéndolos a diferentes análisis estadísticos, a fin de comprobar las diferencias o concomitancias entre ambos extremos geográficos y diferentes variables. El presente estudio, ha resultado de la interdisciplinariedad de forma mayoritaria entre Psicopatologias (ora mayores ora caracteropatias) y delitos de homicidio y asesinato.