Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la forma en que la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz vulnera el derecho de defensa del coimputado sindicado. El estudio se realizó en función a la legislación nacional, esto es, conforme al Nuevo Código Procesal Penal y a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso por colaboración eficaz, en concordancia con el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, que aprueba su reglamento. Además, se examinó la doctrina nacional y extranjera, que tratan sobre el referido proceso y la importancia del derecho defensa que le asiste al imputado en el proceso penal. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, en primer lugar, que el proceso por colaboración eficaz lleva a cabo actos de investigación en contra de una persona sin que esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso por colaboración eficaz. Como conclusiones, se advierte que, producto de la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz, se vulnera flagrantemente el derecho de defensa del coimputado sindicado, al no permitirle tener conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el proceso penal común. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el año 2017 / En el contexto de la reforma procesal civil, el presente trabajo tiene por objeto efectuar una descripción y análisis de la institución jurídica procesal de los actos judiciales no contenciosos contemplados en el actual Código de Procedimiento Civil, utilizando herramientas y conceptos provenientes de la disciplina de Análisis Económico del Derecho (AED). Para ello, en el capítulo I se exponen los antecedentes históricos, definiciones y naturaleza jurídica de los actos judiciales no contenciosos. Luego, en el capítulo II, se define y describe la metodología del Análisis Económico del Derecho y, específicamente, se describe el contenido y alcance del Análisis Económico del Derecho Procesal. Del mismo modo, con el objeto de entregar una propuesta de regulación sobre estos asuntos no contenciosos, se realiza un examen de los costos de error y costos administrativos como pauta de eficiencia para el legislador, donde se estudia la eficiencia como principio rector en la reforma del Código de Procedimiento Civil (CPC). Posteriormente, en el capítulo III se expone en detalle los distintos criterios de eficiencia que ha planteado la doctrina y se analiza la manera en que la Reforma Procesal Civil aplica dicho concepto, manifestado en aspectos tales como el principio de oralidad o la regulación de la ejecución. Asimismo, se describe la experiencia en la aplicación de la Ley 19.903 sobre posesión efectiva intestada como antecedente de un fenómeno abordado y planteado durante la investigación, como lo es la desjudicialización del sistema. Finalmente, en el capítulo IV, se explica cómo se ha regulado los actos no contenciosos en España y en el Código de Procedimiento Civil Modelo para Iberoamérica, culminando la presente investigación con una propuesta para una normativa eficiente que pueda ser aplicada por el legislador en el futuro. Con ella, se busca establecer un punto de equilibrio entre diversos factores como el tiempo, los recursos económicos y la calidad de la resolución emanada del organismo competente / 13/09/2017

Ante la interrogante de por qué la Administración Tributaria se empecina en cobrar a los contribuyentes intereses moratorios cuando es el propio Estado (Tribunal Fiscal), el que– con su morosidad para resolver las controversias bajo su competencia –origina que dichos intereses se incrementen indebidamente, decidimos realizar el presente trabajo de investigación. Es más, es recién con la entrada en vigencia de la Ley Nº 30230 que por primera vez en el ordenamiento jurídico peruano se establece que el Estado no puede cobrar intereses moratorios por su demora al resolver. Sin embargo, el problema subsiste por la existencia de procedimientos contenciosos tributarios en trámite ante el Tribunal Fiscal anteriores a la entrada en vigencia de la citada ley. En el decurso de la investigación advertimos que la posición de la autoridad fiscal, en los referidos procedimientos, es la de no suspender el cómputo de los intereses moratorios bajo una interpretación antojadiza de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230. Así, el presente trabajo de investigación recoge argumentos y principios constitucionales sobre la base de los cuales podemos concluir y afirmar, de manera categórica, que la posición de la Administración Tributaria es arbitraria e inconstitucional. Al término del presente trabajo, exponemos cuál es la interpretación correcta de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 y cómo debe actuar la Administración Tributaria para no vulnerar derechos constitucionales de los contribuyentes. / Facing the question of why the Tax Administration is obstinate in charging taxpayers monetary interests when it is the State itself (Tax Court), the one that– with its slowness to solve controversies under their competence– cause these interests to increase improperly, we decided to make the present research work. Moreover, it is just after the Law No. 30230 entered into force that for the very first time in the peruvian legal order is established that the State cannot charge interests because of its slowness in resolving. Nevertheless, the problem subsists because of the existence of tax litigation procedures in process before the Tax Court prior to the entrance into force of the aforementioned law. In the course of the investigation we warn that the position of the fiscal authority, in the referred procedures, is not to suspend the computation of the moratorium interests under a fickle interpretation to the Fourth Complementary Transitory Disposition of the Law No.30230. Thus, this research work arguments and constitutional principles on the basis of which we can conclude and affirm, in a categorical way, that the position of the Tax Administration is arbitrary and unconstitutional. At the end of the present work, we expose which is the right interpretation to the Fourth Complementary Transitory of the Law No. 30230 and how the Tax Administration is supposed to act in order to not infringe the constitutional rights of the taxpayers. / Tesis

