Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo, fundamentalmente apoyado en las esclarecedoras ideas de Mirjan Damaska, no sólo pretende analizar el sistema de impugnaciones en el nuevo proceso penal, en especial la apelación, sino también, explicar como el diseño del proceso legal se encuentra determinado o prefigurado por condicionantes más generales cuyas raíces se encuentran en la estructura, organización y fines del Estado. Como se explicará a propósito del recurso de apelación, su existencia o no dentro del ordenamiento jurídico no depende de la "afición", "gusto" o "conveniencia" de quienes la defienden como tampoco de una simple decisión de política legislativa restringida al ámbito del proceso legal. Por tal motivo, si bien celebramos el avance sin precedentes que introduce la reforma procesal penal y los principios de garantía que pretende introducir o reforzar, entre otros objetivos, ello no debe descuidar un análisis sobre el verdadero "pedigrí" u origen de los mismos ni de su posibilidad practica de aplicación en un medio legal distinto o incluso hostil.

Seminario para optar al Título de Ingeniero Comercial mención Economía / Desde un punto de vista económico, el estudio de los determinantes socio – económicos de la criminalidad se inicia con el trabajo de Becker (1968), quién desarrolla un modelo de consumidor donde la decisión por delinquir proviene de la maximización de utilidad del individuo sujeta a restricciones de ingreso, donde este último depende, entre otros, de las probabilidades de ser aprehendido y de las penas asociadas a la comisión del delito. Con este modelo, Becker demuestra como una mayor probabilidad de ser detenido y, además, la existencia de penas más severas podría reducir los pagos esperados por delinquir y así modificar la oferta de crímenes. Esta es la denominada hipótesis de disuasión. A partir de lo anterior, Ehrlich (1973) proporciona el primer trabajo empírico riguroso para estimar los efectos de las variables socio – económicas sobre la criminalidad. Con el fin de explicar la oferta criminal, Ehrlich utiliza un modelo ocio – trabajo para caracterizar a los individuos. A partir del modelo, y considerando que el trabajo puede ser de tipo legal e ilegal, según el autor, cada individuo asigna óptimamente el tiempo al desarrollo de actividades legales e ilegales, lo que a posteriori determina los ingresos esperados para cada una de ellas. Puesto que el ingreso legal puede ser modelado a partir de variables socio – económicas exógenas (capital humano, edad, género, urbanización, niveles de desigualdad social, etc.), se tiene que el modelo de Ehrlich puede ser estimado y testeado econométricamente a partir de datos objetivos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es necesario tener presente que la problemática relativa a los mayores poderes del juez se ha estudiado fundamentalmente a propósito del proceso civil. Por esta razón el ejercicio que se plantea en este trabajo es comenzar con el análisis de los fundamentos de estas potestades en el derecho procesal civil. En el entendido, que si la doctrina comparada justifica el aumento de las potestades materiales del juez en el proceso civil – que revisaremos en extenso a lo largo de este trabajo-, con mayor razón se justificaría en el proceso laboral, teniendo presente el sustrato del derecho sustantivo8. 8 En relación a los cuestionamientos que plantea el aumento de las facultades del juez en materia procesal civil, se suele considerar que sí se justificaría en otras ramas del derecho procesal, así Tavolari señala: “En verdad, el reproche de presunta imparcialidad no asoma en los llamados procesos sociales – laborales, de menores-, respecto de los cuales la iniciativa judicial se acepta y proclama como paliativo necesario”. Cfr. TAVOLARI, RAÚL, “Diligencias para mejor proveer: antiguos y nuevos problemas”, en Tribunales jurisdicción y proceso, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, p. 31. 