Las tarifas de embarque de pasajeros para vuelos domésticos que se cobran en el AIJCh, se encuentran reguladas por Contrato de Concesión y son revisadas cada cinco años por parte del OSITRAN y se han incrementado entre el 2010 y 2018 de US$ 4.91 a US$ 9.77 mientras que la tarifa de embarque para vuelos internacionales no ha sufrido variación (manteniéndose en US$ 26.05). El objetivo de esta investigación es revisar la metodología de regulación utilizada para el ajuste de las tarifas de embarque de pasajeros durante los últimos años. En particular, se busca investigar la racionalidad de la decisión del Concesionario de variar solo la tarifa de embarque nacional y mantener inalterada la tarifa de embarque para vuelos internacionales. Se postula que dicha decisión está influenciada por las cláusulas del Contrato de Concesión respecto a las transferencias monetarias que debe realizar al Estado, lo cual estaría afectando el objetivo regulatorio de traslado de eficiencias a los usuarios de vuelos domésticos. En esa línea, se plantea como hipótesis principal que la aplicación de un mecanismo de canasta para cada servicio de embarque sería más beneficioso, al considerar que con esto, los pagos realizados por los pasajeros que se embarcan en el AIJCH para la realización de vuelos domésticos serían menores con respecto al actual mecanismo aplicado simulándose mejor un mercado competitivo. Para demostrar esta hipótesis, se planteó la aplicación de un modelo contrafactual a través del cual se simularon las tarifas de embarque que se hubiesen obtenido aplicando el ajuste por cada servicio, encontrándose que los pasajeros que se embarcan en el aeropuerto (tanto en viajes nacionales como internacionales) para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018 hubiesen pagado US$ 20.8 millones de dólares menos por concepto de tarifas de embarque, lo que hubiese representado un 2.3% de ahorro para los pasajeros en comparación con los resultados de la aplicación del actual mecanismo. Adicionalmente, se encuentra que de los 2.5 millones de turistas que visitaron el Perú en el 2018, el 60% (1.5 millones) no realizó vuelos nacionales, mientras que en el caso de los pasajeros domésticos que también realizaron vuelos internacionales, el porcentaje aún es reducido, con lo que el mecanismo de canastas de servicios no cumpliría su finalidad. A partir de los conceptos desarrollados por la literatura y los resultados presentados en esta investigación se plantea que modificar el actual mecanismo regulatorio de ajuste de las tarifas de pasajeros hacia un esquema de canastas diferenciadas para vuelos domésticos e internacionales sería más beneficioso y consistente con los objetivos regulatorios detrás de los esquemas de incentivos y del traslado periódico de eficiencias a los consumidores.

La presente investigación contiene el estudio de dos herramientas jurídicas que emplea el Estado Peruano en la relación contractual que mantiene con los concesionarios que participan en el mercado de infraestructura de transporte de uso público. Estas herramientas son las penalidades y las sanciones administrativas. Las primeras tienen naturaleza civil y buscan garantizar el cumplimiento de una obligación; y las segundas, poseen naturaleza administrativa y cumplen un rol punitivo por la transgresión a las normas. Por lo tanto, si bien ambas permiten desincentivar los incumplimientos en los que pudieran incurrir los concesionarios, deben tramitarse desde sus respectivos procedimientos. Sin embargo, en el sector de infraestructura de transporte se ha presentado una confusión conceptual porque se ha creado un procedimiento especial para aplicar las penalidades, el cual dista de la naturaleza civil que tienen tales figuras y las aproxima al ámbito del derecho administrativo sancionador. Así ha ocurrido que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha emitido una Directiva a través de la cual crea una vía administrativa para imponer las penalidades, como si éstas fueran sanciones administrativas. La situación antes descrita incide sobre la integridad de los contratos de concesión en tanto que deja sin efecto la cláusula de solución de controversias, llevando los conflictos a sede judicial como última instancia. Esto genera tres potenciales problemas: incertidumbre y riesgo regulatorio, incremento de costos de transacción a nivel contractual e ineficacia del sistema de cumplimiento. En este contexto, la tesis aborda el análisis de las penalidades y las sanciones administrativas, considerando lo establecido en el marco normativo y el criterio expuesto por el OSITRAN, con el fin de esclarecer que son figuras que requieren un procedimiento de aplicación acorde con su naturaleza jurídica. A su vez, deja en evidencia que el problema se origina por la confluencia innecesaria de ambas, al haberse asignado para un mismo tipo de incumplimiento en los contratos de concesión. En nuestro estudio se concluye que OSITRAN carece de competencia legal para regular un procedimiento de aplicación de penalidades. Asimismo, se hace visible que la confusión conceptual involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por haber incluido, en los contratos de concesión, un régimen de penalidades que adolece de los defectos mencionados. Por ello, en esta investigación se analiza el régimen de penalidades con el fin de identificar los incumplimientos que sólo deberían ser objeto de penalidades y no de sanciones administrativas. De este modo, se le asigna a cada herramienta el uso que le corresponde según su naturaleza, reduciendo así la posibilidad de que puedan confluir sobre un mismo tipo de incumplimiento. Finalmente, como último propósito de la tesis, se plantea la idea de mejorar el procedimiento establecido en la Directiva, armonizándolo con el