Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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Memoria (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

El presente artículo aborda el tema de la fijación de los puntos controvertidos durante la etapa Postulatoria, los cuales a juicio del autor permitirán definir los lineamientos del proceso y concretamente la posterior etapa Probatoria. Para lograrlo, el autor  sostiene que es necesario un correcto saneamiento del proceso, interpretando las pretensiones y contrapretensiones de las partes con el fin de determinar si hay un conflicto de intereses que genere incertidumbre jurídica. De esta forma, el juez se aleja de particularidades que no forman parte del fondo de la litis. This article addresses the issue of fixing controversial points during the stage of pleadings, which allow defining the process guidelines and specifically the subsequent Evidentiary Stage. to achieve this, the author submits that it is necessary to a proper sanitation of the process, by interpreting the claims and counterclaims of the parties in order to determine whether there is a conflict of interest that generates legal uncertainty. In this way, the judge is far from particularities that are not part of the background of the dispute.

Tesis (Magister en derecho del trabajo y seguridad social) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / El artículo 429 del Código del Trabajo, consagra la facultad del juez laboral de decretar prueba de oficio. Esta facultad infringe el principio de igualdad procesal, hipotecando la imparcialidad del juez e instrumentalizándolo para alcanzar los fines estatales relativos a la justicia social y al equilibrio de la asimetría en la relación entre trabajador y empleador. Analizados los elementos de la igualdad procesal se confirma que la proyección del principio protector en el procedimiento laboral no es fundamento suficiente para cercenar la igualdad procesal, bajo el pretexto de estar consagrando una diferencia no arbitraria, puesto que afecta el derecho en su esencia, haciéndolo irreconocible. Más todavía si se tiene presente que mediante otro tipo de políticas públicas es posible lograr el mismo resultado, sin transferir al Tribunal la imposible tarea de alcanzar la verdad real impregnándole un sesgo político a su labor.

En julio de 2004, fue promulgado y publicado el actual Código Procesal Penal peruano. En el presente artículo, el autor analiza la relación entre lo establecido en esta norma y los principios constitucionales.Para ello, explora cuál es el fundamento constitucional de lo estipulado en el nuevo Código Procesal Penal.Asimismo, analiza de forma detallada los artículos del Título Preliminar de la norma y señala en qué principios constitucionales, tales como la presunción de inocencia, la tutela procesal efectiva, la legitimidad de la prueba, el derecho de defensa,entre otros, encuentran su concordancia con la Constitución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde finales del año 2000, Chile comenzó a experimentar un cambio radical en el sistema judicial penal. La Reforma Procesal Penal remeció las bases fundamentales que inspiraban todo el sistema judicial en lo criminal, lo que se expresa esencialmente en los principios formadores del nuevo sistema, que buscan una mayor protección a las garantías y derechos de cada uno de los intervinientes, reforzando la protección del imputado contra el ejercicio de la persecución penal ejercida por el Estado, ya que se reconoce, en su mayoría, la situación de desigualdad y vulnerabilidad que sufría, en el antiguo procedimiento penal, el sujeto pasivo de la persecución penal frente al Estado. Uno de los primordiales principios que busca proteger el nuevo Código Procesal Penal es el respeto a la garantía del Debido Proceso, dentro del cual se enmarcan diversos derechos básicos del imputado durante todo el transcurso del proceso penal, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación restrictiva de las medidas cautelares personales, o en el resguardo de los derechos esenciales de la persona en la recopilación de pruebas por parte del órgano persecutor del Estado. El fiscal, como exclusivo director de la investigación dentro del proceso, debe velar por el respeto de las diversas garantías o derechos del imputado y de la ciudadanía en general, susceptibles de ser vulneradas en la etapa de instrucción, tales como la dignidad, la integridad física y psíquica, la inviolabilidad de la intimidad y del hogar, etc. Dentro del marco de protección de las garantías del imputado, encontramos el artículo 122 del Código Procesal Penal que establece expresamente el carácter restrictivo de la aplicación de las medidas cautelares personales, dentro de las cuales encontramos la medida cautelar de la detención. Esta nueva regulación está directamente relacionada con el espíritu de la Reforma, dado que busca disminuir la discrecionalidad de los órganos involucrados en la realización del Derecho Penal, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios establecidos expresamente por nuestra legislación para la protección de los derechos y garantías del detenido, principalmente la libertad personal y la seguridad individual. De esta manera, es posible apreciar, a la luz de las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Penal, los requisitos y presupuestos legales que deben concurrir para que la detención pueda ser aplicada y se ajuste a derecho, sin menoscabar uno de los presupuestos esenciales que subyacen al nuevo sistema procesal penal y que se encuentra recogido expresamente en el Título I del nuevo código: el principio de inocencia del imputado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Estado es la Sociedad jurídicamente organizada. Es la máxima institución social y, entre otros atributos, goza de una completa potestad jurisdiccional para realizar el Bien Común de las personas y entes que integran la sociedad. En gran parte, este objetivo se cumple con el Derecho, que es un conjunto de reglas de conducta que el hombre debe acatar, so pena de una sanción. En el Derecho hay que distinguir la forma del contenido: este es lo garantizado, lo que protege, como bienes, personas, intereses de la vida; la forma es la garantía misma, el precepto que ordena y sanciona. Según el contenido, la materia, los bienes protegidos, es privado o público, dando origen al Derecho Privado y al Derecho Publico. El fenómeno que caracteriza al primer sector es el contrato, así como el delito es lo que singulariza al segundo. El Estado, dentro de una multiplicidad de materias, reglamenta las relaciones contractuales del ordenamiento privado, que corresponden al Derecho Civil y al Mercantil, preferentemente, y las delictuales que se incluyen en la órbita del Derecho Penal. Contrato y delito son los dos fenómenos fundamentales de la sociedad que el Estado ha debido regular para una mejor convivencia: el primero, aunque expresión de la autonomía de la voluntad, es "dirigido" por el Estado para evitar abusos del derecho e injusticiasNote1. ;el otro, es expresión antijurídica que el Estado debe prevenir y reprimir para asegurar el orden público y la paz social