No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Este trabajo estudia la nueva normativa de constitución, modificación, transformación y disolución de personas jurídicas, establecidos por la ley N°20.659 y su reglamento, el llamado " régimen simplificado ". Asimismo indaga en sus principales efectos, teniendo en consideración los objetivos perseguidos por el ejecutivo en su dictación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La potestad de imponer sanciones penales por parte del estado puede reconstruirse mediante la identificación de tres momentos distintos, cada uno de los cuales se caracteriza por la presencia de un hecho institucional paradigmático, y una función pública implicada. Así, podemos identificar: (a) el momento de la conminación penal, dominado por los actos institucionales de la promulgación y publicación de normas penales, además de la función pública que ejerce el legislador; (b) el momento de la imposición de la pena, caracterizado por el acto institucional de la sentencia, y la labor del juez, que atribuye a una persona responsabilidad por la defraudación de una norma de conducta; y por último, (c) el momento de la ejecución de la pena, caracterizado por el cumplimiento de la sanción previamente definida por el adjudicador, y la labor del respectivo aparato administrativo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto determinar la naturaleza de la personalidad jurídica que adquieren las iglesias que se constituyan en virtud de la ley Nº 19.638, que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, publicada con fecha 14 de Octubre de 1999. Para ello hemos dividido la presente memoria en cinco capítulos. En el primero trataremos la garantía de la libertad religiosa; estrechamente vinculada a la personalidad jurídica de las iglesias; y su regulación en el ordenamiento constitucional chileno, haciendo referencia especialmente a los antecedentes históricos que son muy importantes. El capítulo segundo se refiere al análisis de la personalidad jurídica desde el punto de vista de sus antecedentes históricos y doctrinarios, como asimismo de las características de las personas jurídicas de derecho público. El capítulo tercero, por su parte, trata de la regulación de la personalidad jurídica de las iglesias en nuestro país con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.638, en el cual se tratará en general la situación de la Iglesia Católica a lo largo de nuestra historia constitucional, las teorías sobre su naturaleza jurídica y la condición en que se encontraban las iglesias distintas de la Iglesia Católica y de la Arquidiócesis Católica Ortodoxa de Chile. En el capítulo cuarto de nuestro estudio, analizaremos la personalidad jurídica de las iglesias una vez entrada en vigencia la ley Nº 19.638, dentro del cual revisaremos la historia legislativa de la ley. desde sus orígenes en el Ejecutivo hasta su publicación en el Diario Oficial, como también se hará un análisis detallado de cada una de las normas que se contienen en el cuerpo normativo, además de las críticas que han formulado sus detractores. Para finalizar, el capítulo quinto expondrá la situación jurídica en que se encuentran las iglesias en el Derecho comparado, que en el caso de España sirvió de inspiración a la legislación nuestra en la materia.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria para optar al Grado (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales) / El presente trabajo abordará la temática relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas u organizaciones empresariales bajo un nuevo entendimiento del Derecho penal, esto es, el denominado paradigma comunicativo de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos a fin de replicar las objeciones que se le han planteado a las empresas como sujetos activos de delito y confirmar el rol de éstas como buenos ciudadanos corporativos al alero de la autorregulación y los planes de cumplimiento corporativos. En primer término, se presentarán algunas particularidades del Derecho penal en la sociedad moderna, observaciones terminológicas preliminares acerca de la responsabilidad empresarial y se consignarán de manera introductoria los modelos de imputación junto con propuestas dogmáticas de algunos autores. En segundo lugar, bajo el apotegma societas delinquere non potest, tendremos la oportunidad de consignar las problemáticas referentes a la responsabilidad penal de las empresas (incapacidad de acción, de culpabilidad, de pena, etc.), dejando, de esta manera, servidos los inconvenientes derivados de este tipo de responsabilidad penal. En tercer término, conforme al influjo del paradigma sugerido, se incorporarán las nociones elementales de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos con el propósito de que el lector se familiarice y comprenda los trazos generales de este nuevo entendimiento de la realidad social

