Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En la presente investigación se sistematiza la información relativa al derecho de acceso a la información pública a nivel de nuestra normativa interna, desde una perspectiva histórica y conceptual, de manera que analizamos el tratamiento de este derecho desde un escenario anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 20.285 y su posterior implementación hasta el final del gobierno de la presidenta Bachelet. Nos hemos planteado como objetivo general el elaborar un juicio crítico respecto de si el desarrollo legal que realiza la ley 20285, respecto del actual artículo 8 de la Constitución Política de la República es suficiente desde la óptica de los requerimientos que nuestra sociedad y sistema democrático. Para dar cumplimiento a este objetivo, en una primera instancia se realiza un análisis doctrinario en la materia, principalmente los desarrollados en torno al concepto del derecho de acceso a la información pública. Luego se intenta delimitar su ámbito de acción mediante el estudio de otros derechos colindantes como lo son el derecho a la libertad de expresión, la probidad pública, principalmente en cuanto a los factores que los diferencian con el propio derecho de acceso a la información. Una vez conceptualizado el derecho de acceso a la información pública se realiza un análisis del marco normativo interno y comparado, para contextualizar esta temática, observando claro la ley Nº 20.285, sus principios, aplicaciones e instituciones. En lo posterior, se procederá a realizar un estudio de fondo acerca las autonomías constitucionales, desde una faceta tanto conceptual como funcional, para identificar luego la relación entre este tipo de entidades y el Banco Central y la Contraloría General de la República, analizando necesariamente a cada uno de los órganos reseñados, para así determinar si la aplicación diferenciada de la ley Nº 20.285 es necesaria o no, y de que forma se protege el derecho de acceso a la información pública, cuando se encuentra en poder de estos dos importantes órganos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Separamos esta memoria en seis capítulos. Los tres primeros tienen por objeto representar al lector la dificultades con se encuentra el Juez al momento de dar solución práctica a una demanda de responsabilidad subsidiaria laboral. Especialmente en lo que se refiere al dinámico desarrollo que tiene la responsabilidad en estos días. Y a la falta de regulación especifica de la obligación subsidiaria en la legislación. Dos conceptos que deben aplicar los jueces en un juicio en que se persiga la responsabilidad subsidiaria del Estado. Los tres últimos capítulos, se refieren específicamente a la responsabilidad subsidiaria del Estado, como dueño de la obra, empresa o faena, que a su vez representa problemas adicionales para al Juez al momento de dictar sentencia. Éstos capítulos están divididos en dos secciones; en la primera sección se revisa el tratamiento legislativo de la responsabilidad subsidiaria laboral del Estado; y en la segunda sección se entrega jurisprudencia sobre los puntos tratados. Como se señalo, es de gran relevancia dicha jurisprudencia porque, muchas veces es contradictoria y en segundo lugar a no haber una regulación acabada de la responsabilidad subsidiaria laboral, es la jurisprudencia quien va dictando pautas para la argumentación de las partes en un eventual juicio. Esta división de la jurisprudencia en tres capítulos diferentes tiene sólo fines didácticos. Por ello, generalmente la Jurisprudencia que se revisará, además de referirse a la problemática de la sección en que se encuentre, tendrá relación con otras secciones o acápites de esta obra.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / La investigación que se desarrolla a continuación, corresponde a un estudio cuya hipótesis es dilucidar la compatibilidad o incompatibilidad del lucro a propósito de la gestión privada de la Seguridad Social en Chile. Para cumplir con dicho objetivo, la investigación se divide en cuatro capítulos y en una consideración final. Así, en el primer capítulo se reconoce la importancia del Estado para la satisfacción de necesidades y el desarrollo permanente según sus fines de los individuos, situación que actualmente se materializa en el deber de respeto, promoción y garantización que le cabe a dicha entidad respecto a los derechos fundamentales de los individuos, en particular a partir de la consideración del derecho a la Seguridad Social como un derecho fundamental; en el segundo capítulo, previa descripción de la evolución histórica del modelo socioeconómico chileno, se conceptualiza el lucro y la valoración, a favor y en contra, de su presencia en la provisión de bienes y servicios públicos; en el tercer capítulo, se estudia la actualidad y la evolución histórica de la Seguridad Social como disciplina propiamente tal y como sistema social, tanto a nivel comparado como en la realidad chilena; en el cuarto capítulo, se expone brevemente la gestión de la Seguridad Social y se analiza la incidencia que dentro de la gestión privada tiene el fenómeno lucro. Finalmente, a partir de los antecedentes y argumentos expuestos, como consideración final se concluye la incompatibilidad distorsionadora del fenómeno lucro con los lineamientos y fines que un sistema de Seguridad Social debe representar, al menos en teoría, dentro de una sociedad democrática moderna.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria tiene por objeto analizar los factores de atribución de responsabilidad para los casos de Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado por actuaciones ilícitas materiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Para ello, se analiza especialmente el factor de atribución falta de servicio, su idoneidad en relación al marco normativo vigente y la proposición por parte de la doctrina de sistemas alternativos de responsabilidad. La realización de este cometido se divide en cinco capítulos: El primer capítulo tiene una función introductoria por medio del cual se describe el sistema general de Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado, la tendencia jurisprudencial actual y los factores de atribución de responsabilidad aplicables al caso. El segundo capítulo busca describir los requisitos que componen el sistema de responsabilidad, su pertinencia y relación con los requisitos especiales de atribución de responsabilidad. En el tercer capítulo se exponen las características de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y sus diferencias con los demás órganos de la Administración del Estado, destacando el carácter de poseedoras del monopolio de la fuerza legítima. En el cuarto capítulo se estudian las principales tendencias jurisprudenciales y dogmáticas relativas a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado por actos ilícitos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, los sujetos que participan del vínculo de responsabilidad y el modo en que actúan en la vida jurídica. Finalmente, en el quinto capítulo se contrasta el estado actual de la legislación y la doctrina administrativista, a fin de determinar la posibilidad de aplicación de una presunción de responsabilidad en el caso específico de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, fundada en la creación de un riesgo derivado de la necesaria atribución del monopolio de la fuerza legítima