mecanismo de solución de controversias pactado por las partes, haciendo uso de la regulación responsiva; y se elaboran unos Lineamientos para la formulación de una cláusula que regule el régimen de penalidades en los contratos de concesión que a futuro se suscriban o que forme parte de las modificaciones contractuales a insertarse en los proyectos de inversión que así lo requieran. / The present investigation contains the study of two legal tools that the Peruvian State uses in the contractual relationship that it maintains with the concessionaires that participate in the transport infrastructure market for public use. These tools are penalties and administrative sanctions. The first ones have a civil nature and seek to ensure the compliance of an obligation; and the second ones have an administrative nature and have a punitive role when exist a transgression of the normative rules. Therefore, although both of them discourage contractual breaches in which the concessionaires could incur, penalties and administrative sanctions must be processed in their respective procedures. However, in the public transport infrastructure sector, conceptual confusion has arisen because a special procedure has been created to apply the penalties, which is far from the civil legal nature of penalties and, conversely, brings them closer to the scope of sanctioning administrative law. As it has happened, the Supervisory Organism of Investment in Public Transport Infrastructure (OSITRAN) has issued a Directive that creates an administrative procedure to impose penalties, as if these were administrative fines. The aforementioned situation affects the integrity of the concession contracts, as it leaves the dispute resolution clause without effect, taking the disputes to court as a last resort. This generates three potential problems: uncertainty and regulatory risk, increase in contractual costs and inefficiency of the compliance system. In this context, the thesis broaches the analysis of penalties and administrative sanctions, considering what is established in the regulatory framework and the criteria exposed by OSITRAN, in order to clarify that they are figures that require an application procedure according to their legal nature. At the same time, it shows that the problem is caused by the unnecessary confluence of both of them, having been assigned for the same type of noncompliance in the concession contracts. In our study, it is concluded that OSITRAN lacks legal competence to regulate a penalty application procedure. Likewise, it is visible that the conceptual confusion involves the Ministry of Transport and Communications, and the Agency for the Promotion of Private Investment for having included, in concession contracts, a penalty regime that suffers from the aforementioned shortcomings. Therefore, in this investigation the penalties regime is analyzed in order to identify the breaches that should only be subject to penalties and not administrative sanctions. Finally, as the final purpose of the thesis, the idea of improving the procedure established in the Directive is proposed, harmonizing it with the dispute resolution mechanism agreed by the parties, making use of the responsive regulation; and some Guidelines are prepared for the formulation of a clause that regulates the penalties regime in concession contracts that are going to be subscribed in the future or that form part of the contractual modifications to be inserted in investment projects that require it. / Tesis

Tras la liberalización de la prestación de los servicios públicos, el Estado ha venido empleando diversos mecanismos para la regulación de las conductas de las empresas de servicios públicos e infraestructura, entre los cuales figuran la definición de obligaciones o derechos a través de disposiciones normativas así como mediante contratos de concesión (o regulación contractual). En ese marco, en la presente investigación se analiza el contenido regulatorio de los contratos de concesión de servicios públicos, con el objetivo de determinar si este se sujeta a los estándares del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Para ello, se analizan siete contratos de concesión en sectores de infraestructura de transporte y de telecomunicaciones, de los cuales se concluye que durante la fase de diseño no se habrían seguido los estándares de carácter procedimental y sustantivo que establece el AIR. Asimismo, se concluye que no resulta suficiente la positivización de principios aplicables a todas las fases de los contratos de concesión en el marco de las Asociaciones Público Privadas, sino que además es necesario contar con disposiciones que permitan la concreción de estos principios, y una metodología de AIR aplicable a la etapa de diseño de los contratos de concesión. En esa línea, mediante la presente investigación se formulan lineamientos para regular en un escenario contractual, a partir de la aplicación de los estándares del AIR en sus dos dimensiones: sustantivo y procedimental. Con respecto a los aspectos sustantivos se plantean los siguientes elementos: i) identificación del problema; ii) identificación de alternativas de solución, las cuales se sujetan a la evaluación de la legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y iii) el análisis costo beneficio con respecto a las alternativas que hayan superado el filtro anterior. Y en cuanto a los aspectos procedimentales, se plantea el acceso a la información en la etapa preparatoria de los contratos de concesión, y la participación de los agentes involucrados, en especial de los afectados negativamente, tanto en la etapa de identificación del problema como en la etapa de análisis de impacto. / Tesis

