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La desnaturalización de la autotutela administrativa en el procedimiento de ejecución coactiva regulado en la ley 26979, ley del procedimiento de ejecución coactiva.

Romero Romero, Yuri Frank January 2018 (has links)
El presente trabajo tiene como fin investigar si el actuar arbitrario, irregular y abusivo del Ejecutor Coactivo Municipal, cometido dentro del procedimiento de ejecución coactiva, establecido en la Ley 26979, provienen de una desnaturalización de la autotutela administrativa o de la influencia de las normas procesales civiles -indebidamente aplicadas por el ejecutor acotado. Para tal fin se parte de la hipótesis que el actuar indebido del ejecutor coactivo acotado, constituye la desnaturalización señalada. En efecto procedo en principio a investigar sobre el concepto de autotutela administrativa, sus límites y otros relacionados al mismo, así como analizar las normas procesales civiles que se aplican directamente en el procedimiento coactivo municipal. A continuación, establezco casos prácticos reales, que contienen actos irregulares del ejecutor que los denomino “situaciones coactivas” y los contrasto con los conceptos investigados y la aplicación de las normas procesales civiles acotadas. Como primera conclusión tengo que sí existe influencia de las normas procesales civiles que en varios casos puede ser causa de los abusos que comete el ejecutor. Sin embargo, esta influencia pueda que incentive a dicho actuar abusivo, pero no es la que explica en su totalidad el porqué del actuar irregular del ejecutor, principalmente porque el ejecutor con norma procesal o administrativa igual seguirá cometiendo las situaciones coactivas advertidas. Como segunda conclusión definitiva y resultado de la presente investigación concluyo que el ejecutor coactivo municipal, con dichos actos arbitrarios e irregulares, propiamente de su actuar, está desnaturalizando la institución jurídica de la autotutela administrativa ejecutiva, toda vez que está actuando contraviniendo los límites de dicha autotutela, es decir, contraviniendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la presunción de inocencia y el derecho inviolabilidad de domicilio. Pero no solo ello también está transgrediendo otros limites como es el derecho a la propiedad, al debido procedimiento y otros.
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El ejercicio del derecho de defensa del contratista de manera previa a la declaración de nulidad de oficio de los contratos públicos celebrados y regidos por la ley de contrataciones del estado y su reglamento, y sus efectos, en aplicación de las normas comunes del texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general

Vera Díaz, Adela Yvonne January 2018 (has links)
El presente trabajo de investigación busca analizar el ejercicio del derecho de defensa del administrado cuando la Administración, por causas concretas, pretende declarar la nulidad de oficio de un acto, concretamente, de un Contrato Público. Este tema resulta sumamente relevante, debido a que permite asegurar el interés y la seguridad jurídica del contratista, dado que, cuando la Administración le corra traslado del oficio o documento donde se manifieste la intención de declarar la nulidad del acto, este podrá realizar su descargo en el plazo de cinco (5) días, para que, posterior a ello, corresponda el pronunciamiento determinado, debidamente motivado por parte de la Entidad respectiva. En este análisis se trabaja desde el ámbito de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, específicamente en cuanto a los dispuesto en su artículo 211°, y aterrizando a las Contrataciones del Estado y a su normativa especial, así como, además, a lo señalado en nuestra Constitución Política, y legislación comparada. Se concluye que el contratista puede ejercer su derecho de defensa –derecho protegido constitucionalmente-, antes de la declaración que realiza la Entidad respecto a la nulidad de oficio de un contrato público suscrito, en virtud a que dicha nulidad recae sobre la resolución mediante la cual se le adjudica la buena pro, y no a una relación contractual propiamente dicha. Por ello, es posible precisar que el contratista, antes de que la decisión de declarar la nulidad sea firme, puede presentar sus argumentos de defensa a fin de hacer preservar su derecho legítimamente obtenido, asegurar su derecho constitucional a un debido procedimiento, derecho de defensa, y debida motivación de manera antelada.
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Informe sobre Resolución Final N° 502-2015/SPC-INDECOPI - Consumidor Elvira Orellana Balttolu de Tam

