El presente estudio plantea la necesidad de conocer cuáles son los factores externos, las características del fundador y los factores internos que inciden en la exportación de las MYPES textiles de Gamarra a partir de la construcción de un modelo referencial adaptado al contexto de los casos de estudio. Este modelo se obtuvo tomando como referencia los modelos mencionados en la literatura. Cabe precisar que para esta investigación el concepto de exportación es entendido como el primer paso de la estrategia de internacionalización. La aproximación a la investigación se realiza a través de un estudio de caso múltiple de tres MYPES pertenecientes al sector textil-confecciones que orienta sus ventas a niveles nacional e internacional. En consecuencia, se analiza la situación actual de los casos de estudio con entrevistas semi-estructuradas a los actores relevantes en cada empresa: el fundador, el administrador y el jefe de operaciones. Finalmente, como resultado de la investigación se presentan los hallazgos fundamentales, así como las conclusiones y recomendaciones sobre mejoras en la gestión de exportación aplicables a los casos de estudio. Además, se comparten los aprendizajes y líneas futuras de investigación que se obtuvieron del presente trabajo. / Tesis

En el presente trabajo se realiza un estudio desde la Constitución acerca de cómo viabilizar la negociación colectiva en el marco del empleo público, teniendo en cuenta las restricciones establecidas para este derecho como es el principio de equilibrio presupuestario, el cual es un bien jurídico que goza protección constitucional. En el empleo público, la negociación colectiva tiene una connotación totalmente diferente al ámbito privado, ya que mientras en el primer caso se puede ver afectado intereses particulares, en el segundo está en juego el interés público, por ello es válido que este derecho este sujeto a límites como lo es el principio de equilibrio presupuestario que tiene reconocimiento constitucional. El derecho a la negociación colectiva para los servidores públicos tiene reconocimiento constitucional y a su vez el Estado tiene el deber de fomentarla, así como las formas de solución pacífica de los conflictos laborales. De manera más precisa, el Estado debe adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar el desarrollo del derecho y poder determinar las condiciones laborales de los servidores públicos (artículo 7° del Convenio 151). Ante las dificultades económicas o presupuestarias de muchas entidades la negociación colectiva bajo el modelo descentralizado se ha tornado poco eficaz ya que las materias que se demandan en una negociación requieren de una disposición presupuestaria por parte de la Entidad. En ese sentido, se debe de apuntar a una estructura centralizada para establecer de manera relativamente rápida una regulación de condiciones de trabajo para sectores productivos concretos, negociada entre pocos sujetos colectivos que se interrelacionan de manera habitual y en consecuencia pueden facilitar los acuerdos. Es así que a través de una estructura centralizada de la negociación colectiva es que se podrá dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 7° del Convenio 151. / Trabajo académico

¿Explican los costos de transporte la intensificación de la agricultura? Para responder esta pregunta, realizo un análisis de regresión multivariado en un contexto geográfico y de suelos homogéneo, en cuya construcción de muestra se utiliza la metodología empleada por Cotlear (1989), quien diferencia tres tipos de regiones: región moderna, región intermedia y región tradicional de acuerdo a su grado de difusión de insumos modernos. Tomando como fuente el IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), de 2012, utilizo una muestra de 1938 productores agropecuarios provenientes de tres distritos de la región suni con diferentes grados de accesibilidad: Lampa (Puno), Lares (Cuzco) y Upahuacho (Ayacucho), ubicados en un mismo piso altitudinal (3500 a 4000 m s. n. m.) y cuyas tierras presentan el mismo nivel de erosión (ligero). La principal conclusión del estudio es que el acceso y la distancia al mercado de los productores, medidos en función de las horas de viaje a la capital distrital, influyen en la decisión del productor de dejar tierras en descanso. A mayores dificultades de acceso y distancia de los mercados, es menor la cantidad de tierras agrícolas utilizadas, al ser dejadas en descanso. Sobre la base de los resultados obtenidos, se propone que las políticas orientadas a recuperar, conservar y ampliar la cantidad de suelos para uso agrario, y a mejorar el desempeño agrícola de los productores gracias al uso eficiente de sus tierras lograrían mejores resultados si se incluyera la importancia de reducir los costos de transporte en la gestión de suelos de uso agrícola y pastoreo de la Política Agraria, y si se diseñara un trabajo multisectorial en el que contribuyan tanto el sector agrario como el de transportes / Tesis

