Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre el origen, fundamento, sentido y alcance del artículo 61 de la ley N°20.000, según el cual se establece que a los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados a cualquier título en la Administración del Estado les estará prohibido ejercer la defensa o representación de personas imputadas por delitos contemplados en la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, so pena de ser sancionados con la destitución del cargo, la cesación del contrato u otra medida disciplinaria dependiendo de la gravedad de la conducta que se le atribuye al imputado patrocinado o representado. Dicha norma encuentra su origen y fundamento en la política criminal de corte represivo- preventivo sobre control de drogas imperante en el mundo, la cual, además de haber generado distintos instrumentos internacionales sobre la materia, ha ejercido una influencia sustancial sobre el ordenamiento jurídico chileno. En ese sentido, intentaremos dilucidar si el precepto en comento se ajusta o no a lo dispuesto en nuestra Carta Fundamental, toda vez que su aplicación implica la restricción de ciertos derechos y libertades fundamentales consagrados por nuestra Constitución.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN / Pablo Troncoso San Martin [Parte I], Solange Leiva Gatica [Parte II] / En el presente informe se aborda como tema de tesis el análisis comparativo del tratamiento de pérdidas tributarias y el pago provisional por utilidades absorbidas por las utilidades de terceros y no propias, en los nuevos regímenes tributarios del artículo 14 letra A) y 14 letra B) vigentes desde el 1º de enero de 2017. Esta tesis plantea como hipótesis demostrar que el nuevo sistema tributario, el cual modifico el orden de imputación de las pérdidas tributarias y la forma de determinar la devolución del Impuesto de Primera Categoría pagado sobre las utilidades que resulten absorbidas por dichas pérdidas, es menos ventajoso para los contribuyentes si lo comparamos con el actual sistema tributario, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. Y adicionalmente el posible incremento en la carga del proceso administrativo al determinar el pago provisional por utilidades absorbidas para aquellos contribuyentes acogidos al régimen tributario del articulo 14 letra B) de la ley de la renta. Efectuáremos un estudio del tratamiento de la pérdida tributaria establecida en el Nº 3 del artículo 31 de la Ley de la Renta, antes y después de reforma bajo los nuevos regímenes tributarios establecidos en la Ley Nº 20.780 y su posterior simplificación expresada en la Ley Nº 20.899. En atención a lo anterior, es que desarrollaremos en el marco teórico una breve reseña histórica sobre las leyes que dieron origen a la reforma tributaria, para posteriormente presentar los nuevos regímenes tributarias del artículo 14 de la Ley de la Renta. A continuación, realizaremos el análisis de nuestra hipótesis y finalmente, presentaremos los resultados y la conclusión derivada de nuestro estudio.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN / Muñoz Cárcamo, Andrés, [Parte I], Cerda Fuenzalida, Pamela, [Parte II] / Para contextualizar el problema cabe señalar que antes de la Reforma Tributaria las personas naturales, por regla general, no pagaban impuesto a la renta por el mayor valor (diferencia entre el costo de adquisición reajustado y el valor de enajenación del inmueble), pues la ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) lo consideraba un ingreso no constitutivo de renta, salvo algunas excepciones, entre ellas la situación en que el bien raíz que se enajenara formase parte del activo de empresas que declaraban su renta efectiva en la primera categoría, caso en que el mayor valor quedaba afecto a impuestos. De esta manera, actualmente la ley es más gravosa para una persona natural porque para afectar con impuesto a la renta el mayor valor que se produzca con la enajenación de un bien inmueble basta que dicha persona, por algún ingreso que obtenga, deba determinar renta efectiva afecta a impuesto de primera categoría, sin que se considere la circunstancia en que el inmueble forme parte del activo de una empresa que tribute con dichos impuestos, como era antes de la reforma. Esta situación es precisamente a la que se refiere el Oficio N° 473 de 2018, en el que el Servicio de Impuestos Internos (SII) señaló que si una de las rentas provenientes de inversiones de una persona natural se encuentra afecta a impuesto de primera categoría, como es el caso de los intereses del crédito otorgado a una empresa, el total del mayor valor generado en la venta del inmueble quedará gravado con el impuesto de primera categoría y los impuestos global complementario o adicional. El pronunciamiento del SII evidencia el problema de la ley vigente a que nos referimos, porque deja al descubierto que en el caso específico no se cumple con el principio de equidad tributaria horizontal que plantea que los contribuyentes que tienen igual capacidad financiera o que se encuentren en situaciones similares deben ser gravados del mismo modo. Se trata de una regla de justicia y neutralidad impositiva que encuentra fundamento en los principios de igualdad ante la ley y de justicia, igualdad y razonabilidad en materia tributaria, consagrados en la Constitución Política (artículo 19 Nos. 2° y 20°).