12 En otras palabras, si se justifica el aumento de potestades materiales del juez en el proceso - especialmente en materia de prueba-, respecto de derechos absolutamente disponibles por las partes, entregado totalmente a la libertad de éstas y en el que se las considera iguales entre sí, como ocurre respecto al derecho procesal civil, con mayor razón se justificarían estas mayores potestades respecto al proceso laboral, proceso en el que se discuten derechos de carácter indisponibles, y en donde el derecho tiene un rol protector respecto de partes con fuerzas desiguales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / Haremos una elaboración sintética de los procesos en algunos de los más importantes antiguos pueblos de occidente, con énfasis en sus rasgos primigenios en cuanto a la forma del proceso y el uso de la oralidad, en particular sobre esta última y su relación con la adversarialidad. Mencionaremos las nociones doctrinales que se han elaborado en torno a la oralidad y la forma en que ha sido utilizada en los estados modernos. Para enlazar a la oralidad con el proceso adversarial realizaremos una breve relación de los conceptos de adversarialidad, inquisitoriedad, sistema mixto, y además ilustraremos nuestro procedimiento laboral actual intentando encasillarlo en uno de estos sistemas. Posterior a esto intentaremos revelar la conexión entre oralidad y adversarialidad, y la respuesta a la interrogante ¿qué sucede en el proceso si falta esta última?, para finalmente volcar nuestras conclusiones al procedimiento laboral chileno actual.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El principal objetivo de esta memoria es examinar la inclusión o admisibilidad de la denominada “prueba ilícita” dentro del proceso civil siguiendo una concepción racionalista de la prueba. Para esto, se sostendrá que el fin de la prueba no es otro que la búsqueda de la verdad y como tal fin impone una acertada determinación de los hechos, es imprescindible considerar todos los elementos probatorios que se dispongan de forma de aumentar la probabilidad de obtener decisiones correctamente aplicadas. En el primer capítulo, la investigación sostendrá que el fin de la prueba es la averiguación de la verdad. Para esto se desarrollará el método más satisfactorio para alcanzar dicho objetivo, el principio de inclusión procesal probatoria. Se enunciarán las bases y críticas de este principio. A su vez, para un análisis comprensivo de la materia, se señalarán de forma breve los momentos de la actividad probatoria. En el segundo capítulo, se abordarán algunas de las muy distintas reglas de exclusión vigentes en nuestro proceso civil, sosteniendo una crítica respecto a la excesiva regulación normativa en cuanto a la inclusión de los distintos medios probatorios, como de la forma en que se valoran por parte del órgano adjudicador. Por último, el tercer capítulo tiene por finalidad mostrar la conveniencia epistémica que significa aceptar la inclusión y valoración de toda prueba dentro del proceso civil. Para ello, se analizarán las distintas justificaciones que han emanado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente para determinar su inclusión o exclusión, dentro de un proceso civil. Se compararán también los distintos objetivos del proceso, examinando si su inclusión responde sólo a un análisis epistemológico o hay también valores políticos o morales que justificación su exclusión como elemento probatorio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las principales críticas que se hacen al derecho procesal civil chileno dice relación con el excesivo tiempo que lleva para las partes la resolución de un conflicto de relevancia jurídica. En especial al excesivo tiempo que le lleva a la parte vencedora dentro del proceso civil, toda vez que no sólo debe contemplar el tiempo para conseguir la sentencia condenatoria a su favor, si no también la fase de ejecución de la misma, asumiendo una carga de tiempo y económica muchas veces excesivas, no pudiendo acceder a una tutela judicial efectiva. Una de las instituciones que vendría a solucionar de cierta manera dicha situación, sería la Ejecución Provisional de las sentencias condenatorias, la cual se encuentra contemplada dentro del Proyecto de Código Procesal Civil chileno. El presente trabajo tiene por finalidad analizar dicha institución desde su concepto, pasando por su naturaleza jurídica, procedimiento, hasta las ventajas y criticas de la aplicación de ésta en nuestra legislación procesal, permitiéndonos determinar en que contexto y bajo que criterios se podría llegar a aplicar en Chile, teniendo en consideración la forma en que se regula en el proyecto, como también teniendo a la vista la doctrina comparada, especialmente, la legislación procesal española, modelo de la regulación que se pretende adoptar. Concluyendo que la Ejecución Provisional de las sentencias condenatorias, sería un instrumento idóneo, ya sea en este proyecto o para futuras modificaciones procesales, para acelerar el proceso en su etapa de ejecución trasladando la carga de soportar el factor tiempo al ejecutado. No obstante lo anterior, sólo tendremos certeza del mayor o menor éxito de la Ejecución Provisional sólo una vez que se comience aplicar dicha normativa por parte de jueces y abogados, encontrando en dicha aplicación los verdaderos límites a dicha institución.

