Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo analiza la regulación vigente del control de identidad en el artículo 85 del Código Procesal Penal. El estudio revisa las sucesivas reformas legales que han modificado los supuestos y atribuciones de los funcionarios autorizados a su realización, así como las consecuencias que importa la medida en cuanto afectación de derechos fundamentales. Asimismo se realiza un estudio de las medidas de constatación de identidad en Alemania, España y Estados Unidos. La investigación plantea la necesidad de efectuar una aplicación diferenciada de la regulación del artículo 85 del Código Procesal Penal, distinguiendo según la naturaleza preventiva o represiva de la medida, su finalidad e instrumentalidad respecto de una detención en situación de flagrancia, el supuesto de hecho que autoriza su realización y la calidad de sospecho o no sospechoso del sujeto controlado de identidad. En este sentido, el trabajo plantea la existencia de dos modelos distintos: el control de identidad como instrumento para la verificación o descarte de una situación de flagrancia y el control de identidad de fines exclusivamente identificativos. La investigación analiza las garantías que rigen respecto del sujeto controlado de identidad, las que no se restringen al artículo 86 del Código Procesal Penal, sino que dependen de la calidad que se asigne al sujeto afectado por la medida, Por último, el trabajo analiza las consecuencias que importa la realización de un control de identidad ilegal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La sociedad del riesgo ha supuesto una verdadera refundación del Derecho penal. Una de las tendencias adoptadas por el legislador penal de la sociedad del riesgo es la prolífera creación de nuevos tipos penales –generalmente de escasa lesividad-, así como una agravación de los ya existentes. La marcada expansión del Derecho penal es un sello distintivo de la sociedad postindustrial y a la vez constituye una de las principales preocupaciones de los modernos sistemas de enjuiciamiento criminal. La presente investigación se centra en la pequeña criminalidad o criminalidad de bagatela, la que se confronta con los fines de la pena y del proceso penal. Se revisa, asimismo, una eventual exclusión de pena a la luz de las distintas categorías de la teoría clásica del delito. También se aborda la posibilidad de exclusión desde modernas teorías del hecho punible, las que confluyen en el intento de construir un sistema integral del Derecho penal. En razón de lo anterior, se vierten en el tratamiento de la criminalidad de bagatela tanto consideraciones procesales como del ámbito de determinación de la pena

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional / Autores no envían autorizaciones, para ser publicada en el Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile. / Al cumplirse más de una década de la inserción de profesionales del área gestión en los tribunales de justicia chilenos y encontrándonos ad portas de una nueva reforma procesal que permitiría incrementar el número de ese tipo de profesionales en el Poder Judicial, es oportuno analizar e investigar la percepción del rol de los gestores y la posible existencia de conflictos de rol como producto del cambio en la estructura organizacional. La inserción de este tipo de profesionales se produce escalonadamente a través de las Reformas Procesales, lo que ha permitido modificar el procedimiento de aplicación de justicia y al mismo tiempo introdujo una reforma en la estructura de gestión interna de tribunales, al crear los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional y Juzgados de Letras del Trabajo, además de la modificación de algunos tribunales civiles transformándolos en tribunales bicéfalos. La investigación abarcó una serie de entrevistas semi-estructuradas, que permitieron a los investigadores diseñar un instrumento para acceder a la opinión de un universo probable de 240 Administradores de Tribunales del país a través de encuestas online. El estudio exploró la percepción que tienen los Administradores respecto al rol que desempeñan en la organización, en el marco de las reformas procesales del Poder Judicial chileno, con el objetivo de dar a conocer variables que pudiesen estar facilitando o dificultando el comportamiento en rol de estos profesionales en relación a las expectativas de la institución, información que puede ser relevante para los futuros procesos de modernización de la gestión interna de la justicia chilena. Este, es uno de los primeros estudios que se aboca al cambio en la estructura de gestión de los tribunales chilenos, utilizando la investigación-acción como herramienta, pretende ser el inicio de una serie estudios que se aboquen a analizar las dinámicas organizacionales que afectan a las personas en rol y la gestión de éstas, que permitan buscar respuestas y contribuciones para el mejoramiento de procesos al interior de las organizaciones, con el claro objetivo de optimizar la entrega de servicios de calidad a la sociedad.

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Una sociedad que se desarrolla dentro de un Estado Constitucional y Social de Derecho debe saber y entender que su actuar se rige en armonía con los derechos, deberes y principios que emanan de la Constitución Política del país. El proceso como mecanismo de solución de controversias entre los individuos que forme este colectivo no es ajeno al poder que irradia la Constitución, otorgándole al proceso una característica democrática; es decir, un proceso donde las partes y el juez se rijan sobre principios fundamentales como el de la tutela jurisdiccional efectiva y el de igualdad entre las partes. Así las cosas, la presente tesis desarrollará la importancia de analizar el proceso dentro de un modelo cooperativo, donde el diálogo entre las partes y el juez cumple un papel trascendental. Teniendo, el principio del contradictorio, un rol imprescindible dentro de este estudio. A partir de ello, realizaremos un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita altera parte en las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil. Concluyendo que, su actual regulación no va acorde, y no respeta, los derechos fundamentales emanados de la Constitución, así como al modelo de proceso mencionado. Con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental al contradictorio de las partes, se interpretará la legislación infraconstitucional cautelar conforme a la Constitución y lo derechos fundamentales. Esta nueva interpretación, buscará orientar a los jueces para que empiecen a aplicar e interpretar las normas procesales conforme a la Constitución, dejando de lado las lecturas aisladas de la norma, las cuales antes de buscar una decisión justa, convalidan una transgresión a los derechos de las partes dentro del proceso. / Tesis

