El derecho de defensa y a la asistencia letrada es un derecho fundamental que en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional adquiere su mayor trascendencia pues estamos ante el primer tribunal penal internacional de carácter permanente.

En esta oportunidad, el doctor Sagüés nos introduce en la búsqueda de los antecedentes del derecho procesal constitucional desde la Constitución de Bedoya de 1808. Se analiza los derechos y garantías que desarrollaron lo que hoy en día concebimos como el procedimiento constitucional. Posteriormente se realiza un análisis de la constitución de Cádiz de 1812 y como regulo el procedimiento, sus garantías y prerrogativas. Se culmina el artículo desarrollando los principales institutos del derecho procesal constitucional como los recursos de nulidad, un análisis del habeas corpus y las garantías del debido proceso. On this occasion, Dr. Sagüés introduces us into finding the history on constitutional procedural law starting with the Constitution of Bedoya (1808). He analyzes the rights and guarantees that developed of what today we think of as the constitutional procedure. Subsequently, an analysis of the Constitution of Cadiz of 1812 is done as how it regulated the procedure, its guarantees and prerogatives. The article ends developing the main provisions of constitutional procedural law such as invalid resources, an analysis of habeas corpus and guarantees of due process.

El presente artículo desarrolla un estudio del principio de «autonomía procesal», desde la posición por la defensa del mismo en razón de su vinculación con el concepto de tutela urgente que representan los derechos fundamentales. En esa perspectiva de orden material igualmente considera una posición moderada y propone un conjunto de reglas para un mejor desarrollo de esta concepción. Reconoce, asimismo, las posiciones críticas al respecto y las examina en una propuesta de complementariedad entre el derecho procesal y la «autonomía procesal» propiamente dicha.

En el presente trabajo de investigación se desarrolla y analiza la problemática de la teoría de la prueba ilícitamente obtenida -obtención de fuentes y medios de prueba con vulneración de los derechos fundamentales-, para ello se hace uso de la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional, haciéndose una evaluación del estado actual de la cuestión, y del derecho comparado. Se destaca el análisis que realiza la Corte Suprema de los últimos años en cuanto a la aplicación de excepciones a la denominada regla exclusión de la prueba ilícitamente obtenida en nuestro país, evaluándose cuales constituyen verdaderas excepciones, además si son acorde con nuestro Sistema Jurídico y Estado Constitucional de Derecho, haciendo uso también de la doctrina y jurisprudencia en el derecho nacional y comparado. Finalmente se buscar plantear una solución al problema propuesto. / In the present work of investigation is developed and analyzes the problematic of the theory of the illicitly obtained evidence (exclusion rule)- Obtaining sources and means of evidence in violation of fundamental rights-, for that use is made of doctrine, jurisprudence and national legislation, an evaluation of the current state of the matter and comparative law. lt highlights the analysis that made the Supreme Court in recent years regarding the application of exceptions to the rule exclusion of evidence illegally obtained in our country, evaluating which are true exceptions and also if they are in accordance with our Legal System and Constitutional State of Law, making use also of doctrine and jurisprudence in national law and compared. Finally, we try to propose a solution to the proposed problema. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto

¿Es el Derecho Procesal Constitucional parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo de la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo, para ello, por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinantes para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitiría la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales; ergo, en realidad el Derecho Procesal Constitucional constituye parte del derecho procesal.Para demostrar ello, el autor desarrollará el concepto del proceso y concluirá señalando que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

¿El Derecho Procesal Constitucional es parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo a la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo para ello por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinante para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitirá la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales, por ello, en realidad el Derecho Procesal Constitucional, constituye parte del derecho procesal. Para ello, y desarrollando el concepto del proceso, el autor concluirá que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

Nuestro trabajo de investigación aborda el espinoso tema del fraude procesal consumado; es decir, aquel escenario en que la víctima del fraude procesal lucha por enervar los efectos de una sentencia (o acto equiparado a ella) fraudulenta pasada en autoridad de cosa juzgada. La justificación de nuestra investigación se halla en los problemas que suscita, actualmente, el remedio que le ha procurado nuestro Código Procesal Civil: el proceso de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta”. Por su parte, nuestros objetivos son: i) Demostrar la deficiente técnica procesal de nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la «cosa juzgada fraudulenta»; ii) Demostrar que el fraude procesal es una conducta humana que ocasiona vicios de procedimiento y de juicio; y que, por ende, no se trata de un vicio más del proceso, sino de un causante más de los mismos; y iii) Demostrar la conveniencia de no establecer un plazo para enervar la «cosa juzgada fraudulenta», y que dicha medida no atenta contra la seguridad jurídica. La hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente: «La regulación del artículo 178 CPC no responde a las exigencias de un Estado Constitucional, ni permite que se pueda brindar tutela jurisdiccional efectiva a la víctima del fraude procesal en nuestro país». La metodología que empleamos es la histórico-dogmática y, en la medida de nuestras posibilidades, comparativa. Finalmente, nuestra conclusión principal es que la técnica procesal empleada por nuestro legislador respecto a la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil es deficiente. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se investigará sobre cómo resuelve la Corte Suprema los recursos de nulidad que solicitan la exclusión de la prueba por haber sido obtenida con infracción de los derechos fundamentales del imputado, en su jurisprudencia más reciente (período 2014- 2016). Para ello, se revisará el concepto de la prueba ilícita, sus clasificaciones, y su importancia dentro de las finalidades del proceso penal. Además, se expondrán las diversas posturas que han existido en torno a las consecuencias jurídicas de esta institución, se analizará su operatividad en Chile, y las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento jurídico para hacer valer su ineficacia. Finalmente, se efectuará un análisis crítico de las principales sentencias dictadas por la Corte Suprema durante este lapso, donde se examinarán los razonamientos seguidos para excluir la prueba o confirmar las sentencias, todo esto mediante la utilización un esquema objetivo que permite razonar en base a los derechos fundamentales del imputado. Palabras clave: Prueba ilícita; derechos fundamentales del imputado; regla de exclusión; jurisprudencia de la Corte Suprema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante muchos años, la víctima de un ilícito fue desatendida por el ordenamiento jurídico penal, sin embargo, en el último tiempo, su figura ha cobrado gran relevancia, particularmente en lo que dice relación a la participación dentro del proceso y a los derechos que ésta posee; fruto de ello, diversos países han elaborado leyes de carácter general, centradas en ella, que tienen por objeto la consagración de novedosos derechos, la creación de órganos o institucionalidad nueva a cargo de su aseguramiento, y el establecimiento de complejos deberes para éstos. En el presente trabajo, analizaremos la legislación procesal penal de cuatro países, a saber, Chile, España, México y Argentina, y las respectivas leyes de víctima que los últimos tres han promulgado; con el objetivo, de comparar el catálogo de derechos consagrados a favor del ofendido por el delito, las diversas formas de participación que tiene, y cómo se configura -y concreta- su derecho a la reparación. Todo ello, orientado a buscar aspectos positivos, que puedan replicarse, favoreciendo el tratamiento jurídico de la víctima en nuestro país.