El tema de investigación científica es el tratamiento de la responsabilidad civil que surge por el daño ambiental causado a partir de la regulación en el ordenamiento jurídico peruano. La inquietud para desarrollar este tema se remonta a nuestros últimos cuatro años de estudios en la Facultad de Derecho, motivado por la lectura de diversos artículos y libros relacionados al Derecho Ambiental y los Recursos Naturales. Luego de realizar nuestras primeras investigaciones y algunos ensayos, es que decidimos presentar nuestra ponencia titulada ¿Existe una protección del medio ambiente en el Código Civil peruano?, que fuera disertada en el concurso de ponencias estudiantiles del Congreso Internacional de Derecho Civil, la misma que fuera publicada, y con la cual decidimos proseguir con las investigaciones a lo largo de estos años. Uno de los principales hechos que llamó nuestro interés fue el crecimiento y bonanza de la actividad minera en el Perú, y junto con ello, los diferentes conflictos sociales que se desencadenaban en torno a la minería, por carecer el Estado peruano de mecanismos de consultas a las poblaciones afectadas, y por las desavenencias en cuanto a los beneficios económicos y al desarrollo social esperado no cumplido. Nada más cierto es que estas poblaciones (campesinas-nativas) son, pues, las que más sufren del impacto negativo de las actividades extractivas, comunidades donde no existe o casi nunca se siente la presencia del Estado, sea brindando adecuados servicios de educación, salud o mejores oportunidades laborales. El Perú, hoy en día constituye un referente mundial para la inversión en la explotación de recursos naturales, pero, sin embargo, la inversión y el apoyo que brinda el Estado peruano a las actividades extractivas, no necesariamente representan buenas experiencias en su relación con el medio ambiente y las diversas comunidades locales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / En la primera parte se abordará, como un tema crítico en el derecho de daños moderno, el de las funciones que cumple un sistema de responsabilidad civil y el rol que, en relación con dichas funciones, le corresponde a la fijación de los perjuicios que efectúa el juez a través de su sentencia. Luego, se expondrá en detalle los principios y normas que rigen la identificación y la avaluación de los daños resarcibles. El estudio de esta sección se hará, siguiendo la doctrina clásica, distinguiendo entre el daño moral o extrapatrimonial y el daño material o patrimonial. Finalmente, en la tercera parte analizará uno de los problemas fundamentales que se ha suscitado en la decisión concreta de los casos de responsabilidad civil, esto es, la determinación de los titulares de las acciones de reparación en caso de un hecho ilícito, es decir, qué personas tienen derecho a exigir una indemnización.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿Existe en Chile legislación que permita reparar los daños causados por este tipo de productos? ¿Cuál es el verdadero sentido y alcance de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores respecto a los productos defectuosos? ¿A qué autoridad se debe reclamar por los daños producidos por el uso de productos defectuosos? ¿Cómo y a través de que medios se debe reclamar ante los tribunales de justicia por los daños causados por la utilización de un producto defectuoso? Estas y otras interrogantes constituyen la serie de objetivos que tendremos en cuenta para delimitar el ámbito de nuestro estudio y que nos servirán como guía para encausar nuestro curso de acción. De tal forma, nos hemos propuesto como principal objetivo, analizar el funcionamiento del actual sistema que ofrece la legislación chilena en materia de responsabilidad por productos defectuosos, para lo cual hemos decidido intentar delimitar primero, que se entiende por producto defectuoso en nuestra legislación y la Doctrina, luego identificaremos quién es el sujeto responsable por los perjuicios ocasionados por la circulación, uso o consumo de un producto defectuoso, y en contra de quién ha de dirigirse el afectado en caso de exigir la responsabilidad civil. Además identificaremos los tipos de responsabilidad que ofrece nuestra legislación al momento de decidir sobre asuntos concernientes a daños por productos defectuosos. También hemos estimado necesario y relevante explicar el procedimiento establecido en la Ley 19.496, ya que de esa manera podemos dar luces sobre la forma de exigir la responsabilidad por los daños provocados por el uso de un producto defectuoso, teniendo en cuenta que la modificación legal incluye la protección de los intereses colectivos de los consumidores, los que son libres para agruparse para defender sus Derechos. Respecto al análisis de la legislación protectora de los consumidores tomamos en consideración la reciente modificación a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, hecha por la Ley 19.955, publicada el 14 de julio de 2004.