Vidalon Cabalcanti, Michelle Antuanedd Aracely 18 July 2023 (has links)
Este Informe Jurídico desarrolla un análisis relativo a, por un lado, si el procedimiento administrativo empleado para resolver el caso del señor Vargas y la señora Orellana fue efectivo, dado que la competencia en primera instancia fue otorgada a la Comisión N° 2, sin tomar en cuenta la naturaleza y la razón de ser del procedimiento sumarísimo en materia de consumidor. Por otro lado, se observa si la sanción pecuniaria aplicada al señor Vargas fue adecuada en relación al daño causado y la corrección de la conducta infractora. A efectos de la dilucidación de estos problemas se utilizó doctrina, normativa vigente a la fecha del caso y normativa actual, jurisprudencia y precedentes administrativos -resoluciones del OPS N° 1, 2 y 3 de la Sede Lima Sur, resoluciones de la Comisión de Protección al Consumidor y la Sala Especializada en Protección al Consumidor-. / This Legal Report develops an analysis regarding, on the one hand, whether the administrative procedure used to resolve the case of Mr. Vargas and Mrs. Orellana was effective, given that jurisdiction in the first instance was granted to Commission No. 2, without taking taking into account the nature and raison d'être of the summary procedure in consumer matters. On the other hand, it is observed if the pecuniary sanction applied to Mr. Vargas was adequate in relation to the damage caused and the correction of the infringing conduct. For the purposes of elucidating these problems, doctrine, regulations in force at the date of the case and current regulations, jurisprudence and administrative precedents - resolutions of OPS No. 1, 2 and 3 of the South Lima Headquarters, resolutions of the Protection Commission were used. to the Consumer and the Chamber Specialized in Consumer Protection-
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Governo eletrônico e direito administrativo / Electronic goverment and administrative law

Brega, José Fernando Ferreira 25 April 2012 (has links)
As últimas décadas têm sido caracterizadas por um intenso desenvolvimento da informática e da telemática. Na Administração Pública, a utilização dessas novas tecnologias provo-cou o aparecimento de um novo modo de atuação, designado pela expressão governo ele-trônico. O governo eletrônico constitui uma realidade a ser explorada também sob uma perspectiva jurídica. As bases constitucionais e legais pertinentes permitem verificar que ele está sujeito a um enquadramento sistemático, sendo regido por princípios como a equi-valência de suportes, a eficiência administrativa, a equivalência de garantias e a interope-rabilidade entre os sistemas informáticos. O uso das novas tecnologias traz importantes reflexos sobre institutos clássicos do direito administrativo, tais como o ato e o processo administrativo, que precisam ser reavaliados de acordo com o novo contexto. O ato admi-nistrativo, antes formalizado somente em papel e com a intervenção direta do homem, é passível de ser expedido em forma eletrônica ou pela atuação automatizada de um sistema informático. O processo administrativo, visto como um mecanismo de troca e produção da informação, pode valer-se do suporte digital, abrindo a oportunidade para o relacionamento telemático e para a automatização de tarefas, com relevantes consequências sobre a estru-tura do procedimento e sobre os atos processuais. / The last decades have been characterized by an intense development of information tech-nology and telematics. In public administration, the use of these new technologies pro-duced a new way of operating, designated e-government. E-government must be explored also under a legal perspective. The applicable constitutional and legal bases allow one to verify that electronic government is submitted to a systematic framework, governed by principles such as media neutrality, administrative efficiency, equivalence of guarantees and interoperability between computer systems. The use of new technologies has important effects on traditional elements of administrative law, such as administrative act and admin-istrative procedure, which must be revisited according to this new context. The administra-tive act, which previously was only paper-based and had a direct involvement of an indi-vidual, may now be issued in electronic form or by an automated computer system. The administrative procedure, seen as a mechanism of information exchange and production, can make use of digital media, creating the opportunity for telematic interaction and auto-mation of tasks, with important consequences for the structure of the procedure and procedural acts.
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Governo eletrônico e direito administrativo / Electronic goverment and administrative law

