Como estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y a partir de mi experiencia en la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), tuve la oportunidad de conocer diversos problemas que afectan a los pueblos indígenas en la Región. Pude constatar que tales problemas se deben, entre otros, a la presencia de terceros no autorizados en territorios indígenas y a la imposición de concesiones o autorizaciones para proyectos de “desarrollo o inversión” en sus territorios. Me consternó mucho los problemas que viven los pueblos indígenas y los profundos impactos sociales, culturales y económicos que son forzados a enfrentar a raíz de tales proyectos. Muchos de los cuales ponen en riesgo su propia existencia. / Tesis

El derecho a la consulta previa a los pueblos originarios o indígenas se ha convertido en fuente de conflictos internos de carácter sociocultural, ambiental y legal, que cada vez más se acrecientan en el Perú. El Estado peruano debe realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas antes de la implementación de medidas legislativas o administrativas que afecten en forma directa los derechos colectivos de estos últimos, consultas que deben finalizar con la obtención del consentimiento previo, libre e informado. La promulgación de la Ley 29785, “de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas”, es un gran avance hacia la protección de estos pueblos. Sin embargo, en su Artículo 15° se dictamina que si el Estado peruano y los pueblos indígenas no lograran llegar a un acuerdo en la consulta previa, la decisión final será adoptada por el Estado como norma general aplicada a dichos procesos. No obstante ello, esta regla general podría tener excepciones frente a medidas legislativas o administrativas que implique el desplazamiento poblacional indígena de sus territorios ancestrales, ya que de aplicarse de forma taxativa lo señalado en la Ley 29785, se causaría grave indefensión y vulneración a los derechos constitucionales de ese sector poblacional. El Estado, durante los procesos de consulta previa cuando impliquen desplazamiento poblacional indígena de territorios ancestrales, tiene la obligación de obtener el consentimiento de estos pueblos, garantizando la no vulneración de sus derechos constitucionales, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; la libre determinación; el territorio; la identidad étnica y cultural; entre otros; consagrados en los artículos 2°, 70° y 149° de la Constitución peruana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional peruano (TC). / Tesis

El presente Trabajo Académico busca analizar si el proceso de consulta previa era aplicable para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga; o si solo era necesario cumplir con el procedimiento de participación ciudadana para cumplir con la normativa vigente y obtener la certificación ambiental. Se parte de la hipótesis que, a la fecha de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, Minera Yanacocha no contaba con la obligación de realizar el proceso de consulta previa, puesto que no era un requisito para la aprobación del mencionado instrumento de gestión ambiental; sino una obligación por parte de Estado Peruano relacionado al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En la última década, en el Perú, la consulta previa se encuentra relacionada con el procedimiento de participación ciudadana, esto es porque se califica a la consulta previa como un mecanismo de participación ciudadana (ESDA, 2013, p.179). Sin embargo, es menester dejar en claro que ambas son figuras que, si bien parecieran cumplir con la misma finalidad, son distintas entre sí. La consulta previa tiene la finalidad de preservar los valores culturales propios de los pueblos indígenas y tribales mediante el otorgamiento de voz para decidir sobre su propio desarrollo en su territorio; por otro lado, la participación ciudadana se caracteriza por incluir a los pueblos indígenas en todas las fases del ciclo de elaboración, aplicación y evaluación de políticas y programas de desarrollo nacional o regional que les pueda afectar. No solo en la fase inicial, como en el derecho a la consulta previa, sino en todo el ciclo. Sin perjuicio de que se concluye que el Proyecto Minero Conga no debió realizar el procedimiento de consulta previa, es menester dejar en claro que, tanto la consulta previa como los procesos de participación ciudadana deben ser fortalecidos, con la finalidad que sean utilizados como verdaderos mecanismos que promuevan el diálogo fluido y eficiente entre los actores involucrados, de manera tal que la población aledaña al Proyecto recupere la confianza de las decisiones de la administración pública (decisiones públicas) y de las empresas mineras (decisiones privadas). / Trabajo académico

El artículo, elaborado en base a una investigación de tesis, aborda las barreras y los retos principales para el ejercicio del derecho a la comunicación que afrontan los miembros de las comunidades indígenas amazónicas en el marco de la Reserva Comunal Amarakaeri, ubicada en Madre de Dios, partiendo de la constatación de que la comunicación participativa y estratégica con un enfoque intercultural, es la base para la consolidación de un modelo de gestión participativa.

