IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TICS EN EL PODER JUDICIAL: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y CONTROL BIOMÉTRICO EN LOS AÑOS 2013 AL 2016”, es el tema de la presente investigación, la misma que aborda, desde un plano dogmático y práctico, los alcances de la implementación de la notificación y control biométrico en el Poder Judicial. Y es que la problemática que subyace este trabajo, es relevante, en tanto, al realizar la evaluación y análisis de la interoperabilidad, y sus niveles de eficiencia, se pondrá en evidencia el impacto que esta tiene en la implementación de la política pública de las TICS en el sector justicia, en específico en el Poder Judicial. Es por ello que, a partir de los datos obtenidos, se puede evidenciar aspectos deficitarios del proceso de implementación de las TICS en el Poder Judicial. Asimismo, cabe mencionar que nos hemos trazado como objetivo principal “evaluar la implementación de la política pública de tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en los servicios públicos que brinda el poder judicial, referente a la notificación electrónica y control biométrico en los años 2013 al 2016”; y para ellos nos hemos afianzado en entrevistas y encuestas realizados a usuarios, que hacen uso del Control Biométrico, y algunos especialistas externos. Con lo cual concluimos que, si bien la implementación de estas TICS ha establecido un logro y cambio notable, en las labores específicas de cada una de ellas, aún se puede vislumbrar algunas deficiencias en los mismos; las cuales debes ser corregidas para que se brinde un servicio cada vez más óptimo.

Esta investigación surge por la necesidad de profundizar en el fenómeno de la corrupción desde el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, tratando de llenar el vacío de estudios formales desde un enfoque de análisis relacional y de captura del Estado. Así, se busca generar un análisis de los modus operandi y los factores institucionales que generaron un desenlace como el del caso. Al respecto, se ha aterrizado el presente estudio bajo un enfoque de captura del Estado, tomando en consideración las complejidades de las relaciones sociales desde una metodología de Social Network Analysis y entrevistas semiestructuradas. Los resultados muestran que la red se estructuró en base al funcionamiento orgánico de las instituciones judiciales, con una intención legitimadora y hegomonizadora que tenía como finalidad el copamiento del sistema judicial a partir de una red ilícita conformada por jueces, fiscales, empresarios y políticos que conformaron su grupo desde una identidad colectiva común y el objetivo de ascender socialmente mediante la carrera judicial pública. De este modo, este análisis es una primera mirada a los fenómenos de corrupción de altos funcionarios desde el sistema judicial, siendo los mismos funcionarios los captores del aparato estatal. / This investigation arises from the need to delve into the phenomenon of corruption from the case of Los Collars Blancos del Puerto, trying to fill the gap of formal studies from a perspective of relational analysis and capture of the State. Thus, it seeks to generate an analysis of the modus operandi and institutional factors that generated an outcome such as the one in the case. In this regard, the present study has been landed under a State capture approach, taking into account the complexities of social relations from a Social Network Analysis methodology and semi-structured interviews. The results show that the network was structured based on the organic functioning of the judicial institutions, with a legitimizing and hegomonizing intention that had the purpose of taking over the judicial system from an illegal network made up of judges, prosecutors, businessmen and politicians who formed his group from a common collective identity and the objective of social promotion through the public judicial career. In this way, this analysis is a first look at the phenomena of corruption of high officials from the judicial system, the officials themselves being the captors of the state apparatus.

