La presente investigación consistió en un estudio contemporáneo de las interfaces del desempeño del Poder Judicial en la realización de un Estado de Derecho Sostenible. La propuesta de Tesis se ubica en el contexto de la alta judicialización de fenómenos sociales que inciden en gran medida en el desarrollo social sostenible. Dentro de esta perspectiva, se pretendía comprender si la Jurisdicción, bajo el estado de derecho, puede verse como un principio sistémico para lograr la sostenibilidad en tiempos de globalización y sociedad de riesgo. En este sentido, se intentó articular los elementos descriptivos del estado de sustentabilidad con la sociedad del riesgo y, en medio de esto, se preguntó cuál es el rol social del Poder Judicial en la implementación del Estado de Derecho Sustentable. En base a ello, se propuso una nueva mirada al desempeño del Juez-Estado a la hora de juzgar leyes que tienen un impacto social, económico o ambiental, cuyas perspectivas se extraerán desde una perspectiva más amplia de toma de decisiones. En este contexto, la premisa principal fue la actuación del juez, a través del proceso jurisdiccional, como un locus para la efectividad de la sostenibilidad, gravitando la investigación en torno a cuatro categorías centrales. El primero de ellos está vinculado a la sociedad del riesgo, con el fin de reflexionar sobre el panorama actual del consumo y su influencia en la realización de un modelo de vida sostenible. Esta perspectiva, hay que decirlo, se deriva de que, mientras aumenta la obsolescencia programada, la felicidad, en cambio, se convierte en una paradoja, sociedad de riesgo, modelo de vida y desarrollo sostenible y superación de la irreflexividad, las utopías sociales y políticas.

Con esta investigación me dirigiré a descubrir los problemas de la institución casación que tal vez haya sido uno de los elementos que ha contribuido en el deterioro de la imagen del Poder Judicial. Puede ser posible ya que si se considera que la casación buscaba la correcta interpretación de la ley (y de la voluntad del legislador), pues seguramente muchas leyes no incluían los intereses de los grupos minoritarios que no llegaron a estar representados en la Asamblea Legislativa. Además que debemos considerar que los conceptos de “Estado” han ido evolucionando con el tiempo. Así por ejemplo, el Estado Constitucional se presenta como una respuesta a los abusos perpetrados en nombre de la ley. La Constitución aparece como un acuerdo social cuyo contenido señala un margen mínimo de derechos sobre los cuales el legislador no puede decidir; y al mismo tiempo es elemento convergente que permite la convivencia pluralista de la población. Pues señala en principios abstractos los derechos de la población. Por ende, la labor de los jueces es fundamental porque deberán fijar el contenido de los derechos, a través del razonamiento práctico, en cada caso concreto. En este punto es necesario mencionar, aunque suene redundante, que el Ecuador se declara constitucionalmente un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. De igual forma la Corte Constitucional del Ecuador, órgano guardián y supremo intérprete de la carta política, ha pronunciado muchas resoluciones mencionando que el modelo jurídico político que el Estado ecuatoriano ha emprendido es el de un Estado Constitucional. En estas páginas se intentará confrontar si las teorías jurídico políticas del Estado Constitucional y del activismo judicial han    cumplido sus ofrecimientos en el caso práctico de la realidad ecuatoriana. Por un lado, aprovecharé estos aportes teóricos para encontrarle un espacio a la casación; y por otro lado, advertiré los riesgos de que sean utilizados por una cultura jurídica que beneficie al poder. De esta forma sugeriré como debería desarrollarse la casación en este nuevo marco estatal. También se pretende encontrar o esbozar las teorías y métodos de argumentación para que la casación se adecue al Estado Constitucional.

