Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el moderno Estado Constitucional la libertad constituye el valor sobre el cual se asienta la organización política societaria, pues configura el límite natural al poder público. Sin embargo, a menudo somos testigos de como la actividad estatal – específicamente la Administración - infiere en nuestras vidas, afectando, por consiguiente, nuestra libertad; ya sea positiva o negativamente. Precisamente, la actividad del Estado limitativa de derechos, se denomina actividad de policía. Ahora bien, la policía actúa utilizando diversas técnicas, que se diferencian entre sí, por la distinta forma en que afectan la libertad de los privados, es decir, más o menos intensamente. En este sentido, una de las técnicas de intervención más represivas es la autorización, la que podemos definir, en primera instancia, como un acto administrativo que habilita a los particulares para desarrollar una determinada actividad; esto significa, que en múltiples supuestos, es imperioso obtener un acto de consentimiento de la autoridad administrativa, pues sin él sería imposible desarrollar la actividad que en cada caso se pretende efectuar. Pero, ¿por qué es necesario obtener una autorización para ejercer una actividad determinada?, ¿ no somos acaso libres para elegir y realizar la actividad que deseemos?, de no ser así, ¿no basta ampararnos, para ejercer la actividad que pretendemos, en la disposición constitucional que consagra la libertad de empresa?. El presente estudio pretende responder éstas y otras interrogantes que surgen en torno al tema. Con tal objeto, nos abocaremos a analizar la situación existente en la doctrina comparada, principalmente española, ya que nuestro país carece de estudios al respecto. Debemos hacer presente, que esta memoria más que un diagnóstico, ofrece una exposición de planteamientos de varios tratadistas, quienes analizan la autorización a partir de su propia realidad jurídica. No obstante, esperamos que constituya un real aporte, de manera que sea el inicio para futuros y más acabados análisis, que al mismo tiempo configuren una herramienta que permitan comprender y vislumbrar la importancia de un adecuado manejo de esta técnica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su tesis en el Portal de Tesis Electrónicas. / Hasta la dictación de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, N°19.880 (LBPA), en el año dos mil tres, habían conceptos tan relevantes como el de acto administrativo, que no tenían una definición legal expresa, en norma general, sino, sólo las contenidas en la jurisprudencia administrativa expresada en dictámenes de la Contraloría General de la República ( CGR ), institución que tantas veces ha debido suplir por esa vía los vacíos que nuestro ordenamiento presenta en materias de nuestra disciplina. Otro de los temas que vino a tratar de forma orgánica y completa la ( LBPA ), fue el tópico de la presente memoria, esto es, los modos de extinguir los efectos de los actos de la Administración Pública.

Tesis (magíster en derecho público) / Si bien en nuestro país ya existe el marco jurídico que permite la implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico, pareciera que la falta de entendimiento por parte de los operadores jurídicos, la existencia de normas poco eficientes y diseminadas (las cuales, además, son la mayoría de las veces desconocidas) lo confuso que resultan estos temas a quienes deben aplicarlos, y principalmente la existencia de diversas problemáticas jurídicas asociadas a su operación que aún no han sido resueltas, ha retrasado su necesaria implementación. Es un hecho evidente que la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en las esferas de acción pública permite optimizar la gestión y en particular, la utilización de medios electrónicos, en reemplazo de medios tradicionales de interacción, genera una ostensible disminución en costos, agilidad en las comunicaciones, disminución de la necesidad de infraestructura; disminución considerable en los tiempos de comunicación, respecto de los ciudadanos como en relación a las comunicaciones intraestado, etc.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer lugar, es esta una tesis cuyo objeto de interés es la estructura de legitimación de la sanción administrativa, no del procedimiento de cognición y atribución de la misma. Muchas veces, al abordar al Derecho Administrativo Sancionador, se confunden criterios sustantivos con los puramente procesales, tratando ambos aspectos de la cuestión- de suyo diferentes y gobernados por plataformas normativas diferentes- en una sola línea argumental, por lo mismo confusa. Nosotros, en cambio, desde ya advertimos que las consideraciones que informarán el desarrollo del presente texto se enmarcan en un objetivo netamente sustantivo, aun cuando nos haremos cargo de algunos aspectos procedimentales tangenciales a nuestro estudio

A pesar de reconocerse en Chile potestades sancionadoras a la Administración desde el comienzo mismo de la República y de crecer éstas elefantiásicamente en las últimas décadas, el Derecho Administrativo Sancionador, esto es, aquella rama del Derecho Público, y específicamente del Derecho Administrativo, que ha de regular quién, cómo y con qué límites las puede ejercer, es aún incipiente. Tan incipiente es el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro medio que la doctrina aún discute cómo denominar esta materia. Y lo es tanto que, reconozcámoslo con cierta desazón, la doctrina se ha detenido extensa e inoficiosamente en la discusión sobre la ontología de la sanción -¿es o no pena?-, bajo el supuesto, absolutamente errado, de que de ella depende la aplicación o no de los principios inspiradores del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Y peor aun, parte importante de nuestra doctrina ha comenzado la construcción dogmática del Derecho Administrativo Sancionador a partir de la elaboración que al respecto ha efectuado la doctrina española e incluso llevándola a extremos inaceptables, en circunstancias que las bases conceptuales y normativas –especialmente constitucionales- de ésta son sustancialmente distintas a las nuestras. Error lamentablemente habitual en nuestra doctrina