En el Perú la familia y el matrimonio son institutos naturales y fundamentales de la sociedad, por ende, el Estado siempre velará por que se mantenga en el tiempo, pero actualmente se evidencia un aumento por no decir excesivo de divorcios, esto por diferentes causales, lográndose finalmente la disolución del vínculo matrimonial. Es por ello que una de las causales de divorcio es por separación de hecho, esto se puede dar cuando ha pasado dos años si no tienen hijos, pero si los tuvieran a los cuatro años. Respecto de la causal de separación de hecho para que se disuelva el divorcio, el juez debe evidenciar quién es el cónyuge más perjudicado y por ende determinar una indemnización, aplicando para ello solo la discrecionalidad de acuerdo al grado de perjuicio; sin embargo, en la investigación realizada se propone que para dicha indemnización debe aplicarse en base a los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Para esta investigación se tiene como objetivo general que, la teoría de la responsabilidad civil extracontractual debe aplicarse en los casos de indemnización en el divorcio por separación de hecho, frente a la posición estrictamente objetiva de obligación en el III pleno casatorio civil. Se ha utilizado el método descriptivo explicativo, así como el análisis de sentencias, obteniendo con ello conclusiones, recomendaciones y la propuesta respectiva. / Tesis

En el presente trabajo desarrollaré el tema del interés para obrar, la legitimidad para obrar y la posibilidad jurídica en la pretensión de cambio de nombre en el ordenamiento jurídico peruano. A través de este estudio se establecen los criterios por los cuáles una persona puede realizar el cambio de nombre, esto es, a quién hubiere sido conocido con nombre distinto al que aparece en su acta, cambiar o adicionar tanto el nombre propio como los apellidos para adecuarlos a la realidad social y hacer posible la identificación de la persona, en base a lo establecido en los fundamentos de nuestra normativa y jurisprudencia. Finalmente es necesario reconocer que el sujeto que posee el nombre es el único con la legitimidad para iniciar la acción de cambio de nombre y en caso se trate de un menor de edad, actuarán quienes posean la representación legal o judicial sin vulnerar el interés superior del niño o adolescente. Respecto del interés para obrar, es necesario determinar de modo genérico los motivos causantes de daño moral para determinar la procedencia de la demanda y realizar el cambio de nombre para ajustarlo a la realidad social, incluyendo nombre propio y apellidos. / Tesis

La presente investigación analiza, desde una perspectiva teórica, jurisprudencial y legal, la problemática en torno a la responsabilidad civil derivada por la interposición de medidas cautelares innecesarias o maliciosas, a partir de lo previsto en el artículo 621 del Código Procesal Civil. El autor inicia su estudio desarrollando la finalidad de la tutela cautelar, sus presupuestos y características. A partir de ello, estudia la responsabilidad civil derivada de las medidas cautelares, empezando con la conducta antijurídica (abuso de derecho), el daño moral y material, el nexo causal y la polémica en torno al criterio de imputación aplicable; es decir, si se trata de un objetivo o subjetivo. Luego de ello, enfatiza en la deficiencia legislativa contenida en el artículo 621 del Código Procesal, en tanto omite referirse a otras hipótesis —que sin terminar, necesariamente, con una demanda infundada— también podrían generar daños. Finalmente, aborda el escenario que se suscita ante la insuficiencia de la contracautela para garantizar el resarcimiento de los daños, y diversas cuestiones procesales que se derivan de la problemática propuesta. / The present investigation analyzes, from a theoretical, jurisprudential and legal perspective, the problematic around the civil liability in regard of the interposition of unnecessary or malicious injunctions, starting from the foreseen in the article 621 of the Civil Procedure Code. The author begins his study by developing the purpose of the precautionary protection, its budgets and characteristics. Based on this, it studies the civil liability derived from the precautionary measures, starting with the unlawful conduct (abuse of right), the moral and material damage, the causal link and the controversy surrounding the applicable imputation criterion; that is, if it is an objective or subjective. After that, it emphasizes the legislative deficiency contained in article 621 of the Procedural Code, as it omits referring to other hypotheses -which, without necessarily ending with an unfounded demand-, could also generate damages. Finally, it addresses the scenario that arises in the face of the insufficiency of the guarantee compensation for damages, and various procedural issues that stem from the problem proposed. / Trabajo de investigación

En este artículo se explicará en qué consiste la acción de inconstitucionalidad, precisando con cierto detalle cada uno de los elementos que la integran. Asimismo, se definirá a la acción de inconstitucionalidad en su concreta configuración constitucional y legal en el Perú.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada

El derecho de acceso a la justicia, constituye uno de los pilares fundamentales dentro de un proceso. En tal sentido, es importante reconocer tal derecho al demandante en el proceso de reducción de los alimentos; dado que, el Art. 565- A, del código procesal civil le impone una barrera al ejercicio del mismo. Por ello, en la presente investigación se propone la modificatoria de tal artículo, únicamente en el caso que, el demandante, fehacientemente, acredite que por causa justificada no se encuentra al día con la misma. Las cuáles son la pérdida de fuente de ingresos, un impedimento físico sobrevenido y el caso de una prisión preventiva. Por otro lado, al solicitar una ejecución anticipada de la reducción, también se encuentra una afectación al derecho de acceso a la justicia, dado que esta medida no es concedida. En tal sentido, atendiendo a la naturaleza de esa pretensión, consideramos que puede emplearse lo dispuesto en el Art. 674° del código procesal civil, el cual contiene las medidas temporales sobre el fondo; siempre y cuando se compruebe que el demandante realmente se encuentra atravesando una de las situaciones excepcionales indicadas. Asimismo, a fin de evitar un ejercicio abusivo de este derecho, se estableció como periodo máximo de dicho incumplimiento, tres meses con el propósito de que el recurrente pueda establecerse en su nueva situación e interponer demanda en tal sentido. Finalmente, no se atenta contra el interés superior del niño, dado que, no se dejará en desamparo la situación del mismo, puesto que, de igual manera, será exigible el pago de la pensión de alimentos al obligado, atendiendo a sus nuevas condiciones. / Tesis