El presente trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar la vital importancia de la institución procesal de la carga de la prueba, en el caso particular del reconocimiento judicial de uniones de hecho en nuestro país, partiendo de su regulación actual y como ha sido utilizada por los tribunales de cierre de la justicia ordinaria nacional. En base a ello, se busca acreditar que la regulación vigente en el Código Procesal Civil peruano ha quedado obsoleta, respecto a los avances del Derecho Probatorio y del proceso en general, teniendo como alternativa a mediano plazo, la aprobación del Proyecto del Nuevo Código Procesal Civil. Para arribar a tal conclusión sobre la carga de la prueba, se analizarán figuras como las reglas de juicio para el juez, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, la alegación de nuevos hechos y los deberes de ambas partes en el proceso, con especial detalle en los procesos de reconocimiento judicial de unión de hecho. Finalmente se detallarán las particularidades del tipo de proceso en cuestión, atendiendo a que es declarativo de un derecho preexistente y que la actividad probatoria es de mayor complejidad cuando la demanda se interpone post mortem de uno de los convivientes, puesto que de no allanarse, la parte demandada tendrá sumamente complicado negar con mejor calidad de prueba la supuesta existencia de una unión de hecho que alega la parte demandante. / The objective of this work is to demonstrate the great importance of the procedural institution of the burden of proof, in the particular case of the judicial recognition of civil partnerships in our country, based on its current regulation and how it has been used by high courts of the national ordinary justice system. Based on this, it seeks to prove that the current regulation in the Peruvian Civil Procedure Code has become obsolete, in comparison to the advances of Probative Law and the judicial process in general, having as an alternative in the medium term, the approval of the New Civil Procedural Code. To reach such a conclusion about the burden of proof, figures such as the trial rules for the judge, the theory of dynamic probative burdens, the allegation of new facts and the obligations of both parties in the process will be analyzed, with special detail in the processes of judicial recognition of civil partnership. Finally, the particularities of the type of process in question will be detailed, taking into account that it is declaratory of a pre-existing right and that the probatory act is more complex when the lawsuit is filed post-mortem of one of the cohabitants, since if it is not settled, the defendant party will find it extremely difficult to deny with better quality of evidence the alleged existence of a civil partnership that the plaintiff alleges. / Trabajo académico

La prueba de oficio ha sido limitada en su dimensión civil por parte del legislador peruano, otorgándose diversas limitaciones en su sola ejecución y generando que sea vista como salida de última instancia ante la falta de medios de prueba que generen convicción en el juez. Sin embargo, a partir de otros instrumentos jurídicos, así como de pronunciamientos ciertamente confusos sobre la materia, se ha esquivado la aplicación de la regla del artículo 194° del Código Procesal Civil que prohíbe anular una sentencia por ausencia de esta incorporación oficiosa. Esto ocurre, ante la necesidad imperiosa de subsanar otros defectos procesales existentes, como la motivación de resoluciones judiciales, o, inclusive, la valoración conjunta de la prueba, cuyo único remedio recae en la aplicación de la institución procesal de la prueba de oficio, como salida natural frente a estos defectos. Tal es así, que la motivación de resoluciones judiciales ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como parte esencial del derecho al debido proceso, presente en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, cuya inobservancia trae consigo, indefectiblemente, la nulidad de la sentencia. En ese contexto, y dada la imposibilidad de emplear un razonamiento de comparación jurídica de precedentes vinculantes para inaplicar el X Pleno Casatorio Civil, se concluye que es posible declarar la nulidad de la sentencia por falta de prueba de oficio, sin embargo, dicha fundamentación debe estar conexa a otra infracción normativa, como la motivación de resoluciones judiciales. / The ex officio evidence has been limited in its civil dimension by the Peruvian legislator, granting various limitations in its sole execution and causing it to be seen as a last resort solution due to the lack of means of evidence that generate conviction in the judge. However, based on other legal instruments, as well as certainly confusing pronouncements on the matter, the application of the rule of article 194 of the Civil Procedure Code that prohibits annulling a sentence due to the absence of this unofficial incorporation has been avoided. This occurs, given the imperative need to correct other existing procedural defects, such as the motivation of judicial resolutions, or, even, the joint evaluation of the evidence, the only remedy for which lies in the application of the procedural institution of ex officio evidence, as natural solution to these defects. So much so, that the motivation of judicial resolutions has been recognized by the Constitutional Court as an essential part of the right to due process, present in paragraph 3 of article 139 of the Political Constitution of Peru, the nonobservance of which inevitably brings with it, the annulment of the sentence. In this context, and given the impossibility of using a reasoning of legal comparison of binding precedents to disapply the be connected to another regulatory violation, such as the motivation for judicial resolutions. / Trabajo académico