El presente trabajo busca analizar las principales incidencias de las Asociaciones Pro vivienda en el Registro de Personas Jurídicas y demostrar por qué están en “proceso de extinción”. Para ello se hace una breve introducción de su origen, su definición y sus diferencias con las asociaciones creadas bajo el amparo del Código Civil de 1984. En una segunda parte se explican las razones de por qué a pesar de la larga data de su norma de creación, la Ley N°13500 y su reglamento D.S. N°131-H, estas aún están vigentes y siguen teniendo incidencia en nuestro ordenamiento legal. Finalmente, en una tercera y última parte se expone los problemas registrales más comunes vinculados a las Asociaciones Pro-vivienda y cómo el Tribunal Registral ha venido resolviendo en su jurisprudencia. De esta forma, a través del análisis legal y casuístico se desea mostrar un fenómeno que está ocurriendo paulatinamente y que está llevando a las Asociaciones Pro vivienda a su extinción: la modificación de sus estatutos sin la aprobación previa de la Junta Nacional de la Vivienda (hoy Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) conlleva a su transformación en una asociación al amparo del código civil. / Trabajo académico

El presente trabajo busca abordar el tratamiento de las sucursales de personas jurídicas no societarias, como establecimientos secundarios en nuestro sistema registral, para ello será importante analizar distintos cuerpos legales que permitan que estas personas jurídicas pueden establecer sucursales. Se analizará la naturaleza jurídica de las Asociaciones, Comités y Fundaciones y la posibilidad que estas tienen de poder establecer sucursales. Al mismo tiempo se abordará el caso especial de las universidades y las cooperativas. Todo ello teniendo como eje el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 038-2013 – SUNARP/SN. / Trabajo académico

Cuando acudimos al Registro lo hacemos porque creemos y confiamos en lo que este nos otorga jurídicamente. En ese sentido, la inscripción cumple un papel importante en el tráfico jurídico. El Estado se encarga de fortalecer esta figura del derecho registral debido a que contribuye al mantenimiento y protección de la seguridad jurídica. En ese sentido, el 25 de marzo del 2015 se promulgó la Ley No 30313, Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en trámite y Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Indentidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los Artículos 4 y 55 y la Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, la cual ha generado cambios tanto en el procedimiento registral como en los principios registrales que la protegen. Los principios protectores de la inscripción registral deben ser garantizados y protegidos por el Estado por lo que, toda modificación legal que se realice sobre ellos debería mantener su contenido esencial. El alcance de los principios registrales de legitimación y fe pública registral debería ser concordantes entre sí pues al menos de esta forma no generarían confusión hacia el usuario. / Trabajo académico

La democracia interna al interior de los partidos políticos es uno de los elementos centrales de nuestro sistema democrático; no obstante ello, su regulación normativa tiende a poseer diferentes contradicciones y deficiencias. En el presente trabajo, se resalta la importancia de la democracia interna en nuestro sistema de partidos, las carencias de su regulación actual, y los avances y deficiencias que plantea la reforma electoral en trámite; asimismo, se plantea una propuesta de los puntos básicos que, a nuestro criterio, debería poseer la regulación sobre la democracia interna en nuestro sistema electoral, poniéndose una especial atención a la participación que deben tener los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, sobre dicha regulación. Para los efectos de la presente investigación, se realiza un análisis teórico y dogmático sobre la importancia de los partidos políticos en un estado constitucional y el papel de la democracia interna dentro de dichas agrupaciones. Asimismo, se efectuá un análisis exegético de la normativa que regula la democracia interna en nuestra normativa electoral. A partir de dichos puntos, se concluye si nuestro marco legal electoral es adecuado o no para regular los procesos internos de los partidos políticos, brindándose una prepuesta general de reforma electoral. Las conclusiones principales a las que arriba el presente trabajo son las siguientes: i) la actual normativa es deficiente en la tutela de la democracia interna dentro de los partidos políticos; ii) la reforma electoral presenta ciertas mejorarías frente a la normativa actual, pero no resuelve los principales problemas que se ciernen sobre la democracia interna; iii) una regulación idónea debería buscar tutelar los derechos de los militantes que se vean afectados antes, durante y después de la realización de las elecciones internas en los partidos políticos. / Trabajo académico

El presente artículo recoge nociones desde el marco normativo aplicable, doctrina y resoluciones del Tribunal Registral emitidas acerca de la transferencia de aires en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. A partir de dichas fuentes, buscamos dar una aproximación respecto al procedimiento a seguir para lograr la inscripción en Registros Públicos de dicho acto sin mayores inconvenientes. / Trabajo académico

