El numeral 8° del artículo I del Título preliminar de la Ley del procedimiento administrativo señala que la presente Ley es de aplicación para entidades públicas, considerando en el numeral 8°, como entidades públicas las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, confundiendo de esta manera la figura de la concesión, puesto que mediante esta no se otorga potestades públicas, debido a que el servicio de telecomunicaciones conferido a las empresas concesionarias no se han otorgado con una norma de rango de ley, por ello, los procedimientos iniciados ante estas concesionarias del servicio de Telecomunicaciones son de índole privado y no público, como ha intentado establecer el artículo mencionado. Diferente es el procedimiento iniciado ante OSIPTEL, el cual sí es un procedimiento meramente público, y puede acogerse a la Ley 27444. En consecuencia, los procedimientos que se inicien en las operadoras de telecomunicaciones deben ser tratados como procedimientos privados. / Tesis

Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 1/3/2021. / Ingeniera Civil Industrial / La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), es una institución pública que se orienta por dos grandes objetivos: el fomento de la formación de capital humano y el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país. Se estructura en 13 programas, que tienen por objetivo la implementación y administración de procesos concursales y 7 departamentos que apoyan a los distintos programas. Uno de estos departamentos, es el de Tecnologías y Procesos (DTP), el cual contribuye a la realización de los concursos, con sistemas que los soporten. Actualmente, DTP presenta un procesamiento ineficiente de la postulación, evaluación y adjudicación de los concursos. Este problema se ve reflejado en dos ejes, altos tiempos dedicados a generar sistemas específicos para determinados Programas y altos costos para configurar concursos. Esto se origina por la variedad de sistemas informáticos que debe mantener actualmente DTP, como también por la diversidad de la forma de operar de los Programas. De acuerdo con el problema planteado, este trabajo se enfoca en la estandarización de los procesos y de la información que fluye en los sistemas, considerando también las mejoras que se puedan realizar a lo existente. Para lograr el objetivo, se realiza un levantamiento y diagnóstico de la situación actual, considerando 20 concursos de base científica y tecnológica, a través de la revisión de bases y plataformas, entrevistas con los programas y postulantes, un benchmarking con instituciones nacionales y estándares internacionales de clasificación de información. Del diagnóstico se obtienen los siguientes problemas: deficiente planificación, desaprovechamiento de las potencialidades que ofrecen los sistemas, falta de foco en los postulantes e inexistencia de sinergias entre programas. Además, se comprueba la hipótesis de que todos los programas pueden homologar sus procesos y la información que utilizan. En el rediseño se propone: agregar actividades que generan valor, eliminar actividades que no agregan valor y un sistema único y transversal a los procesos. La propuesta de estandarización contribuye al ahorro de tiempo y costos, ya que se liberan recursos al utilizar cabalmente las herramientas informáticas y se evitan duplicidades de funciones en DTP, al dedicarse solo a la configuración y mantención de un sistema. Finalmente, se entregan recomendaciones para la implementación de la propuesta, en cuanto al sistema informático y la gestión del cambio.

En el ordenamiento constitucional peruano, la Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo y órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (artículo 82º de la Constitución Política del Perú). Por su naturaleza institucional la Contraloría General corresponde a la figura de una Entidad Fiscalizadora Superior, definida como el organismo público que, con independencia de su designación, constitución u organización, ejerce en virtud de su competencia jurídica, la más importante función de auditoría pública en el Estado1 No obstante la existencia de este marco institucional, la Contraloría General de la República consideró, en su oportunidad, que las facultades con las que contaba para el y rectoría del control gubernamental / Tesis

En la Exposición de Motivos de la Ley N° 30225 se señaló que la justificación de la incorporación de la multa como sanción contra los proveedores que incurran en algunas de las infracciones señaladas en la Ley, recae en la necesidad de asegurar el efecto disuasivo de la sanción administrativa respecto de determinados proveedores, puesto que el volumen de contratos con el Estado que tenían los sancionados era reducido respecto de la cantidad total de operaciones que realizaban. En el presente trabajo tratará de dar alcances para sostener si es eficiente o no la imposición de multas en el nuevo sistema de sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado. / Trabajo académico