The purpose of this study is understand the violence against indigenous peoples in contemporary Brazil, it is necessary from a systemic and long-term analysis, considering their interrelationship with power. Power used in the process of occupation and settlement, in the disputes over land, or in the process of settlement, acculturation and assimilation. For this analysis it is necessary to understand the violence from the Colonialidade of power, with the independence of the colonies of the Iberian Empires, the colonial power remained. / El objetivo de esto estudio es entender la violencia contra los pueblos indígenas en el Brasil contemporáneo, se hace a partir de un análisis sistémico y de largo plazo, considerando su interrelación con el poder. Este poder ha sido utilizado en el proceso de ocupación y asentamiento, en los conflictos sobre la tierra, o en proceso de aculturación y asimilación.Para ese proceso de análisis se hace necesario entender la violencia de la Colonialidad del Poder, que aún con la independencia de las colonias de los imperios ibéricos, el poder colonial se mantuvo.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A toponímia, no Brasil, tem se mostrado um campo rico de pesquisa dentro dos estudos onomásticos, visto seus objetivos ultrapassarem o ato de nominar, reconstituir valores sóciohistóricos, culturais e linguísticos, e revelar episódios de momentos distintos da vivência da comunidade. O estudo acerca da Toponímia de Comunidades Indígenas do Município de Pacaraima partiu da hipótese de que os topônimos em Língua Portuguesa trazem na subjacência, no mínimo, um topônimo em língua indígena que se revela pelo estudo da etimologia e dos estratos linguísticos. A dissertação analisou traços histórico-culturais, linguísticos e etimológicos dos nomes de comunidades indígenas e procurou entender o que levou um povo a batizá-la com determinado topônimo, o que foi importante para essa denominação e se a comunidade recebera topônimos anteriores, assim como entender o que pode ter ocasionado a substituição de um topônimo por outro. O corpus constituiu-se de 27 acidentes humanos, comunidades indígenas de Pacaraima, na Terra Indígena São Marcos e na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. O trabalho foi norteado, principalmente, pelos parâmetros teóricos metodológicos de Dick (1990, 1992, 2000). A dissertação mostrou que a motivação toponímica volta-se principalmente para a fauna, a flora e a cultura da região, por exemplo Guariba, Bananal e Maruai, respectivamente. Enquanto a investigação da etimologia dos sintagmas toponímicos apresentou, como determinante, a fórmula simples, SN(N), Surumu, embora apareçam algumas complexas do tipo [SN (SN + Posp (+ Cóp)], wararapise (TR), organizou os topônimos em quatro grupos, considerando os seus elementos formadores: a) Topônimos em LP com correspondente em LI, b) Topônimos em LP sem correspondente em LI, c) Topônimos em LI com correspondente na LP e d) Topônimos em LI que sofreram aportuguesamento. Nesse quadro, a maior ocorrência está no item a da classificação e a menor no item b. O estudo evidenciou, na classificação taxionômica, os zootopônimos, os fitotopônimos e os ergotopônimos. Finalmente, ratificou o alcance das narrativas orais na reconstituição da memória e da história das comunidades, da mesma forma que comprovou a presença de línguas subjacentes aos atuais topônimos em Português.

Objetivos: General. Con motivo de la llamada “reforma energética de 2013” en México, analizar jurídicamente los impactos sociales y ambientales de los llamados megaproyectos de energía que se ejecutan en territorios pertenecientes a pueblos indígenas, revisar su tratamiento jurídico en los tribunales de justicia, así como plantear algunas propuestas de solución a esta problemática. Específicos. - Destacar la importancia de la energía en la sociedad actual, los modelos de desarrollo industrial, así como su incidencia y relación con los recursos naturales. - Analizar, a partir de la “reforma energética de 2013 en México”, el modelo de desarrollo en la industria de los hidrocarburos y la electricidad, incluyendo las energías renovables, como detonantes de los llamados megaproyectos de energía. - Examinar, a partir del concepto de propiedad, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, incluyendo el derecho preferencial a explotar sus recursos naturales. - Analizar el régimen jurídico ambiental aplicable a los proyectos de energía que se implementan en territorios de pueblos indígenas. - Revisar, a partir del concepto de justicia, los mecanismos de protección y reparación de daños causados por los impactos lesivos al medio ambiente. - Evaluar los pronunciamientos de los tribunales nacionales e internacionales al juzgar casos que involucran proyectos de energía que se implementan en territorios de pueblos indígenas. - Visualizar las alternativas de reparación de los daños causados, así como esquemas de convivencia, cooperación justa y beneficios compartidos entre los desarrolladores de los proyectos de energía y las comunidades involucradas.

