Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de licenciatura tiene por objetivo efectuar un estudio sistemático de la institución del silencio administrativo. Teniendo en vista aquello, es que el trabajo se ha dividido en tres capítulos, los que a continuación mencionamos. El primer capítulo, titulado dogmática general del silencio administrativo, efectúa el análisis del sustento doctrinario de la institución. Comprendiendo que se trata de un aspecto que ofrece innumerables aristas es que hemos procedido a dividirlo en varios acápites, a fin de hacer más accesible la comprensión de todos los problemas que plantea. Este enfoque metodológico nos obliga a advertir la profunda interrelación existente entre cada uno de los tópicos analizados, lo que explica la suerte de imbricación que se produce y puede servir de disculpa ante los cuestionamientos referentes al porqué de los criterios de agrupación elegidos. También queremos hacer presente que las continuas referencias a la legislación española en este capítulo únicamente tienen por objetivo ilustrar las materias tratadas. La intención ha sido trascender legislaciones específicas, aunque la indesmentible influencia doctrinaria del régimen español resulta insoslayable. El segundo capítulo se encarga del somero estudio de la regulación que del silencio administrativo han efectuado ciertas legislaciones comparadas. Por las razones anotadas en el párrafo anterior, el análisis del régimen español es el más acucioso. La elección del resto de los países europeos (Francia, Alemania e Italia) se explica por la eminencia e influencia de sus regulaciones, lo que pretendemos demostrar en el desarrollo de la obra. Por lo que respecta a las legislaciones americanas tratadas, el factor que nos indujo a elegirlas y estudiarlas fue el de exponer, al menos tangencialmente, el contraste entre ellas y nuestro propio ordenamiento, sabiendo que estos países comparten un desarrollo jurídico y socioeconómico similar al nuestro. El tercer y último capítulo es el del estudio de la regulación que nuestro país ha hecho del silencio administrativo. En él se efectuará un análisis detallado de la Ley 19.880, 2 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, además de hacer mención a algunas paradigmáticas legislaciones sectoriales que se han encargado de regular en su ámbito la cuestión del silencio administrativo. El objetivo es tratar de dilucidar si el régimen chileno obedece a ciertos lineamientos macro-estructurales o se trata de una regulación variopinta sin mayor relación entre sus diversos elementos. Para dicho análisis se utilizará el bagaje doctrinario expuesto en el primer capítulo de esta obra, además de menciones esporádicas a la jurisprudencia, incluyendo la sui generis de la Contraloría General de la República. El objetivo de nuestro trabajo es indudablemente ambicioso. Eso, junto al interés inherente que supone el estudio de una herramienta que intenta hacer frente a la desidia de las administraciones públicas, amén de la notable falta de trabajos en nuestro país a su respecto, explica que nos hayamos consagrado a este tema. Esperamos que el resultado de nuestra investigación sirva de alguna utilidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo analiza los vicios que pueden afectar al acto administrativo, atendido que por primera vez una ley de la República, la ley N° 19.880 de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, los menciona y regula expresamente. Aunque si bien está circunscrita al procedimiento administrativo, establece cómo debe ser el vicio para adquirir connotaciones de relevancia. Dicho trabajo tiene por objeto proponer una tipología de los vicios del acto administrativo en relación a los elementos que lo integran, de modo de no recurrir a la vinculación tradicional entre los vicios y la sanción a estos. Para ello se analizará de qué manera incide el principio de legalidad que rige a la Administración en la configuración de los vicios, particularmente, mediante el examen de los elementos del acto administrativo y de los atributos especiales que lo caracterizan, como también mediante el estudio de la forma en que se ha abordado la visión de los vicios del acto administrativo en el Derecho Comparado y en nuestro Derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Administración Pública tiene por objeto buscar satisfacer el bien común también conocido como interés general. Sin embargo para ello debe hacerlo cumpliendo dos requisitos: la administración debe actuar con sujeción a la ley y además debe cumplir con eficiencia y eficacia los fines que busca. El problema es que son requisitos contrapuestos: sujetarse estrictamente a la ley implica no cumplir eficaz y eficientemente con la satisfacción del bien común. Por el contrario, el afán de una eficaz y eficiente satisfacción de los intereses generales podría implicar una infracción a la ley y en consecuencia la declaración de nulidad de derecho público del acto administrativo dictado para ello. El principio de conservación de los actos administrativos propone una solución que es un término medio entre ambos requisitos, cuestión que no era solucionada por las teorías tradicionales sobre la nulidad de derecho público en Chile. El estudio del principio de conservación revelará distintas herramientas jurídicas que la Administración Pública puede utilizar para cumplir con la satisfacción del interés general de una forma eficiente y eficaz, sin infringir la ley. El método de estudio utilizado es deductivo, estableciendo cuáles son los elementos teóricos que sustentan el principio de conservación de los actos administrativos y cómo éstos se reflejan en su aplicación práctica tanto en la legislación comparada y nacional como la jurisprudencia ordinaria y administrativa