El presente trabajo de investigación ha permitido, a partir de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas de proceso penal actual. De manera específica se ha advertido que durante la investigación preparatoria el Fiscal no determina adecuadamente el hecho, pues no precisa la imputación que corresponde a cada uno de los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que impide la conducción adecuada de la investigación, generando como resultado que los elementos de convicción recabados resulten insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal circunstancia, el fiscal no opta por un sobreseimiento. Ahora bien, en la etapa intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a pesar de encontrarse en la posibilidad de advertir las circunstancias antes descritas, no realiza un adecuado control formal, ni sustancial del requerimiento de acusación, tampoco un adecuado control de admisión de medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a juicio sin sustento ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite. Por otro lado, en la etapa de juicio oral, se advierte que los Jueces Penales Unipersonales no realizan una valoración individual de los medios de prueba, pero si una valoración conjunta; sin embargo, no existe evidencia de que se haya valorado la totalidad de los medios de prueba pese ha haber formado parte del debate probatorio. Adicionalmente, se ha verificado que dichos jueces no hacen uso de la facultad que les concede la ley para incorporar de oficio pruebas al juicio oral. En consecuencia, ante la imposibilidad de acreditar la comisión del hecho delictuoso y/o la vinculación del acusado con el mismo, deben pronunciarse por la absolución. / Tesis

El propósito del proceso fue en sus orígenes y es en la actualidad, en esencia, generar orden y justicia en la sociedad. Para contrarrestar la naturaleza competitiva del hombre, su ingenio conservativo de sí mismo y su condicionante indispensable para su existencia que es la sociedad, lo llevó a despojar del uso de la fuerza personal al individuo y concentrarlo en una entidad organizadora, administradora y distribuidora. Con el nacimiento del Estado nace la necesidad de parametrar la interacción entre los sujetos para viabilizar, hacer oportuna y no contraproducente la cooperación humana. Esta idea resume con gran injusticia el gran acontecimiento que fue el nacimiento de la jurisdicción. En la necesidad de resolver los conflictos entre los individuos y de resolver las incertidumbres jurídicamente relevantes, debe aparecer entre las partes un tercero legitimado y desinteresado en la causa a resolver. Es así que la jurisdicción surge como actividad de impartir justicia concentrada de forma unitaria, por evolución histórica, en el Poder Judicial del Estado. Función que deviene en un deber del funcionario estatal y del Poder, pues será su decisión, su concepto de lo justo jurídicamente sustentado, el que prevalezca sobre la sociedad y tenga observación forzosa. El ejercicio de la jurisdicción aparece ante el requerimiento de partes que discuten por un interés social con relevancia jurídica en el que el Estado interviene como tercero imparcial que emplea la ley dictada por la voluntad de la nación representada para determinar la resolución del caso. Dentro de este concepto se encierran diversos conceptos ligados íntimamente: la decisión, ejecución, coerción y documentación. / Tesis

La reforma de la administración de justicia en el Perú, es una lucha de la que muchos de nosotros hemos sido solo testigos desde las aulas universitarias. Sin embargo, aún mucho antes de iniciar la presente investigación hemos podido descubrir que dicha reforma aún era más antigua, y podemos remontarnos hasta el gobierno militar de la década de los 70 o, inclusive, hasta la década del 20 o 30. Algo que también pudimos descubrir, es que todos esos intentos de reforma, plagados de buenas intenciones, no sólo eran impulsados por gobiernos en su mayoría autoritarios, sino que, además, eran tan sólo intentos de institucionalizar mecanismos de subordinación de los gobiernos de turno sobre el Poder Judicial. Es evidente que con esos objetivos, toda reforma de mejora de la administración judicial estaba destinada al fracaso y, más aún, dejando la sensación de que en el Perú vivimos en una permanente e inacabada reforma judicial. Así pues, es el motivo del presente trabajo dejar de ser testigos de esa reforma del Poder Judicial frustrada y frustrante, y tratar de descubrir la verdadera problemática de tantos problemas que agobian a nuestra administración de justicia, para así plantear una propuesta concreta que ayude a contribuir, desde la investigación, a una mejora palpable del Poder Judicial. Pues bien, el presente trabajo parte de encontrar un mecanismo para combatir dos problemas de la administración de justicia, cual es la falta de legitimidad del Poder Judicial ante la sociedad, y la sujeción del que ha sido este frente a los otros poderes del Estado, inclusive frente al Consejo Nacional de la Magistratura, más aún bajo el modelo inicial de los procesos de ratificaciones propuesto por la Constitución de 1993. / Tesis