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El presente documento cuantifica y explora la importancia de los efectos de un choque adverso de oferta de crédito en los principales agregados macroeconómicos para la economía Peruana. Este objetivo se alcanza a partir de la estimación de un modelo de vectores autorregresivos Bayesiano (BVAR), siguiendo un esquema de identificación con restricciones de signos. Los principales resultados indican que los choques adversos de oferta de crédito (i) reducen el volumen de crédito, el PBI y la tasa de interés interbancaria, a la par que eleva el costo del financiamiento (la tasa de interés activa en moneda nacional) y (ii) explican alrededor del 11.2% de la variabilidad del PBI real. Asimismo, el análisis de sensibilidad muestra que los resultados obtenidos son robustos a esquemas alternativos de identificación de restricciones de signos. En particular, se encuentra que un enfoque más restrictivo explica en menor magnitud el comportamiento de las variables, y lo contrario para un enfoque menos restrictivo. / Tesis

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Analiza el impacto que tienen las inversiones, tanto públicas como privadas, en infraestructuras viales, específicamente en la construcción de carreteras, y como esta influye en el crecimiento económico peruano. El modelo económico que se presenta es el de crecimiento endógeno y tiene como variable dependiente al crecimiento económico, mientras que las variables explicativas están conformadas tanto por el gasto público como las inversiones privadas dirigidas a este sector. / Analyze the investment on road infrastructure, private and public investment, specifically in construction of road and its influence on economic growth. The economic model is the endogenous economic growth, which dependent variable is the growth of GDP and independent variables are public and private investment in road infrastructure.

En este documento pretendemos, mediante un análisis de hechos conocidos y contraste internacional, analizar el rol del gobierno militar en las reformas económicas. En esta línea analizaremos la hipótesis de la suficiencia o la necesidad de un gobierno dictatorial apoyado por la derecha política de un país, en la concreción de una reforma comercial como la experimentada en Chile

Tesis para optar al grado de Magíster en Economía / Uno de los factores que se ha destacado como importante en el desarrollo económico es el mejoramiento institucional de los países. Por ejemplo, el Consenso de Washington de la década de 1990 sugería implementar reformas institucionales con el fin de mejorar la seguridad jurídica para los derechos de propiedad en Latinoamérica. En efecto, la literatura existente resalta la importancia de la seguridad jurídica en el patrón de ventajas comparativas: a mayor seguridad jurídica local, mayor especialización en industrias altamente intensivas en contratos a nivel de insumos. Dos ejemplos lo constituyen Nunn (2007) y Levchenko (2007), resaltando en el primero que la seguridad jurídica influye mucho más en la ventaja comparativa que otros factores, como capital humano y físico, acceso al financiamiento y valor añadido, por citar algunos. Es decir existe un amplio consenso que la seguridad jurídica ayuda enormemente a aumentar las exportaciones en industrias donde los insumos se transan a través de negociaciones contractuales (por ejemplo, metalmecánica, semiconductores y una serie de manufacturas sofisticadas). Sin embargo, al revisar casos particulares de algunos países, es claro que si bien los países actualmente desarrollados se caracterizan entre otras cosas por una alta seguridad jurídica1, existen muchos países que, habiendo mejorado o teniendo un alto nivel de seguridad jurídica, siguen teniendo un patrón de ventajas comparativas acorde a países con baja seguridad jurídica. Un ejemplo es Chile, que a pesar de tener niveles de seguridad jurídica1 altos exporta bajas cantidades en industrias intensivas en contratos a nivel de insumos2, como por ejemplo en la industria metalmecánica. Similar situación ocurre con países con buena seguridad jurídica, como Costa Rica, Uruguay y los países de Europa del Este. Esto lleva a pensar que la seguridad jurídica local por sí sola no es suficiente, pero ¿qué ocurre en particular con estos países, que no se especializan en industrias contrato-intensivas, a pesar de tener buenas instituciones de cumplimiento de contratos?

