Esta investigación busca desarrollar el contenido jurídico del principio procesal constitucional de elasticidad, también denominado principio de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. Este principio no ha sido desarrollado de manera cabal por nuestra legislación ni por nuestro Tribunal Constitucional a la hora de aplicarlo a sus resoluciones constitucionales, ya que no podemos encontrar una definición del mismo, así como la extensión de sus alcances ni los límites en su aplicación en los procesos constitucionales

La creciente aparición de Tribunales Constitucionales alentada en todo el mundo - primero por la segunda postguerra y luego por los movimientos democráticos- es manifestación de un deseo generalizado por garantizar el predominio de los valores consagrados en las Constituciones, bajo el entendido de que éstos pueden conducir a sociedades más humanistas. De nuestro lado, han pasado ya más de diez años desde que el Tribunal Constitucional del Perú volvió a un pleno funcionamiento luego de la restitución de los tres magistrados destituidos por el gobierno fujimorista. Éste es un tiempo suficiente para reflexionar acerca de su gran contribución al desarrollo de la democracia en nuestro país. Dicha reflexión, desde el ámbito jurídico, debe tener como eje central la frondosa jurisprudencia que ha desarrollado este órgano constitucional en relación a los derechos fundamentales de la persona, al establecimiento de los límites al poder político y a la organización jurídico-política del Estado.

La presente investigación tiene por finalidad determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la remuneración. Esta labor es importante porque, como se sabe, sólo este tipo de contenido goza de garantía constitucional, a través del proceso de amparo. Si los jueces no conocen el contenido constitucional del derecho a la remuneración, corren el riesgo de decretar la improcedencia de demandas de amparo que, justamente, versan sobre aquel. Este error ocasiona la desprotección constitucional del derecho a la remuneración. Seguramente, el lector de estas páginas no es ajeno a la idea del Tribunal Constitucional peruano (y de cierto sector de la doctrina) sobre la existencia de un “contenido esencial” en los derechos fundamentales. Pues bien, mi argumentación va en sentido contrario: el derecho a la remuneración no tiene un “contenido esencial”, sino un “contenido constitucionalmente protegido”, que no es equiparable de ningún modo a aquel.

La presente tesis tiene por objeto estudiar las funciones y competencias asignadas a nuestro Tribunal Constitucional. Para este propósito, en el primer capítulo se desarrollará un análisis general del origen de la jurisdicción constitucional y las razones de su existencia. Asimismo se estudiará el origen del Tribunal Constitucional, entendido como aquel organismo constitucional autónomo e independiente, que al interior del ordenamiento jurídico, ejerce la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, garantizando los valores propios de la democracia. Luego de abordar el origen del Tribunal Constitucional a nivel mundial, veremos desde cuándo nuestro país adoptó esta institución y los motivos de dicha adopción, para luego pasar a analizar su finalidad y naturaleza. Seguidamente. Veremos el estatuto jurídico de nuestro Tribunal Constitucional, es decir, su organización y estructura: el número de magistrados que la integran, su periodo de mandato, los requisitos e impedimentos, vacancia, forma de elección de sus miembros, etc. Asimismo estudiaremos su composición a través de un Pleno y de dos Salas, su funcionamiento, su sede y el tipo de resoluciones que emite, entre otros aspectos.

