Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, tiene como punto de investigación y análisis, la eventual procedencia del recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva que se dicte por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo de un juicio ordinario del trabajo, en el caso que exista en el prouniciamiento de esta sentencia infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria aborda uno de los principales problemas que han surgido en la discusión doctrinaria procesal, la existencia de facultades probatorias de oficio en las diversas normativas, esto enmarcado en un análisis del procedimiento laboral de aplicación general. La forma de tomar el tema presenta una diferencia en el análisis, puesto que se analizará el efecto de las mismas en la estrategia procesal de las partes. Para llegar a este razonamiento se utiliza una herramienta teórica surgida en la economía, cual es, la teoría de juegos. Para enmarcar la investigación, el texto comienza con una visión esquemática de las dos escuelas más relevantes, el garantismo procesal y el publicismo, exponiendo aquellos puntos de discusión más relevantes en la dogmática procesal. Una vez adoptada una visión respecto del objeto del proceso, comienza un análisis respecto de la figura del juez en éste, haciendo un análisis de los diversos deberes y facultades que se le atribuyen en general en las normas procesales. Una vez terminado el análisis doctrinario general pasamos a analizar el procedimiento laboral de aplicación general, cuestión que será muy importante a la hora de establecer las reglas del juego que propondremos. Aquí nos detendremos particularmente en la regulación de las facultades probatorias oficiosas en el Código del Trabajo. Luego de haber establecido las normas relevantes para esta investigación, pasaremos a realizar un análisis económico de las mismas, basado en criterios de eficiencia. Una vez determinado aquello propondremos un modelo de análisis basado en la interacción estratégica, de la forma normal que propone la teoría de juegos, intentado extrapolar los resultados teóricos para descubrir qué incentivo es el que está poniendo el sistema en abstracto al regular de la manera en que lo hace

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria intenta realizar un análisis del derecho a la prueba en la aplicación del procedimiento monitorio del Código del Trabajo. Esto se realiza en cuatro partes distintas. En primer lugar, analizamos porque el derecho a la prueba debe tener un estatus de derecho constitucional, tanto por vía directa como indirecta, por lo que se hace imposible su limitación por el legislador laboral. En segundo lugar, se determina cual es el contenido del derecho a la prueba, analizando los diversos límites que este tiene para las partes involucradas en un proceso judicial. En tercer lugar, analizamos la evolución del derecho procesal laboral, las características base de la reforma que se realizó años atrás en nuestro país, como se configura el derecho a la prueba en esta área, y así comprender el porqué el procedimiento monitorio se configuró de la manera que lo hizo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, porque existe una flagrante violación a lo que constituye el derecho a la prueba dentro del procedimiento monitorio, mediante una sistemática limitación de las cargas probatorias y de las reglas del contradictorio, que dejan en indefensión jurídica a la parte demandada, en pos de una defensa de la celeridad y otros principios que fundamentan la forma en estudio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis de pregrado analiza las posibilidades de acción que tienen las partes en un procedimiento ordinario laboral de reforma cuando la sentencia que dicta la Corte de Apelaciones, pronunciándose sobre un recurso de nulidad, se dicta con prescindencia de los requisitos legales o bien cuando emana de un procedimiento viciado por haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece. Primero se hace una relación histórica del recurso de unificación de jurisprudencia, junto con una explicación somera de los principios que inspiran el proceso laboral actual. Luego se hace una explicación de lo que es el recurso de unificación de jurisprudencia, que es el recurso que la ley establece contra la sentencia de nulidad dictada en el proceso laboral reformado. En tercer lugar, se hace una revisión de la literatura actual sobre este recurso, exponiéndose las principales críticas que ha recibido, constatándose la inexistencia de referencias sobre lo limitado del recurso de unificación ante los errores in procedendo. Finalmente, se analizan diversos mecanismos existentes en la legislación para la corrección de los vicios, específicamente el recurso de vi queja, el recurso de casación en la forma y las facultades correctoras del procedimiento, estableciéndose que éste último el mejor de los medios para la corrección de los vicios y la cautela del debido proceso

