La presenta investigación tiene como propósito verificar si en la jurisprudencia local emitida en instancia judicial existe un correcto entendimiento de la facultad excepcional de la Administración Tributaria para cuestionar en la vía de proceso contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 157° del Código Tributario. Esta investigación se desarrolla siguiendo el enfoque metodológico de tipo jurisprudencial. Para estos efectos, revisamos los principales conceptos vinculados a esta facultad excepcional (legitimidad para obrar activa, objeto del proceso contencioso administrativo, facultad para iniciar proceso contencioso administrativo, acción de lesividad, entre otros). De igual forma, analizamos diversos pronunciamientos emitidos en instancia judicial (desde primera instancia hasta casación) en los que se ha puesto en discusión esta facultad. Con ello, verificamos que en la práctica los órganos jurisdiccionales al verificar la admisión de la demanda no cuestionan este asunto, sino que la controversia es iniciada cuando el contribuyente interpone excepción de legitimidad para obrar; asimismo, en estos casos casi en su totalidad esta acción es desestimada por diversas razones que dependen del órgano resolutor y del caso concreto. Esto demuestra que no existe una sola interpretación de la acción de la Administración Tributaria y que en la realidad no existe el carácter excepcional que hace referencia el Código Tributario. A fin de evitar lo que viene sucediendo en la jurisprudencia nacional y que supone la afectación del principio de seguridad jurídica, consideramos que se deben fijar concretamente los requisitos que se deben cumplir para que se admita la demanda iniciada por la Administración Tributaria, lo que supone una revisión conjunta del Código Tributario, la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En el presente informe, se analizan los conceptos de recurso de revisión, idoneidad y garantías, a la luz de un caso llevado ante el INDECOPI por la presencia de desperfectos en un producto adquirido por un consumidor. En este sentido, el autor, a raíz de un caso en concreto llevado ante el INDECOPI, vía recurso de revisión, analiza cómo y cuál fue el criterio usado por la autoridad para resolver este caso y que – posteriormente – fue dejado de lado al poco tiempo. Por ello, el autor se propone, a raíz del análisis de ambos casos, tomar una postura respecto a cuáles son las definiciones de idoneidad y garantías, para posteriormente determinar cuándo estamos ante una infracción del deber de idoneidad y quien debería ser el agente responsable o el que está en mejor posición de soportar los efectos de la infracción de la idoneidad de un producto. / In this report, the concepts of appeal for review, suitability and guarantees are analyzed, in the light of a case brought before INDECOPI due to the presence of defects in a product purchased by a consumer. Because of this, the author, as a result of a specific case brought before INDECOPI, via an appeal for review, analyzes how and what was the criterion used by the authority to resolve this case and that - subsequently - was set aside shortly weather. For this reason, the author proposes, as a result of the analysis of both cases, to take a position regarding what are the definitions of suitability and guarantees, to later determine when we are facing an infringement of the duty of suitability and who should be the agent responsible or who is in the best position to bear the effects of the infringement of the suitability of a product.

El presente informe tiene como finalidad analizar la normativa correspondiente a los derechos de los consumidores en los contratos masivos, entre ellos el reconocimiento del derecho a la cancelación anticipada en las operaciones de créditos y que no se incluyan cláusulas que lesionen los intereses de los consumidores en los contratos de consumo, para ello se analiza si dicha prerrogativa lesiona los intereses del proveedores en tanto produce la pérdida de la ganancia esperada por el préstamo, así como si dicho derecho podría estar afecto a ciertas cargas que permitan recuperar a los proveedores los intereses dejados de percibir. Al respecto, se analiza la evolución de dicha prerrogativa a través del método de interpretación ratio legis con la finalidad de dilucidar la razón de ser del derecho al pago anticipado, concluyendo que fijar cláusulas como penalidad por el ejercicio del derecho al pago anticipado distorsionan y desnaturalizan su razón de ser; asimismo, se deduce que en tanto el bien jurídico tutelado lo constituye el intereses de los consumidores y que éstos adquieran productos o servicios que satisfagan sus necesidades se regula el derecho a la cancelación anticipada que crea un orden económico equilibrado que protege los consumidores y garantiza la libre concurrencia de los proveedores, coadyuvando al modelo económico social de mercado.