Los derechos fundamentales del militar. (Estudio comparativo en el ordenamiento jurídico español y chileno)”, inicialmente se estudia el concepto de las relaciones de especial sujeción en el ámbito militar y su evolución en el ámbito doctrinario y jurisprudencial español, en especial aquellos derivados de las sentencias del Tribunal Supremo Español y el Tribunal Constitucional. Seguidamente, se contextualizan bajo el actual Estado Constitucional y Democrático de Derecho, para entender su justificación de existencia en el ámbito militar y su necesidad de consagración normativa legal y constitucional expresa, perdiendo así su carácter auto justificativo, para la limitación de los derechos fundamentales del militar. En la segunda parte de la tesis, se realiza un análisis particularizado de los derechos fundamentales del militar. El estudio comparativo entre la normativa española y chilena, permite en cada uno de los sistemas jurídicos establecer la existencia de relaciones de especial sujeción consolidadas, con límites constitucionales y legales al ejercicio de ciertos derechos. Se va delineando así nuestro objeto de estudio comparativo, al determinar aquellos derechos que no poseen ningún tratamiento diferente al común de las personas y por ello sometidos a una sujeción general, otros con modulaciones a su ejercicio, por las especiales características de la función militar y finalmente aquellos en que encontramos limitaciones o prohibiciones a su ejercicio debidamente consagradas en textos normativos, de orden reglamentario, legal o constitucional. El tratamiento particular de los derechos fundamentales del militar en Chile, con referencia al modelo español. La base conceptual para su análisis se realizará, como ya he dicho, desde la perspectiva del marco descrito en la primera parte de la tesis, es decir, investigando si el derecho de que se trate cuenta o no con la justificación necesaria desde el punto de vista constitucional y legal, para el establecimiento de restricciones o limitaciones especiales diferentes al ciudadano común. El fundamento de estas limitaciones, tal como hemos descrito en la primera parte de la tesis, debe tener su origen en una excepción que el propio constituyente o legislador prescriba expresamente, abandonando cualquier limitación implícita, justificada por la existencia de una posible sujeción especial. Desde esa perspectiva, las especiales características de las Fuerzas Armadas y de su función de defensa nacional, la investigación nos comprueba que el orden jurídico permite la existencia de relaciones de especial sujeción, sin embargo ellas requieren su declaración expresa en un texto normativo legal, que permita el desplazamiento o tratamiento diferenciado al ejercicio del un derecho fundamental, establecido en el marco de una relación de sujeción general, común a toda persona. Circunscrito así el objeto material de nuestro estudio, estructuramos el trabajo en dos partes, la primera destinada a las relaciones especiales de sujeción en el ámbito militar y su evolución, y la segunda parte, al estudio comparativo de los derechos fundamentales del personal militar en los ordenamientos jurídicos de España y Chile. En la primera parte, se trata en forma premilitar del interés de examinar ciertas cuestiones generales sobre el concepto y evolución, de las relaciones de especial sujeción, para seguidamente contextualizarlas en el ámbito militar. Para ello, se divide en tres capítulos: Capítulo I, destinado a la dogmatica jurídica y relaciones especiales de sujeción. Capítulo II, de las relaciones especiales de sujeción en el ámbito militar. Capítulo III, la evolución de las relaciones de sujeción especial. En la segunda parte, continuando con la numeración, el trabajo se divide en nueve capítulos: Capítulo IV, excurso sobre la estructura, organización y regulación de la administración militar en España y Chile. Capítulo V, la dignidad de la persona como marco de actuación y justificación común a los derechos fundamentales del militar. Capítulo VI, el derecho de dirigirse al defensor del pueblo y el derecho de asociación. Capítulo VII, el derecho de petición en el ámbito militar. Capítulo VIII, el derecho del militar a la libertad de expresión. Capítulo IX, el derecho a la libertad religiosa en las Fuerzas Armadas. Capítulo X, los derechos de sufragio, reunión y manifestación. Capítulo XI, los derechos a la libertad personal, de desplazamiento y circulación. Capítulo XII, garantía de los derechos fundamentales del militar: la tutela judicial efectiva. Finalmente, además de las conclusiones de este estudio y de la bibliografía se agregan cinco anexos: régimen jurídico de las Fuerzas Armadas españolas, régimen jurídico del Ejército de Chile, compilación normativa del Ejército de Chile (1817- 1984), régimen jurídico de la Armada de Chile y régimen jurídico de la Fuerza Aérea de Chile, lo anterior no tiene otro objeto que permitir a quien continúe esta investigación o desee abordar alguna temática militar en los ordenamientos jurídicos español y chileno, pueda encontrar esta modesta ayuda con la sistematización de las fuentes normativas y un ejercicio de retrospectiva histórico jurídica militar en el caso del Ejército, remontándonos hasta nuestros primeros días como país independiente.