El sistema de responsabilidad penal de adolescentes de nuestro país ha ido apostando por un modelo garantista y de corte restaurativo, adoptando con el paso de los años mecanismos para el cumplimiento de una protección integral y especializada para los y las adolescentes infractores. Sin embargo, esta intención ha adolecido sostenidamente de muchas deudas respecto de su implementación y concreción, siendo una de ellas la escasa rigurosidad en la justificación de los jueces al momento de imponer una medida socioeducativa en un contexto en donde el internamiento suele ser la más empleada. Partiendo de este de escenario, este informe analizará la sentencia recaída en el Exp. Nº 00804-2013-PHC/TC, un proceso de hábeas corpus en favor del adolescente N. Y. J. D. por la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones. Aunque el presente trabajo estará de acuerdo de manera general con la decisión final del Tribunal, pretende también dar más luces respecto del impacto del uso de los informes técnicos de los equipos multidisciplinarios en la motivación de las medidas adoptadas. Para ello, se realizó una investigación de carácter dogmático, recurriendo a la normativa, jurisprudencia y doctrina recurrente, así como también datos estadísticos contemporáneos al caso y su contraste con data más actual. Finalmente, es posible concluir que en nuestro sistema los procesos penal juveniles, particularmente, merecen más atención para su seguimiento de acuerdo a los parámetros internacionales en la materia, el cual exige tanto la especialidad de los jueces como de todos los funcionarios involucrados / The criminal responsibility system for adolescents in our country has been betting on a guarantee and restorative model, adopting over the years mechanisms to comply with comprehensive and specialized protection for adolescent offenders. However, this intention has consistently suffered from many debts regarding its implementation and concretion, one of them being the lack of rigor in the justification of the judges when imposing a socio-educational measure in a context where internment is usually the most used. Starting from this scenario, this report will analyze the sentence handed down in File No. 00804-2013-PHC/TC, a habeas corpus process in favor of the adolescent N.Y.J.D. for the violation of the right to due motivation of resolutions. Although this paper will be in general agreement with the Court's final decision, it also aims to shed more light on the impact of the use of the technical reports from the multidisciplinary teams on the motivation for the measures adopted. For this, a dogmatic investigation was carried out, resorting to the regulations, jurisprudence and relevant doctrine, as well as contemporary statistical data to the case and its contrast with more current data. Finally, it is possible to conclude that in our system juvenile criminal proceedings, particularly, deserve more attention for their follow-up according to international parameters on the matter, which requires both the specialty of the judges and of all the officials involved

Como una forma de contribuir a la correcta comprensión del cumplimiento del principio de laicidad en un Estado constitucional democrático y laico, es menester establecer cómo es que no debe comprenderse dicho cumplimiento. En la actualidad, el TC está emitiendo jurisprudencia que mantiene una orientación basada en el modelo de la Laicidad Neutral respecto del cumplimiento del principio de laicidad. No obstante, tratándose de un Estado con mayorías religiosas, pocos años de laicidad y la creencia general de la obligatoriedad de la prestación de colaboración estatal a los credos, tanto por parte de los civiles como por los propios operadores de justicia, resulta menester pronunciarse para contribuir a expandir la correcta comprensión de lo que constituye un sano cumplimiento del principio de laicidad. Este trabajo apunta a analizar y criticar la postura del Tribunal Constitucional referida al cumplimiento del principio de laicidad establecida en sus sentencias del periodo 2004-2013 para determinar si es que adopta una postura orientada al modelo de la Laicidad Positiva. Se realizará este fin mediante un desarrollo teórico y el análisis de las sentencias seleccionadas. Se concluye no solo que el Tribunal Constitucional adoptó un modelo de Laicidad Positiva, sino también se constata los nocivos efectos que ello genera en un Estado con unas cuantas décadas de laicidad formal

El objetivo del presente trabajo es demostrar que la regla establecida por el Tribunal Constitucional en el precedente Vásquez Romero resulta adecuada para armonizar su rol de último garante de los derechos fundamentales y su rol de tribunal de casos. El análisis jurídico parte del hecho de que esta última función deriva en una sobrecarga procesal que, a su vez, dificulta la labor de brindar tutela de urgencia en las causas que realmente lo ameritan. Así, conforme a los criterios desarrollados por el profesor Marinoni para controlar la insuficiencia normativa para garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, se concluye que las causales de rechazo del RAC resultan idóneas para concentrar los recursos institucionales del Tribunal Constitucional y, a su vez, no desnaturalizan su rol de tribunal de casos, pues permiten descartar causas en que no medie necesidad de tutela de urgencia desde una dimensión subjetiva. Asimismo, en el presente trabajo se demuestra por qué las pretensiones planteadas por la señora Francisca Lilia Vásquez Romero deben ser desestimadas, tanto si se emite un pronunciamiento sobre el mérito como sobre su procedencia. Se trata de lo que se denomina un caso fácil, respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta armónica; aunque, pese a ello, se detectan algunas deficiencias argumentativas del Tribunal Constitucional al declarar infundadas ambas pretensiones

