Pese a que el proceso de acción popular ha sido históricamente el primer instrumento constitucional de control normativo incorporado por nuestro constitucionalismo, han sido escasas las posibilidades de analizar cabalmente su funcionamiento en el sistema de control constitucional. Con razón, autores nacionales la han calificado como “la cenicienta de los procesos constitucionales” o como el proceso constitucional más “impopular”por su grado de conocimiento por la colectividad y la carencia de difusión de sus resoluciones. No les falta razón. Los trabajos de investigación respecto a este proceso son más bien escasos y fundamentalmente exegéticos normativos, sin haber podido examinar las tendencias jurisprudenciales seguidas por el Poder Judicial en su aplicación. En esta investigación nos proponemos tener como eje de análisis la jurisprudencia producida por el Poder Judicial desde el año 2000 a la fecha para poder a partir de ella identificar los principales elementos que la caracterizan y mostrar los principales factores para su definido perfil bajo en nuestro constitucionalismo.

El Tribunal Constitucional peruano, mediante la Sentencia recaída en el Expediente N° 03525-2021-PA/TC, ha fijado un precedente constitucional vinculante que establece la suspensión de la aplicación de intereses moratorios. La sentencia, más que convencer sobre la primacía de ciertos valores y principios constitucionales sobre otros, lo que ha hecho es generar diversos cuestionamientos y problemas por responder. El presente Informe tratará de abarcar algunos de los problemas que se han generado a partir de la emisión de la sentencia: la equiparación del plazo razonable al plazo legal, y cómo se han visto comprometidos principios y valores constitucionales como la seguridad jurídica, el deber de contribuir, la capacidad contributiva, y el principio de solidaridad / The Peruvian Constitutional Court, through the Judgment handed down in File N° 03525-2021-PA/TC, has set a binding constitutional precedent that establishes the suspension of the application of moratorium interest. The sentence, more than convincing about the primacy of certain constitutional values and principles over others, what it has done is generate various questions and problems to be answered. This Report will try to cover some of the problems that have been generated from the issuance of the sentence: the equating of the reasonable term to the legal term, and how constitutional principles and values have been compromised such as legal certainty, the duty to contribute, the contributory capacity, and the principle of solidarity

En este informe se pretende analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N°01004-2021-PHC/TC LIMA, el cual expone el caso de Álvaro, una persona con discapacidad psicosocial que fue internado en una clínica en contra de su voluntad. Esto se da en un contexto donde no se considera su capacidad jurídica para tomar decisiones jurídicamente vinculantes como el consentimiento informado. Para analizar ello, se tomará en cuenta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Código Civil, Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 30947 y la Ley de Salud Mental, las cuales se encontraba vigentes en los hechos del caso concreto. Así pues, del análisis expuesto se concluye que Álvaro tenía capacidad jurídica para tomar decisiones jurídicamente vinculantes, por lo que su internamiento es contrario a lo expuesto en la Convención. Además, queda claro que podía brindar su consentimiento médico por tener plena capacidad para decidir y que no estaba en emergencia psiquiátrica, pues no se comprueba la falta de discernimiento, pues no existe una sentencia de interdicción y, finalmente, en la Convención no cabe la excepción de internamiento de ninguna forma. / This report aims to analyze the ruling of the Constitutional Court handed down in file N°01004-2021-PHC/TC LIMA, which exposes the case of Álvaro, a person with psychosocial disabilities who was admitted to a clinic against his will. This occurs in a context where his legal capacity to make legally binding decisions such as informed consent is not considered. To analyze it, the provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Civil Code, the General Law of Persons with Disabilities, Law 30947 and the Mental Health Law, which were in force in the facts of the specific case. Thus, from the analysis presented, it is concluded that Álvaro had the legal capacity to make legally binding decisions, so his detention is contrary to what is stated in the Convention. Furthermore, it is clear that he could provide his medical consent because he had full capacity to decide and that he was not in a psychiatric emergency, since the lack of discernment is not proven, since there is no ruling of interdiction and, finally, the Convention does not allow internment exception in any way.