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El trabajo de tesis que hoy presento se enmarca dentro del “Proyecto de Actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil”, desarrollado en el marco del Taller de Memoria homónimo, y que se inició durante el período académico 2009, enmarcándose su contenido en materia de Responsabilidad Civil. El referido proyecto ha sido dirigido por los profesores Sara Moreno y Mauricio Tapia, desarrollándose en dos etapas: la primera de ellas, consistió en la recopilación de jurisprudencia emanada de nuestros Tribunales Superiores de Justicia sobre la Responsabilidad Civil Extracontractual, entre los años 1995 y 2008, consultando para estos efectos diversas fuentes especializadas en el tema, tanto materiales como virtuales. La segunda etapa consistió en la clasificación de todo el material recopilado, de acuerdo a las directrices fijadas por los profesores arriba mencionados, confeccionando para estos efectos fichas estándar, incluyéndose en ellas los elementos más importantes de cada fallo recopilado. En dicha segunda etapa se redactó un número total de 125 fichas, las cuales se distribuyeron entre los alumnos del curso. Luego de hacer entrega de las fichas ya mencionadas, al término del año 2010, se asignó a cada uno de los miembros del proyecto temas específicos a desarrollar en profundidad. En mi caso, me correspondió estudiar y analizar “El hecho culposo o doloso”, “El dolo”, “Malicia o negligencia; artículo 2329 del Código Civil” e “Imputaciones injuriosas; artículo 2331 del Código Civil”. En primer término este trabajo busca identificar el tratamiento que nuestros Tribunales Superiores le han dado al hecho culposo o doloso que origina la responsabilidad civil extracontractual. El análisis aquí se centrará en los elementos que lo constituyen y en el aspecto probatorio. De especial interés será el estudio del dolo como uno de los elementos de carácter subjetivo que puede fundar el hecho ilícito. Por otro lado, se examina el artículo 2329 del Código Civil el cual obliga a quien obra de forma maliciosa o negligente a indemnizar los daños que su actuar provoca. Respecto a este tema se muestra, a través de los criterios que gobiernan la jurisprudencia actual, la discusión doctrinal en cuanto a si este precepto contiene una presunción general de culpa por el hecho propio o sólo se limita a situaciones más específicas. Asimismo se clarifica la extensión de los daños reparables en base a este artículo y si los ejemplos que se dan en el inciso 2º son taxativos o se ofrecen sólo a modo ejemplar, entre otras cuestiones. Por último se verá el desarrollo que ha tenido la aplicación del artículo 2331 del Código Civil a lo largo del tiempo en cuanto a la indemnización del daño moral por imputaciones injuriosas contra el honor y el crédito de una persona.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo se analizará el artículo 10 n°11 del Código Penal, fue introducido el año 2010 con la reforma de este código contenida en la ley 20.480 que tipifica el delito de femicidio. Este nuevo numeral se creó con la intención de dejar impune a la mujer quien debido a los reiterados maltratos de su pareja teme por su vida y por ello decide lesionarlo o incluso acabar con la misma. Para ello se agregó a la parte general del Código Penal en el artículo 10 que enumera las eximentes de responsabilidad penal una nueva causal. Por lo tanto, se crea una nueva eximente de responsabilidad penal, y lo que pretendemos aquí, mediante la revisión de diversa doctrina al respecto, es definir la naturaleza de esta eximente (justificante o exculpante) y su alcance para, de esta manera, poder afirmar que, a través de esta norma, es posible dejar impune el aborto terapéutico, el cual desde1990 en Chile no tiene legislación expresa y aparentemente existe una prohibición absoluta de este acto. Este último objetivo surge bajo la idea de que tal prohibición absoluta no es posible, pues el derecho debe ser capaz de comprender que hay situaciones, al igual que en caso del delito del homicidio, en que no es posible exigir una conducta conforme a derecho dejando sin pena tanto a quien provoca como quien asiente en el aborto. Es así que llegaremos a la conclusión que este numeral siendo una eximente de responsabilidad exculpante es capaz de cumplir tal propósito

Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende demostrar que la drogodependencia o adicción a la pasta base de cocaína, cuando alcanza tal grado patológico (diferenciado del mero consumo deshabituado o del consumo habitual), se torna apta para interferir la imputabilidad jurídico-penal del sujeto adicto, pudiendo fundamentarse bajo criterios médicos, sociológicos y jurídicos que tal circunstancia es ubicable tanto dentro del supuesto de inimputabilidad de la eximente de locura o demencia del art. 10 n°1 del Código Penal, como dentro del supuesto de eximente incompleta del art. 11 n°1 del Código Penal, dependiendo de la intensidad en que concurran sus presupuestos. Para esto indagaremos en la conceptualización médico-psiquiátrica de la drogodependencia a nivel internacional, y en doctrina jurídico-penal nacional y comparada orientativa de cuáles serían los criterios que permiten interpretar el genuino sentido de las circunstancias modificatorias de responsabilidad implicadas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)