Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Así, el objetivo de la presente memoria consiste en revisar críticamente las posibilidades de control, fundamentalmente a través del Recurso de Nulidad, en el establecimiento de los hechos en la sentencia definitiva por el Juez de Garantía en el Procedimiento Simplificado y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en el procedimiento ordinario, en su caso. Para efectuar esta revisión crítica nos serviremos de algunos elementos de derecho comparado, fundamentalmente doctrina y jurisprudencia española.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tuvieron que pasar muchos años para modificar un sistema inquisitivo en materia procesal penal, pero este cambio claramente se ve marcado por la insatisfacción de la sociedad por un sistema de enjuiciamiento, que era lento, engorroso y que no contemplaba una adecuada regulación de la protección a las víctimas, como la de los derechos y garantías del imputado. Quizás, como decía el Mensaje de nuestro Código Procesal Penal, llegó el tiempo de dotar a nuestro país de un sistema de enjuiciamiento penal, mas acorde con nuestros tiempos, que sea eficaz en la persecución penal, y que garantice el respeto de los derechos y garantías constitucionales. En ese marco tenemos a un nuevo sistema procesal penal que contempla esas garantías, pero es importante rescatar que este sistema también busca en la persecución penal el uso eficiente de los recursos económicos, humanos y técnicos. Es en este ámbito que nuestro proceso penal incluye distintas formas de solución, pero principalmente el uso de los recursos están destinados a perseguir la criminalidad más lesiva, entendiendo por aquellos a los delitos que comprometan con mayor seriedad el interés público. Nuestro sistema procesal penal es inminentemente selectivo, y tal como se señala en el Mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1894, nuestro actual Código Procesal Penal señala en su Mensaje “como ocurre en los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por este motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida”. Con este propósito se han establecido diferentes métodos de salidas alternativas para la solución de un conflicto penal, como también se han contemplado diferentes métodos para evitar investigaciones que no conduzcan a una solución eficaz. En este sentido y aplicando métodos de selectividad, el Ministerio Público se encuentra facultado para suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de una investigación, concretando esa pluralidad de soluciones que puede ofrecer el sistema procesal penal, siendo la principal y de mayor uso práctico en la actualidad, el archivo provisional, el cual analizaremos para determinar su importancia, efectos y alcances en el desarrollo de la actual reforma procesal penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, se presentan los procedimientos abreviado y simplificado, como los más grandes exponentes, de celeridad y eficacia, respecto de aquellos delitos que el legislador considera de poca connotación pública. Dichas salidas alternativas, pueden entrar en conflicto con aquellos principios establecidos en la Constitución, como el derecho a un juicio oral, previo y único, derecho de defensa y a la presunción de inocencia; sin embargo, las políticas criminales impulsadas por el Ministerio Público, obvían la cautela de dichos derechos en pro de la rapidez y eficacia de dichos mecanismos, produciéndose un desmedro en las garantías constitucionales de los intervinientes. Asimismo se analiza la conformidad del acusado, como supuesto base, para que dichos procedimientos tengan subsistencia, y va a depender de las características que ésta presente, para determinar la naturaleza que se le confiera y la extensión que aborden. Pero por distintas que sean las características en uno u otro procedimiento, en ninguno de ellos la conformidad abarca la responsabilidad civil. La política de persecución criminal implementada en nuestro país en los últimos años, busca devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal, persuadiendo a los delincuentes sobre la base de una certeza en la aplicación de sus penas, que en palabras del Marqués de Beccaria se resume en: “no es la dureza de las penas lo que hace desistir al ciudadano de delinquir, sino la certeza y prontitud de su aplicación.”

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo es efectuar un tratamiento sistemático de la tutela anticipada y postular su adopción como un mecanismo general en el proceso civil para obtener la protección judicial de los derechos, sin que la dilación natural del proceso se transforme en un obstáculo a ello. Para ello ha sido objeto de análisis la doctrina nacional y extranjera, sobre todo de origen rioplatense, además de los pronunciamientos de diversos tribunales que se han referido al instituto de la tutela anticipada. Finalmente, en las conclusiones del presente trabajo se han señalado los requisitos procesales que deben cumplirse para el otorgamiento de la tutela anticipada, el mecanismo propuesto para ejecutar la medida adoptada, los resguardos que es necesario adoptar para mantener el respeto al debido proceso y los argumentos para sostener la necesidad de adoptar a la tutela anticipada como una herramienta general dentro del proceso civil