El presente informe jurídico versa sobre el análisis del Expediente N° 1179-2005, una controversia respecto al pago por los excesos de consumo de energía de Luz del Sur S.A.A (LDS) a Electroperú S.A. (ELP), en el marco de un proceso contencioso administrativo. El objetivo del presente estudio consiste en determinar qué parte debe asumir los costos por los retiros en exceso de la energía contratada. Para ello, analizamos el rol del Estado en la tutela de los servicios públicos y si estamos ante un escenario de precios libres o precios regulados, a efectos de evaluar si resulta viable realizar una interpretación sistemática del contrato con la LCE y su Reglamento. Asimismo, identificamos el alcance de los decretos de urgencia, figuras jurídicas como la contraprestación y penalidad, así como la supuesta vulneración a los principios de legalidad y debida motivación en los extremos de las resoluciones impugnadas de OSINERGMIN. Finalmente, concluimos que LDS debe pagarle a ELP los excesos de consumo de energía considerando los costos marginales, siempre y cuando éstos no sobrepasen la tarifa en barra al estar destinados dichos consumos a usuarios regulados. Por esta razón, es necesario modificar la LCE y su Reglamento, a fin de trasladar los costos por los retiros en exceso del consumo de energía a los usuarios finales para garantizar al funcionamiento del mercado eléctrico y la inversión privada. / This legal report deals with the analysis of Case No. 1179-2005, a controversy regarding the payment for excess energy consumption of Luz del Sur S.A.A. (LDS) to Electroperú S.A. (ELP), in the framework of an administrative litigation proceeding. The objective of this study is to determine which party should bear the costs for withdrawals in excess of the contracted energy. For this purpose, we analyze the role of the state in the protection of public utilities and whether we are facing a scenario of free prices or regulated prices, in order to assess whether it is feasible to perform a systematic interpretation of the contract with the LCE and its Regulations. Likewise, we identified the scope of the emergency decrees, legal figures such as the consideration and penalty, as well as the alleged violation of the principles of legality and due motivation in the challenged resolutions of OSINERGMIN. Finally, we conclude that LDS must pay ELP for the excess energy consumption considering the marginal costs, as long as these do not exceed the busbar tariff since said consumption is destined to regulated users. For this reason, it is necessary to modify the LCE and its Regulations, in order to transfer the costs for withdrawals in excess of energy consumption to end users to guarantee the functioning of the electricity market and private investment.

En el presente informe jurídico se cuestiona la interpretación del Tribunal Fiscal respecto a la suspensión del plazo de prescripción, referida a la tramitación del procedimiento contencioso tributario, en el sentido que establece como jurisprudencia de observancia obligatoria que dicha suspensión opere en los plazos legales para resolver los recursos impugnatorios, solo cuando se ha declarado la nulidad de los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para su emisión. En ese sentido, dicho órgano resolutor considera que la suspensión del procedimiento contencioso tributario se mantendrá durante todo el procedimiento, incluida la demora fuera del plazo legal para resolver, en caso no se haya declarado la nulidad. La mencionada posición vulnera los principios de legalidad, debido procedimiento e igualdad, así como el derecho al plazo razonable, toda vez que va en contra de la propia naturaleza de la prescripción y del ordenamiento jurídico, en lo que se refiere a los plazos legales establecidos. Para el análisis se empleó pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, así como bibliografía especializada. Finalmente, la conclusión principal del presente informe es que la causal de suspensión del plazo de prescripción referida a la tramitación del procedimiento contencioso tributario debe operar en todos los casos sólo durante los plazos legales que tienen los órganos administrativos para resolver. / This legal report questions the interpretation of the Tax Court regarding the suspension of the limitation period, referring to the processing of the tax litigation procedure, in the sense that it establishes as mandatory jurisprudence that said suspension operates within the legal deadlines to resolve challenging appeals, only when the nullity of the administrative acts or the procedure carried out for their issuance has been declared. In this sense, said resolution body