La Constitución Política prohíbe a la judicatura sindicarse y declararse en huelga. Considerando el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados es preciso analizar la compatibilidad de esas prohibiciones con los tratados y decantar si la judicatura goza de libertad sindical. Pretende resolverse los siguientes problemas: a) ¿Son anticonvencionales las prohibiciones de sindicarse y de declararse en huelga contenidas en el artículo 153 de la Constitución Peruana de 1993?; ¿gozan los jueces de libertad sindical?; b)¿Qué materias podrían ser negociadas colectivamente por la magistratura?; c)¿ Cuál es la naturaleza de la Sala Plena Permanente? ¿ Es compatible con el ordenamiento jurídico?. Se parte de las siguientes hipótesis: a) El artículo 153 de la Constitución Política del Perú es anticonvencional. La magistratura sí goza de libertad sindical. b) Los temas que podrían someterse a negociación colectiva son los siguientes: b.1) homologación remunerativa; b.2) sinceramiento remunerativo; b.3) condiciones de acceso y ascenso; b.4) estándares de productividad; b.5) seguridad y salud en el trabajo; b.6)distribución equitativa de los recursos humanos y logísticos; b.7) acceso y contenido de la capacitación, b.8) distribución del trabajo; b.9) jornada de trabajo. Estas materias – según su naturaleza y alcances podrían ser negociadas a nivel de centro de trabajo, distrital, supradistrital o nacional y c) La Sala Plena Permanente es una modalidad atípica de huelga que es tolerada en el ámbito convencional. Los objetivos perseguidos son a) Establecer que las prohibiciones de sindicarse y declararse en huelga dirigidas a jueces son anticonvencionales y definir el contenido de la libertad sindical de la magistratura. b) Esbozar contenidos negociales, delineando los cauces organizativos de la libertad sindical de la judicatura, los niveles de negociación y los sujetos de la contraparte. c) Definir la naturaleza de la Sala Plena Permanente y su compatibilidad con el ordenamiento. Se utilizan los siguientes procedimientos: control de convencionalidad, encuestas y estudio de caso. Subyacen a este trabajo la noción amplia de libertad sindical y además la concepción en torno a que el control de convencionalidad es un instrumento para lograr la coherencia del Derecho. Se arriba a las siguientes conclusiones: a) La prohibición de sindicarse es anticonvencional; b) La prohibición de huelga no es anticonvencional; c) Los jueces sí pueden negociar colectivamente; d) las materias negociables a las que se aspira inciden en su mayoría en la capacitación y en la infraestructura y logística; e) La Sala Plena Permanente es una modalidad atípica de huelga pacífica en defensa de intereses profesionales, tolerada en el ámbito convencional.

El propósito de esta investigación es demostrar la cooptación institucional de varias instancias clave del sistema de justicia para el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el cual, desde el escándalo de corrupción, ha generado un grave daño a las instituciones del impartimiento de justicia. La aproximación desde la cooptación institucional judicial sostiene que las estrategias de búsqueda de hegemonía y legitimidad de los actores de la red en instituciones clave del sistema judicial responden a las características de la estructura de la red, la cultura judicial imperante y las características de los actores en relación a la red y sus cargos públicos. Esto genera una perversión en el funcionamiento del sistema judicial a partir de la influencia indebida en las instituciones de control de los funcionarios del impartimiento de justicia mediante el uso de operadores políticos, empresariales y judiciales que buscan consolidar el liderazgo y sostenibilidad de la red en altas instancias de decisión.

El principal problema que afecta a las mujeres es la persistencia de violencia hacia ellas. Debido a dicha situación es que el Estado a través de sus órganos u organismos toman las medidas necesarias para resolver dicho problema social. Y al ser el Poder Judicial un organismo estatal encargado de administrar justicia es que se hace necesario la implementación del enfoque de género a fin de que se garantice la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en los procesos judiciales. Para ello, se creó con fecha 21 de julio de 2016 la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial con la finalidad de institucionalizar el enfoque de género en dicho Poder. A pesar de que existían otros órganos del Estado tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Educación que ya contaban con dicha instancia al igual que algunos países latinoamericanos, en el Poder Judicial no existía una instancia que se encargue de institucionalizar el enfoque de género. Por ello, con posterioridad se creó la Comisión de Justicia de Género de manera acelerada. ¿Cuál ha sido la dinámica del Poder Judicial para implementar como una nueva práctica de política pública la Comisión de Justicia de Género? Para realizar la investigación se usará el método cualitativo. Para ello se realizaron entrevistas a funcionarios del Poder Judicial, a expertos en el tema y a trabajadores de un órgano del Estado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), también se revisaron textos, documentos internos, normativa internacional y normas que atañen al Poder Judicial los cuales han sido analizados. Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir a las personas entrevistadas son: a) Que hayan ejercido el cargo del Presidente del Poder Judicial durante los periodos del 2015 al 2018, b) Que sean integrantes y personal de trabajo de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; c) Que tengan conocimiento sobre la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y experiencia en el tema de institucionalización del enfoque de género; d) Que hayan formado parte de los programas del eje estratégico “Acceso a la Justicia” antes de la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; e) Que hayan formado parte de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales en la Corte Superior de Justicia de Lima; y f) Que sean abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se ha utilizado el Protocolo de Consentimiento Informado en las entrevistas. Los principales hallazgos de la investigación ha sido que la creación de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial fue una decisión acelerada durante la convocatoria de la marcha “Ni Una Menos” en respuesta a la violencia contra las mujeres por no encontrar respuesta inmediata y justa en el Poder Judicial, y que su creación no fue parte de la estrategia institucional del Poder Judicial. Las conclusiones que tenemos es que la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial a pesar de haber sido su creación una decisión abrupta y crearse sin las herramientas necesarias como un espacio para trabajar, presupuesto e integrantes y personal necesario con el tiempo esas carencias fueron mejorando, por lo que incluso su permanencia ha generado reformas; sin embargo, también ha tenido dificultades lo cual ha limitado el objetivo de transversalizar el enfoque de género en las diferentes áreas de la administración de justicia.