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación tiene su objeto en uno de los temas que menos tratados se encuentran en nuestro derecho procesal. Dentro del fecundo estudio de los recursos escuetos son los esfuerzos dedicados al análisis del recurso de reposición. Se ha divido este trabajo en dos mitades, la primera dedicada al estudio general del recurso de reposición, sus características, su origen y evolución, su desarrollo a lo largo de la vigencia de los códigos vigentes en Chile y las problemáticas que ha generado. Para ello, y dado el poco material dedicado a la reposición que existe en Chile, es que se recorre gran número de legislación extranjera, así como la más autorizada doctrina comparada que se ha dedicado a su estudio. La segunda parte, denominada especial, está dedicada al estudio del recurso de reposición que se encuentra regulado expresamente en la mayoría de los cuerpos legales que regulen, aunque sea someramente, un procedimiento de carácter jurisdiccional. La idea ha sido rever desde las normas más generales como el CPC y el CPP y NCPP hasta procedimientos más complejos llevados ante tribunales especiales como el SII y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Como corolario se ha hecho referencia al proyecto de Código Procesal Civil que fuera ingresado a primer trámite constitucional el 13 de Marzo de 2012 y el reconocimiento que dicho cuerpo legal hace de la reposición, sus características y sus diferencias con la actual reglamentación y que impacto tendrá esta nueva normativa, de carácter supletoria, en el sistema recursivo en el derecho procesal chileno

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo tiene por objeto el demostrar que el cambio de sistema de enjuiciamiento penal no fue antojadizo, sino que fue fruto de un proceso de cambio en la sociedad nacional de gran complejidad cuyo origen probable fue el fenómeno de la globalización y del reconocimiento internacional de los tratados de derech humanos. Esto debido a que al ponerse fin a las fronteras culturales y sociales de los distintos Estados, se obligó a las naciones a crear, particularmente en materia de procedimiento penal, un procedimiento acorde con el estándar de garantías y derechos que la comunidad internacional aceptaba. Garantías y Derechos que hablaban de un sistema en el cuál la víctima tuviera una efectiva y pronta solución a los intereses reclamados como consecuencia de la comisión de un ilícito penal en su contra, y de un imputado que fuera parte activa de un proceso penal y no objeto del mismo. Un sistema donde los principios de imparcialidad, transparencia y celeridad fueran percibidos por la comunidad a fin de dar certeza a la aplicación de la justicia penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos, introduce una serie de consideraciones elementales que debemos precisar tanto en Derecho Penal como asimismo, en Derecho Procesal Penal, a fin de interiorizarnos en el área de conocimiento que se escogió como tema de estudio. La orientación de su contenido refiere una breve presentación del Sistema Penal y de los Sistemas Procesales Penales, todo ello con la finalidad de conocer la naturaleza jurídica del modelo adoptado por nuestro país y que posee más de cien años de vigencia. Luego, un segundo capítulo entra a indagar en todas aquellas cuestiones relativas a la gestación de la reforma, tanto en el medio Latinoamericano, como en el nuestro. En este acápite se intentó una caracterización del modelo inquisitivo aún vigente en Chile y sus principales modificaciones, para concluir con la reforma misma en cuanto a su origen, materialización y proyección legal. Luego, un tercer capítulo pretende analizar el Marco Legal Regulador de la Reforma Procesal Penal estudiada. Para ello, se procuró analizar someramente las leyes introducidas al efecto, eso sí, sin las concordancias que serían propias del caso pero que sobrepasan los objetivos de la presente investigación. Por último, un cuarto capítulo intenta un análisis pormenorizado respecto del Juez de Garantía, considerado éste como una de las instituciones más importantes dentro de la nueva estructura procesal penal. Finalmente, valganos pedir las disculpas por las posibles falencias que el presente trabajo de investigación pueda presentar, no son sino las propias de una labor desarrollada en un tiempo muy limitado y por una persona que recién inicia su recorrido en esta querida profesión. Pasemos entonces a revisar de lleno el proyecto propuesto

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las páginas que siguen se aborda el problema que pudiera representar la atribución legal de facultades oficiosas en materia probatoria que el Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil otorga al juez, intentando determinar si las mismas suponen la vulneración del principio dispositivo en lo referido a la introducción de elementos de hecho así como en lo que concierne a la distribución de tareas y roles procesales, o si dichas facultades transgreden el principio de aportación de parte, alterando el derecho de los litigantes para determinar el objeto litigioso, incorporando al proceso los hechos que lo configuran así como los medios necesarios para acreditarlos. En el mismo sentido se intentará precisar si las facultades oficiosas en materia probatoria conferidas al juzgador se confunden con sus facultades de dirección, o si, finalmente, ellas pudieran considerarse atentatorias al derecho de los justiciables a un juez imparcial, al debido proceso y a su legítimo ejercicio del derecho a defensa. Para afrontar la tarea propuesta se analizará el estado de la cuestión en la doctrina tanto nacional como extranjera, en lo que ella refiere a dichas potestades probatorias y a su relación con los principios dispositivo, de aportación de parte, al derecho de los justiciables a un tribunal imparcial, al debido proceso y a su derecho de defensa, para luego abocarse al estudio de los artículos del Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil que configuran los poderes de instrucción del juez en materia probatoria, para establecer las facultades oficiosas con que inviste al Tribunal, su sentido y alcance, intentando determinar si dichos poderes resultan contradictorios con los conceptos individualizados precedentemente. Finalmente se expondrán las conclusiones respecto de la problemática planteada.

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