considers that the suspension of the tax litigation procedure will be maintained throughout the entire procedure, including the delay outside the legal deadline to resolve, if nullity has not been declared. The aforementioned position violates the principles of legality, due procedure and equality, as well as the right to a reasonable period of time, since it goes against the very nature of prescription and the legal system, with regard to the established legal periods. For the analysis, pronouncements from the Constitutional Court and the Supreme Court were used, as well as specialized bibliography. Finally, the main conclusion of this report is that the cause for suspension of the limitation period referring to the processing of the contentious tax procedure should operate in all cases only during the legal deadlines that the administrative bodies have to resolve.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria aborda un breve análisis de los Tribunales Ambientales en cuanto a su naturaleza jurídica, las razones del legislador para crearlos, su proceso de implementación en nuestro sistema jurídico-legal considerando su naturaleza de Tribunales Especializados de lo Contencioso Administrativo, y las críticas que han surgido respecto de estas nuevas instituciones. Se estudia, en particular, el recurso de casación contemplado en la Ley Nº 20.600 para las sentencias definitivas dictadas por estos nuevos Tribunales y para ello se enfatizarán dos aristas; primero, si el recurso contemplado de casación tanto en la forma y en el fondo cumple con los estándares y finalidades de una casación en su sentido tradicional, es decir, como un recurso de nulidad y no de mera enmienda como el de apelación. Para ello, se estudian los recursos en general desde una perspectiva procesal y dogmática, con especial énfasis en la casación. En segundo término, se investiga si la casación del artículo 26 como actualmente está planteada y su conocimiento en la práctica por la Corte Suprema, permite cumplir los objetivos que la ley se propone acorde con la nueva institucionalidad ambiental, conteniendo entre otros aspectos, un cierto grado de deferencia, respetando prima facie la especialidad técnica de los jueces ambientales. Se efectúa a su vez un análisis de la legislación positiva de la Ley Nº 20.600 utilizando para ello sus fuentes históricas, principalmente las discusiones durante su elaboración, para de esta manera esbozar el espíritu que persiguió plasmar el legislador y determinar si se discutieron adecuadamente los aspectos y consecuencias jurídicas del régimen recursivo establecido. Finalmente, se estudia la experiencia del Tribunal de Defensa de Libre Competencia en cuanto al conocimiento de su recurso de reclamación por parte de la Corte Suprema. Por tanto, la investigación en una primera fase es normativa en cuanto se examina la Ley N° 20.600, dogmática en cuanto a la naturaleza de los recursos procesales, y por último, jurisprudencial en tanto se revisan los fallos que hasta mayo del año 2015 ha emitido la Corte Suprema conociendo de la casación del artículo 26

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo abarca un estudio sistemático de las Acciones y Recursos Procesales ante la Potestad Sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello, se mencionan las esferas de atribuciones de dicha entidad administrativa, con especial referencia a la Potestad Sancionadora, y se analizan cada una de las Acciones y de los Recursos Procesales que pueden hacerse valer ante resoluciones emanadas de dicho organismo. Ahora bien, en cuanto al contenido específico de la obra, podemos mencionar que en el Capítulo I se define a la Superintendencia de Valores y Seguros, se da una pequeña reseña, se señala el ambiente en que se desenvuelve y sus intervinientes, para luego establecer su misión. En cuanto al aspecto funcional, se dice que las potestades de la Superintendencia se pueden clasificar en potestad fiscalizadora, potestad normativa, función de desarrollo y promoción de los mercados, y potestad sancionadora. A continuación, en el Capítulo II se pasa a revisar la potestad sancionadora en particular, la sanción administrativa y su relación con los derechos fundamentales, señalando además, el proceso de investigación que debe seguir la unidad respectiva, para adoptar posteriormente sanciones, las que se enumeran en su momento. Luego, se analizan las críticas que ha dado lugar y se enuncian un par de casos de revuelo nacional. Posteriormente, en el Capítulo III nos referimos a las Acciones y Recursos Procesales que proceden ante la SVS, analizando, primeramente, el contencioso administrativo, para luego analizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, tanto constitucionales como legales, señalando jurisprudencia relevante, en caso que corresponda. En último término, en el Capítulo IV se realiza un breve análisis a la reforma de Mercado de Capitales II, específicamente en cuanto a los recursos, y al desarrollo y seguridad de los mercados. Para concluir y lograr un cabal entendimiento de la materia, se ha añadido un anexo referente a los Actos Administrativos y el Procedimiento Administrativo.