La investigación, sobre el régimen sancionador para los mineros informales que no culminen el Proceso de Formalización Minera Integral al año 2020 es fundamental porque es una alternativa de solución para impulsar e incentivar a los mineros informales a la formalización, en ese sentido, el objeto de la presente investigación, está dirigido a evaluar las principales variables: régimen sancionador y actividad minera informal, con la finalidad de explicar los motivos de la necesidad de una regulación específica, por ello, se utilizó una investigación de tipo básica, con un nivel descriptivo – explicativo de investigación, con un diseño no experimental – transaccional – explicativo; mediante el cual los resultados de la evaluación de los procesos de formalización minera, así como los datos obtenidos de los expertos, concluyen en que el régimen sancionador para los mineros informales que no culminen el Proceso de Formalización Minera Integral al año 2020, influirá de manera directa en el proceso de formalización minera debido a que sancionará el incumplimiento de culminar el proceso de formalización por parte de los mineros informales, además, incentivará a la formalización.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria expone el Derecho Administrativo Sancionador en su fase procedimental. Plantea que el ejercicio por la Administración de las potestades sancionadoras que la ley expresamente le ha atribuido, debe conformarse a un “debido procedimiento administrativo sancionador”, al que atribuye un marcado carácter garantista, pues, adhiriendo a lo planteado recientemente por el Tribunal Constitucional (STC Nº 2.682), este “es similar al penal”. Así, dicho procedimiento administrativo está integrado por principios tales como el derecho al juez natural, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al recurso, etcétera. Conforme a la “regla” que importa el “debido procedimiento administrativo sancionador”, en los términos antes referidos, analiza los procedimientos administrativos sancionadores específicos de las superintendencias en relación a tres aspectos críticos: delegabilidad de la potestad sancionadora (principio del juez natural), distinción entre órgano instructor y órgano sancionador (principio de imparcialidad) y ejecución del acto administrativo de sanción (mientras están pendientes recursos deducidos en su contra). Sobre el particular, advierte la existencia de sustantivas diferencias entre superintendencias, tanto normativas como prácticas, que estima inaceptables ya que algunas de ellas (a diferencia de otras) no observarían los principios que integran el debido procedimiento administrativo sancionador y, muy especialmente, por violentarse así el principio de la igualdad ante la ley entre quienes son perseguidos por superintendencias distintas, y más aún si se considera que estas, al menos nominalmente, tendrían la misma naturaleza jurídica. 6 Como solución sugiere el establecimiento de una ley con carácter general, o al menos en relación a las superintendencias, que establezca los principios del debido procedimiento administrativo sancionador, y por lo pronto, la aplicación, con carácter general, al menos en relación a ellas, de las disposiciones legales más conformes a dichos principios que contenga cualquiera de las leyes que individualmente las rige.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:16:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2423_1.pdf: 2963022 bytes, checksum: 99674617158f93bd5688a2ff77310c13 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Universidade Federal da Bahia / O presente trabalho versa sobre a falta de legitimidade da intervenção penal na ordem econômica. Para tanto, identifica o aparecimento do direito penal econômico a partir das convenções de Paris e do Sherman Act, preocupados, pois, com marcas e patentes e com a tutela anti-truste. Além disso, mostra que a criação destes novos bens jurídicos, ligados à economia, estão indissociavelmente vinculados à noção de cultura. Nestes bens culturais, aparece, ainda, o método usado no direito penal. Os bens jurídicos tradicionais são marcas da civilização, são bens corpóreos, tangíveis. Os bens culturais são incorpóreos, intangíveis. Estes bens são derivação de novas necessidades, criadas pela sociedade em que novos riscos são incrementados. Para tratar destes novos bens, a tipicidade penal, tradicionalmente marcada pela exigência da taxatividade, teria de ceder espaço para a criação de tipos abertos, repletos de elementos normativos, de normas penais em branco, haja vista que a mutabilidade dos bens culturais é incompatível com os rigores da tipicidade. Para além disso, como nestes bens culturais existe uma preocupação muito grande em evitar lesões, há um uso freqüente de crimes de perigo abstrato, antecipando a tutela penal. Assim, as garantias do direito penal restam desfiguradas, tendo as garantias da dogmática penal cedido espaço para as exigências da vida prática. Demonstra-se, adiante, a falta de legitimidade da intervenção penal na ordem econômica, expondo-se, para isso, o conceito de legitimidade, diferenciando-o de legitimação e de legitimidade. Expõe-se, assim, que a intervenção penal somente é legítima quando é necessária, justa e adequada. Apreciaram-se, ademais, as críticas da criminologia em relação ao direito penal econômico, examinando todas as teorias da pena, a evidenciar que a política criminal não tem como justificar e nem como fundamentar o direito de punir para o direito penal econômico. Adiante, cuida-se de apresentar alternativa, pautada no direito sancionador, meio termo entre o direito penal e o direito administrativo, apresentando, pois, todos os princípios inerentes, diferenciando-o o direito penal e do direito administrativo. Apresentaram-se as características do direito sancionador, do direito da intervenção, do direito penal de duas velocidades e do direito das contra ordenações. Critica-se a manifestação contrária ao direito sancionador, por meio do posicionamento dos chamados sistemas penais paralelos. Defende-se, pois, a aplicação de um direito punitivo enérgico, com diversas garantias (flexibilizando-se apenas a taxatividade e a jurisdicionalidade). Este direito, com tais garantias, apresenta sanções, que não podem conduzir a pena de prisão. Conclui-se a tese, demonstrando que a tutela penal deve reconhecer sua ilegitimidade para tutelar relações advindas da economia, destes bens culturais, cedendo espaço para o direito sancionador