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A finales de la década del 2000, el justicia laboral chilena fue completamente reformada, estableciendo un procedimiento de carácter oral y concentrado, dirigido por un juez unipersonal. Tomando como referencia el sistema recursivo del proceso penal reformado, se estableció un recurso de nulidad contra las sentencias definitivas, el cual justifica la revisión de la sentencia definitiva por parte de los Tribunales Superiores (en términos generales) por la infracción del derecho objetivo, y no por el agravio causado a los litigantes. El recurso de apelación se encuentra limitado a cierto tipo de resoluciones, excluyendo las sentencias definitivas, y a ciertos casos establecidos en la ley. En el trabajo se analizará, desde garantismo, si dicha estructura de recursos satisface el derecho al recurso (integrante del Debido Proceso), tomando como referencia principal la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a esta materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de estudio del presente trabajo son las implicancias en la determinación de los sujetos legitimados para demandar y respecto de los cuales se debe ejercer la pretensión, en los procedimientos laborales. Por cuanto es recurrente en sede laboral, el error de demandar por parte de quien no detenta la legitimidad o hacerlo respecto de aquel que no está legitimado para ser sujeto pasivo de la pretensión. El objetivo anterior señalado, se busca lograr en la primera parte del trabajo, a través de una exposición de los conceptos aportados por la dogmática procesal, tales como concepto de proceso, parte, capacidad y legitimación procesal. Más adelante, se desarrolla de manera particular, la incidencia de la legitimidad procesal en distintos procedimientos laborales que manifiestan problemas paradigmáticos en este tema, como son el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y procedimientos laborales originados por incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con el trabajador por parte de la empresa contratista y subcontratista, teniendo como solidaria o subsidiariamente responsable a la empresa principal, según el artículo 183 B del Código del Trabajo. Respecto de estos temas, se desarrolla en capítulos distintos, un análisis jurisprudencial atingente a los casos de conflicto tratados antes de manera teórica. 11 Finalmente se tratan en un apartado especial, determinados casos de relevancia en atención a la legitimidad procesal, como son los casos del Fisco como demandado en procedimientos laborales y el caso de la legitimidad procesal que detentarían los causahabientes de la víctima de un accidente de trabajo, en atención al daño moral sufrido. El derecho a demandar no radica exclusivamente en quien tiene el derecho material, sino que existen casos que por mandato de la ley, es necesario la presencia de ciertos sujetos legitimados. Es por ello que nuestro campo de estudio abarcará los diferentes casos en donde haya un conflicto en determinar los legitimados para obtener la satisfacción de una pretensión o contra quien se quiere obtener, y como esto incide en los efectos de la sentencia. Es el caso de legitimidad procesal en juicios del régimen de subcontratación, el legislador plantearía la posibilidad de ejercer la acción por parte del trabajador, en contra de la empresa principal o la empresa contratista, desatendiendo a quien de ellas hubiese incumplido. La misma posibilidad otorgaría respecto de ejercer la acción en contra de la empresa principal, contratista o subcontratista. Dentro de la legitimación activa, en el marco del procedimiento de tutela laboral, existe la posibilidad de ejercer la acción por personas distintas al trabajador afectado, esto podría generar distintos problemas. Por una parte luego de obtenida la sentencia, podría solicitarse la ejecución por parte de personas que no hayan actuado en el proceso, y por otro lado surgiría la posibilidad que dentro de un mismo conflicto material se inicien distintos procedimientos, obteniendo sentencias contradictorias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 31/01/2020

En el presente trabajo analizamos el papel de la Oralidad y su reconocimiento como un principio del Derecho Procesal del Trabajo contenido en la Nueva Ley Procesal del Trabajo Peruana (Ley N° 29497). Si bien dicha norma lo recoge como uno de sus principios, existe la incertidumbre en la doctrina de cómo un concepto que aparenta ser una técnica procesal podría ser considerado como un principio. En nuestra investigación, de naturaleza exegética, demostraremos la relevancia de la oralidad y la pertinencia de su inclusión como principio con el objeto de refutar las posiciones que consideran que no puede ser un principio. Si bien podría sostenerse que no es relevante definir si la oralidad es un principio o no, porque ya está recogido así en la norma, en el presente trabajo intentamos justificar el porqué de dicho reconocimiento, debido a que el legislador no dio una explicación que nosotros pretendemos esbozar en este trabajo. Además, consideramos que es muy pertinente saber porque es un principio y porque es importante que lo sea, debido a que es la manifestación del principio protector del derecho del trabajo que alcanza al proceso laboral de esta forma. En adición a ello, veremos como la Oralidad se conjuga con los fundamentos del proceso laboral contenidos en la misma ley (desigualdad compensatoria, privilegio del fondo sobre la forma, debido proceso laboral, discriminación positiva y rol protagónico del juez en el proceso) de qué forma sirve para que estos se manifiesten de manera más concreta y eficiente. Todo esto nos llevará a concluir que la Oralidad es el principio que nos permite alcanzar una administración de justicia más adecuada, esa es la hipótesis del presente trabajo.