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer los fundamentos por los cuales podría implementarse un régimen disciplinario especial en materia de contrataciones públicas, teniendo en consideración los aspectos esenciales de los contratos administrativos, la regulación de la potestad disciplinaria en el ordenamiento jurídico peruano y la legislación comparada. Así, la creación de un régimen disciplinario dirigido exclusivamente a funcionarios o servidores públicos que conforman el Comité de Selección o el Órgano encargado de las Contrataciones (OEC) resulta factible en cuanto incrementaría la seguridad jurídica y predictibilidad, además de ello, permitiría mejorar la fiscalización y control de contratos estatales de mayor envergadura y coadyuvar a minimizar la corrupción administrativa enquistada en el Estado.

La investigación que se presenta en esta oportunidad, está compuesta por tres capítulos relacionados entre sí, siendo que el primer apartado está orientado a presentar el concepto del procedimiento administrativo sancionador, alcances de la potestad sancionadora, la definición del principio de interdicción de la arbitrariedad y dimensiones de la discrecionalidad administrativa. En el segundo capítulo abordaremos las formas de conclusión del procedimiento administrativo sancionador lo cual nos lleva a explicar ciertos conceptos como la prescripción, la caducidad y algunos alcances en derecho comparado. En el tercer capítulo abordaremos lo que la propia norma advierte, como es que tras la caducidad del procedimiento administrativo sancionador puede, bajo cierto margen de libertad, iniciarse un nuevo procedimiento administrativo sancionador. De allí que, de no producirse un control sobre aquella discrecionalidad que se le otorga a la Administración, conllevaría a la configuración de un acto arbitrario y consecuentemente una vulneración directa al principio de interdicción de la arbitrariedad y a la seguridad jurídica del administrado. Así también, en este último capítulo se encontrará una interesante propuesta de solución al problema planteado y sobre el cual se ha desarrollado esta tesis, básicamente esta alternativa de solución está orientada a explicar la necesidad de establecer criterios limitativos a la actuación administrativa evitando específicamente la vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad producto de una excesiva atribución funcional ante la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador concluido por caducidad.

Los precedentes otorgan predictibilidad al sistema de administración de justicia y en el caso del Derecho Administrativo las necesidades son similares a las del ámbito jurisdiccional, y es necesario dotar de predictibilidad a las decisiones administrativas y ello otorga legitimidad a las decisiones de la administración pública, se requiere entonces que los criterios interpretativos de la administración se encuentren adecuadamente definidos y ello implica que la aprobación de precedentes administrativos –al margen de la especialización de las entidades administrativas– sea uniforme. En el ordenamiento jurídico administrativo peruano la emisión de precedentes vinculantes se ha desarrollado mediante resoluciones emitidas por la sala plena de los tribunales administrativos que establecen criterios interpretativos o mediante actos administrativos emitidos en casos concretos por la última instancia administrativa. Se plantea en el presente trabajo que la administración pública al establecer precedentes vinculantes vía acuerdos de sala plena sobre temas y no sobre casos concretos ejercería una potestad reglamentaria o cuasi legiferante que genera una zona gris que puede generar una grave afectación al principio del debido procedimiento administrativo y a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, es necesario delimitar claramente la naturaleza del precedente y desde cuándo goza de vigencia un precedente vinculante a fin de garantizar adecuadamente la predictibilidad y uniformidad en el ordenamiento jurídico administrativo. / The precedents grant predictability to the justice administration system and in the case of Administrative Law the needs are similar to those of the jurisdictional sphere, and it is necessary to provide predictability to administrative decisions and this grants legitimacy to the decisions of the public administration, it is It then requires that the interpretative criteria of the administration be adequately defined and this implies that the approval of administrative precedents –regardless of the specialization of the administrative entities– is uniform. In the Peruvian administrative legal system, the issuance of binding precedents has been developed through resolutions issued by the full chamber of the administrative courts that establish interpretative criteria or through administrative acts issued in specific cases by the last administrative instance. It is proposed in the present work that the public administration, by establishing binding precedents via full court agreements on issues and not on specific cases, would exercise a regulatory or quasi-legislative power that generates a gray area that can seriously affect the principle of due administrative procedure. and effective judicial protection. Then, it is necessary to clearly define the nature of the precedent and since when a binding precedent has been in force in order to adequately guarantee predictability and uniformity in the administrative legal system. / Trabajo académico