José Fernando Ferreira Brega 25 April 2012 (has links)
As últimas décadas têm sido caracterizadas por um intenso desenvolvimento da informática e da telemática. Na Administração Pública, a utilização dessas novas tecnologias provo-cou o aparecimento de um novo modo de atuação, designado pela expressão governo ele-trônico. O governo eletrônico constitui uma realidade a ser explorada também sob uma perspectiva jurídica. As bases constitucionais e legais pertinentes permitem verificar que ele está sujeito a um enquadramento sistemático, sendo regido por princípios como a equi-valência de suportes, a eficiência administrativa, a equivalência de garantias e a interope-rabilidade entre os sistemas informáticos. O uso das novas tecnologias traz importantes reflexos sobre institutos clássicos do direito administrativo, tais como o ato e o processo administrativo, que precisam ser reavaliados de acordo com o novo contexto. O ato admi-nistrativo, antes formalizado somente em papel e com a intervenção direta do homem, é passível de ser expedido em forma eletrônica ou pela atuação automatizada de um sistema informático. O processo administrativo, visto como um mecanismo de troca e produção da informação, pode valer-se do suporte digital, abrindo a oportunidade para o relacionamento telemático e para a automatização de tarefas, com relevantes consequências sobre a estru-tura do procedimento e sobre os atos processuais. / The last decades have been characterized by an intense development of information tech-nology and telematics. In public administration, the use of these new technologies pro-duced a new way of operating, designated e-government. E-government must be explored also under a legal perspective. The applicable constitutional and legal bases allow one to verify that electronic government is submitted to a systematic framework, governed by principles such as media neutrality, administrative efficiency, equivalence of guarantees and interoperability between computer systems. The use of new technologies has important effects on traditional elements of administrative law, such as administrative act and admin-istrative procedure, which must be revisited according to this new context. The administra-tive act, which previously was only paper-based and had a direct involvement of an indi-vidual, may now be issued in electronic form or by an automated computer system. The administrative procedure, seen as a mechanism of information exchange and production, can make use of digital media, creating the opportunity for telematic interaction and auto-mation of tasks, with important consequences for the structure of the procedure and procedural acts.
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O princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar

Barreto, Carolina Pereira 12 June 2013 (has links)
The research aims to study the adversarial principle and legal defense in administrative disciplinary proceedings, examined not only in its formal aspect, but also the material. For this, we start from the vision neoconstitucionalista law, especially characterized by the transformations that the rule of law and its influence on the administrative performance, highlighting the constitutionalization of administrative law as a result of this movement. At the time that will discuss the true meaning of democracy and the approximation of the relationship between state and citizen, was launched as a result of the shift in focus to administrative act administrative process. The approach will bring extensive administrative processuality sedimented as a new paradigm in consensual, citizen participation and democratic legitimacy of state activity, with the administrative process as a true instrument of positive role of government in the implementation of fundamental rights and the effective democratization of the State of Right. In this context, the research aims to deepen the study of the adversarial principle and wide defense in administrative disciplinary proceedings as a fundamental right of the citizen, serving as a tool for democratization of the state, and is in line with the new interpretation and application of the principles and values constitutional. With the effectiveness of this principle procedural constitutional guarantees to the citizen the full defense before the Disciplinary Committees, and to be effective, the defense should be performed technical point of influencing the decision of the judge in the administrative process. Thus, the discussion of the controversy will give around the analysis of the new vision of the right neoconstitucionalista, more focused on achievement of constitutional values and the effectiveness of fundamental rights, as opposed to the judicial practice of the Supreme Court, on the grounds that motivated Binding Precedent n. 05. / A pesquisa se propõe a estudar o princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar, analisado não apenas sob seu aspecto formal, mas também material. Para isso, parte-se da visão neoconstitucionalista do direito, caracterizado especialmente pelas transformações verificadas no Estado de Direito e sua influência na atuação administrativa, destacando a constitucionalização do direito administrativo como decorrência deste movimento. Ao tempo que discorrerá sobre o verdadeiro sentido de democracia e a aproximação das relações entre o Estado e o cidadão, lançando como consequência a mudança de enfoque do ato administrativo para processo administrativo. A abordagem trará a ampla processualidade administrativa como novo paradigma sedimentado na consensualidade, participação do cidadão e na legitimidade democrática da atividade estatal, apresentando o processo administrativo como verdadeiro instrumento de atuação positiva do poder público na concretização dos direitos fundamentais e da efetiva democratização do Estado de direito. Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo aprofundar o estudo do princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar como direito fundamental do cidadão, servindo de instrumento de democratização do Estado, coadunando-se com a nova interpretação e aplicação dos princípios e valores constitucionais. Com a efetividade deste princípio processual constitucional, garante-se ao cidadão a ampla defesa perante as Comissões de Processo Disciplinar, e para que seja efetiva, a defesa deve ser realizada de forma técnica a ponto de influenciar a decisão do julgador no processo administrativo. Dessa forma, a discussão da controvérsia dar-se-á em torno da análise da nova visão do direito neoconstitucionalista, mais voltada para concretização dos valores constitucionais e na efetividade dos direitos fundamentais, em contraposição à prática jurisprudencial da Corte Suprema, diante das razões que motivaram a Súmula Vinculante n. 05.
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A unificação do processo administrativo das relações de consumo / defesa do consumidor; arbitragem; direito administrativo; processo administrativo de consumo