En la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, los funcionarios afrontan dificultades para notificar los actos administrativos, las cuales no solo se limitan a la determinación del domicilio correcto del administrado en el cual se harán llegar los actos, sino además en el hecho de que, una vez determinado dicho domicilio, se presentan supuestos de diligencias de notificación infructuosas, ya sea porque la dirección resulta inexistente o porque el administrado ya no reside en dicho lugar, ello debido a que el domicilio declarado por el administrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es incorrecto o no se encuentra actualizado, siendo que dicha situación, sumado a una legislación que pretende ser muy garantista, ha llevado a que las entidades de la Administración Pública destinen recursos significativos en la notificación de actos a través de la publicación de edictos. Usando el método de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la presente investigación se demostrará que la aplicación del régimen de notificación establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, viene siendo ineficiente, generando costos innecesarios a la Administración. Ante dicha situación, se concluye que se deben ejecutar una serie de acciones, que no solo implican la modificación de la citada Ley, y de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497, sino que además implican dotar al procedimiento de expedición del Documento Nacional de Identidad y al procedimiento del cambio del dato domiciliario, del uso del Sistema Georeferenciado para mejorar la confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos, desarrollar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el Documento Nacional de Identidad, y optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio. / In the processing of administrative sanctions procedures, officials face difficulties in notifying administrative acts, which are not only limited to the determination of the correct domicile of the petitioner to which the documents will be sent, but also in the fact that, once this domicile is determined, there are cases of unsuccessful notification diligences. This may happen because the address is non-existent, the petitioner no longer resides in that location, or because the domicile declared by the petitioner before the National Registry of Identification and Marital Status is incorrect or is not updated. This situation, added to a legislation that seeks to provide all possible guarantees, has led to the Public Administration entities allocate significant resources in the notification of acts through the publication of legal notices. The descriptive research method involving a qualitative approach has been applied to conduct this research study, which will demonstrate that the application of the notification regime established in the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444, is inefficient, and creates unnecessary administrative costs. It, therefore, follows that a series of actions must be executed, which do not only imply the modification of the Law mentioned above, and the Organic Law of the National Registry of Identification and Marital Status, Law No. 26497, but also the implementation of the Georeferenced System to improve the reliability of the data declared by citizens in their Identity Cards. This action will be critical to carry out an awareness campaign regarding the importance of updating the domicile in the Peruvian Identity Card to optimize RENIEC's inspection actions regarding fulfillment with the obligation to update the domicile. / Trabajo de investigación

