El presente trabajo de investigación centra su análisis en el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno XCIV, publicado el 24 de agosto de 2012 y precisado posteriormente en el Pleno XCIX, publicado del 01 de diciembre de 2012, cuyo texto, inicial fue el siguiente: “Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la Ley lo permita, conforme con lo previsto por el artículo 882 del Código Civil, pues existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado.” Luego de la precisión a la que se hizo referencia en el primer párrafo, el texto del Precedente de Observancia Obligatoria en cuestión, quedó redactado de la siguiente manera: “Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender - de manera absoluta, relativa ni temporal-, los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la Ley lo permita, conforme con lo previsto por el artículo 882 del Código Civil, pues existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado.” De este modo, en el presente trabajo de investigación se analiza el mencionado Precedente de Observancia Obligatoria (en adelante, POO) y su posterior precisión, así como la serie de dificultades que se presentaban a los Registradores al momento de calificar títulos que tuvieran alguna disposición que pudiera contradecir al artículo 882 del Código Civil antes de la promulgación del POO. Del mismo modo se analizarán las Resoluciones del Tribunal Registral que dieron pie al POO y los cambios que se generaron en la calificación registral, desde su promulgación / Trabajo académico

Desde el siglo XX, en el Perú, ha existido un particular interés respecto a la vivienda, ya sea como una política de Estado – usualmente mal gestada -, o por iniciativa de los propios ciudadanos. No obstante, se ha consolidado un conflicto entre la modernidad y urbanización de la ciudad frente a la conservación y puesta en valor de bienes inmuebles de valor histórico. Este conflicto no sólo ha hecho peligrar y coadyuvar a su deterioro o extinción, sino que se observado una peculiar desatención por parte del Estado ante un deficiente marco legal de protección e incentivo. Es así que, en el presente trabajo, no sólo analizaremos dichas situaciones, sino además el tratamiento que se le ha dado a los Bienes Inmuebles Culturales en sede registral, en especial al II Precedente de Observancia Obligatoria del LXII Pleno Registral. / Trabajo académico

El problema de la demora en la obtención de los predios necesarios para la ejecución de los proyectos de inversión concesionados, se ha convertido en una de las principales trabas para la ejecución de las obras viales en el Perú, situación que podría generar dudas respecto a la pertinencia del modelo de Asociación Público Privada promovido por el Estado peruano. Esta situación trae consigo perjuicios para el Estado (incumplimiento de compromisos y renegociaciones contractuales), para la empresa privada (retraso en el cumplimiento de la entrega de obras y reducción de sus ingresos) y para la sociedad en general (demora de los beneficios de la nueva infraestructura y servicios públicos de buena calidad). Estas consecuencias negativas hacen relevante el estudio de este problema, desarrollándose, para ello, el concepto de Gestión Predial, el mismo que comprende tres actividades: la identificación, la valuación y la adquisición de los predios, habiéndose identificado las limitantes que enfrenta el Estado peruano en cada una de ellas, así como las propuestas de solución. Para el análisis de la problemática en la entrega de los terrenos, se tomó en cuenta el marco teórico desarrollado (instituciones, costos de transacción, información asimétrica, riesgo moral), la experiencia internacional (Chile y Colombia), el análisis de los procedimientos vigentes en el Perú (expropiaciones, tasaciones y saneamiento físico legal), así como el análisis de los dieciséis contratos de concesión de carreteras firmados a la fecha. Como resultado del estudio, se ha observado que los principales motivos de la demora están en la identificación y valuación de los predios, así como en el saneamiento físico-legal de los mismos, mientras que, en la etapa de adquisición de inmuebles, se concluye que el trato directo es el mecanismo más eficiente para obtener la propiedad de los predios afectados por obras de infraestructura pública. A pesar de ello, las soluciones provenientes del Estado han sido modificar las normas que regulan el procedimiento de expropiación, a través de la aprobación del Decreto Legislativo 1192 y trasladar la competencia para aprobar las tasaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ley 30264), las cuales consideramos medidas poco eficientes económicamente. La primera de ellas, porque los cambios incluidos no garantizan la reducción del tiempo necesario para la obtención de los predios y tendrían efectos negativos contra el derecho de la propiedad. Mientras que la segunda solución desaprovecha la experiencia y el conocimiento de la Dirección de Construcciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, generando una duplicidad de funciones que irroga gastos adicionales al Estado peruano, debido a que se tiene que dotar de insumos necesarios para cumplir esa tarea, a dos entidades públicas distintas. Finalmente, el presente trabajo concluye que al ser el retraso en la entrega de los terrenos un problema de carácter multidimensional, se necesitan soluciones de la misma naturaleza, a fin de garantizar la ejecución de la inversión en los plazos estipulados en los contratos y, con ello, el disfrute de los beneficios de contar con infraestructura y servicios públicos de calidad a tiempo.