Este informe jurídico aborda la problemática de la acreditación y justiciabilidad del derecho a la pensión, así como las obligaciones que tiene el Estado para efectivizar su protección. Y es que cuando se solicita una pensión de invalidez por enfermedad profesional existen problemas no atribuibles a los solicitantes, quienes con el fin de cumplir con los requisitos legales, como lo es el acreditarla a través de un certificado médico emitido por una Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, se encuentran con las deficiencias del sistema público de salud y un incumplimiento reiterativo de entidades estatales. Ahora, si bien el informe busca determinar si corresponde otorgarle la pensión al Sr. Osores, este caso es importante, ya que el Tribunal Constitucional (TC) reitera un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y establece nuevo precedente vinculante sobre las reglas para la acreditación por enfermedad profesional. Así, se analizarán los principales instrumentos normativos vinculados al derecho a la pensión. A nivel internacional, la DUDH, el PIDESC, la CADH y jurisprudencia de la Corte IDH; y en sede nacional, la Constitución, el Nuevo Codigo Procesal Constitucional, y normativa legal, y jurisprudencia del TC en materia previsional, precedentes vinculantes y ECI. Todo ello para concluir que (i) al no otorgarle la pensión al Sr. Osores se vulnera su derecho y (ii) que la reiteración del ECI es un intento por operativizar la progresividad de dicho derecho para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones mínimas esenciales brindando el acceso justo y oportuno que los solicitantes merecen. / This legal report addresses the problem of the accreditation and justiciability of the pension right, as well as the obligations that the State has to implement its protection. And it is that when a disability pension is requested due to an occupational disease, there are difficulties not attributable to the applicants, who in order to comply with the legal requirements, such as accrediting it through a medical certificate issued by a Medical Qualifying Commission of Disabilities, they are found with the deficiencies of the public health system and repetitive noncompliance of state entities. Now, although the report will focus on determining whether it is appropriate to grant pension to Mr. Osores, this case is important, since the Constitutional Court reiterates an Unconstitutional State of Affairs (USA) and establishes new binding precedent on the rules for accreditation by professional illness. Thus, the main law instruments linked to pension rights will be analyzed. At the international normative, the UDHR, the ICESCR, the ACHR and jurisprudence of the Inter-American Court; and at national level, the Constitution, the New Constitutional Procedural Code, and the legal regulations, and jurisprudence of the TC on pension matters, binding precedents and USA. All this to conclude that (i) by not granting the pension to Mr. Osores his right is violated and (ii) that the reiteration of the USA is an attempt to operationalize the progressivity of this right, so the State can comply with its minimum obligations essential by providing the fair and timely access that applicants deserve.

El caso actual involucra a un menor a quien se le negó la renovación de matrícula en el colegio debido al comportamiento de su madre dentro de la institución, alegándose posteriormente su mal comportamiento. Por lo tanto, se pretende examinar la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado al derecho a la educación y evaluar la adecuación de su decisión. En este trabajo, se emplearán herramientas de apoyo como normas, informes, artículos y jurisprudencia. El objetivo principal es detectar las interrogantes que el Tribunal no ha abordado para enriquecer el análisis del caso, explorando cómo responder a estas, y cómo se podría proporcionar una perspectiva de solución más integral. Las conclusiones muestran que la decisión de no renovar la matrícula impactó negativamente en el derecho a la educación del menor. La postura del Tribunal se critica por no enfatizar suficientemente la protección de la educación básica. Además, no se consideraron los límites que deben influir en el poder de autonomía de las instituciones educativas privadas. Finalmente, si nos encontramos ante un Recurso de Agravio Constitucional típico. Como opciones de resolución es crucial aplicar estrategias que permitan al estudiante permanecer en el entorno educativo mientras se atienden sus necesidades y se promueve un comportamiento positivo. / The current case involves a minor who was denied renewal of enrollment at the school due to his mother's behavior within the institution, subsequently alleging her bad behavior. Therefore, the aim is to examine the interpretation that the Constitutional Court has given to the right to education and evaluate the adequacy of its decision. In this work, support tools such as standards, reports, articles and jurisprudence will be used. The main objective is to detect the questions that the Court has not addressed to enrich the analysis of the case, exploring how to respond to them, and how a more comprehensive solution perspective could be provided. The conclusions show that the decision not to renew registration negatively impacted the minor's right to education. The Court's position is criticized for not sufficiently emphasizing the protection of basic education. Furthermore, the limits that should influence the power of autonomy of private educational institutions were not considered. Finally, if we are faced with a typical Constitutional Grievance Appeal. As resolution options, it is crucial to apply strategies that allow the student to remain in the educational environment while their needs are met and positive behavior is promoted.