El presente trabajo de Investigación busca analizar la vulneración del derecho a la igualdad de remuneraciones entre Magistrados Titulares y No titulares del Poder Judicial y del Ministerio Publico, partiendo de la Hipótesis de que la expedición del Decreto de Urgencia N° 114-2001 que estableció el pago de un bono de Gastos Operativos para Magistrados Titulares, dejando de lado a Magistrados Supernumerarios (no titulares), contraviene el derecho a la igualdad en la remuneración entre dichos Magistrados. El tema es muy relevante toda vez que ambos Magistrados realizan la misma labor, están sujetos al mismo horario y tienen la misma responsabilidad. Para efectos del presente trabajo se analiza si los conceptos que integran los haberes de los Magistrados (tanto del Poder Judicial como del Ministerio Publico) tienen carácter remunerativo, independientemente del concepto establecido en el Reglamento del Bono por Gastos Operativos y la ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en consideración la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia, concluyéndose finalmente que el bono por gastos operativos al tener este carácter, forma parte de la remuneración del Magistrado y por lo tanto el hecho de excluirse este beneficio a los Magistrados Supernumerarios a través del Decreto de Urgencia N° 114-2001, vulnera el derecho a la igualdad de las remuneraciones.

El presente trabajo tiene como aspecto central, la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional. No obstante lo expuesto, era necesario articular un contexto, un conjunto de aspectos previos, necesarios para finalmente observar y analizar lo que en la actualidad sucede entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través del acontecer de la sentencia 006-2006-PC/TC. Dichos aspectos previos considerados en el derecho y política comparada - como determinar históricamente la aparición del principio de la división de poderes, la función que cumple el Poder Judicial, el origen de la justicia constitucional, la aparición de un distinto poder constituido como el Tribunal Constitucional y cómo afecta esta aparición en la histórica tripartita existencia de poderes(ejecutivo, legislativo y judicial), y, asimismo, preguntarnos sobre si existe una distinta función de los jueces si estamos ante un Estado Legal o Estado Constitucional del Derecho – eran necesarios para desprender de su tratamiento una idea de si en otras realidades había sucedido o sucedía algo parecido con lo que acaecía en nuestro país. Asimismo, resultaba también necesario contextualizar sobre bases históricas y jurídicas referidas a nuestro país, lo que finalmente desembocaba en la sentencia antes dicha, es decir, la determinación de los términos de la relación en nuestro país del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial como poderes constituidos. Asimismo, si el modelo de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución peruana era la fuente de los conflictos o si, muy distintamente, el origen de las fricciones entre ambos poderes constituidos era una actitud invasiva del Tribunal.

Esta investigación surge como respuesta a una situación de injusticia clamorosa que se advierte al mirar la realidad de los jueces de paz y de su relación con la justicia formal y el Poder Judicial en nuestro país. Considerando su importancia en el ámbito rural y andino, la justicia de paz y, en particular, su régimen de control funcional, merecen ser examinados y tratados desde una mirada que reconozca y defienda su especial naturaleza y las legítimas expectativas de sus usuarios. Es por ello que, a partir de la caracterización de esta instancia de justicia que es administrada por operadores legos, conciliadores y elegidos popularmente, la presente investigación se enfoca en determinar en qué medida el régimen disciplinario de jueces de paz previsto en la Ley N.º 29824, Ley de Justicia de Paz constituye un tratamiento específico que se ajuste a las particularidades de dicho operador; o, si, más allá del discurso, lo que en verdad implica es un tratamiento sustancialmente igual al que se aplica a los jueces ordinarios (abogados). El test de igualdad del Tribunal Constitucional, junto con la información recopilada en bibliografía, estudios y entrevistas, permite arribar a la conclusión de que el actual régimen disciplinario de justicia de paz afecta el principio-derecho de igualdad y las garantías indispensables para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces de paz, siendo apremiante impulsar su modificación y replanteamiento en base a un diseño que sea coherente con sus particularidades y funciones dentro del sistema de justicia.

