Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho con menciones) / La Potestad organizativa del Estado en los Ministerios es una atribución que el ordenamiento jurídico entrega al Presidente de la República y a ciertas autoridades administrativas que les permite intervenir en la dirección y organización de los organismos que administran desde su instalación y durante toda su vigencia. El Tribunal Constitucional Chileno1 la define como la atribución que el ordenamiento jurídico entrega a ciertas autoridades para intervenir en el diseño de la organización. La definición de Potestad organizativa del Estado se ha construido tomando como base el estudio y análisis de una serie de normas dictadas desde el comienzo de la República, pasando por las Constituciones Políticas, leyes y jurisprudencia tanto judicial como administrativa, cuya evolución obedece a diferentes etapas históricas y realidades administrativas. En las siguientes líneas se expondrán los preceptos que han sido fuente de la fisonomía institucional de los Ministerios como órganos de la Administración y las diferentes instituciones o potestades estatales que han intervenido en dicha conformación. Desde 1810 a la fecha, la Potestad organizativa se ha manifestado en las Carteras de Gobierno, a través del poder constituyente, el órgano legislativo, sentencias del Tribunal Constitucional, dictámenes de la Contraloría General de la República, Reglamentos del Presidente de la República y también, y en el último tiempo, a través de actos administrativos de los propios Ministros y Subsecretarios. El tránsito de estas manifestaciones jurídicas desde el origen hasta el día de hoy, devela normas que han ido consolidándose en la institución sobre un contexto originalmente rígido en su regulación hasta la existencia de una mayor flexibilidad al momento de crear y organizar un Ministerio. En el presente trabajo se observarán las diferentes manifestaciones que la potestad organizativa del Estado ha tenido y tiene hasta el día de hoy en la materia.

Los desafíos ecológicos contemporáneos están insertos en el contexto de la sociedad del riesgo, escenario que emergió de la modernidad en la transición para la posmodernidad. Este período se caracteriza por la complejidad y la incertidumbre, lo que hace frágil la estabilidad que hasta entonces se imponía a los vínculos causales. Pero, las incertidumbres del conocimiento científico no pueden utilizarse como excusa contra la responsabilidad por daños ambientales y tampoco pueden atribuir responsabilidad a quien no dio causa alguna al hecho nocivo. Por lo tanto, en situaciones de complejidad, en el ámbito probatorio, es posible establecer indicadores de probabilidad para establecer niveles de responsabilidad. De hecho, abordar las demandas de responsabilidad ambiental no se limita a esbozar una nueva teoría del nexo causal, calzada únicamente en las instituciones tradicionales del derecho material, exigiéndose un análisis conjugado del derecho probatorio pertinente. En este contexto, la causalidad fundada en probabilidades posibilita una solución que trasciende los modelos estancos de responsabilidad total o de plena exoneración, admitiéndose valores que flotan entre esos extremos en un ambiente de causalidad probable, indicativo de grados de incertidumbre. Además, las medidas preventivas que se adopten deben incidir en el resultado final de la responsabilidad, o sea: cuanto un agente aporte de pruebas que coloquen en evidencia la minimización de riesgos de causar daño ambiental es inversamente proporcional a su parte de responsabilidad. Por otro lado, daños de alta magnitud o elevada diseminación, respecto de que los responsables no sean adecuadamente determinables, pueden ser colocados en evidencia por medio de estudios científicos. Aquí no se busca algo al respecto de la causalidad para el caso concreto y es posible, entonces, dispensar de la prueba de pericia, a partir de una presunción de causalidad. Tal presunción solamente será invertida si el operador comprueba que adoptó las medidas preventivas de daños fundadas técnicamente en la mejor tecnología disponible. La propuesta, por lo tanto, es que la solución conjugue teoría de la causalidad, repercusión procesal de medidas preventivas y contexto probatorio del caso concreto.