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Explica los aspectos económicos establecidos en nuestras Constituciones Políticas a lo largo de la historia constitucional así como la implicancia de las reglas de juego de carácter económico en el desempeño económico del país en los siglos XX y XXI. Dentro de este contexto, se formula la siguiente interrogante: ¿Por qué el régimen económico de la Constitución Política de 1993 ha contribuido a fortalecer el marco institucional económico y al buen desempeño económico de nuestro país? Lo que deriva en el planteamiento de la hipótesis general: “El régimen económico de la Constitución Política de 1993, a diferencia de las anteriores, es la que más ha contribuido a fortalecer el marco institucional económico y consiguientemente, al buen desempeño económico del país, debido a que se establecieron normas constitucionales principio y normas constitucionales regla, en respuesta al contexto de crisis económica que atravesaba nuestro país a finales de los años ochenta y al contexto político internacional de la prevalencia de reglas de juego claras en materia económica implementadas en Inglaterra (1979) y Estados Unidos (1982), la caída del Muro de Berlín (1989), el consenso de Washington (1989), la desintegración de la ex Unión Soviética (1991), que fueron determinantes para consolidar principalmente la disciplina fiscal (disminuyendo el tamaño del Estado a través de las privatizaciones), la disciplina monetaria (priorización del control de la inflación mediante la preservación de la estabilidad monetaria) y la liberalización de los mercados (libre competencia y libre iniciativa privada)”. En ese sentido, cabe precisar que el régimen económico se caracteriza por consagrar reglas de juego claras en materia económica dentro la Constitución Política de un país para un determinado tiempo de su devenir histórico. Sin embargo, un aspecto relevante que complementa ese conjunto de normas constitucionales de carácter económico es que existan mecanismos de control para el cumplimiento de las mismas. Definitivamente, la regulación de los aspectos económicos en una Constitución no es una práctica que haya existido siempre en los diversos países del mundo. La Constitución alemana de la República de Weimar de 1919 es considerada por muchos como la pionera y constituye la base del constitucionalismo económico, ya que estableció el ordenamiento jurídico fundamental de la actividad económica. Para otros, es la Carta Magna de 1215 la primera en fijar aspectos económicos, porque en ella se dispusieron limitaciones a la potestad tributaria del Monarca. No obstante lo anterior, actualmente existe un mayor consenso sobre la importancia del régimen económico como marco institucional que contribuye positivamente en el desempeño económico de un país. Es así que, en todas nuestras constituciones podemos encontrar referencias económicas algunas en las que predominan la intervención del Estado en la economía y otras de tendencia liberal. Sin embargo, las Constituciones de 1979 y 1993 son la que dedican un título específico a los temas económicos. / Tesis