El presente trabajo analiza el marco jurídico que regula el régimen de la transferencia de la propiedad inmueble, el rol que cumplen en dicho régimen las entidades involucradas, y cómo se relacionan con los pilares y ejes de la modernización de la gestión pública. En ese contexto, se recoge información de cómo es el actual procedimiento de transferencia de propiedad y cómo debería ser en el futuro con la implementación de la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario (VURI), utilizando para ello las técnicas de focus group y entrevistas a profundidad.

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) mantiene en posesión dentro de sus activos varios terrenos en desuso en distintas zonas de la región Huánuco. Uno de ellos pertenece a la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ubicado en el distrito de Pillco Marca. Se tiene conocimiento de la intención del Concejo Universitario en promover el desarrollo del terreno en mención; decisión que consta de manera formal en un Acta de Reunión del Concejo Universitario realizada en el 2015. Además, se tiene conocimiento de una demanda insatisfecha por parte de familias jóvenes en la localidad que desean alquilar viviendas. Parte de ellas pertenecen a la plana docente y administrativa de la universidad. Asimismo, se visualiza una demanda mal atendida respecto a estudiantes foráneos que alquilan vivienda cercana a la universidad. En consecuencia y con la finalidad que la Unheval haga mejor uso del terreno, en concordancia con sus objetivos y estatutos universitarios, y generando un impacto social para sus alumnos y trabajadores; se propone el desarrollo y viabilidad de una Villa Universitaria mediante una concesión del terreno. Para ello se ofrece un mix de productos que satisfaga correctamente las fuerzas demandantes mediante viviendas familiares, residencia para estudiantes, locales comerciales, áreas de esparcimiento común y emplazamientos de servicios públicos. Se concluye que la ejecución del presente modelo de negocio trae consigo un impacto económico para el inversionista privado y un impacto social para la Unheval; los cuales se reflejan en dos resultados: primero, la generación de valor (VAN) positiva desde el punto de vista económico, así como una tasa interna de retorno atractiva pero con retornos a la inversión de largo plazo; y segundo, referido a una subvención del 20% sobre el precio de alquiler de vivienda familiar a los docentes y administrativos de la Unheval. Respecto al impacto económico para el inversionista privado, en el caso base analizado, el proyecto logra satisfacer financieramente lo requerido; puesto que logra una potencia (TIR) de 18.69% y una generación de valor (VAN) de US$ 969,232.58. Asimismo, en el escenario pesimista, el proyecto logra una TIR de 16.90% y un VAN de US$ 549,511.04; mientras que en el escenario optimista se logra una TIR de 20.07% y un VAN de US$ 1’232,915.12. En relación al impacto social para la Unheval, cabe resaltar la importancia del presente modelo –y ejecución del mismo-, dado que genera un beneficio en calidad de vivienda y vida de los estudiantes foráneos acorde a sus necesidades en etapa de estudios; así como una subvención sobre el precio de alquiler a los docentes y administrativos generando un impacto y beneficio real en relación a lo ofrecido en el mercado. Finalmente, se recomienda mejorar las trabas burocráticas desde los organismos estatales. Es por ello que desarrollos públicos – privados símiles al propuesto no son ejecutados en el Perú, siendo una oportunidad desatendida desde el aspecto social y económico (este último al rentabilizar terrenos públicos en desuso). / Tesis

Como es de conocimiento público, con fecha 25 de marzo del 2015 se publicó en el diario oficial el peruano la ley No 30313 - Ley de Oposición al Procedimiento de inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por Suplantación de identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículo 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo 1049, dicha norma, como su nombre bien lo indica. Dicha ley ha abierto un debate de orden académico y práctico entre diversos expertos en materia registral así como diversos cultores del derecho civil. Existiendo posturas bastante críticas que tildan de incoherente a la precitada ley. Mientras que otros consideran que se ha efectuado un correcto desarrollo de la técnica legislativa. En el presente escrito no se desarrollarán todos los ámbitos regulados en esta ley sino que nos concentraremos exclusivamente en el impacto que la misma ha tenido en el Código Civil. Por otro lado se analizarán brevemente otras herramientas que han surgido como la alerta registral, la inmovilización temporal de partidas, asi como la base centralizada de datos notariales. / Trabajo académico