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente artículo realiza un análisis económico de la política pública que fluctúa entre el establecimiento de tribunales contenciosos administrativos especializados y una estructura general de justicia administrativa en Chile. Desarrolla variables con el fin de construir una inecuación que permita poner de manifiesto los beneficios y costos de la actual estructura especializada de tribunales contenciosos administrativos, para evaluar, finalmente, el desarrollo de la política pública que estableció la actual estructura en desmedro de una generalista. / The present article makes an economic analysis of the public policy that fluctuates between the establishment of specialized administrative courts and a general administrative justice’s structure. It develops variables in order to construct an inequality that allows to show the benefits and costs of the current specialized administrative court’s structure, to finally evaluate the development of the public policy that established the current structure to the detriment of a general one.

Este informe tiene como finalidad analizar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente No. 03525-2021-PA/TC, a través de la cual, declara improcedente la demanda de amparo de Maxco S.A. sobre el inconstitucional cobro de intereses moratorios por supuestamente existir una vía específica igualmente satisfactoria para la tutela de la pretensión del accionante; y a su vez, se establece un precedente vinculante. A tal efecto, evaluaremos las instituciones jurídicas de vía previa, vía específica, vía igualmente satisfactoria y precedente vinculante; y aplicaremos el Código Procesal Constitucional y la Ley No. 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso, con la finalidad de determinar si para el caso concreto el amparo resultaba ser la vía idónea; o si por el contrario, el accionante debió acudir al proceso contencioso administrativo como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. A su vez, determinaremos si la regla procesal del precedente vinculante establecida en la sentencia sublitis es constitucional, o si, por el contrario, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. / This report analyzes the ruling issued by the Constitutional Court in Case N° 03525- 2021-PA/TC, in which it declared the amparo lawsuit filed by Maxco S.A., regarding the unconstitutionality of the collection of late payment interest by the administrative tax entity, inadmissible and issued a substantive and procedural rule in this regard. This report analyzes the Constitutional Court's decision and whether the administrative litigation process was a specific and equally satisfactory remedy for the specific case as the amparo process. For this purpose, the Constitutional Procedural Code and Law N° 27584, Law that Regulates the Contentious-Administrative Process, are applied. Likewise, this report will analyze the constitutionality of the procedural rule established by the Constitutional Court, and whether or not it violates the effective jurisdictional protection of the plaintiffs.

El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de algunas sentencias emitidas en segunda instancia por el Poder Judicial en el marco de los Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra las resoluciones que emite el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamientos (en adelante TRASS) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante SUNASS). Al respecto, cabe mencionar que el TRASS resuelve en segunda y última instancia administrativa las apelaciones presentadas por los usuarios de los servicios de saneamiento contra las decisiones de las Empresas Prestadoras, en adelante EPS, que son las encargas de brindar este tipo de servicios. A través del análisis de las sentencias judiciales, se pretende determinar si el juez contencioso al momento de analizar y resolver los casos considera los aspectos técnicos y legales propios de las normas especiales que rigen los procedimientos administrativos vinculados a los servicios de saneamiento o quizás su interpretación de estos abarca un espectro mayor al exclusivamente administrativo. / Trabajo académico