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente investigación nos abocaremos a analizar el impacto que tuvo la suscripción por parte de nuestro país del acuerdo de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico (en adelante OCDE) en Chile, circunscrito en lo que se refiere a la responsabilidad penal, en particular a aquella que se aplica sobre la persona jurídica, entendiendo éste como un estatuto mediante el cual se pena a los diversos tipos de personas morales existentes en nuestro ordenamiento, por una serie de delitos que se encuentran tipificados en virtud de la reforma realizada a la ley que trata el tema en la legislación chilena, efectuada en el año 2009. Adicionalmente, utilizaremos como ejemplo alguna legislación extranjera, dando cuenta de esta forma que en el derecho comparado existen casos de ordenamientos jurídicos en los que se consagra este estatuto de responsabilidad, los cuales serán utilizados en el capítulo de derecho comparado en la presente investigación

Tesis (magíster en derecho, mención derecho penal de los negocios y la empresa) / Siendo el cohecho una de las manifestaciones más importantes de la corrupción, esta tesis tiene por propósito principal analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva de las figuras penales previstas en el artículo 250 y 251 bis del Código Penal, identificando y determinando, los tipos penales y las sanciones en que incurrirán las personas jurídicas cuando hayan cometido estos delitos conforme a las disposiciones de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad de las personas jurídicas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sin pretensiones de establecer verdades dogmáticas, sino más bien de confrontar los dogmas teóricos con los planteamientos político criminales aplicables a la situación del Derecho Penal Ambiental, esta memoria examina las principales ventajas y objeciones que presenta la posibilidad de la existencia en nuestro país –a la luz de experiencias y doctrinas internacionales- del Derecho Penal Ambiental, en particular en su relación con las personas jurídicas, relación inevitable si consideramos que el objeto del estos ilícitos es prevenir, reprimir y reparar las más graves conductas atentatorias contra el medio ambiente, la mayor parte de las cuales proviene de entes que participan de la vida social en forma de personas jurídicas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar y sistematizar las implicancias de la Ley 20.393 , que consagra en Chile la responsabilidad penal de la persona jurídica, desde la perspectiva del Derecho del Trabajo. A su vez, busca identificar las principales deficiencias que contiene esta ley penal en materia laboral y su eventual afectación a derechos y garantías del trabajador. En particular, ahondar en el estudio de los modelos de prevención tratados en el artículo 4 de la Ley, su naturaleza jurídica, ámbito de aplicación, contenido y sanciones para el trabajador ante su incumplimiento. La Ley 20.393 en su propósito de prevenir la comisión de delitos al interior de la estructura empresarial, sugiere a las personas jurídicas la creación e implementación de un sistema de prevención, cuyas normas pueden afectar derechos y garantías de los trabajadores en caso de ser adoptadas por la empresa, a consecuencia de la falta de claridad en sus disposiciones y los alcances prácticos derivados de su implementación. En el desarrollo de la hipótesis de este trabajo se encontrarán serias limitaciones de carácter más práctico que teórico. En primer lugar, y a consecuencia de la reciente entrada en vigencia de la Ley, dentro de la doctrina nacional no existe discusión sobre el impacto que estas normas tienen o podrían tener en otras ramas del derecho, menos en el ámbito del derecho laboral. Tampoco existen aún investigaciones penales formalizadas o procesos judiciales iniciados que persigan la responsabilidad penal de la persona jurídica de alguna entidad. Finalmente, son muy pocas las empresas que en la actualidad han elaborado e implementado estos sistemas de prevención, y menor en cantidad, aquellas que los han certificado. De esta forma, las contradicciones, vacíos legales y vaguedades conceptuales que tiene la misma Ley derivados de su acotada discusión parlamentaria, constituyen un obstáculo en los objetivos de nuestra investigación.