Por medio del presente artículo, procederemos a analizar el conflicto territorial entre los distritos de San Isidro y Magdalena del Mar y el impacto que este ha tenido en el Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima, como consecuencia de la expedición de Certificados de Cambio de Jurisdicción por parte de las municipalidades de ambos distritos y el registro de estos documentos. Para llevar a cabo este análisis, procederemos a exponer, en primer lugar, los aspectos centrales de la calificación registral, cómo se encuentra ésta regulada y cuáles son los documentos que dan mérito a las inscripciones registrales. / Trabajo académico

En el actual escenario económico y legal de nuestro país, la venta de unidades inmobiliarias en proyecto es una de las principales modalidades de adquisición de inmuebles, ya sea como viviendas, departamentos, oficinas, centros comerciales, entre otros. No obstante, a nivel registral se ha establecido una marcada diferencia en la venta de unidades inmobiliarias en proyecto, según éstas se encuentren sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o al régimen de independización y copropiedad. Esta distinción ha determinado que las unidades inmobiliarias en proyecto puedan ser considerados como bienes presentes y/o futuros, determinando el producto y procedimiento bancario para su adquisición y gravamen, así como la oportunidad de la inscripción de dichos actos en el registro / Trabajo académico

En la presente investigación abordaremos el estudio de la compraventa ad corpus en la adquisición inmobiliaria dentro de una relación jurídica de consumo, modalidad que no ha perdido vigencia en la sociedad peruana, pero que encuentra ciertos matices dentro del Derecho del Consumidor. Para el desarrollo de este planteamiento, hemos analizado los principios de autonomía de la voluntad privada y de libertad contractual, buscando sus alcances y marcando los límites de actuación dentro de una celebración de contrato. También, estudiamos la tutela brindada por nuestro sistema jurídico al consumidor final desde una perspectiva legal y constitucional. Asimismo, hicimos referencia al contrato de compraventa a nivel doctrinal y normativo, junto a la existencia de cláusulas abusivas de contratación, para definir la naturaleza de la adquisición inmobiliaria ad corpus, ello en aras de determinar la calificación que nuestro ordenamiento jurídico deberá otorgarle en una relación de consumo. Del análisis realizado concluimos que dentro de una relación de consumo, la cláusula ad corpus no deberá tener eficacia ni validez alguna, en tanto el estatus de consumidor y proveedor confieren a éste último una posición superior por sobre el primero, quien manipula la citada modalidad de compraventa en sus contratos estandarizados de manera abusiva, variando arbitrariamente el metraje de lo prometido, utilizando dicha condición como institución justificante de modificación, defraudando al derecho y actuando contra el principio de buena fe contractual. Por ello, la calificación que los funcionarios públicos deben darle es “por no puesta” e “inidónea”, pues nos encontramos ante una material inexistencia de paridad contractual y contraria a lo que esperaría un consumidor razonable.

El otorgamiento de la escritura pública se fundamenta en la posibilidad de revestir con formalidad y dar mayor seguridad al acto jurídico, que queda envuelto en garantías, siendo una de ellas -y quizás la más importante- el brindarle oponibilidad ante terceros con la consecuente inscripción en Registros Públicos. Siendo de esta manera, y haciendo un juicio lógico y sistemático de las normas establecidas en el Código Civil, el otorgamiento de escritura pública es una obligación la cual está sujeta al accionar de una de las partes, y se traduce en una acción personal, la cual en tenor del Artículo 2001° tiene un plazo de prescripción de 10 años. Es por esto que el otorgamiento de escritura pública es una institución legalmente prescriptible. Por otro lado, no puede entenderse que una persona pierda la facultad de inscribir su propiedad inmueble por el paso del tiempo, pues el derecho de propiedad debe prevalecer y con ella los medios que la aseguren o garanticen. Es por esto que según la CAS 3333-2006-ICA, ésta figura es análoga a la reivindicación, en cuanto supone la defensa del derecho de propiedad, y como el legislador a establecido a la reivindicación como imprescriptible, la acción de demandar dicho otorgamiento también debe serlo. Este razonamiento es sin duda conveniente, pues se tutela un derecho de corte constitucional como lo es el derecho de propiedad, aunque no de manera correcta, pues se vulneran artículos del Código Civil que contienen preceptos de gran importancia. Nos referimos a los plazos de prescripción y su regulación, y a la aplicación generalizada de la analogía. De esta forma, sostenemos la premisa de que no se puede ir en contra de la ley, salvo en casos donde el bien jurídico o derecho tutelado sea de relevancia superlativa, es por ello que para no contravenir la esencia del Art. 2000, y tampoco desestimar lo que ha indicado en la sentencia anteriormente citada la Corte Suprema de Justicia, tiene que idearse una modificación al Artículo 1551°, pues el otorgamiento de escritura pública en la compraventa de bienes inmuebles debe ser imprescriptible sin contravenir normas legales.