El presente Informe tiene por objeto analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente N° 03066-2019-PA/TC, en el proceso seguido por las Comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará, a través de la cual dicho órgano colegiado afirma que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano, y, en consecuencia, declara la improcedencia de la demanda. Para tal efecto, a fin de determinar si la decisión adoptada por dicho Tribunal vulnera el derecho a la consulta previa alegado, se analizará, por un lado, las causales de improcedencia de la demanda de amparo reguladas en el Código Procesal Constitucional, y, por otro lado, la correspondencia de la aplicación del derecho a la consulta previa para las Comunidades demandantes, ello, teniendo en cuenta tanto la norma constitucional, como los tratados, jurisprudencia y opiniones vinculantes de organismos internacionales, que son de observancia obligatoria para el Perú. Así pues, del análisis de las herramientas jurídicas antes señaladas, se demostrará que el caso abordado por el Tribunal Constitucional no se encontraba en ningún supuesto de improcedencia procesal, así como que el mismo debió ser declarado fundado, ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, en concordancia con los estándares internacionales aplicables, el derecho a la consulta previa de las Comunidades demandantes debió ser garantizado / The purpose of this Report is to analyze the judgment of the Constitutional Court handed down on file N° 03066-2019-PA/TC, in the process followed by the Chila Chambilla and Chila Pucará Communities, through which said collegiate body affirms that the right to prior consultation is not a fundamental right in the Peruvian legal system, and, consequently, declares the claim inadmissible. For this purpose, in order to determine if the decision adopted by the Constitutional Court violates the alleged right to prior consultation, it will analyze, on the one hand, the grounds for inadmissibility of the amparo claim regulated in the Constitutional Procedure Code, and, on the other hand, the correspondence of the application of the right to prior consultation for the claimant Communities, taking into account both the constitutional norm, as well as the treaties, jurisprudence and binding opinions of international organizations, which are mandatory for Peru. Thus, from the analysis of the aforementioned legal tools, it will be demonstrated that the case addressed by the Constitutional Court was not in any case of procedural inadmissibility, as well as that it should have been declared wellfounded, since, according to the law In Peruvian law, in accordance with applicable international standards, the right to prior consultation of the claimant Communities should have been guaranteed

En el presente informe se analiza como deben ser aplicados los intereses moratorios durante el trámite del proceso contencioso administrativo utilizando como base el derecho al plazo razonable y la finalidad de los intereses moratorios. De ese modo, inicialmente se abordarán los conceptos de derecho al plazo razonable e intereses moratorios tributarios al amparo de los diversos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. En concordancia con ello y teniendo en cuenta los conceptos desarrollados inicialmente se analizará la liquidación de intereses moratorios propuesta por el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 1975-2-2021. / This report analyzes how late payment interest should be applied during the administrative litigation process based on the right to reasonable time and the purpose of late payment interest. Thus, initially, the concepts of the right to reasonable time and tax interest in arrears will be addressed under the protection of the various pronouncements made by the Constitutional Court. In accordance with this and taking into account the concepts initially developed, the liquidation of delinquent interest proposed by the Tax Court in Resolution No. 1975-2-2021 will be analyzed.

En el presente informe jurídico se analizará la sentencia del Tribunal Constitucional del EXP N.° 01587-2018-PHC/TC, la cual versa sobre el interés superior del niño en el marco de una investigación penal. En tal sentencia, el Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda. El problema jurídico principal se centra en determinar si se debe declarar fundada o no la demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional a favor de las hijas de Ollanta Humala y Nadine Heredia en contra del fiscal Germán Juárez Atoche, quien ordenó, por medio de la providencia 204-2017, que fiscales adjuntos provinciales se apersonaran al colegio de las niñas. Para llegar a resolver de manera idónea el problema jurídico antes mencionado, es necesario incluir en la argumentación otros temas relevantes tales como la procedencia o reconversión del habeas corpus y el derecho a la libertad individual, sus derechos conexos y el interés superior del niño. Si bien nos encontramos conformes con el resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional, no compartimos en su totalidad la argumentación presentada por el Tribunal Constitucional en sus fundamentos. Ello no solo se hace notorio por los votos singulares y fundamentos de votos de cuatro magistrados, sino también por generalidades y omisiones en la sentencia, lo cual podría generar inseguridad jurídica e incluso mayor desprotección al sector vulnerable de la niñez y adolescencia.