Submitted by Hernani Medola (hernani.medola@mackenzie.br) on 2017-09-15T23:33:04Z No. of bitstreams: 2 Tercio Issami Tokano.pdf: 1244533 bytes, checksum: 5d3bc8c6ae28d4413664af7e58de755f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Paola Damato (repositorio@mackenzie.br) on 2017-10-02T15:55:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tercio Issami Tokano.pdf: 1244533 bytes, checksum: 5d3bc8c6ae28d4413664af7e58de755f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-02T15:55:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tercio Issami Tokano.pdf: 1244533 bytes, checksum: 5d3bc8c6ae28d4413664af7e58de755f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-08-08 / The punitive activity of the State, implemented through criminal law and sanctioning administrative law, within the framework of the Democratic Rule of Law, is formed and conformed by rules and principles drawn from the Federal Constitution, which limit it for the preservation of fundamental rights. In this context, the present study analyzes the legal regime that autonomously and specifically protects the administrative probity, transmitted through Law number 8.429/92 (Administrative Improbity Law), and, in particular, studies the just cause for the exercise of respective action. The institute of just cause for the civil action of administrative improbity was reinforced with the advent of Provisional Measure number 2.088, of 2001, that amended the initial rite of this modality of action, opening space for the anticipation of valuation judgments that, as a rule, would touch to the substantive analysis of the claim filed in court by the Prosecution Service or by the interested legal entity. From this normative opening comes the possibility of an early extinguished trial of the civil action of administrative improbity, which, in conjunction with the guarantor principles governing the State Sanctioning System, brings the need to examine the legal nature of this institute, envisaging it as a requirement of Legitimacy of the punitive action of the State, and its correlation with issues such as the right of access to justice, the right to proof, the elements of guilt and the application of the brocardo in dubio pro societate. / A atividade punitiva do Estado, concretizada por meio do direito penal e do direito administrativo sancionador, no âmbito do Estado Democrático de Direito, é formada e conformada por regras e princípios extraídos da Constituição Federal, que a limitam em prol da preservação de direitos fundamentais. Nesse contexto, o presente trabalho analisa o regime jurídico que tutela de modo autônomo e específico a probidade administrativa, veiculado através da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e, de modo particular, estuda a justa causa para o exercício da respectiva ação. O instituto da justa causa para a ação civil de improbidade administrativa foi reforçado com o advento da Medida Provisória nº 2.088, de 2001, que alterou o rito inicial dessa modalidade de ação, abrindo espaço para a antecipação de juízos valorativos que, ordinariamente, tocariam à análise de fundo da pretensão deduzida em juízo pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Dessa abertura normativa advém a possibilidade do julgamento extintivo antecipado da ação civil de improbidade administrativa, o que, em junção com a principiologia garantista que rege o Sistema Sancionador Estatal, traz a necessidade de examinar a natureza jurídica desse instituto, vislumbrando-o como requisito de legitimidade da atuação punitiva do Estado, e sua correlação com questões como o direito de acesso à jurisdição, o direito à prova, os elementos indiciários da culpabilidade e a aplicação do brocardo in dubio pro societate.

Las empresas que tienen inscrito un valor o programa de emisión en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), tienen la obligación de presentar información periódica o eventual. Esta obligación tiene como sustento proteger un bien jurídico, es decir la transparencia de mercado, así como el que los inversores puedan fundamentar mejor sus decisiones respecto de los activos emitidos. En ese sentido, el presente artículo, explica los plazos oportunos de presentación de dicha información, las etapas del procedimiento administrativo sancionador y los Criterios de Sanción tomados en cuenta.

In light of the plight of the vast Peruvian regime, in this article, the constitutional grounds of the disciplinary regime and sanctioned procedure will be discussed; and if the current regulation of the civil service law consistent with these fundamentals and the extensive regime of Peruvian labor laws in the legislative development focusing on those powers granted to authorities specifically with regard to the disciplinary measures and disciplinary proceedings. / A la luz de la compleja situación del extenso régimen peruano, en el presente artículo se analizará el sustento constitucional del régimen disciplinario y procedimiento sancionador. Asimismo, se analizará si la actual regulación de la Ley de Servicio civil coincide con estos fundamentos y el extenso régimen de la normativa laboral peruana enfocándose, de esta manera, en el desarrollo legislativo sobre aquellas facultades otorgadas a las autoridades encargadas, específicamente, en lo referido al régimen disciplinario y procedimiento sancionador.

En el artículo, la autora analiza lo ocurrido en estos diez años con respecto a temas como los principios del procedimiento administrativo, la simplificación administrativa, los procedimientos sancionadores, el contro ldifuso en sede administrativa y el silencio administrativo.

An issue that has always caused controversy, both in the theory and in the practice, is the application of the law over time, which becomes more complex in terms of its non-retroactivity or retroactivity. In the present article, the author develops theretroactivity of the most favorable rule principle. First, the author describes the concept and fundamentals of retroactivity. Then, he reports its normative support and its delimitation. Finally, the author exposes the most discussed and controversial assumptions on its application and non-application, making parallels with its regulation in Spain. / Un tema que siempre ha causado controversia, tanto en la teoría como en la práctica, es la aplicación de la norma jurídica en el tiempo, la cual se complejiza en cuanto a su irretroactividad o retroactividad. En el presente artículo, el autor desarrolla el principio de la retroactividad de la norma más favorable. En primer lugar, describe el concepto y fundamentos de la retroactividad. A continuación, informa sobre su sustento normativo y su delimitación. Finalmente, expone los supuestos discutidos sobre su aplicación e inaplicación, haciendo un paralelismo con su regulación en España.

Crítica del libro Cómo Afrontar una Fiscalización Laboral de Ludmin Jiménez Coronado, Clotilde Atahuaman Sumarán, Ana Hilario Melgarejo, Graciela Hurtado Cruz.