El presente trabajo de investigación busca analizar si la regulación nacional permite que los derechos antidumping cumplan con la finalidad para la cual fueron impuestos, esto es, corregir las distorsiones generadas en el mercado como consecuencia de las prácticas de dumping. En esta entrega, se parte de la hipótesis de que la normativa nacional resulta insuficiente para garantizar la efectividad de tales derechos, pues ha regulado una sola modalidad de prácticas de elusión. Este tema resulta relevante en tanto, en los últimos años se ha incrementado el envío de productos extranjeros hacia el territorio peruano, en un contexto en el cual los productores nacionales buscan competir con dichas importaciones. En este análisis, se parte de explicar en qué consisten los derechos antidumping, las prácticas de elusión, para luego evaluar la legislación comparada y, finalmente, analizar la normativa nacional. En base a ello, se concluye que la normativa nacional resulta insuficiente para garantizar la efectividad en la aplicación de los derechos antidumping.

El Comercio Internacional es una actividad que tal como se plantea en la actualidad debe servir como una importante herramienta de desarrollo económico y por lo tanto tiene implicancias importantes en los niveles de vida de la población del país. Hoy en día, además se vienen produciendo circunstancias que alientan el enriquecimiento de nuestro país con oportunidades comerciales relativamente ventajosas que nos otorgan países desarrollados, como los Estados Unidos y el ATPDEA, y los países de Europa y el SGP, sin perjuicio de los Acuerdos bilaterales y Multilaterales suscritos (y por suscribir) y negociados por el Perú (con Chile, con México, con Singapur, CAN, MERCOSUR, TLC Perú-EE.UU.).

La búsqueda del desarrollo en el Perú ha sido un objetivo perseguido tenazmente en los últimos años, abordando cambios estructurales y respondiendo a desafíos contemporáneos como el cambio climático y la globalización. En este marco, esta investigación examina las relaciones entre el comercio internacional de productos agroalimentarios, la seguridad alimentaria y los flujos de biomasa asociados a la agricultura en el Perú durante el siglo XX. Estos vínculos son analizados a través de ejes transversales, como la seguridad alimentaria, el aprovechamiento de recursos naturales en la economía y el comercio internacional de bienes derivados de la naturaleza, los cuales plantean desafíos para el desarrollo sostenible en sus esferas social, económica y ambiental respectivamente. Con este propósito, se exploran tanto aproximaciones teóricas como empíricas del comercio agroalimentario desigual, los flujos de biomasa asociados al intercambio y la situación de la seguridad alimentaria a nivel regional y nacional. La investigación reitera la estrecha interrelación entre los factores examinados y evidencia que, a pesar de la riqueza de recursos naturales del país, la situación de seguridad alimentaria nacional no refleja los beneficios del éxito de sus productos agroalimentarios en el mercado global. Se observa una desconexión entre la disponibilidad de alimentos de calidad y el acceso económico a los mismos, traducido en indicadores de salud preocupantes. Se subraya la urgencia de comprender las dinámicas económicas y sociales subyacentes al aprovechamiento de recursos naturales y las implicaciones del comercio de productos agroalimentarios en la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

La presente Tesis analiza cómo el comercio internacional -y más particularmente la intensidad comercial-, distinguiendo entre sectores transables y no transables, incide sobre las diferencias salariales por género. A partir del modelo propuesto por Gary Becker se contrasta la hipótesis de que en un país donde exista "propensión" a discriminar a las mujeres debería esperarse que la discriminación fuese menor en los sectores transables. En particular, podría incluso suceder que en los sectores transables dicha discriminación no existiera. La evidencia empírica disponible procede de la Encuesta de hogares de Bolivia para el 2002, que se preparó dentro del programa MECOVI (Mejoramiento de Encuestas y Condiciones de Vida de la Población), y que es la única base de datos en el citado país que tiene la particularidad de poder clasificar a los individuos según su actividad principal de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Se ha escogido Bolivia por ser uno de los países más pobres y desiguales del continente americano. Además de por su pobreza, y esto es menos conocido, Bolivia es uno de los países pioneros de las políticas liberalizadoras que se generalizaron en casi todo el continente durante la década de los noventa de la mano del Consenso de Washington, con consecuencias no del todo estudiadas. A partir de estimaciones econométricas corregidas por sesgo de selección del nivel de ingresos se calcula la Descomposición de Oaxaca-Blinder, ya que esta metodología es la más empleada para analizar temas de discriminación. Los resultados muestran que en Bolivia existe en general una propensión a discriminar a la mujer en el mercado de trabajo. La estimación de la descomposición, diferenciando los sectores transables de los no transables, muestra que para los primeros no existe evidencia estadística de discriminación, mientras que ocurre lo contrario para los sectores no transables, aunque las pruebas estadísticas sugieren que la diferencia entre ambas no es estadísticamente significativa, demostrando - curiosamente -la hipótesis fuerte de la tesis pero no la débil. / Molina Tejerina, ÓJ. (2011). Comercio internacional y diferencias salariales en Bolivia [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/10913

