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Es por todos reconocida la importancia de la prueba en el quehacer jurídico en general y en el proceso en particular, al punto que sin ella no es imaginable el funcionamiento del sistema de impartición de justicia, en orden a resolver el conflicto puesto en su conocimiento. Sin embargo, en el Estado Constitucional de Derecho resulta inadmisible que los agentes de la persecución del delito desplieguen una actividad de búsqueda e incorporación de la evidencia incriminatoria que vulnere abiertamente el plexo de derechos fundamentales reconocidos en favor de los ciudadanos. En otras palabras: la búsqueda y obtención de la prueba en una investigación o proceso penal de ningún modo deben ser realizadas “a cualquier precio”. Además de ello, para el juzgador siempre representará un problema decidir en el caso concreto la posibilidad de admitir excepciones a la regla que prohibe valorar aquel material probatorio obtenido en tales condiciones. El presente proyecto de tesis, intitulado “Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana”, está referido precisamente a la cuestión precedentemente esbozada. En efecto, nos ocuparemos de la problemática planteada por aquellas situaciones de orden procesal en las que los operadores jurídicos, especialmente quienes tienen la misión constitucional de impartir justicia penal, se ven enfrentados al dilema de consagrar la verdad material valorando determinada prueba obtenida o incorporada con violación de derechos fundamentales o hacer prevalecer la vigencia irrestricta de estos últimos expulsando del proceso la prueba obtenida en tales condiciones. Y es que en el proceso penal están en juego la libertad y la dignidad del ser humano pero también la necesidad de descubrir la verdad para el ejercicio eficaz del ius puniendi. O dicho de otro modo, asistimos al eterno conflicto entre libertad y seguridad que buscará resolverse de acuerdo con el momento histórico y el modelo de proceso derivado de la Constitución Política. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La sociedad fecuentemente clama por un eficiente funcionamiento de todos los poderes del Estado, sin embargo, cuando la opinión se dirige al Poder Judicial, el clamor popular se torna extremadamente exigente. Se le exige al Estado que a través de sus Tribunales investigue los delitos, que castigue al culpable y que toda la labor jurisdiccional sea realizada en el menor tiempo posible. A su vez se le exige que en el desarrollo de todo procedimiento se respete a las partes que no se sanciones jamás al inocente y que en general la buena fe y el respeto por las garantías fundamentales lideren su actuar.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal) / El Código Procesal Penal que empezó a regir a partir del año 2000, trajo variados cambios en la investigación como en la tramitación de los procedimientos penales, mucho de los cuales han sido notorios, como la separación de funciones de quien investiga y quien juzga, la desformalización de la investigación, un control jurisdiccional intenso respecto a las garantías constitucionales que pueden verse afectadas en el ejercicio de la acción penal, mecanismos de salidas alternativas, oralidad, inmediación, publicidad y contradictoriedad, entre otras modificaciones. Sin embargo, hay ciertos temas que si bien han variado su forma de hacerlos valer en juicio, siguen vigentes, como la institución de los informes periciales y, en definitiva, todo el sistema probatorio. Desde ya debemos señalar que en el nuevo sistema, aparece más apropiado llamar a los informes periciales prueba pericial, pues los informes no son prueba por regla general, aunque dicha terminología la usa el código procesal penal, en nuestra opinión de manera inapropiada. Esta materia, ha tenido una creciente aplicación en Chile y, en la medida que los juicios se vuelven más complejos, este tipo de prueba aparece cada vez más relevante y su importancia no deja de ser menor, pues un perito en alguna materia de alta complejidad puede llegar hacer decisivo en la resolución jurisdiccional y, por tanto, ello demanda a los intervinientes una preparación mas acuciosa y a los tribunales un conocimiento acabado sobre la procedencia de las pericias y su valoración y, por otro lado, un uso excesivo de pericias genera costos del juicio a veces innecesarios y dilaciones del mismo.

Realiza un análisis exhaustivo de la razón y el origen de la criminalización del delito de revelación indebida de identidad en el derecho penal, haciendo un análisis comparativo con otras legislaciones de los países de España, Colombia, México, Argentina y Ecuador, destacando la gran importancia que significa en la prevención y control del crimen organizado en Perú y en el análisis de los sistemas legales comparados, el propósito político perseguido ha sido el mismo, proteger la integridad física de quienes colaboran con la Administración de Justicia, facilitando la detección, Investigación, enjuiciamiento y castigo del crimen organizado, al igual que testigos y expertos protegidos, colaboradores efectivos, así como agentes encubiertos y especiales. El presente estudio de investigación científica permitirá a los operadores judiciales, asistentes legales y abogados en general conocer la importancia de la criminalización del delito y, si corresponde, aplicar el tipo penal, desde el rol que implica el desarrollo. Como conclusión y recomendación se destaca la importancia de la criminalización del delito de revelación indebida de identidad en la prevención y el control del crimen organizado, siendo necesaria la configuración de un delito, ya que esto evitaría cualquier riesgo de fuga negligente o imprudente de información confidencial sobre la identidad del oficial encubierto; de los colaboradores, testigos y expertos protegidos, ya que aumentaría la efectividad del delito de divulgación indebida de identidad. Finalmente, se elabora un proyecto de ley que modifica el artículo 409-B del Código Penal, agregando la modalidad de culpabilidad. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria tiene por objeto vincular dos temas que han planteado serios desafíos para la epistemología jurídica general. Por un lado se trata de la causalidad y la manera en que es concebida dentro del derecho penal. Por otra parte, la prueba y sus diferentes concepciones teóricas y dificultades epistemológicas. La propuesta se centra en explorar un determinado modelo de causalidad penal entendida como condición mínima suficiente con arreglo a leyes de cobertura, que sirva como marco teórico para ensayar una fórmula probatoria que se ajuste a los problemas que esta concepción plantea. Una tesis sobre la prueba del nexo causal, debe realizar una revisión del conjunto de contribuciones teóricas que se han hecho en el ámbito de la causalidad: fórmulas necesarias o suficientes y relaciones particularistas o generalistas. Asimismo, el trabajo aborda las limitaciones gnoseológicas e institucionales del proceso penal y del conocimiento judicial de los hechos, de modo que propone una hipótesis que sea pertinente con las leyes de cobertura explicativas de un vínculo causal