Zuliani, Evandro 15 August 2006 (has links)
Made available in DSpace on 2016-03-15T19:33:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EVANDRO.pdf: 1373447 bytes, checksum: 6d277317ad2af16223fe7f0c0dd37fec (MD5) Previous issue date: 2006-08-15 / The object of this work is to define the first academic lines about the necessity to unify the administrative process that evaluates infractions of the consumerism rules. This theme meets a well-known need of the current organizations for consumer protection nationwide and their agents-national militants in administrative consumer protection. Keeping focus on the accomplishment of the petrified fundamental commandment in consumer protection promotion, we have tried to give more effectiveness to the use of the material law in consumerism. Unifying procedures and strengthening the Agencies of the National System for the Consumer Protection means, first of all, to expose the social aspect of this governmental work on consumer protection, since most of the citizens who appeals to these public institutions come from the poor. Our basic premise about this theme is the absence of a national unification of the administrative processes and its implications. We will briefly examine the material face of the administrative consumerism penalties, such as the fine and its dosage (the most common penalty), as well as the other eleven penalties. At this point, we could not forget the importance of the presence of juridical assistance in public consumer protection agencies. The administrative solution to conflicts is an essential topic to come to a conclusion. We will talk about the need to unify the administrative process and we will present the competences of the public agencies in the National System for the Consumer Protection; we will try to relate the process unification to the conception of a system and its strengthening; we will make an effort to cut the Gordian knot of the matter, which is the unification of the administrative process with no harm for the legal autonomy of each federative entity in this matter. Our conclusion is a proposal of regulation, and its main points will be explained in full details. We will discuss the need of the appropriate process, the distinction between claims and penalties; furthermore, we will initiate the debate about a national record of well-grounded claims, a topic that nowadays indispensably includes the Information System for the Consumer (SINDEC); a tool conceived to achieve this aim. The administrative extinguishment involving conflicts or infractions is another theme we decided to approach, due to its practical relevance. Another huge obstacle we will face (without making pretensions to presenting a final solution) is the hard discussion about competence conflicts among administrative institutions. We have no doubt that the theme demands the attention of all the agents involved with the application of penalties. As a way to solve administrative conflicts, we dare propose a parallel method to the present one, which is, in this case, the arbitration. At this point, our inquietude will try to answer questions about the possibility of applying this extra judicial method to the administrative institutions for the consumer protection. We will demonstrate the possibility of applying alternative means of solving consumer s conflicts, making sure that the consumers will get administrative and technical protection, besides having their rights easily defended, always focusing on the search for a better market. At the end, based on discussions that occurred during the development of this work, we will propose a regulation project to the administrative process in consuming relations. As we recognize the lack (and the need) of rules and regulations to structure a National System for the Consumer Protection, we invite all of you to inquietude, since this is the key to achieve changes. So, looking ahead to the future and based on our reality, we intend to pave the way for the examination of this vast legislation. / É objetivo deste trabalho traçar as primeiras linhas acadêmicas em torno da necessidade de unificar o processo administrativo, instaurado para apurar infrações às normas de defesa do consumidor. A utilidade do tema proposto vai ao encontro