La Oficina de Control de la Magistratura – OCMA, es el ente gubernamental encargado de llevar a cabo el control disciplinario de los jueces y auxiliares jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones al interior del Poder Judicial peruano; no obstante, en el año 2013, los representantes de la Sociedad Civil ante la OCMA realizaron cuestionamientos al denominado rol contralor, indicando principalmente que dicha función venía siendo realizada con poca efectividad. Bajo esa perspectiva, el autor aborda el problema proponiendo como hipótesis de investigación que uno de los factores que podría haber contribuido con dicho fenómeno sería la desnaturalización de los instrumentos de control disciplinario por parte de los agentes encargados de ejercer accountabillity en el ámbito judicial, dando como consecuencia la proyección de una labor poco efectiva en el momento de imponer las sanciones o materializar la función investigadora sobre los hechos denunciados. En ese sentido, el propósito del presente estudio es mostrar evidencia que indicaría que durante el periodo 2012-2014 los responsables de llevar a cabo la función de control en el Poder Judicial podrían haber emitido pronunciamientos desnaturalizando dichos instrumentos. / The Oficina de Control de la Magistratura – OCMA is the governmental entity in charge of carrying out the disciplinary supervision of judges and jurisdictional assistants on the exercise of their functions within the peruvian Poder Judicial; However, these functions were questioned by the members of the Sociedad Civil ante la OCMA in 2013 due to the lack of effectiveness of the so-called comptroller role. From this perspective, the author approaches the problem by proposing as a research hypothesis that one of the factors that might have contributed to this phenomenon would be the denaturing of the disciplinary supervision instruments by the agents responsible for exercising accountability functions in the judicial sphere, resulting in an ineffective work at the time of imposing sanctions or performing the investigatory function on the reported misconduct of duties. In this regard, the purpose of the study is to show evidence that would indicate that during the period 2012-2014 those responsible for carrying out the supervision function in the Poder Judicial could have issued pronouncements denaturing said instruments.

En el presente trabajo se plantea el alcance real de la aplicación de la Potestad de Autotutela Administrativa por parte de las autoridades administrativas en el Perú mediante el planteamiento de un caso en el que se ve involucrado un servicio público. Siendo ello así,se parte desde el análisis histórico de esta potestad y sus orígenes en el derecho francés,así como una comparación con el derecho español. Posteriormente,se detalla respecto de su naturaleza,y sobre su aplicación en el marco legal peruano,en el que no se tiene un reconocimiento explícito de la mencionada Potestad de Autotutela,pero que si encuentra respaldo en normativa de rango infralegal como la Ley del Procedimiento Administrativo General. En base a lo detallado,planteamos la postura respecto de que la Potestad de Autotutela resulta ser un privilegio de la Administración y no puede aplicarse en beneficio de los administrados;sin perjuicio de que,en salvaguarda de sus propios intereses,los efectos de su aplicación puedan beneficiarlos. Finalmente,se concluye señalando que existen problemáticas por resolver que implican la habilitación de una vía alternativa por la que la Potestad de Autotute la dirija las problemáticas a la vía administrativa, evitando así la excesiva carga procesal al PoderJudicial y ofreciendo una solución rauda a los administrados. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación pretende estudiar, desde una perspectiva interdisciplinaria, el tema de la excesiva carga procesal del Poder Judicial en el Perú, encontrándose que la carga procesal aumenta año a año a pesar de los esfuerzos por aumentar la producción judicial. Una de las características distintivas del presente estudio es que se utiliza la metodología del Análisis Económico del Derecho, incluyendo un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo de tipo fáctico, utilizando para ello técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas que expresen a través de modelos matemáticos las relaciones entre las variables en estudio sobre la cantidad demandada de resoluciones judiciales, que se expresa a través de los expedientes ingresados al Poder Judicial; la cantidad ofrecida de resoluciones judiciales, que está referido a la producción judicial; los costos de dilación, que son los costos en los que incurren los litigantes debido a la demora en el proceso; la cantidad de trabajadores del Poder Judicial y la productividad de los mismos, entre otros. De la misma manera, el presente trabajo de investigación se plantea la aplicación del análisis económico del derecho para estudiar la situación de la administración de justicia en el Perú. Asimismo, se presenta al análisis económico del Derecho, como complemento de lo que se conoce como análisis socio antropológico del derecho, y que reúne a una serie de disciplinas que estudian al Derecho en su contexto. Para la presente tesis se está aplicando la Teoría de la Economía de la Justicia, que es una rama del Análisis Económico del Derecho. De dicho enfoque se ha recogido el aporte de autores como Rafael Ramírez Villascusa, Aurelia Valiño Castro, Santos Pastor Prieto, Bustos. Asimismo, se han recogido las nuevas concepciones teóricas de la administración de justicia que entiende la labor del juez en un marco de un mercado de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia arbitral; asi se han tomado aportes de Posner, George Priest, entre otros; todo esto desde una racionalidad económica.