La posibilidad de colaboración reglamentaria que ofrece el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en la labor de tipificación de sanciones, no admite un ejercicio sin límites; por el contrario, exige el respeto por los principios recogidos en la norma que regula el procedimiento administrativo sancionador. El presente trabajo académico tiene por objetivo describir uno de estos -el principio de tipicidad- como límite a la tipificación de sanciones administrativas y proponer argumentos que lleven a cuestionar el tipo de normas que materializan esta regulación cuando es encomendada a la Administración Pública. El análisis de este tema es relevante, toda vez que, en nuestro país, los reglamentos son los cuerpos normativos más abundantes y frecuentemente utilizados para hacer posible la aplicación de la ley en materia sancionadora, herramienta que la Administración ha utilizado sin reparar en el respeto por los presupuestos contenidos en el principio de tipicidad (situación que se refleja en la emisión de, por ejemplo, Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo de organismos reguladores que contienen tipificación de sanciones). Para el desarrollo del presente trabajo, se ha consultado bibliografía que ha abordado el tema y del análisis de esta, se concluye que si bien es posible tipificar sanciones mediante reglamento, el marco normativo vigente prevee al Decreto Supremo como la norma de rango reglamentario mediante el cual se debe realizar la labor de tipificación de sanciones administrativas en tanto, por sus características, privilegia el respeto por los derechos de los administrados. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar el tratamiento que se establece dentro del procedimiento administrativo disciplinario a la falta disciplinaria de actos contra la libertad sexual, la cual se encuentra tipificada en el literal f) del artículo de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. Se parte de la premisa sobre el poder punitivo con el que cuenta el Estado para sancionar aquellos servidores públicos (docentes) que comentan alguna falta disciplinaria; las garantías procesales las cuales deben estar presente al momento de someter a un servidor público a un procedimiento administrativo como el principio de tipicidad el cual fue modificado a través del Decreto Legislativo N° 1272, el cual añadió que las infracciones tanto en materia penal y administrativa no pueden tener con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos que son considerados como delitos o faltas. Bajo ese supuesto el considerar como falta administrativa a delitos contra la libertad sexual se estaría vulnerando el principio de tipicidad ya que también se encuentra tipificado como delito en el código penal. Asimismo, el hecho que este considerado como falta disciplinaria los delitos contra la violación sexual se debe considerar que la Administración Pública está realmente preparada para realizar las investigaciones del caso y si las herramientas que utiliza para erradicar con este tipo de actos. / Trabajo académico

Presentaciones en diapositivas del curso Diseño Organizacional y Procesos

Cuando se desarrolló la presente tesis, se encontró que en la actualidad no existen aún una medida de seguridad suficiente que salvaguarde la identidad de las personas, para celebrar un contrato sumamente seguro; así mismo de la revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444, se aprecia que en el artículo 185.1 “los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse; por ende el artículo 185.2 menciona que serán los administrados quienes la administración se abstendrá de contratar peritos por su parte…”. Esto nos lleva a presumir, para demostrar la veracidad de una contratación que se encuentra en un caso de suplantación de identidad o una contratación no solicitada, los administrados deberán soportar los gastos económicos de una prueba pericial, y pagar para su procedimiento administrativo, esto es llamado en la figura jurídica administrativa “solve et repete, pues, para reclamar el administrado deberá pagar un importe económico, para llegar a la verdad material, la cual resulta arbitrario y abusivo toda vez que la administración pública deberá ser quien en realidad soporté el gasto de las costas y costos así como la prueba pericial y no el Administrado ante este tipo de arbitrariedad en un procedimiento administrativo. Finalmente se obtuvo como resultado, ante estos tipos de casos de suplantación de identidad, urge adaptar mecanismos de seguridad de identificación en las llamadas telefónicas, para evitar suplantaciones de identidad de los usuarios, por lo que es necesario una modificatoria o en su defecto la implementación de su reglamento, para adoptar mecanismos idóneos de descarte, para evitar arbitrariedades en las contrataciones en telecomunicaciones, se debe contar con un procedimiento garantista en pro de un debido procedimiento administrativo de servicios públicos en telecomunicaciones. / Tesis

El presente artículo analiza la manifestación y aplicación del debidoproceso como derecho y garantía de protección, y como principio esencialen el procedimiento administrativo, el cual está basado fundamentalmente enlas resoluciones de la Sala Constitucional costarricense y en la Corte Interamericanade Derechos Humanos.

La presente investigación tuvo como objetivo general: determinar el tipo de la influencia del compromiso organizacional en la atención al egresado en la tramitación del diploma de grado académico y título profesional de una universidad privada, 2016. La metodología de la investigación se basó en el enfoque cuantitativo, utilizando como instrumentos: una encuesta tipo likert (Modelo Servqual de calidad de servicio), y un cuestionario con escalas de opinión y de actitudes (Meller y Allen). La población estudiada estuvo conformada por los egresados y los colaboradores involucrados en la tramitación de diploma de grados y títulos. Los resultados obtenidos en las dimensiones del compromiso organizacional son de un nivel alto con tendencia a bajar; y en el caso de la calidad de servicio los mayores porcentajes en el nivel alto fueron: para el personal de las Escuelas Profesionales las dimensiones de tangibilidad y de seguridad y en el caso del personal de la oficina de grados y título, la dimensión de fiabilidad. Los resultados de la investigación, nos ha permitido proponer un plan de mejora relacionado al compromiso organizacional. / Tesis