de uma necessidade explícita dos órgãos de defesa do consumidor hoje existentes no país, e é claro - de seus agentes - os militantes nacionais da defesa administrativa do consumidor. Sem perder o foco no cumprimento do comando fundamental petrificado, da promoção da defesa do consumidor, buscamos também conferir maior efetividade à aplicação do direito material de consumo. Unificar procedimentos e fortalecer os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é antes de mais nada, pôr em relevo o aspecto social deste trabalho estatal de defesa do consumidor, já que a imensa maioria de cidadãos que batem às portas dos órgãos públicos de defesa do consumidor provém das camadas mais pobres da população. Nossa premissa básica, decorrente do tema ventilado, é a inexistência de unificação nacional em matéria processual administrativa e suas implicações. Vasculharemos com alguma ligeireza a face material das sanções administrativas de consumo, tanto da multa e sua dosimetria (a sanção mais utilizada pelos órgãos administrativos) quanto das outras onze sanções. Neste ponto, não poderíamos deixar de fazer menção à importância e essencialidade da Assessoria Jurídica ligada aos órgãos públicos de defesa do consumidor. A resolução administrativa de conflitos é também tema de capital importância para construção de nossa conclusão. Discorreremos sobre a necessidade de unificação do processo administrativo e traçaremos as competências dos órgãos públicos pertencentes ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor; procuramos relacionar a unificação processual com a própria concepção de um sistema e seu fortalecimento; buscamos desfazer também o nó górdio do trabalho que é justamente transpor a barreira da unificação em matéria processual administrativa, sem agressão a autonomia legislativa de cada ente federado nesta matéria. Buscamos também explicitar os principais pontos da conclusão de nosso trabalho que consiste de uma proposta normativa. Abordamos a necessidade do devido processo, a distinção entre reclamações e sanções, além de iniciar o preparo para discussão de um cadastro nacional de reclamações fundamentadas, tema que na atualidade passa necessariamente pelo Sistema de Informações ao Consumidor (SINDEC), ferramenta concebida para viabilizar este fim. A prescrição administrativa envolvendo conflitos ou infrações administrativas de consumo é outro tema que decidimos marcar, diante de sua relevância prática. Outro enorme obstáculo que nos propusemos a enfrentar (sem a pretensão de oferecer solução definitiva) é a intrincada discussão sobre os conflitos de competência entre órgãos administrativos. Não temos qualquer dúvida que a importância e profundidade do tema merece a atenção de todos os atores, direta ou indiretamente envolvidos na aplicação das sanções de consumo. Como meio de solução administrativa de conflitos, ousamos propor um método paralelo ao atual. Refiro-me a arbitragem. Neste ponto do trabalho nossa inquietação busca responder a indagações pertinentes à viabilidade de aplicação deste meio extrajudicial de conflitos, dentro dos órgãos administrativos de defesa do consumidor. Trataremos portanto de demonstrar a viabilidade da utilização de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo, assegurando aos consumidores proteção administrativa e técnica, aliada a facilitação da defesa de seus direitos, tendo como farol a busca constante da melhoria do mercado de consumo. Ao final, alicerçado nas discussões travadas no curso do trabalho elaboramos um projeto de portaria destinado a regular o Processo Administrativo das Relações de Consumo. Partindo do reconhecimento da atual insuficiência (e portanto da necessidade) das proposições normativas no papel da estruturação de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é que convido a todos à inquietação, pois ela é a chave para atravessarmos as grossas portas da mudança. É assim, com os pés firmes no solo da realidade e olhar fixo no futuro, que pretendemos palmilhar e construir o caminho que nos levará a percorrer a amplidão legislativa de consumo.
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Tribunales contenciosos administrativos : una revisión de la justicia administrativa en el derecho chileno desde un análisis económico del derecho

