El presente informe jurídico se centra en el análisis de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias No. 00026-2020-TSC/OSIPTEL con respecto a la controversia suscitada entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Enel Distribución Perú S.A.A. relacionada al acceso y uso compartido de infraestructura eléctrica. La disputa principal versa en el reclamación interpuesta por Azteca contra ENEL en relación a la interpretación de las cláusulas de compensación por la compartición de infraestructura y en la determinación de la entidad competente para resolver la controversia, ya sea mediante arbitraje o a través del organismo regulador OSIPTEL. El estudio examina las resoluciones de OSIPTEL, las obligaciones impuestas a ENEL, y las facultades del regulador para garantizar el cumplimiento de las normativas, incluyendo la imposición de sanciones y multas coercitivas. Además, se analizan las implicancias de las acciones u omisiones que afectan el mercado de los servicios de telecomunicaciones y el rol de OSIPTEL en la resolución de tales conflictos. De esta forma, a lo largo de la investigación se han identificado los tres problemas jurídicos. En primer lugar, se analizará si es materia de arbitraje la contrprestación presente en el Contrato de Compartición. En segundo lugar, se determinará si el OSIPTEL tiene competencia para exigir a ENEL la devolución del monto pagado en exceso. Finalmente, se analizará la capacidad sancionadora de regulador para hacer cumplir sus obligaciones. / The present legal report focuses on the analysis of Resolution No. 00026-2020- TSC/OSIPTEL issued by the Tribunal for the Resolution of Disputes in relation to the dispute between Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. and Enel Distribution Perú S.A.A. concerning access to and shared use of electrical infrastructure. The main dispute revolves around Azteca's claim against ENEL regarding the interpretation of clauses governing infrastructure sharing compensation and the determination of the competent entity to resolve the dispute, either through arbitration or through the regulatory body OSIPTEL. The study examines OSIPTEL's resolutions, the obligations imposed on ENEL, and the regulator's powers to ensure compliance with regulations, including the imposition of sanctions and coercive fines. Furthermore, the report analyzes the implications of actions or omissions affecting the telecommunications services market and OSIPTEL's role in resolving such conflicts. Thus, throughout the investigation, three legal issues have been identified. First, it will be analyzed whether the compensation present in the Sharing Agreement is subject to arbitration. Second, it will be determined whether OSIPTEL has the authority to require ENEL to refund the excess amount paid. Finally, the regulator’s sanctioning capacity to enforce its obligations will be analyzed.

El trabajo de investigación se divide en cinco partes. La primera parte así como la segunda estarán destinadas a describir el marco conceptual general del arbitraje, en cada uno de sus alcances y caracteres más relevantes para así poder conocer mejor esa institución como mecanismo de resolución de conflictos y situar al lector en el marco del arbitraje y su aplicación en el Perú a fin que el lector tenga una idea clara de cómo opera el arbitraje en nuestro país. Además, para poder entender el mecanismo del arbitraje de consumo es necesario que explicar primero que es el arbitraje y cómo opera el mismo para poder guiar el posterior análisis del autor y la comprensión de la tesis por parte del lector. La tercera parte buscará dar una visión de la aplicación del sistema del arbitraje de consumo en general así como de sus principales caracteres y la normativa que lo regula en nuestro país. Asimismo se plantean a lo largo de ambas secciones las principales ventajas pero también las principales falencias y defectos del sistema de arbitraje de consumo, las cuales se proceden a analizar de manera minuciosa, con el fin de que el lector conozca las mismas, se empape del tema y se forme un criterio propio acerca de la verdadera viabilidad, funcionalidad y eficacia que podría tener la implantación de dicho sistema en nuestro país. Dicho análisis va acompañado de la más completa denotación de casos y supuestos varios del derecho extranjero que demuestran porque en algunos casos resulta eficaz éste sistema de arbitraje de consumo y en otros no. El objetivo es identificar las ventajas, pero también las debilidades de éste sistema. Finalmente la cuarta parte de la tesis está dedicada al análisis de cada uno de los problemas y debilidades citados en el sector cuarto con su contraparte de resultado y propuesta de mejora. Ya que la idea de la presente tesis es identificar cómo operaría éste sistema en nuestro país en comparación con otras legislaciones y determinar a raíz de ello y del análisis de su naturaleza y caracteres particulares si el mismo sería viable y funcional en nuestro país a la luz de nuestra legislación vigente en materia de protección al consumidor. En la medida de lo posible se tratará de contar con información cuantitativa en cuanto a jurisprudencia y resoluciones de casos para que la comparación no se haga solamente a nivel de texto legal. Esto serviría para completar el análisis con una comparación de las experiencias internacionales con la peruana. El objetivo es dar recomendaciones a las falencias y errores identificados, teniendo como sustento otros sistemas que tienen mayor eficacia.

