El presente trabajo analiza la problemática suscitada a partir del procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A., Boticas y Salud S.A.C., Botica Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C, por la comisión de prácticas colusorias horizontales, en la modalidad de fijación concertada de precios de venta, a nivel nacional, en el periodo 2008-2009. Para ello, se ha hecho uso de instituciones propias del Derecho Administrativo, así como de otras ramas del Derecho, como el Derecho Constitucional, con la finalidad de determinar si era posible la atribución de responsabilidad administrativa a los laboratorios farmacéuticos, como agentes económicos intervinientes en la fijación concertada de precios. Por lo mismo, el análisis ha tenido énfasis en la posibilidad de (i) imputar la comisión de prácticas colusorias verticales y (ii) la concurrencia con medidas correctivas. Posteriormente, los resultados de la investigación permiten constatar: en primer lugar, que, en efecto, era factible atribuir responsabilidad a los laboratorios farmacéuticos como participes de una conducta anticompetitiva. En segundo lugar, que la imputación idónea debió ser de “prácticas colusorias verticales”, en lugar de prácticas colusorias horizontales. En tercer lugar, que era admisible la concurrencia de una sanción y medidas correctivas, tanto para las cadenas de farmacias como para los laboratorios, siempre que se hayan garantizado los principios de tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad. / This paper analyzes the problems arising from the administrative sanctioning procedure against Albis S.A., Boticas y Salud S.A.C., Botica Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. and Nortfarma S.A.C., for the commission of horizontal collusive practices, in the modality of concerted fixing of sales prices, at national level, in the period 2008-2009. For this purpose, use has been made of institutions of Administrative Law, as well as other branches of Law, such as Constitutional Law, in order to determine whether it was possible to attribute administrative liability to pharmaceutical laboratories, as economic agents involved in the concerted fixing of prices. In this way, the analysis has emphasized the possibility of (i) imputing the commission of vertical collusive practices and (ii) the concurrence with corrective measures. Subsequently, the results of the investigation show: firstly, that it was indeed feasible to attribute liability 2 to the pharmaceutical laboratories as participants in an anticompetitive conduct. Secondly, that the appropriate charge should have been "vertical collusive practices", instead of horizontal collusive practices. Thirdly, that the concurrence of a sanction and corrective measures was admissible, both for the pharmacy chains and for the laboratories, provided that the principles of typicality, reasonableness and proportionality were guaranteed.

El presente trabajo tiene como objetivo principal verificar que el procedimiento de imposición de la sanción administrativa disciplinaria de arresto simple por la comisión de faltas leves en el personal militar de las Fuerzas Armadas, regulado por la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las FFAA - LRDFFAA, respete las garantías y principios del debido procedimiento. Con la finalidad de asegurar que el referido procedimiento administrativo disciplinario se ajuste a estas garantías y principios fortaleciendo la legitimidad y el funcionamiento eficaz de las Fuerzas Armadas del Perú, teniendo en cuenta el cumplimiento de la preservación de la disciplina y al mismo tiempo que salvaguardan los derechos individuales del personal militar. / The main objective of this work is to verify that the procedure for imposing the administrative disciplinary sanction of simple arrest for the commission of minor offenses in the military personnel of the Armed Forces, regulated by Law No. 29131, Law of the Disciplinary Regime of the Armed Forces - LRDFFAA, respect the guarantees and principles of due procedure. In order to ensure that the aforementioned disciplinary administrative procedure conforms to these guarantees and principles, strengthening the legitimacy and effective functioning of the Peruvian Armed Forces, taking into account compliance with the preservation of discipline and at the same time safeguarding the individual rights of military personnel. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, plantear la necesidad de establecer un programa de cumplimiento en el sector pesquero extractivo industrial, que dote a los administrados de las herramientas para fortalecer el cumplimiento normativo al interior de sus compañías y provea al ente rector en materia sancionadora pesquera de las herramientas legales para evaluar adecuadamente el procedimiento administrativo sancionador. Para ello, se analiza doctrina y pronunciamientos de los órganos administrativos sancionadores en materia pesquera y los argumentos de defensa de los administrados, pasando además por un riguroso análisis de la aplicación del principio de culpabilidad, considerando los factores exógenos que aplican a esta actividad, como son el clima, salinidad del mar, corrientes marinas, otros. Estudiaremos así, el actuar preventivo de los administrados en esta actividad económica atípica y si éste, además de otras actuaciones diligentes, podrían conformar un programa de cumplimiento pesquero que conlleve a un tratamiento especial de la responsabilidad, ya sea la exoneración o la atenuación, conforme lo prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General, arriesgándonos a afirmar entonces que un programa de cumplimiento en el sector extractivo pesquero industrial debidamente implementado podría variar el resultado del procedimiento administrativo sancionador, concluyéndose así que sería retador pero beneficioso para todos los actores de este rubro, regular programas de cumplimiento voluntarios.