Esta tesis busca determinar si la consideración del manifiesto de carga como definitivo 48 horas antes del arribo de la nave a territorio peruano por parte de la SUNAT constituye una restricción al comercio dentro del alcance de los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. La tesis analiza el objeto y efecto restrictivo al comercio de esta medida como resultado de la aplicación de las normas de aduanas por parte de la SUNAT. De conformidad con lo dispuesto por el Informe Nro. 089-2011-SUNAT de la SUNAT y la nueva Ley General de Aduanas, la administración aduanera del Perú ha requerido que la transmisión electrónica del manifiesto de carga se realice hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la llegada de la nave, siempre y cuando provenga de un puerto lejano. Asimismo, una vez vencido este plazo, dicha transmisión adquiere el carácter de definitiva. Por consiguiente, cualquier información que se añada o cualquier rectificación que se realice de la información transmitida daban lugar a que se configure una infracción que resultaba ser sancionable con la imposición de una multa. La presente tesis evalúa este criterio aplicado por la SUNAT. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado que esta medida constituye un incumplimiento objetivo de la Decisión 671 de la Comunidad Andina. Sin embargo, la tesis busca hacer una contribución y analiza otras vías legales que se pueden usar para cuestionar este tipo de medida restrictiva del comercio. Una de esas vías es la necesidad de respetar el principio de libre circulación de mercancías el cual se encuentra consagrado en los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. El alcance del principio de libre circulación de mercancías ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a lo largo de su jurisprudencia. A su vez, este tribunal ha seguido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular, el célebre caso 5 Dassonville. En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado el concepto de “restricciones de todo orden” de manera amplia para incluir a cualquier medida que pueda tener el objeto o el efecto de restringir las importaciones al hacerlas más difíciles u onerosas en el comercio intrarregional. Esta tesis analiza esta jurisprudencia andina, y de manera ilustrativa, la jurisprudencia europea ha sido presentada. La tesis concluye que la medida adoptada por SUNAT, puede potencialmente restringir las importaciones de mercancías al hacerlas más difíciles y onerosas. En tal sentido, esta medida se encuentra dentro del alcance de la doctrina Dassonville desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aplicada por la Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. / This thesis seeks to determine whether considering the cargo manifest in a definite manner 48 hours prior to the arrival of the vessel to Peruvian territory by the SUNAT constitutes a restriction on trade within the scope of Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement. The thesis analyzes the trade restrictive object and effect of such a measure as a result of the application of the customs rules by the SUNAT. According to the Report No. 089-2011-SUNAT of the SUNAT and the new General Customs Law, the Customs Administration of Peru required that the electronic transmission of cargo manifest be undertaken 48 hours prior to the arrival of the vessel, provided that it came from a distant port. Likewise, once the deadline expires, such a transmission is to be considered in a definite manner. Therefore, any information to be added or any rectification of the information that has been transmitted could give rise to an infringement that is punishable with a fine. This thesis assesses this criterion applied by the SUNAT. The Andean Court of Justice has declared that this measure constituted an objective infringement of the Decision 671 of the Andean Community. However, the thesis seeks to make a contribution and analyzes other legal avenues that can be employed in order to question this type of trade restrictive measure. One of these avenues is the need to respect the principle of free movement of goods that has been provided for in Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement. The Court of Justice of the Andean Community has developed the scope of the principle of free movement of goods in its case law. In addition, this tribunal has followed the case law of the Court of Justice of the European Union, in particular, the landmark Dassonville case. In this context, the Court of Justice of the Andean Community has widely interpreted the concept of 7 “restrictions of all kinds” in order to include any measure that has the object and effect of restricting imports by making them more difficult or costly in intra community trade. This thesis analyzes this Andean case law and, in an illustrative manner, the European case law has been taken into account and presented. The thesis concludes that the measure adopted by the SUNAT can potentially restrict imports of goods by making them more difficult and costly. In this sense, this measure falls within the scope of the Dassonville doctrine that has been developed by the Court of Justice of the European Union and applied by the General Secretariat and the Court of Justice of the Andean Community.