El problema que motiva esta investigación es la carencia de un conjunto sistemático de modalidades especiales para procesar conflictos colectivos jurídicos cuando se afectan intereses generales de un grupo genérico o categoría de trabajadores. Ello ha implicado la práctica desaparición de las acciones colectivas de la jurisdicción laboral, y la preferencia por las acciones individuales en lugar de una solución concentrada. Para entender bien la naturaleza jurídica del conflicto colectivo se parte de la clasificación de los conflictos laborales, con la ayuda de la doctrina procesal civil y constitucional sobre el proceso colectivo en general, a la vez que se realiza un recuento de la evolución normativa del proceso de conflicto colectivo en nuestro país desde inicios del siglo pasado y su devenir por una etapa de solución administrativa hasta su desactivación a finales de 1991, para luego analizar algunas normas de la Ley Procesal del Trabajo de 1996 que restringieron la legitimación activa de los sindicatos para la defensa de derechos colectivos. El examen de casos seleccionados dan cuenta de afectaciones colectivas que se vienen resolviendo en forma individual con mayores costos para las partes y para la jurisdicción laboral. De otra parte se examina la normativa vigente, la Nueva Ley Procesal del Trabajo de 2010, sin duda de un gran avance respecto de la anterior, pero que consideramos insuficiente pues no ha podido remover todos los obstáculos que han ocasionado una resistencia de la jurisdicción laboral frente a las demandas colectivas. Finalmente, se analizan los fundamentos de las modalidades procesales básicas del conflicto colectivo jurídico y se propone cuál debería ser el objeto del proceso, los tipos de pretensiones admisibles, las características especiales de la demanda y la sentencia, la ejecución colectiva que permite evitar innumerables juicios individuales luego de la emisión de la sentencia, el carácter de cosa juzgada, la legitimación activa de los sujetos procesales y la calificación del procedimiento de urgente y preferente. Además de estas alternativas de política legislativa, se formulan posibles líneas de interpretación jurisprudencial para que en forma inmediata se pueda solucionar el problema de la inadmisibilidad de demandas colectivas por una errónea exigencia generalizada de la lista nominativa de los integrantes del grupo genérico o categoría de trabajadores, además de sus pretensiones individualizadas, lo que resulta innecesario en procesos colectivos. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema ha desarrollar aborda la tutela ejecutiva del crédito previsional; para ello, primeramente se hará un recorrido histórico, referido a la seguridad social, sus bases constitucionales y los principio atingentes a la materia. Posteriormente, se tratará el sistema de seguridad social en Chile, a fin de entender cómo funciona éste, qué prestaciones cubre y cuáles son los sujetos cubiertos; también se analizará el pilar solidario y la implementación de la ley 20.255. Finalmente, se aterrizará en el tema central, referido a la cobranza ejecutiva previsional y cómo las modificaciones al procedimiento establecido en la ley 17.322, que se implementaron a partir del año 2006, han tenido un alto impacto en el cobro de dichas prestaciones; para ello, se analizará en forma cabal el procedimiento, poniéndose énfasis en sus particularidades y en la aplicación, en ocasiones irrestricta, del procedimiento civil, concluyendo con un análisis crítico del proceso y el planteamiento de posibles soluciones a las falencias observadas del sistema.