El caso aborda una disputa entre el Congreso del Perú y el Poder Ejecutivo, iniciada cuando el Primer Ministro, Aníbal Torres Vásquez, presentó una cuestión de confianza ( en adelante CDC) relacionada con el Proyecto de Ley ( PL) 3570/2022- PE. El problema principal radica en si esta CDC significa un ejercicio irregular de competencias del Ejecutivo y vulneró las atribuciones constitucionales del Congreso. Además, se examinan problemas secundarios sobre la competencia para determinar el rechazo de la CDC y la validez de interpretaciones implícitas de dicho rechazo. Los instrumentos normativos empleados incluyen los artículos 132,133 y 134 de la Constitución, el reglamento del Congreso, la ley N° 31355, los cuales regulan la CDC y su procedimiento. Además, se consideraron sentencias previas del TC que abordan la interpretación y los límites de este mecanismo, como la Sentencia 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC y la Sentencia 00006-2003-AI/TC. Las principales conclusiones indican que el planteamiento de la CDC por el Ejecutivo con el objetivo de conseguir la aprobación del PL 3570/2022-PE fue irregular y vulneró las competencias del Congreso. Se concluye que el Congreso tiene la competencia para determinar el rechazo de la CDC y que tal rechazo debe ser explícito para evitar interpretaciones arbitrarias. El fallo resalta la necesidad de respetar la separación de poderes y los límites constitucionales establecidos para preservar el equilibrio democrático en el país. / The case addresses a dispute between the Congress of the Republic of Peru and the Executive Branch, initiated when the Prime Minister, Aníbal Torres Vásquez, raised a vote of confidence related to Bill 3570/2022-PE. The main issue revolves around whether this vote of confidence constituted an irregular exercise of Executive powers and undermined the constitutional powers of the Congress. Additionally, secondary issues regarding the competent authority to determine the rejection of the vote of confidence and the validity of implicit interpretations of such rejection are examined. The regulatory instruments employed include Articles 132, 133, and 134 of the Political Constitution of Peru, the Congress's regulations, Law No. 31355, which regulate the vote of confidence and its procedure. Furthermore, previous judgments of the Constitutional Court addressing the interpretation and limits of this mechanism were considered, such as Judgment 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC, and Judgment 00006-2003-AI/TC. The main conclusions indicate that the Executive's proposal of the vote of confidence for the approval of Bill 3570/2022-PE was irregular and violated the powers of the Congress. It is concluded that the Congress has the authority to determine the rejection of the vote of confidence, and such rejection must be explicit to avoid arbitrary interpretations. The ruling highlights the need to respect the separation of powers and the constitutional limits established to preserve the democratic balance in the country.

El objetivo del presente trabajo es demostrar que la regla establecida por el Tribunal Constitucional en el precedente Vásquez Romero resulta adecuada para armonizar su rol de último garante de los derechos fundamentales y su rol de tribunal de casos. El análisis jurídico parte del hecho de que esta última función deriva en una sobrecarga procesal que, a su vez, dificulta la labor de brindar tutela de urgencia en las causas que realmente lo ameritan. Así, conforme a los criterios desarrollados por el profesor Marinoni para controlar la insuficiencia normativa para garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, se concluye que las causales de rechazo del RAC resultan idóneas para concentrar los recursos institucionales del Tribunal Constitucional y, a su vez, no desnaturalizan su rol de tribunal de casos, pues permiten descartar causas en que no medie necesidad de tutela de urgencia desde una dimensión subjetiva. Asimismo, en el presente trabajo se demuestra por qué las pretensiones planteadas por la señora Francisca Lilia Vásquez Romero deben ser desestimadas, tanto si se emite un pronunciamiento sobre el mérito como sobre su procedencia. Se trata de lo que se denomina un caso fácil, respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta armónica; aunque, pese a ello, se detectan algunas deficiencias argumentativas del Tribunal Constitucional al declarar infundadas ambas pretensiones