En estos tiempos, la constitucionalización de los derechos -y del proceso- ha llevado a que los estados reformulen el modo de comprender y actuar del Derecho. Y es, justamente, bajo ese contexto que nace el paradigma de Estado constitucional, cuyos principales postulados son: i) la defensa de los derechos fundamentales; y, ii) el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Es así que, bajo dicho paradigma, esta tesis buscará, en primer lugar, describir el impacto que el Estado constitucional tiene sobre el proceso, el juez y las partes procesales; y más concretamente, sobre la prueba de oficio en el marco de una litis. A partir de ello, pretendemos también sentar las bases de un nuevo modelo de proceso, que dejando atrás el procesalismo científico, y en concordancia con la tesis denominada “Constitucionalización del Derecho Procesal”, no es más que un Modelo de Proceso Garantista (o “Constitucionalismo Procesal”); que nos permitirá identificar al Juez como: a) Garante de los derechos - garantías en el proceso (por ejemplo: imparcialidad, debido proceso u otros); y, b) Garante de los derechos que protege el proceso en relación a las partes (por ejemplo: derecho a la identidad, a la pensión, a alimentos, etc.). Reconociéndole, igualmente, en el juzgador la obligatoriedad de evaluar los derechos en litigio, a efectos de decretar prueba de oficio en un estadio procesal predictible (etapa de saneamiento) que les permita a las partes el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Para lo cual, también se planteará un modelo de razonamiento para que dicho accionar (incorporación de una prueba de oficio) tenga como finalidad la tutela de los derechos fundamentales de forma oportuna, idónea y eficaz. Finalmente, ponemos a consideración de la comunidad jurídica los argumentos expuestos en la presente investigación; donde describiremos, en líneas generales, el traspaso de la clásica “prueba de oficio” vista como un poder exclusivo-unilateral del juez hacia un modelo racional - argumentativo. Lo cual ciertamente implica todo un verdadero cambio de nuestra cultura jurídica procesal, que modestamente esperamos sea corregida a fin de tener un proceso dúctil y justo, en el marco de un Estado constitucional.

El objetivo del trabajo es analizar si existe o no una sobrevaloración de la prueba científica por parte de los jueces y con ello establecer si se ha creado un mito de cientificidad procesal en la búsqueda de la verdad. Desde un enfoque cualitativo, el estudio aplica el método de análisis de fuente documental, principalmente de la doctrina y de la jurisprudencia nacional y comparada, la misma que permite contrastar los hallazgos y resultados. En ese sentido, se concluye que el juez peruano con una limitada formación científica, integral, holística y argumentativa, depende y confía casi exclusivamente de los resultados de los peritajes que se le ofrecen en los casos, sin realizar una valoración o motivación al respecto, lo que podría significar una renuncia al concepto de que el juez es perito de peritos, y dejando que los peritos o expertos sean quienes, en la práctica, decidan y resuelvan el caso, poniendo en riesgo el derecho fundamental al debido proceso y la búsqueda de la verdad objetiva y material. / The objective of this work is to address whether an overvaluation of scientific evidence by judges exists or does not. Thereby, this would address the creation of the myth of scientific based procedures in the search of truth. From a qualitative approach, this study uses an analysis method. Specifically, the doctrine and national and comparative jurisprudence, which allows to contrast the findings and results. This research shows that Peruvian judges with low scientific, holistic and argumentative education rely on the result of the expert reports given to them in cases excluding a further evaluation which results in the resignation of the role that the judges play as peritus peritorum (expert of experts) and, even more severe, leaving the experts to be the ones who, in practice, decide and resolve the process, which compromise the process and the search for objective and material truth.