El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no puede ser ajeno al cambio climático producto de los impactos ambientales generados por las diferentes actividades que existen en nuestro país, más aún, si tenemos en cuenta que es uno de los órganos estatales con altos índices en el consumo de los recursos asignados, como es el caso del papel, tóner, energía, entre otros; motivo por el cual, debe adoptar estrategias que viabilicen la optimización y racionalización de tales recursos. Precisamente, la presente investigación surge de la preocupación del uso del papel de manera irracional y desproporcionada, como una mal práctica que aún se evidencia en este poder del Estado. En ese contexto, resulta importante adoptar estrategias que ayuden a minimizar el uso del papel, en base a iniciativas propias que genere el Poder Judicial, adoptando la Ecoeficiencia como parte de Responsabilidad Social. Para tal efecto, se propone la implementación de un Aplicativo Informático como medida de solución a corto plazo que permita no solo un flujo de trabajo acorde a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial, sino que signifique un ahorro progresivo del papel, teniendo como uno de los beneficios, el ahorro en el gasto público. El presente trabajo de investigación se desarrolla en base al método descriptivo, producto de la revisión bibliográfica exhaustiva para proceder a recoger, organizar, resumir, presentar, analizar y generalizar los resultados, es decir, una recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación; con lo cual se pretende demostrar que el Poder Judicial, en base a la Ecoeficiencia como practica de Responsabilidad Social y con el apoyo de la tecnología, puede adoptar medidas que permitan un ahorro significativo y a su vez a la preservación y cuidado del Medio Ambiente, aportando de esa manera con el desarrollo sostenible de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio realizará un análisis de las votaciones y argumentos utilizados en las sentencias por los Ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema Sala al momento de fallar aquellos casos conocidos a propósito del terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010. Se expondrá como contexto una breve historia del Poder Judicial que permitirá comprender su configuración actual y el rol que este juega en el diseño institucional del país. Además se abordará la responsabilidad del Estado, tanto sus fundamentos y funciones como las normas legales existentes en Chile, para comprender el marco normativo dentro del cual el juez debe decidir los casos en estudio. Se plantea la tesis que es posible realizar un seguimiento a las conductas de los jueces al momento de fallar sus casos que dan cuenta de una regularidad en su comportamiento y la posibilidad de adscribirlos a una determinada concepción de justicia dentro de las que se pueden adoptar en materia de responsabilidad. / 28/11/2019

A pesar de que algunos autores lo consideraban la “reyna de las pruebas”, el estudio de la confesión no ha tenido mucha acogida en nuestra doctrina, en otras palabras, su análisis no ha sido objeto de mayor desarrollo en el ámbito académico, no obstante su contribución y riqueza práctica para los propios fines del proceso penal. En nuestro quehacer como magistrada de segundo nivel de una Sala Penal de Lima, hemos tenido la oportunidad de apreciar de cerca cuáles eran las vicisitudes que se presentaban al momento de decidir sobre la valoración probatoria de la confesión sincera, pues cabe la posibilidad de que incida directamente en la disminución de la pena, más aun si consideramos que en la norma no se encuentra desarrollada cuáles son los supuestos a tener en cuenta y se deja mucho a la discreción de los magistrados. Incluso es de considerar que aun la propia Corte Suprema de nuestro país no ha sido uniforme en los criterios adoptados ante los distintos casos en que ha tenido oportunidad de pronunciarse, a pesar que tal decisión repercute directamente en uno de los valores y derechos fundamentales más importantes de la persona humana: su libertad, pues la adopción de una determinada postura influenciará directamente en un mayor o menor tiempo de privación de libertad que pueda sufrir una persona a través de una sentencia condenatoria. Todo esto nos ha llevado a que nuestra investigación se centre en esta figura, y sobre la cual aún persisten inquietudes y divergencias sobre su naturaleza jurídica, es decir: si es un acto procesal, prueba o medio de prueba, tema sobre el cual también estaremos adoptando una postura. A partir del análisis de la pena, del razonamiento judicial, de la teoría del proceso penal y la prueba, ingresaremos a desarrollar el marco teórico que sustenta la confesión, para posteriormente explicar los resultados de nuestra investigación. Esperamos haber cumplido con los objetivos de la cátedra. / Tesis