En el Perú y, en particular, en Lima Metropolitana se observa una situación de mayor demanda hídrica y menor disponibilidad a causa de diferentes factores, como son la distribución asimétrica del recurso, crecimiento demográfico acelerado, altos niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y el uso y consumo irresponsable, entre otros. A ello se suman las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global, que agravan la situación de escasez hídrica. Así, surge la imperiosa necesidad de obtener recursos hídricos no convencionales, como la reutilización de aguas residuales tratadas, pues constituye una fuente adicional hídrica, pues si se plantea su desarrollo de manera apropiada, permitirá reducir la presión que se ejerce sobre las fuentes naturales de agua. Ante dicho contexto, es pertinente establecer un régimen jurídico especial referente a la reutilización de las aguas residuales tratadas, considerada como una alternativa eficaz permanente que incrementa la oferta del recurso hídrico. En ese sentido, la presente investigación comprende el estudio y análisis de la situación hídrica en el Perú, a partir de una revisión e interpretación del ordenamiento jurídico que establece su regulación y gestión. Del mismo modo, se describen los aspectos técnicos y administrativos, abordando las responsabilidades de los actores involucrados en el tema hídrico. Posteriormente, se analiza el marco normativo que rige la reutilización de aguas residuales, valorando los aspectos técnicos administrativos de su regulación, con el objetivo de mostrar su régimen jurídico. Asimismo, se pretende justificar la importancia de la reutilización de aguas residuales ante la problemática hídrica en Lima Metropolitana, así como el diagnóstico de los impactos que producen sobre su población y el medio ambiente. En general, se busca identificar el nivel de desarrollo de la reutilización de las aguas residuales en el Perú, y verificar el grado de eficacia ante las necesidades de la población. Además de analizar la incidencia de la normativa ambiental que permite la explotación de la reutilización de aguas residuales; describir los impactos ambientales de la reutilización de aguas residuales en el país.

A presente Tese tem como tema a apresentação de mecanismos transnacionais multidimensionais baseados na Solidariedade sustentável, na Economia e na Governança Ambiental para o combate à Pobreza mundial, cujo objetivo institucional é a obtenção de título de Doutora pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, inserindo-se na área de concentração “Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito”, vinculando-se à linha de pesquisa “Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade”, com dupla titulação pela Universidade de Alicante – UA/Espanha pela linha de pesquisa “Derecho ambiental y de la sostenibilidad”. O seu objeto é a Pobreza mundial e a atuação do direito frente à realidade transnacional, estabelecendo-se como objetivo geral apresentar mecanismos transnacionais multidimensionais para a erradicação da Pobreza mundial a partir de critérios solidário sustentáveis, econômicos e de Governança Ambiental. E objetivos específicos: a) Identificar o problema objeto da pesquisa, a Pobreza mundial, analisando o histórico e o tratamento jurídico do combate à Pobreza a partir de seu aspecto global e a crise socioambiental mundial vivenciada, criando um conceito jurídico de Pobreza multifacetado que sirva de base para a pesquisa; b) Compreender as Políticas Globais de Redução da Pobreza e o tratamento jurídico do seu combate a partir da visão dos direitos sociais, do mínimo existencial e do socioambientalismo; c) Verificar quatro das teorias unidimensionais de erradicação da Pobreza já existentes: a Solidariedade, a Sustentabilidade, a Economia e a Governança Ambiental; d) Compreender a base conceitual do Direito Transnacional e as demandas desterritorializadas a partir da Transnacionalidade, do Transconstitucionalismo e do Transjudicialismo. Para tanto, o trabalho foi dividido em três partes, a primeira que visa a apresentar o grande problema de pesquisa, que é a Pobreza mundial, a segunda que apresenta as teorias unidimensionais existentes para a erradicação da Pobreza, e a terceira e última parte que conjuga os estudos do Direito Transnacional a uma proposta de criação de mecanismos multidimensionais transnacionais para a erradicação da Pobreza mundial. No que tange à metodologia, o método utilizado na fase de investigação foi o indutivo; na fase de tratamento dos dados, o cartesiano, e no relatório da pesquisa, expresso na presente tese, a base lógica indutiva. Nas diversas fases da pesquisa foram acionadas as técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene como objetivo efectuar un tratamiento sistematizado de los principales recursos administrativos que contempla el ordenamiento jurídico chilenos, que no son otros que los consagrados en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. El mencionado cuerpo legal establece y regula los recursos ordinarios de reposición y jerárquico, además del extraordinario de revisión y el recurso de aclaración. Previo a realizar el tratamiento acabado de cada uno de éstos, nos referiremos a los recursos administrativos en general, a su tratamiento en los sistemas comparados que nos parecieron de mayor relevancia para efectos de evaluar la experiencia nacional y, a la identificación del régimen aplicable a los recursos estudiados de conformidad a las normas de procedimiento administrativo común. En todo caso, el propósito principal de esta memoria es proporcionar una descripción detallada de todos los elementos que caracterizan los recursos de reposición, jerárquico, extraordinario de revisión y de aclaración, y en dicho ejercicio evidenciar cómo la doctrina y jurisprudencia nacional han comprendido aquéllos caracteres que en el texto legal quedan menos definidos o dan espacio a dudas. De la misma forma, procuramos retratar el espacio que los recursos contemplados en la mencionada ley ocupan en el sistema recursivo