La presente investigación es relevante y se encuentra plenamente justificada en la medida que el principio de igualdad cobra particular importancia cuando, específicamente, se analiza si el Supremo Intérprete de la Constitución de un país lo respeta al aplicar la ley a través de las sentencias que emite. En el caso del Tribunal Constitucional peruano se plantea como hipótesis que el principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020 no ha tenido, por parte del Tribunal Constitucional, un desarrollo predictible, congruente, consistente ni coherente. Por ello, se propone como Objetivo principal establecer si el Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera predictible, congruente, consistente y coherente, desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020, el principio constitucional de igualdad en materia tributaria. Como objetivo secundario se considera destacar las oscilaciones manifestadas en criterios disímiles desarrollados y consagrados por el Tribunal Constitucional en casos de relevancia, como investigación exploratoria para un análisis causal jurídico-científico ulterior. Irradia esta investigación la teoría sobre el principio de igualdad en materia tributaria que han desarrollado reconocidos académicos nacionales y extranjeros. La investigación es correlacional, sincrónica, analítica y explicativa, bajo el método de investigación de análisis-síntesis. Los resultados son los esperados ya que se ha podido establecer que el desarrollo, por parte del Tribunal Constitucional, del principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020, en sus jurisprudencias relevanes, ha sido oscilante. Finalmente, la conclusion principal es que el principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020 no ha tenido, por parte del Tribunal Constitucional, un desarrollo predictible, congruente, consistente ni coherente, a tal punto que se han podido aislar varios caso en los cuales, a mi criterio, a través de sus sentencias oscilantes, ha vulnerado el principio de igualdad en la aplicación de la ley.

Este informe tiene como finalidad analizar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente No. 03525-2021-PA/TC, a través de la cual, declara improcedente la demanda de amparo de Maxco S.A. sobre el inconstitucional cobro de intereses moratorios por supuestamente existir una vía específica igualmente satisfactoria para la tutela de la pretensión del accionante; y a su vez, se establece un precedente vinculante. A tal efecto, evaluaremos las instituciones jurídicas de vía previa, vía específica, vía igualmente satisfactoria y precedente vinculante; y aplicaremos el Código Procesal Constitucional y la Ley No. 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso, con la finalidad de determinar si para el caso concreto el amparo resultaba ser la vía idónea; o si por el contrario, el accionante debió acudir al proceso contencioso administrativo como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. A su vez, determinaremos si la regla procesal del precedente vinculante establecida en la sentencia sublitis es constitucional, o si, por el contrario, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. / This report analyzes the ruling issued by the Constitutional Court in Case N° 03525- 2021-PA/TC, in which it declared the amparo lawsuit filed by Maxco S.A., regarding the unconstitutionality of the collection of late payment interest by the administrative tax entity, inadmissible and issued a substantive and procedural rule in this regard. This report analyzes the Constitutional Court's decision and whether the administrative litigation process was a specific and equally satisfactory remedy for the specific case as the amparo process. For this purpose, the Constitutional Procedural Code and Law N° 27584, Law that Regulates the Contentious-Administrative Process, are applied. Likewise, this report will analyze the constitutionality of the procedural rule established by the Constitutional Court, and whether or not it violates the effective jurisdictional protection of the plaintiffs.

El presente informe jurídico busca analizar la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la improcedencia de la demanda de amparo, presentada por Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Losada La pretensión de la demanda materia de análisis era que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inscriba el matrimonio celebrado por las demandantes en la ciudad de Miami, Estados Unidos. En ese sentido, cuestionamos si la utilización del artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional para declarar la improcedencia de la demanda ha sido válido, tomando en cuenta que el argumento principal de la mayoría de los magistrados ha sido declarar la no existencia del derecho constitucional al matrimonio de las personas homosexuales. La presente investigación se realizó en base a la investigación de fuentes doctrinarias, la comparación de jurisprudencia de países latinoamericanos, y el análisis de las distintas normas que forman parte de nuestro sistema jurídico. A manera de conclusión, señalamos que no fue válida la declaración de improcedencia debido a que el Tribunal Constitucional no motivó de manera suficiente la aplicación del artículo mencionado y, en consecuencia, limitó injustificadamente el alcance de la institución del matrimonio a las demandantes y los derechos y obligaciones relacionados / This legal report seeks to analyze the decision of the Constitutional Court to declare the amparo suit, filed by Susel Ana María Paredes Piqué and Gracia María Francisca Aljovín de Losada, inadmissible. The purpose of the suit under analysis was that the Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) register the marriage celebrated by the petitioners in the city of Miami, United States. In this sense, we questioned whether the use of article 7.1 of the Constitutional Procedural Code to declare the claim inadmissible was valid, taking into consideration that the main argument of the majority of the magistrates has been to declare the non-existence of the constitutional right to marriage of homosexual persons. This research was carried out based on the investigation of doctrinal sources, the comparison of jurisprudence of Latin American countries, and the analysis of the different norms that are part of our legal system. By way of conclusion, we point out that the declaration of inadmissibility was not valid because the Constitutional Court did not sufficiently motivate the application of the aforementioned article and, consequently, it unjustifiably limited the scope of the institution of marriage to the plaintiffs and the related rights and obligations