Submitted by CARMEN SILVIA RIGHETTI NOBILE righetti nóbile (crighetti@tjsp.jus.br) on 2016-06-24T20:36:18Z No. of bitstreams: 1 TESE CARMEN SILVIA RIGHETTI NOBILE.pdf: 4135895 bytes, checksum: 44294081be20907e9e8487f8226d2282 (MD5) / Approved for entry into archive by Juliano Benedito Ferreira (julianoferreira@reitoria.unesp.br) on 2016-06-27T17:59:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 righettinobile_cs_dr_franca.pdf: 4135895 bytes, checksum: 44294081be20907e9e8487f8226d2282 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-27T17:59:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 righettinobile_cs_dr_franca.pdf: 4135895 bytes, checksum: 44294081be20907e9e8487f8226d2282 (MD5) Previous issue date: 2016-06-13 / O presente estudo visa a demonstrar como é enfrentada pelo Poder Judiciário a questão “garantia de direitos versus a necessidade de implementação de políticas públicas”, na área da Infância e Juventude. Trata-se de uma pesquisa sócio-histórica, de cunho interdisciplinar, que articula as dimensões qualitativa e quantitativa, mediante o estudo dos autos judiciais dos casos de acolhimento institucional das Varas da Infância e Juventude das respectivas Comarcas que compõem a 26ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, a qual abrange os Fóruns das Comarcas de Assis, Cândido Mota, Quatá, Palmital, Maracaí e Paraguaçu Paulista. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa bibliográfica, de campo e pesquisa documental (estudo dos autos judicias), com recorte temporal referente ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2013. A tese foi organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo traz ao debate os fatores que determinaram a origem do atendimento da Justiça nos casos da Infância e da Juventude, assim como a inserção do Assistente Social no Judiciário paulista, na área em questão. No segundo capítulo, discorreu-se sobre a trajetória e os resultados da pesquisa, apresentando brevemente os 10 (dez) casos estudados, reproduzindo os conflitos ocorridos e mostrando como o Tribunal de Justiça encaminhou a solução dos problemas expostos em cada um dos casos. O terceiro capítulo apresenta uma discussão sobre o Estado e a Política Pública e mostra como os processos impactantes que ocorreram nas sociedades ocidentais, ampliaram as funções do Estado na sociedade contemporânea. Também são enfocados, nessa terceira parte do trabalho, os desafios do Estado em face da política de redistribuição universal e da política do reconhecimento; nessa esteira, é discutida a política pública relativa à criança e ao adolescente, e as várias abordagens da intervenção judicial nas políticas públicas no Brasil são analisadas. O quarto capítulo proporciona uma reflexão a respeito das várias vertentes de pensamento relativas ao Estado e, consequentemente, acerca do Poder Judiciário. Durante todo este trabalho foram mencionados os resultados da pesquisa realizada nos autos dos processos judiciais, relacionando-os com a abordagem teórica. O aspecto que mais se evidenciou: as crianças, os adolescentes e as famílias de acolhidos institucionalmente são atendidos e acompanhados por vários profissionais, dos variados setores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos (sejam eles pertinentes ao âmbito Municipal, ao Estadual ou ao Federal). Esses profissionais buscam decisões colegiadas para o problema apresentado, as quais serão homologadas, ou não, pelo Juiz. Na pesquisa que empreendemos, houve, em todas as situações, a homologação judicial dos acordos realizados pelos profissionais envolvidos. No entanto, observamos que nem a alteração da lei, nem o trabalho em rede, propiciaram uma alteração de posicionamento por parte dos profissionais (isto é, a culpabilização da família). Tal situação dificulta ainda mais, às crianças, aos adolescentes e a suas famílias, a defesa contra essa postura conjunta. Em relação ao objetivo de nossa tese, detectamos que essa circunstância vai além da ausência de políticas públicas a serem implantadas pelo Estado: os profissionais que têm o poder de apresentar alternativas, geralmente, são os atores que constroem a representação e a solução dos problemas. Eles indicam ou elegem situações nas quais o Estado irá intervir e se posicionam de modo a responsabilizar as famílias e a culpar (ou mesmo crimininalizar) o pobre. / Este estudio tiene como objetivo demostrar la forma en que se enfrenta por el poder judicial para emitir "derechos de garantía frente a la necesidad de implementar políticas públicas" en el ámbito de la infancia y juventud. Se trata de una investigación socio-histórico, carácter interdisciplinario, que combina las dimensiones cualitativas y cuantitativas, mediante el examen de los registros de la corte de casos de atención institucional de los tribunales de los niños y jóvenes de respectivos distritos que conforman el Circuito Judicial del Estado 26 Sao Paulo, que cubre los foros de los condados de Asís, Cândido Mota, Quatá, Palmital, Maracaí y Paraguaçú Paulista. Los procedimientos metodológicos utilizados fueron: investigación bibliográfica, de campo y trabajo de documentación (estudio del caso judicial) con plazo para el período comprendido entre enero y diciembre de 2013. La tesis se organiza en cuatro capítulos. El primer capítulo es una discusión de los factores que determinaron el origen del servicio de la justicia en los casos de niños y jóvenes, así como la inclusión de la trabajadora social en Sao Paulo justicia en el ámbito de que se trate. En el segundo capítulo, habló sobre la historia y los resultados de la encuesta, una breve presentación de los diez (10) de los casos estudiados, la reproducción de los conflictos que se producen y que muestra cómo el Tribunal se remitió la solución de los problemas expuestos en cada caso. El tercer capítulo se presenta una discusión de la política estatal y pública, y muestra cómo los procesos de impacto que se produjeron en las sociedades occidentales, ampliaron las funciones del Estado en la sociedad contemporánea. Se centran también, en esta tercera parte de la obra, los retos del estado en el rostro de la política de redistribución y universales política de reconocimiento; esta cinta de correr, la política pública es discutido en los niños y adolescentes, y los diversos enfoques de la intervención judicial en la política pública en Brasil se analizan. El cuarto capítulo se ofrece una reflexión sobre las distintas corrientes de pensamiento sobre la situación y, en consecuencia, sobre el poder judicial. A lo largo de este trabajo se mencionaron los resultados de la investigación llevada a cabo en el caso de los procedimientos judiciales, relacionándolos con el enfoque teórico. El aspecto que es más evidente: los niños, adolescentes y familias acogidas institucionalmente están atendidos y acompañados por varios profesionales de diferentes sectores que conforman el Sistema de Garantía de Derechos (que son relevantes a nivel municipal, estatal o federal del ). Estos profesionales buscan decisiones conjuntas al problema presentado, que será aprobado o no por el juez. En la investigación que llevamos a cabo, no era, en todas las situaciones, la homologación de los acuerdos realizados por los profesionales involucrados. Sin embargo, se encontró que de no cambiar la ley, o en red, da como resultado un cambio de posición por los profesionales (es decir, el chivo expiatorio de la familia). Esta situación hace que sea más difícil, niños, adolescentes y sus familias, defensa contra esta postura conjunta. En cuanto al objetivo de nuestra tesis, se encontró que este hecho va más allá de la ausencia de políticas públicas a ser implementadas por el Estado: los profesionales que tienen la facultad de presentar alternativas por lo general son los actores que construyen la representación y resolución de problemas. Indican o eligen a situaciones en las que el Estado va a intervenir y posicionarse para culpar a las familias y la culpa (o incluso crimininalizar) los pobres. / This study aims to show how the Judiciary faces the question, "guarantee rights versus the need to implement public policies" in the area of Children and Youth. It is a socio-historical work, its nature is interdisciplinary, and it blends the qualitative and quantitative dimensions, by examining the court records of cases regarding institutional care in Children and Youth Courts of the Districts that form the 26th Judicial Circumscription of the state of São Paulo, which includes the courthouses of the following towns: Assis, Cândido Mota, Quatá, Palmital, Maracaí, and Paraguaçu Paulista. The methodological procedures used were: bibliographic research, field research, and documentary research (study of court records) concerning the time span between January and December, 2013. This thesis is divided into four chapters. The first one debates the factors which determined the origin of Justice