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad orientar que la consulta previa también es aplicable a las comunidades campesinas, donde El Estado peruano tiene que aplicar mecanismos de dialogo para reducir los conflictos socio ambientales. La investigación se encuentra estructurada en los siguientes capítulos. Capítulo 1: Comunidades campesinas, Capítulo 2: Pueblos indígenas, Capitulo 3: Diferencias y semejanzas de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, Capítulo 4: El Estado y las comunidades campesinas en el Perú, Capítulo 5: Naturaleza jurídica de la comunidad campesina en el Perú, Capítulo 6: Noción Jurídica de comunidad campesina y pueblo indígena en el Perú, Capítulo 7: La consulta previa como derecho fundamental en las comunidades campesinas y el Capítulo 8: Implementación de mecanismo de consulta previa en las comunidades campesinas, donde se indica como necesario la inclusión el ordenamiento jurídico peruano de la consulta previa para comunidades campesinas.

El derecho a la consulta previa a los pueblos originarios o indígenas se ha convertido en fuente de conflictos internos de carácter sociocultural, ambiental y legal, que cada vez más se acrecientan en el Perú. El Estado peruano debe realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas antes de la implementación de medidas legislativas o administrativas que afecten en forma directa los derechos colectivos de estos últimos, consultas que deben finalizar con la obtención del consentimiento previo, libre e informado. La promulgación de la Ley 29785, “de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas”, es un gran avance hacia la protección de estos pueblos. Sin embargo, en su Artículo 15° se dictamina que si el Estado peruano y los pueblos indígenas no lograran llegar a un acuerdo en la consulta previa, la decisión final será adoptada por el Estado como norma general aplicada a dichos procesos. No obstante ello, esta regla general podría tener excepciones frente a medidas legislativas o administrativas que implique el desplazamiento poblacional indígena de sus territorios ancestrales, ya que de aplicarse de forma taxativa lo señalado en la Ley 29785, se causaría grave indefensión y vulneración a los derechos constitucionales de ese sector poblacional. El Estado, durante los procesos de consulta previa cuando impliquen desplazamiento poblacional indígena de territorios ancestrales, tiene la obligación de obtener el consentimiento de estos pueblos, garantizando la no vulneración de sus derechos constitucionales, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; la libre determinación; el territorio; la identidad étnica y cultural; entre otros; consagrados en los artículos 2°, 70° y 149° de la Constitución peruana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional peruano (TC).

La demanda creciente de fibra de alpaca de calidad en el mercado mundial está causando que los productores, pertenecientes mayormente a comunidades altoandinas aisladas, vulnerables y tradicionalmente excluidas; adopten nuevas tecnologías de producción y las combinen con sus costumbres ancestrales. Así ante la ausencia de servicios de asistencia técnica que considere su contexto, los productores que han logrado mejorar sus sistemas de producción son requeridos por sus pares para replicar sus experiencias, generándose una demanda especializada de éstos servicios. Sin embargo los productores que brindan asistencia técnica, enfrentan el problema de no tener ningún tipo de reconocimiento que los acredite como competentes para esta actividad, viendo reducida sus oportunidades. Ante esta situación la certificación de competencias se presenta como una posibilidad de obtener un reconocimiento y ampliar sus opciones laborales. Para ello es necesario tener una propuesta que permita implementar este proceso. Elaborar una propuesta implica desplegar una metodología técnicamente rigurosa y aceptada por las entidades encargadas de implementar procesos de certificación a nivel de país, por lo que el objetivo de esta investigación es determinar la aplicabilidad de la metodología del Análisis funcional en la elaboración de una propuesta para la certificación de las competencias de los productores, de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Puno, que realizan actividades de asistencia técnica o extensión en el manejo productivo de alpacas y su fibra. / Tesis