El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no puede ser ajeno al cambio climático producto de los impactos ambientales generados por las diferentes actividades que existen en nuestro país, más aún, si tenemos en cuenta que es uno de los órganos estatales con altos índices en el consumo de los recursos asignados, como es el caso del papel, tóner, energía, entre otros; motivo por el cual, debe adoptar estrategias que viabilicen la optimización y racionalización de tales recursos. Precisamente, la presente investigación surge de la preocupación del uso del papel de manera irracional y desproporcionada, como una mal práctica que aún se evidencia en este poder del Estado. En ese contexto, resulta importante adoptar estrategias que ayuden a minimizar el uso del papel, en base a iniciativas propias que genere el Poder Judicial, adoptando la Ecoeficiencia como parte de Responsabilidad Social. Para tal efecto, se propone la implementación de un Aplicativo Informático como medida de solución a corto plazo que permita no solo un flujo de trabajo acorde a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial, sino que signifique un ahorro progresivo del papel, teniendo como uno de los beneficios, el ahorro en el gasto público. El presente trabajo de investigación se desarrolla en base al método descriptivo, producto de la revisión bibliográfica exhaustiva para proceder a recoger, organizar, resumir, presentar, analizar y generalizar los resultados, es decir, una recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación; con lo cual se pretende demostrar que el Poder Judicial, en base a la Ecoeficiencia como practica de Responsabilidad Social y con el apoyo de la tecnología, puede adoptar medidas que permitan un ahorro significativo y a su vez a la preservación y cuidado del Medio Ambiente, aportando de esa manera con el desarrollo sostenible de nuestro país. / Tesis

El presente trabajo tiene como aspecto central, la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional. No obstante lo expuesto, era necesario articular un contexto, un conjunto de aspectos previos, necesarios para finalmente observar y analizar lo que en la actualidad sucede entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través del acontecer de la sentencia 006-2006-PC/TC. Dichos aspectos previos considerados en el derecho y política comparada - como determinar históricamente la aparición del principio de la división de poderes, la función que cumple el Poder Judicial, el origen de la justicia constitucional, la aparición de un distinto poder constituido como el Tribunal Constitucional y cómo afecta esta aparición en la histórica tripartita existencia de poderes(ejecutivo, legislativo y judicial), y, asimismo, preguntarnos sobre si existe una distinta función de los jueces si estamos ante un Estado Legal o Estado Constitucional del Derecho – eran necesarios para desprender de su tratamiento una idea de si en otras realidades había sucedido o sucedía algo parecido con lo que acaecía en nuestro país. Asimismo, resultaba también necesario contextualizar sobre bases históricas y jurídicas referidas a nuestro país, lo que finalmente desembocaba en la sentencia antes dicha, es decir, la determinación de los términos de la relación en nuestro país del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial como poderes constituidos. Asimismo, si el modelo de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución peruana era la fuente de los conflictos o si, muy distintamente, el origen de las fricciones entre ambos poderes constituidos era una actitud invasiva del Tribunal. / Tesis

El presente trabajo de Investigación busca analizar la vulneración del derecho a la igualdad de remuneraciones entre Magistrados Titulares y No titulares del Poder Judicial y del Ministerio Publico, partiendo de la Hipótesis de que la expedición del Decreto de Urgencia N° 114-2001 que estableció el pago de un bono de Gastos Operativos para Magistrados Titulares, dejando de lado a Magistrados Supernumerarios (no titulares), contraviene el derecho a la igualdad en la remuneración entre dichos Magistrados. El tema es muy relevante toda vez que ambos Magistrados realizan la misma labor, están sujetos al mismo horario y tienen la misma responsabilidad. Para efectos del presente trabajo se analiza si los conceptos que integran los haberes de los Magistrados (tanto del Poder Judicial como del Ministerio Publico) tienen carácter remunerativo, independientemente del concepto establecido en el Reglamento del Bono por Gastos Operativos y la ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en consideración la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia, concluyéndose finalmente que el bono por gastos operativos al tener este carácter, forma parte de la remuneración del Magistrado y por lo tanto el hecho de excluirse este beneficio a los Magistrados Supernumerarios a través del Decreto de Urgencia N° 114-2001, vulnera el derecho a la igualdad de las remuneraciones. / Trabajo académico