En el presente informe, se realiza un análisis respecto a la iniciativa probatoria del juez; es decir, la prueba de oficio. Dicho estudio, se efectúa a la luz de la Casación N° 1242-2017-Lima Este, emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la cual dio origen al X Pleno Casatorio Civil. En ese sentido, se determinará si lo desarrollado en ciertas reglas vinculantes del X Pleno Casatorio Civil es una interpretación acorde a derecho, manteniendo como límite lo establecido en el artículo 194° del Código Civil, así como respecto a otros artículos y principios del proceso civil / In this report, an analysis is conducted regarding the judge's evidentiary initiative: the ex officio evidence. This study is carried out in light of Cassation N° 1242-2017-Lima Este, issued by the Civil Court of the Supreme Court of Justice of the Republic of Peru, which gave rise to the Xth Civil Precedent. In this regard, it will be determined whether what was developed in certain binding rules of the X Plenary Civil Cassation is an interpretation in accordance with the law, while maintaining the limits established in Article 194 of the Civil Procedure Code, as well as with respect to other articles and principles of civil procedure

La regulación de estándares probatorios en el sistema jurídico nacional hace inevitable que se analice su practicidad y aporte en el quehacer judicial. Debido a ello, en el presente artículo se analizarán aspectos relevantes que buscarán dar una respuesta a esta controversia sobre su utilidad y la mejor forma de introducir esta figura bajo una fórmula normativa. / The regulation of evidentiary standards in the national legal system makes it inevitable that their practicality and contribution to judicial work be analyzed. Due to this, this article will analyze relevant aspects that will seek to answer this controversy about its usefulness and the best way to introduce this figure under a normative formula. / Trabajo académico

La presente investigación analiza la constitucionalidad –y, por tanto, la coherenciade la aplicación de la prueba de oficio en el sistema jurídico peruano, el mismo que, desde el punto de vista de la moderna legislación procesal penal, se entiende como acusatorio y adversarial. Para realizar este análisis a la prueba de oficio, se examina a fondo el rol del Juez penal en el ordenamiento jurídico peruano (la Constitución de 1993 y en el Código Procesal Penal de 2004, sus antecedentes legislativos y normativa conexa, así como el análisis de la jurisprudencia y doctrina nacional), en función del diseño de las funciones que tiene dicho funcionario en la Constitución Política del Perú. Se realiza también el estudio del Ministerio Público como complemento de la actuación jurisdiccional, en su relación con la Constitución y la norma procesal penal, así como sus antecedentes legislativos, y el importante papel que cumple como titular de la acción penal dentro del sistema procesal. En el Código Procesal Penal de 2004 con un sistema que se supone es acusatorio y adversarial, se analiza la prueba de oficio, primero desde una comparativa de ésta con la legislación internacional, arribando -respecto de la mecánica de la prueba- a cuestionamientos respecto de, si se prueban los hechos o las afirmaciones de las partes y, si la prueba desvirtúa o desnaturaliza la mecánica general de la actividad probatoria. Finalmente nos enfocamos en la prueba oficiosa y su legitimidad dentro del proceso penal peruano, se confronta aquí al denominado modelo antiguo y el actual modelo procesal penal, partiendo de la premisa si dicha confrontación soluciona la legitimidad de la prueba oficiosa, y si la verdad justifica los medios, concluyendo con la postura del presente trabajo al fundamentar que la prueba oficiosa, no es acogida por el modelo constitucional vigente.

El presente informe tiene por finalidad examinar si el laudo arbitral cuestionado en el proceso judicial de anulación iniciado bajo el Expediente N° 155-2012 fue válidamente anulado de manera parcial. Primero, examinaremos el derecho a la debida motivación de los laudos como garantía del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual, si bien el fondo de la motivación de los laudos no se puede revisar en sede judicial, los árbitros deberán demostrar los razonamientos que los llevaron a laudar en favor de la parte vencedora. Segundo, se analizará el derecho a la prueba en sede arbitral, y determinaremos cuál es el estándar de valoración probatoria que puede ser cuestionado en el proceso de anulación. Tercero, desarrollaremos el derecho a ser juzgado por un árbitro imparcial e independiente como garantía del debido proceso arbitral, en el marco de un viaje realizado entre un árbitro y uno de los letrados que representaba a una de las partes del proceso, el cual no fue revelado ante la solicitud de la presunta parte afectada por dicha circunstancia. En ese sentido, examinaremos si la parte afectada por dicha falta de revelación podía utilizar algún medio impugnatorio para cuestionar dicha supuesta falta de imparcialidad e independencia, luego del cierre de instrucción del arbitraje y la fijación del plazo para laudar. / The purpose of this report is to examine if the arbitral award challenged in the annulment proceeding in Case No. 155-2012 was validly partially annulled. First, we will examine the right to the motivation of the awards as a constitutionally protected content of the right to effective judicial protection, which, although the merits of the motivation of the awards cannot be reviewed in court, the arbitrators must demonstrate the reasoning that led them to the award in favor of one of the parties. Second, we will analyze the right to evidence in arbitration, and we will determine what is the standard of evidentiary assessment that can be challenged in the annulment process. Third, we will explain the right to be judged by an impartial and independent arbitrator as a right of the due process of arbitration, in the context of a trip made between an arbitrator and one of the lawyers representing one of the parties to the arbitration, which was not disclosed at the request of the alleged party affected by such circumstance. In this regard, we will examine whether the party affected by such non-disclosure could use any means to challenge such alleged lack of impartiality and independence, after the closing of the arbitration proceedings and the setting of the time limit for the award.