El presente trabajo trata de establecer cómo se incorpora y analiza la prueba en los delitos de violación sexual de menores de edad. También se pretende analizar problemas puntuales como por ejemplo si en los supuestos en los que luego de agotarse la actividad probatoria en el proceso ordinario en relación a los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, se llega a tener como único elemento de cargo la declaración de la víctima, es factible imponer una sentencia condenatoria sin transgredir la presunción de inocencia. Es decir se pretende contrastar como se viene aplicando el principio de libre valoración en las resoluciones de los referidos delitos. Creemos que al final del análisis de los fallos judiciales se pueda establecer las razones que invocan los jueces en esos casos así como si los mismos carecen de criterios objetivos para resolver o cuentan con algunas reglas que hagan aceptables la solución dada al caso en concreto, como quiera que hay una alta incidencia en la Capital de la República, se analizará tomando como muestra algunas de las sentencias expedidas en las Salas Penales de Lima que vienen resolviendo sobre estos delitos. En ese sentido nuestro trabajo de análisis dogmático crítico se complementará con una investigación de campo, tomando como base los procesos penales sobre la materia correspondiente a los años 2001 y 2002 de las Cortes Superiores del Distrito Judicial de Lima.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El penúltimo inciso del literal n) del artículo 39 del Decreto Ley N° 211 establece la llamada regla de exclusión en materia de libre competencia, al disponer que los resultados de las facultades investigativas duras de la Fiscalía Nacional Económica no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando ella haya incurrido en ciertas causales de ilicitud. Considerando los escasos años que lleva vigente la norma y lo poco que se ha abordado este tema en la doctrina, el presente trabajo tiene por objetivo principal realizar un análisis procesal sobre la configuración de la prueba ilícita en el Decreto Ley N° 211, poniendo especial énfasis en aquélla obtenida como consecuencia del ejercicio de las diligencias intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica. Con tal propósito, desarrollaremos una serie de instituciones relativas a la orgánica de la Fiscalía, la aplicación de las medidas intrusivas en esta sede y la teoría de la prueba ilícita en general, las cuales nos permitirán conocer la forma en que nuestra legislación reconoce y acoge la regla de exclusión del material probatorio producido con infracción de garantías fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Para los efectos del presente trabajo, se partirá de la base de la legitimidad política de ius puniendi, siendo uno de los propósitos de éste, determinar el origen de la legitimidad constitucional del mismo, tema que trataremos en el Capítulo I. Una vez dilucidado este punto, nos abocaremos a establecer cuál es el concepto de derecho fundamental a que adscribimos, para luego dedicarnos, en el Capítulo II, a dilucidar qué habremos de entender por prueba ilícita y cuál ha sido su tratamiento normativo y dogmático. Para tratar el tema de la prueba ilícita, partiremos de la base del cambio que ha sufrido, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, la forma en que originalmente fueron entendidos los derechos fundamentales, pues en sus orígenes ilustrados, éstos fueron concebidos como posiciones de los individuos solamente exigibles frente al Estado y por tanto, se entendió como único sujeto activo de las vulneraciones al aparato estatal. No obstante, con la evolución de las sociedades y la pérdida de poder por parte de los Estados frente a grupos de particulares, se ha dado cabida a la posibilidad de que los particulares también sean idóneos para afectar derechos fundamentales. Es en razón de ello, que cobra importancia analizar la prueba ilícita aportada por el querellante particular y sus consecuencias, cuestión que trataremos en el Capítulo IV y también la prueba ilícita aportada por la defensa y el imputado en sus diferentes aspectos, tema de que nos ocuparemos en el capítulo V.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por finalidad analizar, dentro de la causal genérica del recurso de casación en el fondo, la infracción de las normas reguladoras de la prueba. Para ello, es necesario determinar específicamente en qué consiste dicha causal, para luego conceptualizar qué normas constituyen ese conjunto heterogéneo de normas que tradicionalmente la doctrina ha denominado “reglas reguladoras de la prueba”; y de qué manera estas normas imponen efectivamente obligaciones a los sentenciadores, a tal punto que su infracción tiene como consecuencia la declaración de nulidad de la sentencia definitiva en la que se ha incurrido en dicho vicio. Así, se intentará establecer los casos en que dichas normas formulan un mandato que tiene como destinatario al Juez, el que verá, en consecuencia, limitadas sus facultades para decidir, en virtud de sus propias convicciones, el asunto controvertido. El análisis propuesto busca, en primer, lugar deslindar el concepto de casación en el fondo, y luego examinar en particular las normas reguladoras de la prueba para establecer las circunstancias específicas que constituyen una infracción que hará procedente el recurso de casación. Intencionalmente se analizará con mayor profundidad el ámbito civil, ya que, luego de un examen bibliográfico, se ha llegado a la conclusión de que es en esta área donde existe menor desarrollo por parte de la doctrina y jurisprudencia; remitiéndose, en general en el ámbito penal, a realizar un análisis de la infracciones a las normas reguladoras de prueba en el nuevo Proceso Penal, el que aún no está vigente en la Región Metropolitana.