“LA NECESIDAD DE UN REGLAMENTO PARA NOTARIOS DE FE PÚBLICA “ implica mecanismos jurídico-sociales que permitan garantizar la actividad del notario en función a la fe pública, ya que existe una ambigüedad en el Reglamento de Procesos Disciplinarios del Poder Judicial, tomando en cuenta que esta normativa no regula de forma específica los actos o las faltas en la que incurren los notarios en el ejercicio de sus funciones. La Fe Pública, entendida como la garantía que otorga el Estado a la sociedad se ve afectado, puesto que la sociedad ha perdido la confianza en el sistema de justicia boliviano y por consiguiente en las instituciones que se encuentran bajo su tuición. Sin embargo, el notario realiza actos contrarios al ordenamiento jurídico del cual se desprenden responsabilidades disciplinarias, independientemente de las responsabilidades civiles y penales; toda vez que el Régimen de Faltas y Sanciones esta orientado exclusivamente a la función jurisdiccional, de modo que los notarios no ejercen jurisdicción, mas bien desempeñan la Función Notarial que no es dirimitoria, sino más bien autenticadora; donde la falta de una reglamentación respecto a la función notarial hace que la Unidad de Régimen Disciplinario desarrolle su labor en función a la analogía, En merito a ello y tomando en cuenta que el país esta sufriendo cambios, es menester adecuar las actuaciones de los notarios que van en desmedro de la sociedad y el Órgano Judicial a una reglamentación que regule tales actos en procura de garantizar la seguridad jurídica al que todas las personas tienen derecho. En ese contexto, el tema propuesto sobre la necesidad de un reglamento de faltas y sanciones para los Notarios de Fe Pública, permitirá luchar contra la ambigüedad y vacíos jurídicos que existe en el Reglamento de Procesos Disciplinarios y a la vez regular las faltas en las que a diario incurren los Notarios de fe Pública.

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El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aborda una problemática aun no resuelta en nuestro ordenamiento jurídico vigente; esto es la vulneración de los principios registrales en la calificación de las resoluciones judiciales, cuando el asiento de inscripción o anotación preventiva se extiende bajo apercibimiento del Juez. Para ello, se tiene que recurrir a la misma fuente de los hechos, es decir mediante el estudio de los títulos archivados sobre un universo de 122 títulos dentro del periodo 2012 al 2014 y que fueran inscritos bajo apercibimiento del juez en el Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas y Registro Personal. El problema se ha convertido en uno de tipo normativo, que va más allá de la interpretación del segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil y que trae como consecuencia las múltiples inscripciones efectuadas por mandato reiterativo del juez vulnerando los principios registrales. Es por ello que la finalidad de la presente tesis es propiciar que las calificaciones de las resoluciones judiciales, se efectúen dentro de un marco normativo, meridianamente claro, sin forzar la inscripción o anotación de las mismas; para lo cual se concluye, tomando como referencia la legislación comparada que enriquece la tesis; que es necesario el cambio normativo propuesto, con lo cual se evitara que la excepcionalidad del artículo 2011 del Código Civil, se convierta en una puerta abierta a la arbitrariedad del Juez en la aplicación del derecho. / Tesis

Luego de la Reforma Procesal Penal, que significó el mayor cambio estructural en la Justicia Chilena, y que se terminó de instaurar en Junio del 2005, el Poder Judicial empezó a advertir todo tipo de transformaciones, que comenzaron internamente y luego abarcaron su relación con el país, estos cambios persiguen una mayor transparencia en sus mecanismos y la adopción de un rol más cercano, más servicial. Acoplado a estas líneas, en un proceso natural y paulatino, el Poder Judicial se fue acercando a la cultura y ha buscado establecer un diálogo con la ciudadanía a través de medios distintos a los que su propia labor les exige. Varias inciativas, nacidas puntual y paralelamente en distintas facciones de la institución : exposiciones, conferencias, mesas redondas, entre otras, dieron paso a la creación del CEPJUD (Centro de Extensión del Poder Judicial) que tuviera por función principal albergar y dar continuidad a tales iniciativas. Para tal fin, dentor de las necesidades que se plantearon en los primerose studios, figura la de un edificio adecuado.