service in cases concerning Children and Youth, as well as the insertion of the case worker (or social worker) in the state of São Paulo Judiciary, particularly within the focused area. In the second chapter, we discuss the history and the results of the survey, briefly presenting the ten (10) cases we have studied, all of them reproducing the conflicts occurred, and showing how the Court dealt with the solutions of the problems in each case. The third chapter presents a discussion on State and Public Policy, and shows how the decisive processes that happened in Western societies expanded the State’s functions in contemporary society. We also focus, in this third part of the work, on the challenges faced by the State regarding the universal policy of redistribution and recognition policy. Public policy related to children and teenagers is discussed, and the various approaches to judicial intervention in public policy in Brazil are analyzed. The fourth chapter provides consideration of the various trends of thought on State and, as a consequence, on the Judiciary. Throughout this work we mention the results of our research on court records, relating them to the theoretical approach. The most evident aspect: Children, adolescents, and families are institutionally served and accompanied by several professionals from the different sectors that form the Rights Guarantee System (no matter if they are connected to the municipality, the State or the Federal Government). These professionals seek joint solutions, which will be approved, or not, by the judge. There was, in all situations, the court approval of the agreements made by the professionals involved. However, we found out that neither the change of laws nor networking have resulted in a change of position on the part of the professionals (i. e., there was a “scapegoating” of the families). That situation makes it more difficult, for children, adolescents, and their families, to defend themselves against this collaborative standpoint. Regarding the aim of our thesis, we have found out that this fact surpasses the lack of public policies to be implemented by the State: The professionals who have the power to present alternatives are usually the performers who are responsible for representation and problem solving. They indicate or elect situations in which the State will intervene and they act in a way which end up blaming families and reprehending (or even criminally reproaching) the poor.

En el 2014, el entonces gobernador regional de Ancash, César Álvarez, capturaba toda la atención mediática y política del país siendo acusado de numerosos delitos como: peculado, colusión, corrupción y el asesinato de su rival político Ezequiel Nolasco. Las investigaciones posteriores sobre este caso descubrirían toda una red de crimen, extorsión y manipulación mediática liderada por el ex gobernador ancashino para mantenerse en el poder y amedrentar a su oposición. Álvarez y Ancash despertarían un interés por el desarrollo de la política subnacional y, entre el 2014 y 2015, 19 de 26 gobernadores regionales serían investigados por la Fiscalía por casos como: lavado de activos, colusión agravada, malversación de fondos para obras y proyectos, entre otros delitos. A finales del 2015, 9 de los 19 involucrados eran sentenciados a cumplir penas privativas de libertad y reparación civil a consecuencia de su accionar ilegal. Sin embargo, en algunos casos, y a pesar de una considerable cantidad de evidencia y denuncias en materia de corrupción, las acusaciones en contra de ciertos gobernadores no prosperaron. La presente tesis de licenciatura desea explicar la diferencia entre los casos que han sido efectivamente sentenciados con los que gozan de una aparente impunidad. Para ello, se realiza un estudio comparado de las regiones Callao y Tumbes, ambos con un número significativo de denuncias e investigaciones abiertas, pero con resultados judiciales distintos. Las conclusiones de este estudio demuestran la presencia de dos variables: (in)capacidad estatal en los organismos fiscalizadores y la sofisticación de los delitos. La combinación entre ambas termina por explicar cómo en algunos casos la impunidad se mantiene mientras que, en otros, los acusados son juzgados efectivamente. Finalmente, esta tesis de licenciatura también tiene como intención aportar una nueva perspectiva a los análisis sobre el tema de corrupción a nivel subnacional. Se espera que el estudio comparado realizado sirva para proponer nuevos métodos para prevenir delitos de corrupción en las unidades sub nacionales del Perú y América Latina