Memoria (doctorado en derecho procesal civil) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La prueba en sus dimensiones de actividad y resultado es el objeto de esta investigación. Bajo el argumento que suscribo, para acreditar en juicio los hechos operativos de una regla civil aplicable al caso demandado es necesario cumplir con exigencias tanto epistémicas como normativas, las cuales se entrelazan en los dos momentos cruciales de un proceso civil declarativo: cuando el juez establece el objeto procesal (“¿qué hechos se prueban?”) y cuando aplica un estándar de prueba a las hipótesis en competencia (“¿qué hechos están probados?”). Ambas instancias dan cuenta de la misma pregunta: ¿qué exigencias epistémicas y normativas debe cumplir el juicio de hecho establecido en la sentencia para entender que la decisión del caso es correcta? Para confeccionar una respuesta a este interrogante centro mi análisis en los juicios de imputación de responsabilidad extracontractual por culpa. Dado que el razonamiento empleado por el juez para establecer los hechos se encuentra moldeado por el marco institucional donde ese juicio se practica, empleo el Capítulo I para ofrecer una concepción normativa del proceso civil de primera instancia (una vía que equilibra cuestiones de justicia y eficiencia) y de la función jurisdiccional (como un discurso de aplicación de normas comunes a casos individuales). En este contexto, la prueba se presenta como el instrumento que utilizan los diversos sujetos procesales para conocer la controversia en sus términos jurídicamente relevantes. La probabilidad de obtener ese conocimiento se maximiza mediante reglas orientadas a la búsqueda de la verdad de los hechos, pero como la información disponible siempre es incompleta, las formas procesales sobre las cuales pivota todo juicio de hecho deben expresar, en definitiva, estrategias para minimizar los riesgos de error en el veredicto y, cuando éstos son inevitables, repartirlos entre las partes. El Capítulo II aborda la prueba como actividad. Esta dimensión probatoria se construye en torno al objeto procesal como un acto que ilustra sobre el asunto debatido, tanto en su faz normativa como fáctica. El objeto procesal permite discriminar qué argumentos jurídicos son aceptables en cada caso y qué evidencias son idóneas para acreditar los hechos operativos de la ley aplicable, cuestiones que hace posible el cumplimiento de la regla contradicción entre los litigantes. Dentro de la prueba como actividad, la interacción entre exigencias epistémicas y normativas se manifiesta con especial fuerza al dirimir cuestiones como: los límites de la buena fe procesal, los presupuestos operativos de la iniciativa probatoria judicial, el estándar de exclusión de evidencias y los criterios de inversión del onus probandi. Una vez fijados los hechos a probar y recopilada las evidencias disponibles corresponde al juez civil determinar cuál de las narraciones ha sido probada, o bien, refutada en el proceso. Esta dimensión atañe a la prueba como resultado, de la cual se ocupa el Capítulo III del trabajo: aquí, junto con examinar de una forma crítica la concepción subjetiva de libre valoración de la prueba –que tanto la doctrina como la jurisprudencia chilenas exhiben-, ofrezco una lectura positiva de este esquema de valoración, en tanto un razonamiento que respeta “los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de experiencia”. El análisis culmina con la propuesta de un estándar de prueba aplicable a la litigación civil, con especial predilección por los juicios de responsabilidad extracontractual basados en la negligencia del demandado.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho, mención derecho económico) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El marco jurídico vigente, en materia de prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, se encuentra en proceso de cambio. En nuestro país, actualmente se encuentran en tramitación en el congreso, dos proyectos de ley que buscan aumentar y reformar las exigencias respecto a la fiscalización laboral en materias de seguridad y salud en el trabajo, con lo cual las empresas en Chile, se verán expuestas a un aumento de multas y además estás últimas se incrementarán en su valor

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Si se pretende establecer una política de lucha y erradicación de la violencia familiar o doméstica (llamada actualmente: violencia contra los integrantes del grupo familiar), en primer lugar, se debe determinar contra qué se está luchando. Para ello, es importante configurar correctamente a dicha institución a través de sus elementos o presupuestos. Sin embargo, la definición legal de violencia familiar establecida en la Ley N° 26260 y sus modificatorias, es incoherente con el sistema jurídico y no concibe adecuadamente a la institución regulada, ya que comprende en sus supuestos de hecho, conductas dañosas que pueden estar justificadas; adolece además, de criterios de imputación, es decir, de razones por las que