Tesis (para optar al grado de Magíster en derecho, mención en contratación comparada e internacional) / La hipótesis que servirá como guía para este trabajo es que la ejecución de los laudos anulados, es de carácter excepcional y que esta solo procede cuando se verifican determinadas condiciones, como por ejemplo la ausencia de un tribunal nacional imparcial e independiente que conozca de la nulidad. El trabajo se ha organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se analizará la acción de nulidad como también la procedencia y posible renuncia de los recursos, con el fin de revisar como los principales Estados regulan la materia. En el segundo capítulo se analizarán conceptos básicos para la etapa de ejecución y reconocimiento tales como jurisdicción primaria, secundaria, lex arbitri, para luego analizar cuál es el vínculo que tiene el laudo con la legislación de la sede del arbitraje. El capítulo tercero se dedicará exclusivamente al análisis de la jurisprudencia comparada acerca de la materia, analizando un total de diez casos relevantes para la comprensión de los 6 argumentos esgrimidos por los tribunales para permitir la ejecución de laudos que han sido previamente anulados en la sede del arbitraje. El cuarto capítulo abordará la situación en el ordenamiento jurídico chileno. El último capítulo plantea algunas observaciones finales. Finalmente, debo expresar mi agradecimiento a dos personas que colaboraron en el desarrollo de este trabajo. Al abogado José María Eyzaguirre García de la Huerta, quien tuvo la amabilidad de recibirme permitiéndome tener una interesante entrevista que me ayudó a clarificar algunos aspectos de los temas que he tratado. A mi profesora guía, agradezco la lectura a borradores de este texto que fueron importantes para la ordenación final de las partes del documento y, sobre todo, sus sugerencias para hacer más claros algunos argumentos

El presente trabajo se dirige a analizar la Casación 248-2017 LIMA que trata del control judicial de la motivación en los laudos arbitrales. Así, debido a las distintas posiciones tanto doctrinarias como jurisprudenciales a nivel nacional que permiten una alta tasa de demandas de anulación de laudo arbitral sustentadas en algún defecto de motivación, es pertinente analizar el problema consistente en la identificación del estándar de control judicial de la debida motivación en el arbitraje. Para ello, se analiza la replicación y adaptación del derecho fundamental de la debida motivación en el arbitraje; y, posteriormente, se busca determinar un parámetro de control judicial de este derecho. De esta manera, se realiza un análisis dogmático para identificar la naturaleza de la debida motivación como derecho fundamental y replicarlo en el arbitraje considerando sus especiales características, por lo que se puede obtener un parámetro que puede ser utilizado para su control judicial. Es así como se puede recurrir al análisis de la justificación interna y externa de la decisión arbitral, tal que solo sería posible controlar judicialmente la justificación interna de la misma en el caso de una demanda de anulación de laudo sustentada en algún defecto de motivación. Adicionalmente, entre los hallazgos de la investigación, se concluye que la Corte Suprema, como corte de vértice, perdió una oportunidad de fijar criterios respecto a este problema que contribuyan a dotar de seguridad jurídica al sistema y evitar que se solicite un control sobre el fondo de la decisión arbitral, así como se propone una modificación al Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje que incluya a la indebida motivación como causal de anulación de laudo arbitral

Normalmente, se suele considerar (quizá por razones históricas o culturales) que “inmunidad” es igual a “impunidad”. Esta percepción no deja de ser ajena al ámbito del arbitraje, en el cual se sigue difundiendo (hasta cierto punto) la idea de que los árbitros conforman un “club” compuesto por un grupo selectivo de personas, que buscan protegerse a sí mismos. Así, se piensa que, en la medida en que los árbitros participan en la dación de legislaciones arbitrales, tienden a limitar su propia responsabilidad, fijando estándares bastante reducidos (o inmunidad) a favor de ellos mismos. En ese contexto, el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje en el Perú, regula la responsabilidad civil de los árbitros, estableciendo una regla de responsabilidad limitada a supuestos de dolo o culpa inexcusable. En la presente tesis, se busca analizar si dicho estándar limitado de responsabilidad civil resulta adecuado para que el árbitro pueda cumplir con sus funciones de manera independiente e imparcial. Pero, sobre todo, se busca problematizar respecto a si está justificado que dicho estándar aplique por igual para todos los eventuales supuestos en los que el árbitro puede incurrir en responsabilidad frente a las partes. Para tales efectos, en este trabajo se hace una revisión de la forma en que se suele entender la responsabilidad del árbitro a nivel internacional (tanto desde el punto de vista normativo como jurisprudencial), se desarrollan los alcances del “contrato de árbitro” (su calificación, su formación y las obligaciones que emanan del mismo), y se estudia una lista enunciativa de trece (13) supuestos potenciales de responsabilidad del árbitro en los cuales se analiza principalmente si resulta adecuado o no aplicar el estándar recogido en el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1071 antes referido.

