The author challenges the terminology «legal presumptions» and «judicial presumptions», and rather refers to presumptions established by rules of presumption and to hominis presumptions. He argues that the best way to differentiate between them is by showing the contrast between «it shall be presumed» (syntagm proper to practical reasoning) and «it is presumable» (syntagm proper to theoretical reasoning). The text clarifies the relationship between the so-called hominis presumptions and the factual inferences or evidential inferences, in general. He answers the question of what the «it is presumed» syntagm (proper to the hominis presumptions) brings with respect to the «it is probable» syntagm (proper of all evidentiary inferences). / El autor cuestiona la terminología «presunciones legales» y «presunciones judiciales» y, más bien, se refiere a las presunciones establecidas por normas de presunción y a las presunciones hominis. Defiende que la mejor manera de diferenciar unas de otras es mostrando la distancia que media entre «debe presumirse» (sintagma propio del razonamiento práctico) y «es presumible» (sintagma propio del razonamiento teórico). El texto aclara las relaciones entre las llamadas presunciones hominis y las inferencias fácticas o inferencias probatorias, en general, respondiendo a la pregunta sobre qué aporta el sintagma «es presumible» (propio de las presunciones hominis) frente al sintagma «es probable» (propio de todas las inferencias probatorias).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Así, el objetivo de este trabajo es el análisis de las normas que en materia de obras cinematográficas, en adelante, e indistintamente, “OC”, ha dispuesto la Ley 17.336, Ley de Propiedad Intelectual y, en algunos aspectos, las leyes de España, Italia y Francia, con el fin de conocer el estatuto legal de las obras cinematográficas y, en este sentido, identificar a sus autores y sujetos activos y pasivos de las relaciones que se derivan luego de la creación de una obra audiovisual, precisando el grado de protección de los autores de las obras cinematográficas en la legislación nacional.

Magíster en derecho con mención en derecho penal / El abigeato siempre ha tenido especial importancia, por su trascendencia social y económica. Durante los últimos ocho años, nuestra legislación ha sido modificada principalmente por dos leyes, en el año 2006 la Ley 20.090 y el año 2012 por la Ley 20.596. De ahí, el interés en revisar las especiales características de su actual fisionomía. En cuanto a los aspectos dogmáticos, veremos que se trata de una figura derivada del robo o del hurto y responde a los mismos análisis, solo que con particularidades. Revisaremos algunas dificultades prácticas en torno a su tipificación, facultades de la policía, elementos distintivos y la presunción legal de autoría que modifica la regla general del iter criminis. Revisaremos los conflictos generados por la naturaleza del bien jurídico protegido que, conlleva un cuestionamiento a la constitucionalidad del aumento de pena, paralelos y hasta concurso en situaciones practicas, con las figuras contempladas en otras leyes que abordan en conjunto el tema cárneo, principalmente la ley sobre mataderos clandestinos y otras normas asociadas al gran tema de la carne y la ganadería, intentando evidenciar algunas carencias legislativas y las repercusiones desde el punto de vista teórico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El uso de presunciones y ficciones en el ámbito tributario como mecanismo contra el fraude fiscal, e incluso como medio para facilitar la actividad fiscalizadora de la autoridad administrativa, se posiciona como una tendencia generalizada en los ordenamientos jurídico tributarios. Precisamente, dada la efectividad de este tipo de instrumentos para el interés recaudatorio del fisco, es que existe en la práctica una delgada línea entre la necesidad y el abuso, lo cuál en el peor de los casos puede llegar a vulnerar las garantías fundamentales que asisten a los contribuyentes. Desde una premisa práctica, se observa en Chile una insuficiencia del tratamiento que se le ha dado a este tipo de mecanismos legales, tanto de parte del legislador como de la jurisprudencia, los que parecieran tener una responsabilidad no menor en los problemas asociados a su establecimiento y posteriormente en su aplicación. El análisis de normas específicas del ordenamiento jurídico en general, así como de las normas de Derecho Tributario chileno, soporta la apreciación anterior

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación, comienza con la exposición del sistema de responsabilidad civil como mecanismo de prevención y reparación del daño ambiental, comúnmente recogido en diversas legislaciones, e incluida en el Derecho chileno a partir de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley, establece un régimen general de responsabilidad basado en la culpa del autor del daño ambiental, el que contempla ciertos matices, tales como las presunciones de culpabilidad que invierten la carga probatoria en favor de la víctima de un daño ambiental, entre otros. En los capítulos siguientes, se describe y analiza especialmente la presunción de culpabilidad del artículo 52 de la Ley N° 19.300, con el objeto de determinar su alcance normativo, para enseguida estudiar los fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y de los Tribunales Ambientales de Santiago y Valdivia que aplican la presunción, examinando su incidencia práctica y su evolución, para finalmente concluir cuáles son las tendencias jurisprudenciales en la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La judicialización del cambio climático ha aumentado exponencialmente dentro de los últimos años, debido a la lenta reacción de los Estados en tomar las medidas legislativas necesarias para adaptar a la sociedad actual a las exigencias del fenómeno del cambio climático. Uno de los casos más emblemáticos dentro de este nuevo movimiento es el de Urgenda vs Holanda, en donde el Tribunal ordenó al Estado que redujera sus emisiones de GEI en al menos un 25% para el año 2020 respecto a los niveles de 1990, basado en la evidencia científica disponible y en los compromisos internacionales adoptados por el Estado. Sin embargo, y a pesar del éxito del caso anteriormente mencionado, la mayoría de estos juicios no corren la misma suerte, principalmente por dos grandes problemas: El primero de ellos es la prueba de la causalidad, la que se ve muchas veces obstaculizada debido a la naturaleza difusa del daño ambiental. El segundo problema es la reticencia de los tribunales a aceptar la evidencia científica como argumento válido para imputar responsabilidad o para establecer un deber de cuidado respecto del demandado. El objetivo de este artículo es, en base al análisis de doctrina especializada y jurisprudencia nacional y comparada, revisar estas dificultades y descubrir sus posibles soluciones, las que van desde la inversión de la carga de la prueba, hasta las presunciones de responsabilidad. Por otro lado, también se pretende analizar el caso Urgenda vs Holanda con la finalidad de exponer los principales puntos de la sentencia, para luego pasar a la revisión de la prueba de la causalidad y por qué razones fue aceptada la evidencia científica del IPCC en este caso, lo que ha traído como consecuencia un nuevo movimiento de demandas en contra de Estados por razones y con argumentos muy similares a los entregados por la Fundación Urgenda.

This paper analyzes the strict liability system surviving in customs infringement procedures, the grounds for its existence or survival and its consequences. Also, the arguments against such system of liability attribution are examined. Thus, from such starting point, through a precise enumeration of statutory rebuttable presumptions whose intention can be presumed whenever it is difficult for Tax Authorities to prove such presumptions, I intend to find legal solutions to determine the grounds for its replacement without affecting the rights of the relevant individuals or legal entities when the customs infringements are decided. / El presente artículo aborda el estudio del régimen de responsabilidad objetiva que subsiste en materia infraccional aduanera, los fundamentos sostenidos para su existencia o pervivencia, y sus consecuencias. Asimismo, se desarrollan los argumentos contrarios a dicho régimen de imputación de la responsabilidad. Así, y partido de ello, se tratan de encontrar soluciones jurídicas que, sin vulneren los derechos de los administrados al juzgar las infracciones aduaneras, permitan resolver el fundamento de su sustitución, y ello, mediante un correcto establecimiento de presunciones legales relativas que permitan presumir la intención, cuando ella sea de difícil comprobación para el Fisco.