En la presente tesis, abordamos la confusión recurrente entre máximas de experiencia válidas y estereotipos de género en la labor judicial de la valoración de la prueba penal. Consideramos que esta confusión no solo genera problemas en la valoración y motivación de la prueba, sino que también impacta directamente en las decisiones judiciales, permitiendo un amplio margen de errores que resultan en la impunidad de delitos relacionados con la violencia de género. Esta problemática ha impulsado la propuesta de alternativas desde sectores doctrinarios y sociales, que buscan responder a la interrogante de cómo diferenciar las máximas de experiencia de los estereotipos de género. En ese sentido, el objetivo principal de este trabajo es comprender la naturaleza de estos conceptos y determinar una vía idónea para lograr su diferenciación. En los primeros capítulos, realizaremos un estudio epistémico de las máximas de experiencia y los estereotipos de género, así como su actuación dentro de la inferencia judicial. Finalmente, examinaremos las aproximaciones doctrinarias para distinguir los estereotipos de género de las máximas de experiencia válidamente formuladas, culminando con la propuesta de una solución desde la argumentación jurídica para lograr nuestro objetivo principal. / In this thesis, we address the recurrent confusion between valid maxims of experience and gender stereotypes in the judicial work of evaluating criminal evidence. We consider that this confusion not only generates problems in the assessment and motivation of evidence, but also has a direct impact on judicial decisions, allowing a wide margin of errors that result in the impunity of crimes related to gender violence. This problem has prompted the proposal of alternatives from doctrinal and social sectors, which seek to answer the question of how to differentiate the maxims of experience and gender stereotypes. Therefore, the main objective of this work is to understand the nature of these concepts and to determine a suitable way to achieve their differentiation. In the first chapters, we will carry out an epistemic study of the maxims of experience and gender stereotypes, as well as their performance within judicial inference. Finally, we will examine the doctrinal approaches to distinguish gender stereotypes from validly formulated maxims of experience, culminating with the proposal of a solution from legal argumentation to achieve our main objective.

El presente informe analiza la Sentencia No. 00027 emitida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Jusiticia de Lambayeque en el marco de un proceso de otorgamiento de escritura pública respecto de una minuta de compraventa de fecha 26 de agosto de 2011. A este respecto, la primera parte del informe está destinada a evidenciar que la Sala no tuvo un correcto entendimiento de la institución referida a la suspensión del proceso por prejudicialidad civil regulada en el artículo 320º del Código Procesal Civil, pues si bien ha declarado improcedente el pedido de suspensión del proceso formulada por la parte demanda, esta decisión solo es correcta en la forma, ya que las razones que sustentan la misma son equivocadas y evidencian un desconocimiento de esta institución. Por otro lado, la segunda parte de este informe se centra en demostrar los errores en la valoración de la prueba en los que ha incurrido la Sala los cuales han generado que se declare fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública respecto de una minuta de compraventa que es manifiestamente nula por vulneración al órden público según el inciso 8 del artículo 219º del Código Civil y el VIII Pleno Casatorio Civil. / This report analyzes Judgment No. 00027 issued by the First Specialized Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Lambayeque in the framework of a process of granting a public deed with respect to a bill of sale dated August 26, 2011. In this regard, the first part of the report is intended to show that the Chamber did not have a correct understanding of the institution referring to the suspension of the process for civil prejudicial proceedings regulated in Article 320 of the Code of Civil Procedure, since although it has declared inadmissible the request for suspension of the process made by the plaintiff, this decision is only correct in form, since the reasons that support it are wrong and show a lack of knowledge of this institution. On the other hand, the second part of this report focuses on demonstrating the errors in the assessment of the evidence in which the Chamber has incurred, which have led to the declaration of foundation of the claim for the execution of a public deed with respect to a bill of sale that is manifestly null and void for violation of public order according to paragraph 8 of article 219 of the Civil Code and the VIII Civil Cassation Plenum.