La presente tesis busca justificar la importancia de integrar y consolidar la óptica de los "Principios de la OCDE sobre políticas para la mejora de la aplicación y cumplimiento de la regulación" –cumplimiento basado en evidencia, selectividad, enfoque de riesgo y proporcionalidad y principio de regulación responsiva– en el modelo actual de enforcement de la Inspección del Trabajo peruana; ello, a fin de dotarle de fundamentos y criterios teórico prácticos sólidos, los cuales, coadyuven a garantizar la mejora de los aspectos relacionados con la problemática de la eficacia de la normativa sociolaboral en aquellos ámbitos de la eficacia –nos referimos a la eficacia como cumplimiento y como aplicación– en los que el ejercicio de las facultades inspectivas puede tener una incidencia directa. Defendemos nuestra postura, (i) sobre la base de la utilidad y legitimidad técnica de los criterios desarrollados por los principios (son producto de la investigación prolongada de las mejores prácticas de enforcement en los países de la OCDE y en países que no pertenecen a la OCDE), (ii) por el enfoque teórico de cumplimiento normativo que se asume para la consecución de la efectividad de las regulaciones; es decir, el de la regulación responsiva; (iii) porque se puede dar cuenta de experiencias concretas en la administración pública peruana con base en los postulados de la regulación responsiva que dan evidencia de resultados favorables en los porcentajes de cumplimiento; (iv) porque los referidos principios se enmarcan dentro del esquema de mejora de la racionalidad legislativa que ha adoptado el Estado peruano con la aprobación del D.L 1448 el cual se alinea con los estándares internacionales y recomendaciones de la OCDE sobre mejora regulatoria (los que también implican a los mecanismos de enforcement de la ley); y, además (iv) porque en el Perú pueden haber fundamentos legales a favor de la aplicación de algunos de estos principios como son el de “enfoque de riesgo y proporcionalidad” o el de “regulación responsiva”; o más aún, también porque ya hay un antecedente jurisprudencial en el Tribunal Constitucional peruano que puede relacionarse con el enfoque responsivo. Concluimos que, con base en el diagnóstico sobre la problemática de la eficacia de la normativa sociolaboral en el Perú al que nos aproximamos en el capítulo II; y, teniendo en cuenta el estado situacional del modelo actual de enforcement de la SUNAFIL a partir del diagnóstico realizado sobre la base del análisis de los “Principios de la OCDE sobre políticas para la mejora de la aplicación y cumplimiento de la regulación”, resulta imprescindible avanzar hacia la integración y consolidación de la óptica de los principios de la OCDE, al menos, en lo que refiere a las competencias inspectivas que tienen repercusión directa en la eficacia de las normas como cumplimiento y aplicación.

La población de la Policía Nacional del Perú (PNP) que labora en la provincia de Lima bordea los 48 mil efectivos aproximadamente quienes al cometer una presunta infracción disciplinaria que atenta los bienes jurídicos protegidos contra los 10 millones de habitantes de la provincia de Lima, son sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario (PAD). Se ha evidenciado que el 62.96% (1,413) de actos administrativos (resoluciones) correspondientes a la provincia de Lima por investigaciones administrativas disciplinarias (infracciones muy graves) ocurridos entre los años 2018 y 2019 han sido declaradas nulas por el Tribunal de Disciplina Policial (TDP) y devueltas para el reinicio del PAD debido a contravenciones a las normas vigentes, o sea una débil valoración de las pruebas. El problema deriva en la deficiente valoración de la prueba por parte de los investigadores de la Inspectoría General de la PNP (IG PNP) en el PAD, cuyas causas son la deficiente capacitación en la actuación procedimental sancionadora, carencia de un estándar probatorio y la alta o constante rotación de recursos humanos. Con la finalidad de superar esta problemática se ha propuesto la implementación de un aplicativo informático de capacitación con soporte físico complementario para enfrentar la deficiente valoración de la prueba por parte de los investigadores de la IG PNP. Desde el punto de vista de la deseabilidad, el funcionamiento del aplicativo informático es necesario para fortalecer las capacidades de los investigadores y ofrecer un eficiente servicio a los usuarios; en cuanto a la factibilidad, contaría con los requisitos tanto tecnológicos, logísticos, organizacionales, políticos, culturales, así como de los usuarios; con relación a la viabilidad, se cuenta con los recursos y medios necesarios para su planeamiento, desarrollo y aplicación.