La presente tesis tiene por objetivo demostrar de qué manera las sanciones aduaneras o sus propuestas pueden constituir medidas restrictivas al comercio contrarias al principio de libre circulación de mercancías que protege el artículo 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Secretaría General señalan que no se busca que toda sanción o acción de control o fiscalización realizada por las aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina deba estar, per se, sujeta a cuestionamiento. Más bien, a través de la revisión de la jurisprudencia andina y, tras hacer referencia a la legislación y jurisprudencia europea, ambas instituciones concluyen que solo deben ser cuestionadas aquellas sanciones o propuestas de sanción que puedan tener un efecto restrictivo. Para ser calificadas como restricciones al comercio, se tendrá en cuenta si tales medidas son desproporcionales y, por tanto, injustificadas en el derecho intracomunitario andino. Tras analizar el principio de proporcionalidad en las sanciones aduaneras en el ámbito de la Comunidad Andina, se estudia que dicho principio también es recogido en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio. De esta manera, el carácter vital y obligatorio que adquiere dicho principio en el marco sancionatorio aduanero actual queda fortalecido. Sin embargo, pese a la importancia del principio de proporcionalidad, se verifica que, a la fecha, en el Perú su implementación todavía no es completa en el campo de las sanciones aduaneras. En efecto, por un lado, su aplicación para el caso de las multas no ha sido contemplada y, por otro lado, los procedimientos aduaneros legales pertinentes que regulen la aplicación de dicho principio por la autoridad aduanera no se han expedido. Estos problemas deben subsanarse a fin de evitar futuras disputas legales en la CAN y la OMC sobre la posible aplicación de restricciones al comercio debido a la falta de proporcionalidad de las sanciones. La tesis concluye que las sanciones aduaneras, tales como las multas o las propuestas de multas emitidas por las autoridades aduaneras de los Países Miembros de la CAN, pueden tener un efecto restrictivo del comercio y, por ello, pueden constituir una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas incompatibles con los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. / The present thesis aims to demonstrate how customs sanctions or proposals thereof may constitute restrictive measures contrary to the principle of free movement of goods protected by Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement. Both the Andean Community’s Court of Justice and the General Secretariat contend that not all kind of control or supervision sanctions or actions undertaken by the customs offices of the Andean Community’s Member States should, per se, be questioned. Instead, through the revision of Andean legal precedents and, after referring to European legislation and case law, both bodies conclude that only those sanctions and actions that have a disproportionate restrictive effect should be questioned. In order to be considered trade restrictions, it should be taken into account whether such measures are disproportionate and therefore unjustified under Andean law. After analyzing the principle of proportionality concerning customs sanctions within the Andean Community, this thesis argues that the aforementioned principle is also contained in the Trade Facilitation Agreement of the World Trade Organization. Thus, this reinforces the essential and compulsory nature of such principle under the current legal framework. However, despite the importance of the principle of proportionality, at present its implementation remains incomplete in Peru concerning customs sanctions. On the one hand, its application in the case of fines has not been provided for and, on the other hand, the relevant legal customs proceedings governing the application of that principle by customs authorities have not been issued yet. These problems must be resolved to avoid future legal disputes before the Andean Community and the WTO on the possible application of trade restrictions, due to lack of proportionality of the sanctions. The thesis concludes that customs sanctions, such as fines or proposals for fines issued by the customs authorities of the Andean Community’s Member States, may have a restrictive effect on trade and may, therefore, constitute a measure having equivalent effect to the quantitative restrictions, which may lead to a violation of Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement.

El presente trabajo, a partir de una descripción del marco normativo internacional y las experiencias en su aplicación, explica cómo las medidas en frontera han sido recogidas en la normatividad nacional peruana y expone las principales deficiencias que se han advertido hasta el momento, para luego proponer cambios y ajustes que hagan más eficiente el sistema peruano de lucha contra las infracciones de los DPI en el Comercio Internacional de Bienes, desde el ámbito aduanero. Una de las principales manifestaciones de estas deficiencias repercuten en los bajos índices de solicitudes de parte dirigidas a la Administración Aduanera para la aplicación de medidas en frontera; bajos índices que se repiten en el número de casos de constitución de garantía por parte del presunto afectado para cubrir eventuales perjuicios al importador o exportador ante la posibilidad de la aplicación errónea de estas medidas. Contradictoriamente a lo señalado, se ha inscrito un considerable número de DPI en el registro habilitado por la Administración Aduanera Peruana continuando los titulares de DPI con el procedimiento cuando éste ha sido iniciado de oficio por la Administración Aduanera.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objeto analizar la formación del consentimiento en los contratos internacionales realizados por medios electrónicos. Este tema nos pareció de especial relevancia debido al creciente desarrollo y masificación del uso de los medios electrónicos para desarrollar el comercio internacional, dadas las condiciones que se nos presentan en un mundo globalizado. Con la aparición de internet el contrato internacional es utilizado a diario por las personas para realizar el intercambio comercial de bienes y servicios, produciéndose el acceso a diferentes productos que de otra manera sería imposible. Es por ello que se ha hecho necesaria la creación de normativas jurídicas que amparen estas nuevas situaciones, pues el derecho debe ajustarse y extenderse a todas las actividades humanas que tengan relevancia jurídica, y asimismo, de una uniformidad en los criterios a establecer. De este modo, organismos internacionales como las Naciones Unidas a través de su Comisión para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, también conocida por su sigla en inglés UNCITRAL) ha elaborado convenios y leyes modelos relativas al tema del comercio electrónico, cumpliendo su labor como ente jurídico encargado de la modernización y armonía de las reglas del comercio internacional, lo que se ha cristalizado en la ley modelo sobre comercio electrónico de 1996, la ley modelo sobre firma electrónica y el Convenio sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2005