No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo / La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) es una organización pública que surge el año 1990 con el fin de generar una entidad que se encuentre a cargo de brindar un soporte administrativo al Poder Judicial (PJ) y mantener un control presupuestario para la organización. Esta memoria tiene como objetivo general proponer un sistema de control de gestión a partir del BSC actual de la CAPJ para así apoyarla a lograr sus objetivos estratégicos a través de la alineación de sus distintas áreas, y a la vez entregarles una herramienta que le permita replicar esto mediante el mejoramiento de su BSC actual y de la estandarización en la creación de los futuros BSC. El tema surge por una necesidad de la CAPJ de implementar un Balanced Scorecard (BSC) y de generar un Sistema de Control de Gestión (SCG). Así, el problema a desarrollar se enmarca en la reformulación del BSC y en el diseño de un sistema que permita replantear indicadores y objetivos y generar nuevos acorde a los cambios en las direcciones o planteamientos estratégicos que puedan surgir. Para el desarrollo de esta memoria, se comienza con un levantamiento de la situación actual, luego se vinculan los objetivos estratégicos a indicadores e iniciativas estratégicas; paralelamente se elabora una encuesta para incorporar la visión de los trabajadores de la CAPJ y así utilizar esta información en el desarrollo de la propuesta del SCG y de los cambios al BSC. Luego, se replantean los indicadores, quitando el foco que tienen los indicadores actuales relacionado a medir temas operativos más que estratégicos. Finalmente, se genera la propuesta del SCG asociados a los procesos, procedimientos y pasos a seguir para implementarlo y replicarlo en el futuro. Se generan 21 nuevos indicadores y tres iniciativas transversales a la organización. Se generan cerca de 5 nuevos procesos para la implementación del BSC y alrededor de 10 herramientas que les permiten gestionar y utilizar mejor la información y sus indicadores. Finalmente, se concluye que esta organización es bastante compleja administrativamente por lo que es dificil lograr la implementación de mejoras en la gestión, ya que su estructura limita el poder de decisión y ejecución. Sin embargo, la CAPJ tiene una posibilidad de trabajar en su gestión y de avanzar en sus procesos. Para esto debe trabajar en el cumplimiento de los estándares de calidad a partir de la norma ISO 9001 y en la mejora de sus procesos y medición. Con la implementación de lo indicado en esta memoria la Corporación podrá medir su gestión, esperando mejorar sus procesos y así justificar su existencia, entregando un servicio de excelencia a su principal cliente, el Poder Judicial.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente Estudio de Caso tiene por objetivo analizar el Índice de Calidad de la Justicia Poder Judicial de Chile (iPJUD) como un instrumento que permite medir la producción de valor público. Esto es relevante al amparo de la premisa que sostiene que toda organización estatal debe generar valor público, porque esta es la razón de su existencia. Sumado a lo anterior, se tiene que un correcto desempeño del Poder Judicial es clave para la consolidación del Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo del país, por tanto su gestión es un foco digno de estudio y reflexión. Más aún, cuando se trata de una de las organizaciones más cuestionadas y peor evaluadas por la ciudadanía chilena en la actualidad. Para atender al objetivo de esta investigación, se ha elaborado un Modelo Analítico que define y descompone a un nivel operativo el valor público en sus partes elementales, a fin de contar con una pauta que permite analizar el iPJUD. Los elementos del Modelo que miden el valor público son los siguientes: derechos y preferencias, oferta pública, satisfacción, confianza y credibilidad, transparencia y rendición de cuentas, información y educación, estrategia, innovación, desempeño organizacional, asociación pública y/o privada, participación y co-creación, y apoyo y legitimidad. Con este primer análisis, se confecciona una serie de cuestionarios que se aplican a informantes claves, y de esta manera contribuyen a precisar y fundamentar la información ya obtenida a partir del análisis del iPJUD con el Modelo Analítico. Como resultado de estos análisis complementarios, se obtiene un ranking de los elementos del Modelo, de acuerdo a cuán medidos o cubiertos están por el iPJUD y a su vez, se identifican puntos fuertes y oportunidades de mejora. Entre los fortalezas, se destaca la medición de los servicios entregados a los usuarios y la medición del rendimiento organizacional; en tanto como aspectos débiles se tiene la medición del impacto que generan los servicios en la ciudadanía, como la educación que se entrega y la confianza que tienen las personas hacia la judicatura, tampoco se mide la legitimidad política de la propuesta de valor del Poder Judicial. En función de los puntos débiles, se realiza una serie de recomendaciones cuyo propósito es contribuir a la mejora del iPJUD para medir la producción de valor público del Poder Judicial. Entre ellas, aumentar el conocimiento de usuarios directos y finales, medir la coordinación efectiva entre los actores del sistema judicial, medir la confianza ciudadana, medir la innovación, medir la educación judicial que se entrega a la sociedad, aumentar la frecuencia de medición del iPJUD y alinear a la organización, entre otros. Finalmente, se ha podido constatar que el iPJUD es un instrumento innovador per se, que busca reflejar a través de una serie de indicadores y un guarismo final, la respuesta de este Poder del Estado a la demanda ciudadana de recibir una justicia de calidad.

Las recientes reformas a las organizaciones de la justicia, introducen ciertas variaciones que tienen su anclaje en paradigmas de orden político, económico y jurídico, los que a su vez van a poder ser observados de manera diferenciada desde distintos subsistemas o dominios explicativos. La inclusión o exclusión de usuarios y funcionarios de dichas organizaciones en las comunicaciones de estos distintos sistemas con lógicas excluyentes, va a determinar las expectativas que unos y otros tienen respecto a las operaciones de las organizaciones de la justicia, lo que a su vez va a ser vital para el sistema jurídico cuya función es precisamente el estabilizar expectativas normativas. Los mayores contrastes en la observación de usuarios y funcionarios se pueden relacionar con el sistema jurídico y el de los medios de masas, los que sin embargo parecen coordinarse indirectamente a través del poder y la política.