El proyecto a presentar en el presente informe consta de la gestión de inicio a fin de la implementación de un edificio administrativo y una agencia bancaria en una construcción existente; pero que debido al requerimiento del cliente sufrió cambios, incluso estructurales. El proyecto en mención es: - Proyecto: Implementación de Edificio para la Sede Administrativa y Agencia Bancaria. - Lugar: Miraflores – Lima – Perú - Constructora: LTA Ingenieros SAC Este documento tiene por finalidad explicar el proceso constructivo y administrativo (EPC – Engineering, Procure and Construction) que sufrió el presente, visto desde la gerencia y gestión del proyecto, debido a cambios generados y/o solicitados por el cliente (BCP – Banco de Crédito del Perú). Estos cambios dieron lugar a que el presupuesto y cronograma iniciales contractuales se vean afectados de manera considerablemente, dando lugar a aumentar el monto de inversión inicial por parte del cliente lo que tuvo que ser sustentado ante el área pertinente del cliente. En este informe se mostrará la información adjudicada para concurso, el proyecto adjudicado a LTA Ingenieros SAC y el proyecto que finalmente se terminó por realizar debido a las nuevas demandas de los usuarios finales que iban dándose a lo largo de la ejecución del proyecto (proyecto Fast Track). El monto adjudicado, considerado como contractual, a la empresa constructora fue de US$ 41,230.43 (cuarenta y un mil doscientos treinta y 43/100 dólares americanos) correspondiente al Desmontaje y US$ 954,807.53 (novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos siete y 53/100 dólares americanos) correspondiente a la implementación (ambos montos incluyen IGV), como se mostrará más adelante, en carta del día 16 de Abril del 2009 emitida por el cliente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria estudia el error de hecho en el Derecho Administrativo. Centra su análisis en la génesis, distinción y nomenclatura que se utiliza respecto de esta figura en el derecho comparado y lo contrapone con la existente en el derecho nacional, fundamentalmente en torno a las normas y principios de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Finalmente, se realiza un examen jurisprudencial administrativo en base a los dictámenes de la Contraloría General de la República durante los últimos 10 años donde es posible advertir los elementos prevalentes del error de hecho, sus tipos y características más distintivas.

El presente proyecto de investigación se centra en el estudio de los polvos respirables, el cual trae como consecuencia diversos agentes generados por los procesos en minería, mediante la presente se pretende orientar en la toma de decisiones sobre las medidas preventivas para no afectar la salud de los trabajadores así mismo identificar los procesos donde se encuentran con mayor nivel de concentración de los polvos respirables. Objetivo: El objetivo principal es determinar el nivel de concentración de polvos respirables y su relación con la salud ocupacional de los trabajadores, de las Compañías Mineras no Metálicas Sierra Central y Taylor’s, de este modo generar un ambiente limpio y seguro para el desarrollo pleno de las actividades rutinarias. / Tesis

O princípio constitucional da eficiência, inserido no art. 37 da Constituição Federal do Brasil, através da Emenda Constitucional nº 19/98, traduz o anseio pela observância da otimização dos recursos públicos com vistas a atingir o máximo possível, bem como prestação adequada e ótima dos serviços públicos. Contudo, sua aplicação no âmbito da Administração pública é um desafio a vencer, uma vez que ainda carece de legislação infraconstitucional e de alguns instrumentos para que possa atingir a máxima efetividade possível. Este trabalho tem como objetivo identificar os indicadores disponíveis que possam mensurar o grau de eficiência dos órgãos públicos, bem como acrescentar outros indicadores e apresentar instrumentos que possam aferir o grau de eficiência de um determinado órgão da Administração pública, tanto através do escalão superior como por parte do público-alvo beneficiário do serviço público. Para isso, foram catalogados alguns indicadores já em uso por determinados órgãos públicos, adaptando-se e agregando-se outros, para ao final apresentar-se uma sugestão de planilha de avaliação do grau de eficiência, tanto para a finalidade de auditoria sobre o aspecto de gestão, como também visando à aferição do serviço prestado, a ser processado junto à população usuária. Pretende-se com a elaboração deste trabalho contribuir para melhoria da gestão com foco em resultados na Administração Pública, oferecendo-se um rol mínimo de indicadores básicos, que poderão ser utilizados para a avaliação do grau de eficiência de um determinado órgão público, ressaltando-se a necessidade de atualização constante e aprimoramento na aplicação de tais instrumentos.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho con menciones) / La Potestad organizativa del Estado en los Ministerios es una atribución que el ordenamiento jurídico entrega al Presidente de la República y a ciertas autoridades administrativas que les permite intervenir en la dirección y organización de los organismos que administran desde su instalación y durante toda su vigencia. El Tribunal Constitucional Chileno1 la define como la atribución que el ordenamiento jurídico entrega a ciertas autoridades para intervenir en el diseño de la organización. La definición de Potestad organizativa del Estado se ha construido tomando como base el estudio y análisis de una serie de normas dictadas desde el comienzo de la República, pasando por las Constituciones Políticas, leyes y jurisprudencia tanto judicial como administrativa, cuya evolución obedece a diferentes etapas históricas y realidades administrativas. En las siguientes líneas se expondrán los preceptos que han sido fuente de la fisonomía institucional de los Ministerios como órganos de la Administración y las diferentes instituciones o potestades estatales que han intervenido en dicha conformación. Desde 1810 a la fecha, la Potestad organizativa se ha manifestado en las Carteras de Gobierno, a través del poder constituyente, el órgano legislativo, sentencias del Tribunal Constitucional, dictámenes de la Contraloría General de la República, Reglamentos del Presidente de la República y también, y en el último tiempo, a través de actos administrativos de los propios Ministros y Subsecretarios. El tránsito de estas manifestaciones jurídicas desde el origen hasta el día de hoy, devela normas que han ido consolidándose en la institución sobre un contexto originalmente rígido en su regulación hasta la existencia de una mayor flexibilidad al momento de crear y organizar un Ministerio. En el presente trabajo se observarán las diferentes manifestaciones que la potestad organizativa del Estado ha tenido y tiene hasta el día de hoy en la materia.