El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación tramitados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; estos son: la aprobación automática y el silencio administrativo positivo. Se parte de la hipótesis que dicha municipalidad desnaturaliza los referidos mecanismos de simplificación administrativa puesto que desconoce y/o obstaculiza los efectos de estos en los procedimientos administrativos sobre licencia de edificación de su competencia. Este tema resulta relevante ya que la actuación de las municipalidades en los procedimientos sobre autorizaciones administrativas para edificar es un factor determinante para contar con un desarrollo urbano ordenado y con los estándares de seguridad suficientes, así como para tutelar los intereses de los administrados sin generar inseguridad jurídica para los mismos. La investigación se sustenta en el análisis de la doctrina sobre las técnicas de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo; en el análisis de la regulación de los procedimientos administrativos sobre licencias de edificación; sobre el análisis de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y; sobre el análisis de resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se concluye que los servidores encargados de la tramitación de los procedimientos y/o de realizar las acciones de verificación administrativa con posterioridad a la emisión de la licencia de edificación realizan una serie de actuaciones propias de un procedimiento administrativo en trámite, desconociendo la existencia de una resolución ficta que otorga la licencia de edificación ya sea por aprobación automática o por silencio administrativo positivo, quitándole vigencia a dichos mecanismos; lo que implica vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. / Trabajo de investigación

En la presente investigación se analiza el régimen de las detracciones como mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas, a fin de esclarecer si estamos ante una manifestación arbitraria del poder público del Estado. Para ello, se desarrolla los conceptos de arbitrariedad y poder público, según la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como los principios de razonabilidad y de interdicción a la arbitrariedad en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, se desarrollan los objetivos de las detracciones para aclarar las características de las detracciones a efectos de determinar su naturaleza jurídica desde la perspectiva del Tribunal Constitucional y la doctrina. Luego, se profundiza sobre los principales cuestionamientos realizados por la doctrina para verificar si este régimen vulnera los principios tributarios constitucionales, así como los derechos fundamentales de las personas que informan nuestro modelo de Estado de Derecho. Por último, se aplica el test de proporcionalidad o ponderación entre el principio de solidaridad: deber de contribuir y el derecho a la propiedad para determinar si la creación de las detracciones constituye una medida restrictiva razonable y proporcional para disminuir la evasión fiscal y el incumplimiento tributario. Finalmente, se analiza si las detracciones podrían constituir una barrera burocrática. / In the present investigation, the regime of detractions is analyzed as a mechanism for collecting the General Sales Tax, in order to clarify whether we are facing an arbitrary manifestation of the State's public power. For this, the concepts of arbitrariness and public power are developed, according to the doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court, as well as the principles of reasonableness and of interdiction to arbitrariness in the context of a Social and Democratic State of Law. Likewise, the objectives of the drawdowns are developed to clarify the characteristics of the drawdowns in order to determine their legal nature from the perspective of the Constitutional Court and the doctrine. Then, the main questions asked by the doctrine are examined in order to verify if this regime violates the constitutional tax principles, as well as the fundamental rights of the people who inform our model of Rule of Law. Finally, the proportionality or weighting test is applied between the principle of solidarity: duty to contribute and the right to property to determine whether the creation of the drawdowns constitutes a reasonable and proportional restrictive measure to reduce tax evasion and tax non-compliance . Finally, it is analyzed if detractions could constitute a bureaucratic barrier.