La presente investigación tiene como propósito contribuir al estudio de la extensión del convenio arbitral, así como a la teoría de los contratos conexos, vistas de manera conjunta; y pretende responder a la interrogante referida a si es posible extender los efectos de un convenio arbitral a un contrato distinto al que lo contiene, pero siendo ambos contratos conexos entre sí. Esta interrogante surge de la revisión de arbitrajes en los que, al analizar la posibilidad antes mencionada, a pesar de examinar los mismos hechos, tribunales arbitrales arribaron a conclusiones diversas y opuestas; lo que denotaría una inadecuada aplicación de la extensión del convenio arbitral y de los contratos conexos. Los principales objetivos de esta investigación son: (i) analizar los supuestos en los que procede la extensión del convenio arbitral; (ii) establecer los requisitos para determinar la existencia de contratos conexos y (iii) analizar si la extensión de un convenio arbitral puede ser aplicada cuando nos encontremos frente a contratos conexos. Como hipótesis de trabajo se propone, que el convenio arbitral se puede extender a aquellos que no lo suscribieron, siempre que se cumpla con una serie de supuestos; que la extensión del convenio arbitral sí puede ser aplicada cuando se verifique la existencia de contratos conexos, analizando las circunstancias específicas de cada caso; y que para determinar si corresponde aplicar la extensión de un convenio arbitral a contratos conexos se debe realizar un análisis integral de ambas figuras. La principal conclusión de este trabajo es que la extensión del convenio arbitral sí puede darse en supuestos de contratos conexos. Los métodos aplicados para esta investigación son el dogmático, exegético y funcional, así como una revisión comparada del tratamiento del tema.

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it

La presente investigación trata sobre el estudio de la posibilidad de clasificar el inicio del proceso arbitral como una causal o factor de paralización de la ejecución de una obra pública; para ello, hemos contextualizado la investigación en el Gobierno Regional de Huánuco. Es evidente que en determinados casos en los que el inicio de un proceso arbitral ha sido usada como una justificación causalista para arribar a la conclusión de que la ejecución de la obra se encuentra paralizada por causa culpa imputable al desarrollo del proceso arbitral, o dicho en otras palabras, la única justificación para que no se continúe con la ejecución de esta es simplemente el inicio del proceso arbitral y sus demás actuaciones arbitrales hasta el momento de que llegue a resolver la controversia en sede arbitral; debido a ello, fue necesario que en la presente investigación planteemos la posibilidad de identificar la regulación de esta figura en la Ley o en Reglamento de Contrataciones del Estado. Partiendo de ello, se propuso indagar mediante la interpretación teórica, el estado del arte y los instrumentos cualitativos de recolección de datos sobre la posibilidad de que el arbitraje sea una causal previa o una causal durante la ejecución del contrato para la paralización del mismo; sumado a ello, así también, se indagó sobre la posibilidad considerativa de tres árbitros de derecho y de dos administradores de obra de la Región de Huánuco, si comparten el criterio desarrollado por la Contraloría de la República. Por dicho motivo, con la finalidad de preservar los objetivos y metas que se tiene para un contrato público, resulta inviable que la ejecución continúe hasta que se resuelva las falencias detectadas dentro de la etapa de ejecución de obras; asimismo, la norma señala la manera de resolver dichas falencias a través del Arbitraje, por ende, su aplicación no puede ser entendida como un factor que paralice la ejecución de la obra, ya que, por actuaciones de los elementos que intervienen desde la planificación hasta la suscripción del contrato. / The present investigation deals with the study of the possibility of classifying the beginning of the arbitration process as a cause or factor of paralysis of the execution of a public work; For this, we have contextualized the research in the Regional Government of Huánuco. It is evident that in certain cases in which the beginning of an arbitration process has been used as a causal justification to reach the conclusion that the execution of the work is paralyzed due to fault attributable to the development of the arbitration process, or in other words In other words, the only justification for not continuing with the execution of this is simply the beginning of the arbitration process and its other arbitration actions until the moment the dispute is resolved in arbitration; due to this, it was necessary that in the present investigation we raise the possibility of identifying the regulation of this figure in the Law or in the State Contracting Regulation. Based on this, it was proposed to investigate through theoretical interpretation, the state of the art and qualitative data collection instruments on the possibility that arbitration is a prior cause or a cause during the execution of the contract for its suspension; In addition to this, as well, the considerable possibility of three legal arbitrators and two construction administrators from the Huánuco Region was inquired about, if they share the criteria developed by the Comptroller of the Republic. For this reason, in order to preserve the objectives and goals of a public contract, it is unfeasible for the execution to continue until the shortcomings detected within the works execution stage are resolved; likewise, the norm indicates the way to solve said shortcomings through Arbitration, therefore, its application cannot be understood as a factor that paralyzes the execution of the work, since, due to the actions of the elements that intervene from the planning to the signing of the contract.