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La problemática central que guiará la presente tesis se orienta a desentrañar cuál es el criterio o título de atribución de responsabilidad más adecuado por los perjuicios ocasionados en el patrimonio de un particular a causa de la actividad jurídica o formal de la Administración y, en específico, de la emisión de un acto administrativo que no se ajusta a Derecho. Así, el eje de nuestro trabajo está puesto sobre uno de los elementos de la responsabilidad,no siendo éste ni la antijuridicidad ni el nexo causal , sino que la razón jurídica, criterio o título de atribución de responsabilidad, definida como la "razón por la cual el ordenamiento considera justo trasladar la carga dañosa al responsable.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto realizar un análisis de la industria de las concesiones de obras públicas en nuestro país, y más específicamente, del concepto de equilibrio económico del contrato de concesión, y sus instituciones anexas. Comenzamos realizando una descripción y caracterización del contrato de concesión, indicando cada una de sus características en su condición de contrato de asociación público – privada, con las consecuencias sui generis que ello conlleva. Proseguimos nuestro trabajo con una concisa explicación del sistema concesional chileno, precisando sus principales particularidades, así como también los derechos y obligaciones que emanan de la concesión tanto para el MOP como para las sociedades concesionarias. Finalizamos el primer capítulo con una descripción del sistema de resolución de controversias presente en la ley de concesiones, y las modificaciones introducidas a este respecto en el año 2010.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende abandonar el punto de vista privatista que la jurisprudencia, y en general los autores civilistas, tienen respecto de la responsabilidad de las sociedades concesionarias, renunciar a las reglas generales de responsabilidad civil, las del Código Civil, y abordar el tema desde la naturaleza jurídica de la concesión, todo con una mirada unificadora respecto de la responsabilidad por falta de servicio en contra del Fisco y las Municipalidades, entendiendo que las garantías constitucionales, tal como ocurre en la legislación argentina, no son oponibles únicamente a los diversos órganos del Estado, sino que también a los entes privados, no centrándonos en 14 el victimario y la culpa, sino más bien, en la víctima y el daño, ello, pues si el daño que se provocó es el mismo, el sistema de responsabilidad aplicado debe ser el mismo. Éste es, la falta de servicio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar si en las causas relativas a violaciones sistemáticas de derechos humanos los tribunales de justicia nacionales han recepcionado y aplicado los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha fijado al respecto. En virtud de ello, se pretende determinar si el Estado de Chile ha cumplido con las obligaciones que ha suscrito en esta materia, y si consecuentemente es posible imputarle responsabilidad internacional. En particular, se estudiarán 10 sentencias dictadas durante los años 2013 y 2014 por el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el señor Leopoldo Llanos Sagistrá, en procesos relativos a homicidios y secuestros calificados ocurridos durante la dictadura cívico militar chilena. Para cumplir con los fines descritos, en el primer capítulo se revisarán los estándares internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana, en relación con las obligaciones de los Estados frente a casos de transgresiones graves y sistemáticas a los derechos humanos. En el segundo capítulo se identificarán ciertas premisas que el sentenciador consagró en los fallos y que constituyen las ideas base sobre las que descansa su argumentación. Utilizando aquellas premisas como guía, en el tercer capítulo se expondrán los razonamientos entregados por el juez al momento de evaluar las instituciones jurídicas sometidas a su decisión, y utilizando como parámetro los estándares consagrados en el primer capítulo, se evaluará si aquellos criterios efectivamente son adoptados en las sentencias y, en consecuencia, si el Estado chileno cumple debidamente las obligaciones internacionales con las que se ha comprometido. Finalmente, en el cuarto capítulo, se revisará brevemente la configuración de la responsabilidad internacional, y teniendo en cuenta el análisis de los capítulos recién descritos, se determinará si el Estado es responsable internacionalmente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio realizará un análisis de las votaciones y argumentos utilizados en las sentencias por los Ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema Sala al momento de fallar aquellos casos conocidos a propósito del terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010. Se expondrá como contexto una breve historia del Poder Judicial que permitirá comprender su configuración actual y el rol que este juega en el diseño institucional del país. Además se abordará la responsabilidad del Estado, tanto sus fundamentos y funciones como las normas legales existentes en Chile, para comprender el marco normativo dentro del cual el juez debe decidir los casos en estudio. Se plantea la tesis que es posible realizar un seguimiento a las conductas de los jueces al momento de fallar sus casos que dan cuenta de una regularidad en su comportamiento y la posibilidad de adscribirlos a una determinada concepción de justicia dentro de las que se pueden adoptar en materia de responsabilidad. / 28/11/2019