Con fecha 29 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo No. 1112 a través del cual se introdujeron diversas modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, las cuales entraron en vigencia el 1 de enero de 2013. Específicamente, el Artículo 9 del citado Decreto Legislativo, dispuso la modificación del inciso c) del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta. A propósito de la referida modificación, con fecha 24 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria (SUNAT) publicó el Informe No. 0187-2015-SUNAT/5D0000 mediante el cual dio respuesta a las consultas planteadas en torno a la modificación del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, acerca de los ajustes de precios de transferencia aplicables a las transacciones efectuadas a título gratuitos, en el supuesto de un contratista domiciliado en el país que ha suscrito un Contrato de Licencia de Hidrocarburos, por el que se encuentra sujeto al régimen impositivo del Impuesto a la Renta vigente antes de la modificación introducida por el Decreto Legislativo No. 1112, al cual un sujeto no domiciliado sin establecimiento permanente en el país le ha prestado servicios gratuitos. En relación con ello, el trabajo tiene por finalidad hacer un análisis de los conceptos analizados en citado Informe a fin de compartir una opinión crítica respecto a las conclusiones señaladas por la SUNAT sobre la aplicación del inciso c) del Artículo 32- A de la Ley del Impuesto a la Renta en el caso de empresas de hidrocarburos que hayan suscrito un Contrato de Licencia con el Estado en virtud del cual han garantizado su estabilidad tributaria a la fecha de suscripción del referido contrato con anterioridad a la modificación introducida mediante el Decreto Legislativo No. 1112. A tal efecto, se analizan los siguientes temas: el alcance de la estabilidad tributaria de los Contratistas que han suscrito un Contrato de Licencia, la figura del contribuyente y responsable establecida en nuestra legislación, el nacimiento de la obligación tributaria en el caso de no domiciliados, el alcance de la modificación del inciso c) del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, y el “recobro” de la deuda al no domiciliado. En resumen, a partir del análisis desarrollado en el referido trabajo, se arriban -de manera general- a lo siguiente: La figura del “responsable” a que se refiere el inciso c) del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta habría sido establecida en calidad de “responsable sustituto” pues el único sujeto obligado por el pago del impuesto sería el sujeto domiciliado (Contratista) y no el sujeto no domiciliado; por lo cual el contratista (domiciliado) vería afectada la carga tributaria que le habría sido garantizada bajo el Contrato de Licencia. Asimismo, la opinión de SUNAT respecto al recobro de la deuda al no domiciliado vulneraría la denominada “autonomía del derecho tributario”, en virtud del cual el referido “recobro” debería haber sido regulada por las normas tributarias (con remisión a las normas civiles, de ser el caso). / Trabajo académico

El presente trabajo académico aborda el tratamiento del agua como recurso natural y sus implicancias no solo desde la perspectiva legal, sino en cuanto al impacto respecto de su gestión, proponiendo que la misma sea resultado de la acción colaborativa de los actores sociales ubicados a lo largo de una cuenca, actores entre los que se encuentra el Estado, al que corresponde entre otras funciones, generar espacios deliberativo participativos, en los cuales en base a la información y confianza se puedan establecer ‘reglas claras’ que permitan la eficiente gestión del recurso hídrico en cuanto a su provisión y calidad. Este tema resulta de especial interés, toda vez, que se parte de una perspectiva de análisis diferente, al considerar la gestión del recurso hídrico como un proceso humano, que involucra a la población, a las empresas, industrias y al Estado, desde una intervención que no se limitaría a generar e imponer un marco normativo, sino a brindar las condiciones para la participación conjunta de los usuarios con el propio Estado, que permita la institucionalización y reconocimiento de los marcos normativos y los acuerdos establecidos. Se concluye que la mejor estrategia para la gestión del agua se encontraría en la complementariedad de los actores sociales, de los roles que compete a cada uno de los usuarios, en función a la información privilegiada que cada uno de ellos detenta y en el establecimiento de ‘reglas claras’, sustentadas en base a esa información, que permita prever los escenarios y evitar la ‘aversión al riesgo’. En el Anexo del presente trabajo, es de especial atención a nivel de experiencia comparada el ‘Pago por Servicios Ambientales en la Microcuenca de Chaina en Boyacá – Colombia’, experiencia que permite la comprensión del surgimiento de los mercados ambientales e incide en la importancia de la institucionalidad de los acuerdos. / Trabajo académico