Memoria para optar al Título de Periodista / El 30 de noviembre de 2005 fue un día histórico para la economía nacional. El precio de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres –centro del comercio financiero para el principal commodity nacional- llegaba por primera vez en la historia a dos dólares. Este evento marcó el inicio de lo que sería un nuevo escenario para el metal rojo por su relevancia en la economía chilena. Toda la discusión sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los próximos años se basaría en qué hacer con los nuevos recursos. Es que el país se sacó la lotería o, más específicamente, las arcas fiscales y las empresas mineras privadas ganaron el premio gordo, gracias a este aumento en el precio del cobre, lo cual produjo una serie de efectos en el resto de los sectores. Las buenas noticias que auguraba el precio del metal rojo se revirtieron en la primera gran carga del cuarto gobierno de la Concertación. A los problemas objetivos en términos macroeconómicos que podía generar –y ya estaba generando– la masiva entrada de divisas al país, se sumaron las fuertes presiones de los grupos con intereses, debido a la “sensación de riqueza” que se generó sobre el Fisco. La idea de “un Estado rico” elevó las esperanzas de muchos que vieron en este momento la oportunidad precisa para hacer ver deseos o peticiones guardadas o que en años anteriores eran desechadas bajo el argumento de la “escasez de recursos”. De hecho, la falta de liquidez era –hasta hace poco- una situación normal de un país en vías de desarrollo como Chile. Sin embargo, tras la crisis asiática de fines de los 90, el país ya no era el mismo en materia de políticas económicas, y las autoridades del Ministerio de Hacienda y el Banco Central optaron por la “prudencia” y “responsabilidad”. Los técnicos de ambas instituciones no estaban dispuestos a que se les culpara de una nueva recesión, como la de 1999, a amarrarse a políticas que debilitaran lo más importante que, a su juicio, tendría el país: su credibilidad económica. Así, el instituto emisor terminó de instaurar en 2001 su nuevo marco de política monetaria y cambiaría, dejando al dólar flotar libremente. Mientras, en Teatinos 120, Hacienda daba vida a una regla fiscal que permitiría sortear los momentos malos del ciclo económico, pero que a su vez aplacaba los beneficios de las épocas de “vacas gordas”. Tanto el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, como el Consejo del Banco Central debieron afrontar el primer impacto recién asumido el nuevo gobierno: la caída en el tipo de cambio, que ya venía generando una gran cantidad de reclamos en los exportadores nacionales, especialmente los del sector agrícola, que decían estar perdiendo competitividad. Ésa fue la primera alerta de una seguidilla de problemas y complicaciones, tanto políticas como económicas que traería el precio histórico del metal rojo. En 2006 comenzaron los ruidos de sectores sociales. Los primeros en llamar la atención fueron los trabajadores subcontratistas de Codelco, quienes en enero de ese año iniciaron el primer paro importante que más tarde se convertiría en un movimiento mucho más fuerte. Las protestas estudiantiles, las demandas salariales de los empleados fiscales y los del área de la Salud que vinieron después, fueron algunos de los más importantes choques sociales que tuvo que afrontar el gobierno en los primeros meses la administración de Michelle Bachelet debido a la “sensación de riqueza”. A esto, se sumaron los reclamos de los exportadores por el tipo de cambio y también las propuestas de prácticamente todos los centros de estudios y economistas de diversas tendencias políticas sobre “en qué gastar los recursos del cobre”. En este marco la división entre los que querían invertir de inmediato los nuevos recursos y quienes optaban por ahorrarlos fue creciendo y, aunque estos últimos parecen haber ganado la pelea técnica sobre el tema, aún la última palabra no está dicha. Justamente, para amarrar de mejor forma las políticas actuales, en el gobierno impulsaron nuevos ajustes fiscales, poniendo por ley decisiones que eran de carácter administrativo, convirtiendo la rigidez del gasto fiscal entre las mayores del mundo. La consigna fue preservar la abultada cuenta de ahorros. Aunque esta memoria recoge lo sucedido hasta 2007, los hechos ocurridos durante el cierre de ésta –con la nueva crisis del sistema financiero mundial gatillada por las "hipotecas basura"– se transformaron por cosas del destino en el broche justo de la historia. Se había declarado el “fin del súper ciclo del cobre”.

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / El trabajo tiene el objetivo de cuantificar el impacto de la política económica en los mercados de renta fija y variable. Utilizando el trabajo de Cook y Hahn (1989) como base, utilizando Swaps de tasas de interés, se logra distinguir entre variaciones esperadas e inesperadas de la tasa referencial (TPM), dictada por los Bancos Centrales. Los países tomados en cuenta para la investigación son Chile, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Los resultados relacionados con el mercado de bonos, indican que en todas las plazas se cumple la relación positiva entre TPM y yield, siendo mayor el efecto en los horizontes cortos. Respecto a la renta variable o índices accionarios, solo se encontraron resultados significativos para Brasil, Chile y Estados Unidos. En estos casos se cumplió la relación negativa entre TPM y precio bursátil, justificada principalmente por el premio por riesgo.