se hacen de cargo del “agresor” los efectos sancionadores previstos. Y estos defectos no son exclusivos de dicha ley, pues se presentan, prácticamente, en todas las definiciones de violencia familiar elaboradas por el ordenamiento supranacional, la legislación comparada, la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia. Esto ha dado lugar a algunas decisiones judiciales absurdas o injustas, como considerar agresora a una mujer que se ha defendido legítimamente de su cónyuge violento; o no considerar agresor por violencia familiar a un padre que por negligencia causó un daño a sus hijos, entre otras. En esta tesis, proponemos que la profusa y elaborada teoría de la responsabilidad civil, en su versión extracontractual y subjetiva, puede brindar el sustento doctrinario necesario para desarrollar sus elementos configuradores a una institución relativamente nueva como la violencia familiar. Por lo cual, una vez expuestos los fundamentos de ambas instituciones, con el uso de los métodos exegético, dogmático, el Derecho Comparado y la jurisprudencia, hemos analizado y comparado sus fuentes, fines y funciones, para descubrir aquellos elementos que resultan compatibles. Como la violencia familiar sí tiene como fundamento un acto (o hecho) ilícito, proponemos que los elementos de la violencia familiar son cuatro: El daño, la ilicitud, la relación de causalidad y el criterio de imputación (que incluye a la imputabilidad). De esta manera, creemos que se enriquece la doctrina jurídica sobre violencia familiar y se facilita la labor de los operadores al momento de interpretar y aplicar la ley sobre la materia. / Tesis

La nueva estructura trilateral: consumidor-proveedor-financiador (evidencia de la crisis del principio de relatividad de los contratos), se presenta en la adquisición de un inmueble en planos porque comparte la misma estructura coligada (cohesionada con el contrato de préstamo promotor). Detrás de las aparentes autónomas tres relaciones jurídicas: bancopromotor, consumidor-promotor y banco-consumidor, existe realmente una relación trilateral, una operación económica global cuya causa concreta o función económica, es la inscripción tanto de la propiedad del consumidor como la hipoteca que garantizó su adquisición, gracias a la cual, todos satisfacen sus intereses: con la inscripción de la fábrica (y venta de sus unidades inmobiliarias), el promotor culminará su proyecto y pagará al banco el préstamo que lo permitió iniciarlo; el banco obtendrá la garantía de los préstamos finalistas y; los consumidores obtendrán la inscripción de su adquisición. Se han presentado una serie de conflictos generados prima facie por incumplimientos de promotores inmobiliarios (edificios no construidos, inconclusos, no inscritos, inscritos pero con cargas, con demora en la entrega, con defectos en la construcción, etc.), conflictos frente a los cuales nos preguntamos ¿el banco pudo evitarlos?, ¿puede ser culpable de que por una inadecuada gestión de sus riesgos, esa operación económica global se frustre o genere daños? El Código de Consumo no ha recogido las normas del derecho europeo sobre crédito al consumo, ni ha prestado atención al fenómeno de la coligación negocial como operan las tres relaciones jurídicas indicadas. No se reconoce que los problemas descritos constituyan falta de idoneidad de los servicios financieros. Además, no se imputa responsabilidad en los bancos, debido a que tanto en los contratos de adquisición como en los contratos de préstamo finalista (de adhesión), se incluyen cláusulas de exoneración de su responsabilidad por los incumplimientos del promotor, vallas infranqueables para los consumidores, en un sistema legalista de pobre desarrollo jurisprudencial y desactualizada doctrina. Pretendemos colaborar en las bases dogmáticas para fijar la responsabilidad civil de los bancos, a fin que ellos cumplan un rol vigilante, acorde con su especialidad profesional , poniendo atención para ello en el último desarrollo que ha alcanzando su gestión de riesgos, la misma que postulamos repensando el derecho civil, incide en la valoración de su conducta diligente. Se busca con ello, la revigorización de su culpabilidad. Nos aproximamos a este propósito a través de tres figuras jurídicas: (i) la coligación negocial (echando mano de la causa en la interpretación conjuntamente con la contra proferentem) (ii) la gestión de riesgos típicos de la actividad bancaria incorporados a su diligencia profesional y (iii) a través de una adecuada tutela de la confianza del consumidor a crédito hacia el sistema experto que representa la actividad bancaria. Damos cuenta de cómo se va delineando una tercera vía que incorpora el riesgo en la culpa, a corriente de la necesidad de controlar y gestionar los riesgos operacionales y de crédito de la actividad bancaria, que hemos tratado en clave de responsabilidad civil, primero en un aspecto general y en el capítulo final en relación concreta con nuestro problema de estudio. / Tesis

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