En el 2014, el entonces gobernador regional de Ancash, César Álvarez, capturaba toda la atención mediática y política del país siendo acusado de numerosos delitos como: peculado, colusión, corrupción y el asesinato de su rival político Ezequiel Nolasco. Las investigaciones posteriores sobre este caso descubrirían toda una red de crimen, extorsión y manipulación mediática liderada por el ex gobernador ancashino para mantenerse en el poder y amedrentar a su oposición. Álvarez y Ancash despertarían un interés por el desarrollo de la política subnacional y, entre el 2014 y 2015, 19 de 26 gobernadores regionales serían investigados por la Fiscalía por casos como: lavado de activos, colusión agravada, malversación de fondos para obras y proyectos, entre otros delitos. A finales del 2015, 9 de los 19 involucrados eran sentenciados a cumplir penas privativas de libertad y reparación civil a consecuencia de su accionar ilegal. Sin embargo, en algunos casos, y a pesar de una considerable cantidad de evidencia y denuncias en materia de corrupción, las acusaciones en contra de ciertos gobernadores no prosperaron. La presente tesis de licenciatura desea explicar la diferencia entre los casos que han sido efectivamente sentenciados con los que gozan de una aparente impunidad. Para ello, se realiza un estudio comparado de las regiones Callao y Tumbes, ambos con un número significativo de denuncias e investigaciones abiertas, pero con resultados judiciales distintos. Las conclusiones de este estudio demuestran la presencia de dos variables: (in)capacidad estatal en los organismos fiscalizadores y la sofisticación de los delitos. La combinación entre ambas termina por explicar cómo en algunos casos la impunidad se mantiene mientras que, en otros, los acusados son juzgados efectivamente. Finalmente, esta tesis de licenciatura también tiene como intención aportar una nueva perspectiva a los análisis sobre el tema de corrupción a nivel subnacional. Se espera que el estudio comparado realizado sirva para proponer nuevos métodos para prevenir delitos de corrupción en las unidades sub nacionales del Perú y América Latina / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo y práctico de los derechos de sufragio y de petición de las personas privadas de libertad en Chile. Para el análisis normativo, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, que incluyó textos legales y literatura relacionada publicados en nuestro país. Su objetivo fue constatar si existe o no una regulación explícita que tutele el ejercicio de los derechos fundamentales de sufragio y petición en las personas privadas de libertad, y si existe información acerca del modo en que dichos derechos se están ejerciendo. El análisis práctico, por su parte, se ha realizado a partir de la información obtenida desde 4 entrevistas realizadas a autoridades del Poder Judicial, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y Gendarmería de Chile, en las que se recogieron sus percepciones acerca del estado actual en que se encuentran la normativa y el ejercicio de ambos derechos. Para complementar lo anterior, se describe y analiza la situación normativa del Derecho comparado y el ejercicio concreto de los derechos fundamentales mencionados en Colombia y España, seleccionados por las buenas prácticas en estas materias. Se concluye que aun existiendo un reconocimiento normativo, éste es en extremo escaso, lo que trae aparejado, como consecuencia, la inobservancia en la práctica de ambos derechos fundamentales. Finalmente, se proponen formas de mejorar la condición actual de las personas privadas de libertad, en cuanto al ejercicio de los derechos analizados.