nacional, dispuesto para la impugnación de los actos de la Administración del Estado, y la especial forma de interacción que se da entre éstos y los recursos administrativos especiales y los recursos jurisdiccionales establecidos con el mismo propósito en el ordenamiento jurídico. Cabe destacar que por medio del trabajo de memoria que se presenta, se pretende realizar un aporte para el estudio y tratamiento de los recursos administrativos en el derecho nacional, en circunstancias que, no obstante ser una materia ampliamente desarrollada en la literatura comparada, no encuentra en nuestra doctrina autores que realicen un estudio extendido sobre la misma. Por lo mismo, a lo largo de este trabajo se importan variadas discusiones tratadas en el derecho extranjero y por los autores nacionales a propósito de materias cercanas a la discusión sobre los recursos administrativos en específico, tales como el silencio administrativo, el agotamiento de la vía v administrativa, el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de la Administración, la función garantista que cumplen los mecanismos impugnaticios, entre otros. Todo lo anterior con el propósito de acercar estos mecanismos de impugnación a través de su conocimiento, y hacerlos de esta forma más operativos para efectos de los fines de protección, defensa y garantía que justifican su consagración

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discutió antes de la dictación y publicación de la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA), la legitimidad de la potestad invalidatoria de los órganos de la Administración. En cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Carta Fundamental de 1980 en cuanto a regular la creación de los actos administrativos, junto con la regulación del silencio administrativo, la LBPA en su artículo 53 efectivamente consagró el poder de volver sobre sus propios actos por razones de ilegalidad. Sin embargo, en la discusión y posterior positivización de la norma en cuestión surgió y surgen a la fecha algunos inconvenientes interpretativos que deben ser aclarados. En particular, la técnica legislativa no hizo más que recoger de manos de la doctrina y de alguna parte de la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, la existencia y obligatoriedad por parte de la Administración de declarar como nulos sus propios actos en caso de ilegalidad y arbitró alguna medida para que los particulares afectados recurrieran en contra de los actos que invalidan a otros anteriores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Buscando ofrecer una mirada más general, viendo en cual horizonte más amplio se engasta el interesado, ofrecemos para lograr ese propósito un pequeño esbozo, en el primer capítulo de este trabajo, del tratamiento jurídico de la legitimación procesal en la legislación común, señalando al efecto quienes se entienden ser parte en un procedimiento de general aplicación, su capacidad, derechos subjetivos de los cuales es poseedor y la representación del mismo; posteriormente, en el segundo capítulo, estudiaremos al particular pero ya no de manera genérica, sino que concentrándonos en su relación con la Administración. Así, veremos que la específica denominación del sujeto –administrado- conlleva derechos, garantías y deberes específicos aplicables en su relación con la Administración, materia que nos lleva a tratar el interés, tanto jurídico como legítimo, particular y colectivo, que ostenta dicho administrado; en el tercer capítulo será una visión del derecho comparado la que nos introduzca en aquel que es el objeto final de este trabajo, el interesado en el nuevo procedimiento administrativo, mostrando cómo han entendido al mismo distintas legislaciones como la española y argentina, entre otras, y cómo cada una ha enfrentado el tema siempre complejo de la representación del interesado ante la Administración. Finalmente, en el cuarto capítulo, analizaremos al interesado en el contexto de nuestra ley de procedimiento administrativo, la Nº 19.880, la legitimación que debe ostentar para concurrir ante la administración, qué capacidad es la exigida para comparecer en el procedimiento administrativo, la representación del mismo y la existencia de pluralidad de interesados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Para ello abarcaremos primeramente al Derecho Administrativo Sancionador y su naturaleza jurídica, nutrida por la rama administrativa y penal; el cual, al no poseer principios ni reglas propias debe recurrir a los principios del Derecho Penal para la aplicación de ius puniendi, o Derecho Punitivo del Estado, sin embargo, esta aplicación será en forma matizada. Dentro de este contexto nuestra hipótesis se centra en que una correcta aplicación del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador debe considerar además cuatro aristas: legalidad en la determinación de la infracción, en la atribución de potestad al órgano sancionador, en la determinación de la sanción y finalmente en el procedimiento sancionador. En este sentido, este proyecto se justifica, pues que no existe en nuestro medio jurídico, un texto acabado que analice desde estas cuatro perspectivas el principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se busca profundizar en el estudio del factor tiempo dentro de los procedimientos administrativo-sancionatorios, su origen, incidencia, consecuencias y necesario respeto para que éste sea conforme a derecho, estudiando tanto la normativa, doctrina y jurisprudencia atingente al caso. En dicho trabajo, se le otorga especial énfasis a reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, a propósito de que ésta ha acuñado una nueva figura extintiva denominada “decaimiento del procedimiento administrativosancionador”, que extingue el procedimiento administrativo-sancionador. Así, es que dicho estudio busca reivindicar la necesidad de que todo procedimiento administrativo-sancionador se desarrolle dentro de límites temporales que den pleno respeto a los derechos y garantías de todo ciudadano.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)