Olivares Contreras, Antonio January 2019 (has links)
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente artículo realiza un análisis económico de la política pública que fluctúa entre el establecimiento de tribunales contenciosos administrativos especializados y una estructura general de justicia administrativa en Chile. Desarrolla variables con el fin de construir una inecuación que permita poner de manifiesto los beneficios y costos de la actual estructura especializada de tribunales contenciosos administrativos, para evaluar, finalmente, el desarrollo de la política pública que estableció la actual estructura en desmedro de una generalista. / The present article makes an economic analysis of the public policy that fluctuates between the establishment of specialized administrative courts and a general administrative justice’s structure. It develops variables in order to construct an inequality that allows to show the benefits and costs of the current specialized administrative court’s structure, to finally evaluate the development of the public policy that established the current structure to the detriment of a general one.
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Informe sobre expediente de relevancia jurídica n°007-2009, e-2076, procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Consorcio Vial del Perú

Iparraguire Cama, Claudio Augusto 08 February 2024 (has links)
El presente Informe de Relevancia Jurídica se analiza los principales problemas sobre Derecho Administrativo, Concesiones y Arbitraje acerca de la controversia surgida a raíz del procedimiento administrativo sancionador iniciado por OSITRAN contra el Concesionario COVIPERU, a propósito del Contrato suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la sociedad Concesionaria COVIPERU. Los problemas surgen de una interpretación errada por parte de OSITRAN del Contrato de Concesión, así como de contradicciones respecto a determinar el alcance de las obligaciones por parte de la empresa. A partir de ello, se determinará si la interpretación efectuada por OSITRAN es correcta teniendo en cuenta los hechos y fundamentos presentados por las partes para imponer sanción a COVIPERU. Asimismo, se analizará si es que la Resolución que deniega la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador cumple con el requisito de la motivación y si la aplicación de las normas invocadas es pertinente. De igual manera, se analizará si es que el artículo 64 es pertinente de aplicación para dilucidar si la suspensión del procedimiento sancionador, frente al proceso arbitral es conforme a derecho. Para ello, se utilizará doctrinas propias del Derecho Administrativo, Constitucional y Arbitral, así como de las Concesiones. Así, en el presente informe se concluirá que la interpretación efectuada por OSITRAN carece de sustento normativo, dado que su actuación no se condice con los Informes emitidos. De igual forma, la resolución que deniega la solicitud de suspensión incurre en una motivación insuficiente, toda vez que inaplica una norma importante y no desarrolla en lo absoluta la norma invocada.
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Las opiniones vinculantes emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: reflexiones sobre la seguridad jurídica en materia urbanística

Toribio León, Iván Antony 19 January 2024 (has links)
Nuestra investigación se ocupa de las opiniones vinculantes emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y su impacto en la seguridad jurídica urbanística. Las opiniones surgen en un contexto de incertidumbre provocada por la actuación cuestionable de las autoridades municipales frente al ordenamiento jurídico vigente, en detrimento de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Nuestra hipótesis principal es la siguiente: las opiniones vinculantes emitidas por el MVCS constituyen una herramienta necesaria y adecuada para la consolidación del principio de seguridad jurídica en materia urbanística En esa línea, diversas entidades vienen sumando esfuerzos para consolidar la seguridad jurídica en materia urbanística, entre ellas, el MVCS, que, en su condición rectora del sector urbanístico, emite opiniones vinculantes que aclaran, precisan o completan la normativa urbanística, lo que contribuye con la certidumbre jurídica que exige el sector. En nuestro estado del arte abordaremos el estudio de institutos jurídicos fundamentales, como la autonomía municipal, el informe administrativo o la función consultiva de la administración pública, por la importancia que tienen en la temática que abordamos. También evaluaremos los antecedentes normativos de estas opiniones, los que nos permitirán la comprensión de su contexto y su función, asunto que nos lleva inevitablemente al examen de su régimen jurídico vigente. En el problema de investigación analizaremos con detalle la importancia de las opiniones vinculantes del MVCS en el contexto urbanístico nacional, conforme a lo planteado en el estado del arte. Asimismo, es examinada la relación entre la seguridad jurídica y otros principios fundamentales, de lo que ya ha dado cuenta numerosa jurisprudencia y doctrina de primer nivel. En la discusión del trabajo, analizaremos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado de la interacción entre las competencias urbanísticas de las municipalidades y del MVCS, lo que nos permite extraer una reflexión final sobre la cuestión según el panorama jurídico existente. Evaluaremos también la potencial repercusión de las opiniones vinculantes en el derecho y la economía, lo que, a nuestro juicio, es un asunto clave que no viene considerando el MVCS en el ejercicio de su labor rectora. Finalmente, ofrecemos una sistematización de las opiniones vinculantes que constituya una aproximación empírica de los problemas que realmente se vienen presentando en el marco de las opiniones vinculantes.

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