El presente trabajo aborda el estudio de la herramienta conocida como “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR), por medio de la cual se busca mejorar la calidad regulatoria a través de la identificación y posterior eliminación, reducción o simplificación de procedimientos administrativos que sean innecesarios, injustificados o desproporcionados. La importancia de este tema radica en que su implementación en nuestro país resulta esencial, no solo por la mejora del marco regulatorio que ello significaría de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, sino también porque la mejora de la calidad de los procedimientos administrativos tendrá un efecto directo en los administrados y en su forma de interrelación con la Administración Pública. El presente trabajo parte del supuesto teórico que considera el ACR como un procedimiento en el que se evalúa el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad en los procedimientos administrativos, y hace énfasis en el ACR como un primer paso en la normativa peruana con el objetivo de hacer realidad la simplificación administrativa y mejorar la política regulatoria. Por ello, el principal objetivo de este trabajo es brindar una aproximación al estudio del ACR, a través de su desarrollo teórico y conceptual y, posteriormente, reflexionar acerca de su aplicación a través del planteamiento de un caso práctico hipotético. Se concluye que es necesario que, dada su importancia, se amplíe el enfoque y el ámbito de aplicación del ACR, de manera que pueda aplicarse en todos los niveles del Estado, incluyendo las municipalidades, con el fin de una mejora regulatoria a nivel macro.

El objeto fundamental de este trabajo se centra en analizar el uso de conceptos jurídicos indeterminados en la tipificación de faltas administrativas y su relación con las sanciones arbitrarias. Inicialmente abordaremos categorías conceptuales como poder disciplinario, conceptos jurídicos indeterminados, principio de tipicidad, discrecionalidad, arbitrariedad, para lo cual se ha recurrido a la doctrina y a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, analizaremos la falta “negligencia en el desempeño de sus funciones” como concepto jurídico indeterminado que genera que la Administración realice acciones de cognición y de experiencia para completar el concepto, en la necesidad de determinar lo indeterminable. Para el análisis de la falta nos hemos remitido a la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente N° 2192-2004-AA/TC y luego cómo viene siendo analizado por el Tribunal del Servicio Civil. La investigación se justifica en los efectos negativos de una sanción administrativa arbitraria en los servidores públicos. Luego del análisis presentamos nuestras conclusiones siendo la principal la que señala que la tipificación con conceptos jurídicos indeterminados se justifica en la diversidad de funciones que cumplen los servidores civiles, en consecuencia, no vulnera el principio de tipicidad, pero si exige de la administración la obligación de precisar el tipo; según lo indicado, el uso de conceptos jurídicos indeterminados no debería tener como consecuencia la imposición de sanciones arbitrarias.

La Subsanación Voluntaria es un eximente de responsabilidad diferente a los demás que se estipulan en la LPAG, pues no se evidencia una ruptura en el nexo causal como en los otros. De esta manera, esta diferenciación y el poco desarrollo que existe en la norma común respecto a esta figura eximente, ha suscitado un gran debate sobre cuál es la finalidad y lo que se entiende por Subsanación Voluntaria. Es así que, esta problemática se extiende hacia los requisitos o elementos propios de la subsanación, tales como el cese, la reversión y la voluntariedad, los cuales han sido abordados de forma indistinta por las Entidades Estatales, entre ellas los organismos reguladores, los cuales tergiversan la aplicación de estos elementos e imponen mayores requisitos que, muchas veces, tornan imposible la aplicación de este eximente. Sobre el particular, se propone que en la norma común se profundice y se desarrolle los requisitos para la aplicación de la subsanación ya que, de esta manera, se homogenizará la forma en como se aborda este eximente de responsabilidad en los PAS correspondientes a las diferentes entidades Estatales. Asimismo, no podemos quedarnos en la obsoleta concepción de infracciones que se configuraban por un solo incumplimiento u acción; por el contrario, se debe abordar específica y diferenciada la aplicación de la subsanación para conductas que se configuren por varios incumplimientos. / The Voluntary Correction is an exoneration of responsibility that is different from the others stipulated in the LPAG, due to there is no evidence of a break in the causal link as occur in the others. In this way, this differentiation and the little development that exists in the common standard regarding this exoneration figure, has sparked a great debate about what the purpose is and what is understood by Voluntary Correction. This is how the last discussion extends to the requirements or elements of correction such as cessation, reversion and voluntariness, which have been addressed differentially by state entities. Specifically, it is the regulatory organizations that distort the application of these elements and impose greater requirements that, many times, make imposible the application of this exoneration. In this regard, it is proposed that the common standard deepen and develop the requirements for the application of the correction because, in this way, the approach to this exoneration will be homogenized in the state entities’ PAS. Likewise, we can not remain with the obsolete conception of infractions that were formed by an only non-compliance or action. On the contrary, the application of correction must be addressed in a specific and differentiated way for behaviors that are constituted by several non-compliances. / Trabajo académico