El Perú presenta un vasto legado de bienes inmuebles prehispánicos y a su vez, una gran diversidad de pueblos indígenas. En muchos casos coexisten, como en el bien inmueble prehispánico Wari ubicado en territorio indígena. Bajo este contexto, el 2018 el Ministerio de Cultura convocó a los pobladores quechuas a una reunión preparatoria del proceso de consulta previa para el procedimiento de declaratoria de patrimonio cultural de la Nación deWari, buscando aprobar su delimitación; sin embargo, el proceso no continuó debido al rechazo de la población. En ese escenario, esta investigación identifica la forma en que el Estado desarrolló el procedimiento administrativo para la aprobación de la delimitación de la declaratoria de patrimonio cultural de Wari, planteándose los siguientes objetivos: 1) determinar cómo el Estado aplica el marco normativo del patrimonio cultural de la Nación en territorio de los pueblos indígenas; 2) conocer el desarrollo del procedimiento administrativo para la aprobación de la delimitación de la declaratoria del patrimonio cultural de la Nación de Wari en territorios indígenas; y 3) determinar la forma en que el Ministerio de Cultura ha abordado el reconocimiento del territorio de pueblos indígenas donde se ubica un bien inmueble prehispánico dentro del procedimiento administrativo para la aprobación de la delimitación de la declaratoria de patrimonio cultural de la Nación de Wari. Teóricamente se realiza el análisis socio-antropológico del Derecho, considerando contextos socioculturales plurales, donde hay dos grupos sociales: el aparato estatal y los pueblos indígenas. El trabajo concluye que el Estado ha aplicado con mayor prevalencia el marco normativo de protección del patrimonio cultural de la Nación por sobre el derecho de los pueblos indígenas quechuas, mostrando debilidades institucionales que no permiten la continuidad de dicho procedimiento, poniendo así en riesgo la seguridad jurídica del territorio indígena y la protección de Wari. / Peru has a vast legacy of pre-Hispanic real estate and also a great diversity of indigenous people. In many cases they coexist, such is the case of the pre-HispanicWari real estate located in indigenous territory. In this context, in 2018 the Ministry of Culture summoned the Quechua people to a preparatory meeting for the prior consultation process for the declaration procedure of cultural heritage of the Wari Nation, seeking to approve its delimitation; however, the process did not continue due to the rejection of the population. In this scenario, this research identifies how the State developed the administrative procedure for the approval of the delimitation of the declaration of the Wari cultural heritage, considering the following objectives: 1) To determine how the State applies the regulatory framework of the National cultural heritage in indigenous territories; 2) to know the development of the administrative procedure for the approval of the delimitation of the declaration of the Wari Nation cultural heritage in indigenous territories; and 3) to determine how the Ministry of Culture has approached the recognition of indigenous territories where a pre-Hispanic real estate is located within the administrative procedure for the approval of the delimitation of the declaration of Wari Nation cultural heritage. Theoretically, this research applies a socio-anthropological analysis of Law, considering plural socio-cultural contexts where there are two social groups: the State and the indigenous peoples. This research concludes that the State has applied mainly the regulatory framework for the protection of the National cultural heritage over the right of the Quechua indigenous people, showing institutional weaknesses that prevent the continuity of said procedure, thus jeopardizing the legal protection of the jurisdiction of the indigenous territory and the protection of Wari.