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El aumento explosivo de los intercambios comerciales, fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas, siendo éste un ejemplo manifiesto de los efectos de la globalización, han obligado al derecho internacional hacer eco de las divergencias y problemáticas que se originan en razón del mismo y que entorpecen el libre intercambio transfronterizo de bienes. El intercambio de bienes entre distintas naciones, ha condicionado la colisión normativa y práctica no solo de consideraciones de índole económica, sino también en materias tan disímiles como el medio ambiente, derechos humanos y propiedad intelectual e industrial. Con el objeto de fortalecer sus relaciones y favorecer la integración, las distintas naciones han celebrado ya de larga data, tratados internacionales con miras a reglamentar en forma armónica materias de interés para cada uno de los estados firmantes. Sin perjuicio de lo anterior, la extensión de los mismos es acotada, toda vez que estos versan sobre materias pormenorizadas, lo que sumado a detentar un carácter vinculante relativo, -las normas contenidas en el mismo son solo vinculantes e imperativas para los suscribientes-, impiden la coexistencia armónica con otros tratados de igual naturaleza entre otras naciones, e incluso con Acuerdos tendientes a reglamentar en forma integral las materias antes mencionadas. A la luz de lo anterior, ha sido necesario coordinar la entrada en vigencia de instituciones y regímenes que propendan a reglamentar en forma integral aquellas materias que ocasionan controversia, entendiendo que la deficiencia del derecho internacional es la ausencia de una institucionalidad central que permita la creación de una normativa general, cuya aplicación y extensión sea conducida con miras a beneficiar el desarrollo de la comunidad internacional. Al respecto las organizaciones internacionales encargadas de regular y fiscalizar el eficiente intercambio de bienes y servicios, ya sea GATT, OMC, etc., han entendido que ya no solo basta con regular con miras ha evitar la existencia de barreras arancelarias, discriminación entre las partes contratantes en iguales condiciones y competencia desleal, sino que en el ultimo tiempo se ha hecho gravitante la reglamentación de un nuevo elemento que entorpece las relaciones comerciales: La Propiedad Intelectual. Es así como al alero de la OMC, organización que desde su entrada en funcionamiento el año 1994 ha logrado el difícil cometido de lograr la coexistencia armónica y la interrelación económica de sus estados Miembros, es que nace el acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual en el comercio), conocido como TRIPS Agreement, encargado de armonizar la normativa internacional existente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual y de regular aquellas materias que en tratados anteriores habían sido excluidas, extendiendo en este respecto, su campo de acción a materias tan controversiales como la salud, difusión del conocimiento, alimentación y educación.

Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the Degree of L.L.M. in international law, investments, trade and arbitration / Energy integration is not a unique project in the context of globalization. In fact, it is possible to trace its beginnings from more than 50 years ago, that is, at the end of the Second World War, with the Treaty of Coal and Steel Community, signed between two countries with a long history of conflict, and yet did not prevent to start what today we know as the European Union . However, not all regions of the planet, energy integration processes have followed the same fate, in other words, over the twentieth century and during the decade of the current century, it has been possible to see reluctance of some countries in order to advance in the construction of a multilateral agenda which includes energetic supply services within the areas addressed by the WTO. If we bring a little more analytical lens to focus on the legal treatment of energy in the Latin American context, specifically the Mercosur , we see that integration projects have been recently addressed by the heads of the states as a common interest area to the region, an issue that has been treated as we will see on the basis of two opposing views, such as energy understood as a power resource and the energy understood as a socio-political tool, with implications that both views imply.