La presente investigación tiene como objetivo delimitar el rol de los secretarios arbitrales dentro del proceso arbitral. En primer lugar, se realiza una delimitación conceptual que aborda la definición doctrinaria de los secretarios arbitrales, su importancia para el arbitraje, y la forma en cómo dichos aspectos han sido regulados por la normativa nacional y los reglamentos de las instituciones arbitrales nacionales e internacionales. En segundo lugar, se aborda la interrogante de si es necesaria una regulación o aclaración de las funciones de los secretarios arbitrales; y cuál sería el enfoque más adecuado para realizar dicha regulación. Con ese objetivo, se analiza la importancia de la trasparencia como elemento central en la actuación de los secretarios arbitrales y las preocupaciones que han surgido en torno a su participación en el proceso arbitral. Asimismo, se realiza un análisis de algunos casos y sentencias importantes en el ámbito internacional. Finalmente, se aborda a profundidad el análisis de las diferentes tareas de las que se ocupan los secretarios arbitrales, detallando aquellas funciones sobre las que no existe controversia, y planteando una opinión acerca de otras funciones que pueden resultar más controvertidas. A lo largo de la investigación, se analizan los datos de las encuestas realizadas por instituciones arbitrales internacionales, así como la de realización propia, con el objetivo de conocer la percepción de la comunidad arbitral respecto a todos los temas

Contiene el presente Informe, el análisis de la resolución N°8 recaída en el expediente N°71-2016-0-1817-SP-CO-02 emitido por la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual versa sobre la demanda de anulación arbitral que interpone el Consorcio Nueva Gambetta contra el Laudo arbitral de derecho emitido por el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima en el proceso arbitral seguido contra el Gobierno Regional del Callao. En el presente informe se aborda temas como la debida motivación, el derecho a la defensa y debido proceso, la jurisdiccional del arbitraje y la anulación de laudo arbitral. Dichos temas en conjunto nos han ayudado a conocer y demostrar si es válido tomar en cuenta alegaciones no invocadas por las partes como parte de la motivación del laudo arbitral; como fue vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso en la Resolución en cuestión; y si correspondía declarar fundada la solicitud de anulación de Laudo del Expediente materia del Informe. El informe se basa en la vulneración del Articulo 63, inciso b). producto de la aplicación de dos descuentos al monto del pago de costos directos otorgados por el tribunal arbitral, descuentos que no formaron parte del debate procesal. Finalmente se concluye, que la parte afectada no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y debido proceso en cuanto no pudieron expresar lo conveniente a su derecho, por lo que debió declararse fundada la demanda de anulación de laudo arbitral. / This report contains the analysis of resolution N° 8 issued by the First Civil Chamber of Commercial Sub-specialization of the Superior Court of Justice of Lima in case N°71-2016 -0- 1817-SP -CO-02, which concerns the claim for the annulment of the arbitration award filed by Consorcio Nueva Gambetta against the arbitration award issued by the arbitration tribunal of the Lima Chamber of Commerce in the arbitration proceeding against the Regional Government of Callao. This report addresses issues such as due motivation, the right to defense and due process, arbitration jurisdiction and annulment of the arbitration award. These topics together have helped us to understand and demonstrate whether it is valid to consider allegations not invoked by the parties as part of the motivation of the arbitration award; how the right to defense and due process have been violated in the Resolution in question; and whether it was appropriate to declare the request for annulment of the Award in the case file subject to this Report as well-founded. The report is based on the violation of Article 63, subsection b), resulting from the application of two deductions to the payment amount of direct costs granted by the arbitral tribunal, deductions which were not part of the procedural debate. Finally, it is concluded that the affected party did not have the opportunity to exercise its right to defense and due process as they were not able to express what was convenient to their rights, and therefore the claim for annulment of the arbitral award should have been declared well-founded.