La nulidad de oficio en sede administrativa es una de las potestades de autotutela que detenta la administración pública para corregir sus decisiones cuando se configuren algunas de las causales de nulidad señaladas en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUOLPAG); y, cuando se produzca una afectación al interés público, según la norma señalada. Es así que a través de la Resolución N° 057-2016-CD/OSIPTEL (en adelante, la Resolución), el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante CD y OSIPTEL, respectivamente) anuló de oficio la multa ascendente a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en un primer momento impuesta a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, modificándola a una de 51 UIT. En el presente trabajo, se expondrá si la decisión tomada por el máximo órgano del OSIPTEL fue correcta, a partir de su propia jurisprudencia administrativa, así como la normativa pertinente, tal como la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL (en adelante, la LDFFO), el Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias (en adelante, el REGIS), y el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (en adelante TUOCDU). En base a un análisis del contenido de la Resolución materia del presente informe, se sostendrá que dicha decisión no sería jurídicamente válida al haberse vulnerado: (i) el debido procedimiento administrativo; (ii) configurarse la retroactividad benigna; y, (iii) por la inexistencia de algún tipo de agravio al interés público por la primera multa impuesta, por lo que se debió aplicar lo señalado en la LDFFO y no lo establecido en el REGIS del OSIPTEL. / The ex officio annulment at administrative headquarters is one of the self-protection powers held by the public administration to correct its decisions when some of the causes of annulment indicated in article 10 of the Single Ordered Text of the Law of General Administrative Procedure, Law are configured. No. 27444, approved by Supreme Decree No. 004-2019-JUS (hereinafter, TUOLPAG); and, when there is an impact on the public interest, according to the indicated standard. Thus, through Resolution No. 057-2016- CD/OSIPTEL (hereinafter, the Resolution), the Board of Directors of the Supervisory Body for Private Investment in Telecommunications (hereinafter CD and OSIPTEL, respectively) annulled the fine ex officio amounting to 2 Tax Units (UIT) initially imposed on TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (hereinafter, TELEFÓNICA), within the framework of an administrative sanctioning procedure, modifying it to one of 51 UIT. 3 In this work, it will be explained whether the decision made by the highest body of OSIPTEL was correct, based on its own administrative jurisprudence, as well as the relevant regulations, such as Law No. 27336, Law on the Development of Functions and Powers of the OSIPTEL (hereinafter, the LDFFO), the General Regulation of Infractions and Sanctions, approved by Resolution No. 087-2013-CD/OSIPTEL and amendments (hereinafter, the REGIS), and the Single Ordered Text of the Conditions of Use, approved by Resolution of the Board of Directors No. 138-2012-CD/OSIPTEL and its amendments (hereinafter TUOCDU). Based on an analysis of the content of the Resolution that is the subject of this report, it will be argued that said decision would not be legally valid since: (i) due administrative procedure was violated; (ii) benign retroactivity is configured; and, (iii) due to the absence of any type of offense to the public interest due to the first fine imposed, so what was stated in the LDFFO should have been applied and not what was established in the OSIPTEL REGIS.

Nuestra investigación se ocupa de las opiniones vinculantes emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y su impacto en la seguridad jurídica urbanística. Las opiniones surgen en un contexto de incertidumbre provocada por la actuación cuestionable de las autoridades municipales frente al ordenamiento jurídico vigente, en detrimento de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Nuestra hipótesis principal es la siguiente: las opiniones vinculantes emitidas por el MVCS constituyen una herramienta necesaria y adecuada para la consolidación del principio de seguridad jurídica en materia urbanística En esa línea, diversas entidades vienen sumando esfuerzos para consolidar la seguridad jurídica en materia urbanística, entre ellas, el MVCS, que, en su condición rectora del sector urbanístico, emite opiniones vinculantes que aclaran, precisan o completan la normativa urbanística, lo que contribuye con la certidumbre jurídica que exige el sector. En nuestro estado del arte abordaremos el estudio de institutos jurídicos fundamentales, como la autonomía municipal, el informe administrativo o la función consultiva de la administración pública, por la importancia que tienen en la temática que abordamos. También evaluaremos los antecedentes normativos de estas opiniones, los que nos permitirán la comprensión de su contexto y su función, asunto que nos lleva inevitablemente al examen de su régimen jurídico vigente. En el problema de investigación analizaremos con detalle la importancia de las opiniones vinculantes del MVCS en el contexto urbanístico nacional, conforme a lo planteado en el estado del arte. Asimismo, es examinada la relación entre la seguridad jurídica y otros principios fundamentales, de lo que ya ha dado cuenta numerosa jurisprudencia y doctrina de primer nivel. En la discusión del trabajo, analizaremos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado de la interacción entre las competencias urbanísticas de las municipalidades y del MVCS, lo que nos permite extraer una reflexión final sobre la cuestión según el panorama jurídico existente. Evaluaremos también la potencial repercusión de las opiniones vinculantes en el derecho y la economía, lo que, a nuestro juicio, es un asunto clave que no viene considerando el MVCS en el ejercicio de su labor rectora. Finalmente, ofrecemos una sistematización de las opiniones vinculantes que constituya una aproximación empírica de los problemas que realmente se vienen presentando en el marco de las opiniones vinculantes.