El trabajo de investigación tiene como propósito la elaboración de los Fundamentos para una nueva concepción de justicia a través de la lucha de escuelas jurídicas, a fin de evitar la inconmensurabilidad de los diálogos jurídicos en un proceso judicial que conlleva a resolver el conflicto a través de la imposición de algún tipo de justicia que no necesariamente es coherente y consistente a la concepción de justicia que tienen los procesados, lo cual conlleva a superar el mencionado problema con el derecho propuesto en la presente tesis: “Toda persona tiene derecho a elegir, a guiarse y a ser sometido bajo una determinada concepción de justicia coherente y consistente”, esto implica que el procesado, quién piensa, habla y actúa bajo una determinada concepción de justicia sea juzgado en conformidad a un determinado sistema de administración de justicia coherente y consistente. Para el desarrollo y ejecución de la tesis, se ha utilizado la metodología de la concepción informática de Solomnof y el método axiomático aplicado a las ciencias sociales, con el objetivo de verificar las propiedades básicas de una teoría; por lo que los resultados fueron los siguientes: (a) la propiedad de la teoría propuesta carece de completitud, por cuanto no se sabe cuántos tipos de justicia, escuelas jurídicas o fuentes del derecho puedan crearse a futuro, a éste tipo de deficiencia se la denomina incompletitud semántica; sin embargo (b) la teoría en mención ha probado ser consistente y axiomatizable. Es por ello que se llegó a las siguientes conclusiones: (1) Sólo 6 escuelas jurídicas pueden ser consideradas como tales por cumplir sus requisitos básicos; y (2) la escuela de la argumentación jurídica aplicado en el Estado peruano es INCOSISTENTE. / The purpose of the research work is to elaborate the Fundamentals for a new conception of justice through the struggle of legal schools, in order to avoid the incommensurability of legal dialogues in a judicial process that entails resolving the conflict through the imposition of some kind of justice that is not necessarily coherent and consistent with the conception of justice that the accused have, which leads to overcome the mentioned problem with the right proposed in this thesis: "Every person has the right to choose, guiding and being subjected to a certain conception of consistent and consistent justice, "this implies that the accused, who thinks, speaks and acts under a particular conception of justice, is judged in accordance with a coherent and consistent system of administration of justice. For the development and execution of the thesis, Solomnof's computer conception methodology and the axiomatic method applied to the social sciences have used, in order to verify the basic properties of a theory; the results were as follows: (a) ownership of the proposed theory lacks completeness, since it is not known how many types of justice, legal schools or sources of law can be created in the future, then this type of deficiency is It is called semantic incompleteness; However (b) the theory in question has proved to be consistent and axiomatizable. It is for this reason that the following conclusions were reached: (1) Only 6 legal schools can be considered as such because they meet their basic requirements; and (2) the school of legal argumentation applied in the peruvian State is INCOSISTENT.

Si bien la Administración Pública se encuentra sometida al Principio de Legalidad, las facultades que ostenta para intervenir en la vida de los administrados le otorga una posición ventajosa frente a estos, por lo que, resulta necesario que el órgano jurisdiccional especializado en lo contencioso administrativo, responsable de hacer que la Administración se someta de forma efectiva al principio referido, cuente con herramientas suficientes que le permitan cumplir con ello. El presente trabajo se orienta a postular como una de dichas herramientas a la facultad del juzgador para modificar de oficio una medida cautelar previamente dictada. Este tema resulta relevante, en tanto que, la falta de regulación expresa sobre este aspecto en la legislación nacional vigente, deja abierta la posibilidad para que la Administración Pública continúe afectando la situación jurídica de un administrado, a pesar del dictado de una medida cautelar que, en el marco de un proceso contencioso administrativo, debería impedirle ello; esto ocurre en mérito a que el Juez se ve imposibilitado de disponer de oficio la modificación de dicha medida, quedando supeditado a la diligencia y/o celeridad de la parte en el trámite de un proceso que tiene como finalidad exclusiva el control de las actuaciones de la Administración. El análisis de lo expuesto permite concluir que resulta pertinente y necesario la modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fin de incorporar de forma expresa y concreta la posibilidad de modificar de oficio una medida cautelar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente investigación consiste en distinguir los conceptos del artículo 297 del Código Procesal Penal, como son los principios de la lógica, conocimientos científicamente y las máximas de la experiencia; analizar las diversas funciones que cumplen las máximas de la experiencia en un sistema de valoración racional de la prueba como la sana crítica; y estudiar su aplicación en el proceso penal chileno. A través del análisis de jurisprudencia, se intentará conocer el uso que los tribunales superiores de justicia han hecho del concepto, y como éstos han contribuido a precisar los alcances de “las máximas de la experiencia” mediante el conocimiento de recursos de nulidad en materia procesal penal. / 07/11/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene la pretensión, quizás un tanto ambiciosa, de analizar el inciso segundo del artículo 149, como así mismo la letra c) y el inciso final del artículo 248, ambos del Código Procesal Penal (en adelante CPP), a la luz de nuestra Constitución Política de la República (en adelante CPR), llegando finalmente a aceptar o rechazar en nuestra conclusión su constitucionalidad. Cada día las poblaciones del mundo occidental van evolucionando hacia una construcción de la sociedad regida por el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, en virtud del cual, como máxima suprema, se deben respetar los principios que informan dicho estado, cuales son el de supremacía constitucional, imperio de la ley, distribución del poder estatal en titulares que desarrollen funciones diferenciadas, responsabilidad de las diferentes magistraturas y nulidad de los actos que emanen de órganos no competentes, todos los cuales tienen su fundamento principal en la dignidad de la persona humana y sus derechos, los que deben ser promovidos y respetados por los órganos del Estado, cuales se ven amparados también por la vigencia y reconocimiento que tienen los tratados internacionales en nuestra propia Carta Magna1