El servicio público de mercados implica el abastecimiento y comercialización de productos y servicios para la población1 . De acuerdo con nuestra normativa, este servicio público es responsabilidad de los gobiernos locales y por tanto estos son los llamados a garantizarlo. Ahora bien, dicho servicio público se desarrolla en las instalaciones que corresponden a los mercados de abastos, los cuales se encargan de abastecer a la población, teniendo muy buena acogida por lo asequible de los precios. Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, el 50% de los hogares realizó sus compras en mercados minoristas, el 6% en los mercados mayoristas, el porcentaje restante se distribuyó entre comerciantes informales, bodegas, supermercados, entre otros. A pesar de la buena aceptación de los mercados de abastos, la realidad nos muestra que la infraestructura de las instalaciones en las cuales se brinda este servicio dista de tener las mejores condiciones para su prestación; de igual manera, existen deficiencias prácticas de salubridad que podrían poner en riesgo la salud de los usuarios del servicio, entre otros. En el presente trabajo, señalaremos las razones que nos hacen considerar a la concesión como el mecanismo idóneo para lograr una prestación eficiente del servicio público de mercados. Es así que, comenzaremos analizando lo que significa hablar del servicio público en la estructura descentralizada del Estado, específicamente lo que implica el servicio público de mercados, para luego analizar la concesión y sus características que nos hacen considerarla la mejor opción para la prestación de este servicio público local.

En el presente trabajo se analiza si las modificaciones efectuadas sobre los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público, cofinanciados y vigentes, han alterado la asignación de riesgos previamente pactada por las partes. Para tal efecto, en primer lugar, se estudia y reconoce que la óptima distribución de riesgos es una característica inherente a las asociaciones público privadas, siendo las concesiones cofinanciadas una de sus modalidades. Asimismo, se define el alcance de la noción de riesgo contractual, se identifican cuáles son los riesgos que existen y se comparten en las concesiones cofinanciadas, así como los criterios para conseguir una eficiente asignación. Como siguiente paso, se estudian las razones que justifican la legítima necesidad de recurrir a las modificaciones contractuales, como mecanismos de solución de contingencias no previstas, pero también se reconoce la existencia de ciertos peligros que encierran las renegociaciones contractuales. En ese mismo orden de ideas, se estudia la evolución normativa de la regulación sobre adendas y modificaciones contractuales, con especial énfasis en el tratamiento legal del deber de procurar no alterar la asignación de riesgos originalmente contemplada. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales debe considerarse que una modificación contractual altera justificada o injustificadamente la asignación de riesgos. Posteriormente, sobre la base de dichos criterios, se efectúa un análisis detallado de las modificaciones efectuadas a los trece contratos de concesión cofinanciados vigentes de infraestructura de transporte de uso público que han sido objeto de alguna renegociación. Después de completar dicho estudio, se determina si las modificaciones contractuales analizadas han producido una alteración en la asignación de riesgos previamente establecida y si, de ser el caso, dicha variación es justificada o injustificada. Dichos resultados son consolidados gráficamente. La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y de algunas recomendaciones normativas, que pueden ser implementadas, con la finalidad de precisar el alcance de la obligación legal de procurar no alterar la asignación de riesgos y de evitar la suscripción de adendas que incurran en variaciones injustificadas de los esquemas de distribución de riesgos. / In the present research, it is analyzed if the modifications made to the current co-financed concession contracts of transport infrastructure for public use, have altered the allocation of risks previously agreed upon by the parties. For this purpose, first of all, it is studied and recognized that the optimal distribution of risks is an inherent characteristic of public-private partnerships, and therefore of co-financed concessions, as they are forms of public-private partnerships. Likewise, in the development of the thesis, the notion of contractual risk is defined, which are the risks that exist and are shared in the cofinanced concessions, as well as the criteria to achieve an efficient allocation. As a next step, this research presents the reasons why the modifications of concession contracts are legitimately used as mechanisms for the resolution of unforeseen contingencies, but also recognizes the existence of certain dangers inherent in contractual renegotiations. In this sense, the evolution of regulatory regulation on addenda and contractual modifications is studied, with special emphasis on the legal treatment of the duty to try not to alter the assignment of risks originally agreed upon. Continuing with the development of the research, the guidelines to be followed are established to determine if a contractual modification justifiably or unjustifiably alters the allocation of risks. Subsequently, following these criteria, a detailed analysis is made of the modifications to the thirteen current co-financed concessions transport infrastructure for public use that have been subject to at least a renegotiation. After completing this study, it is determined if the contractual modifications have produced an alteration in the previously established risk allocation and if, if applicable, such variation is justified or unjustified. These results are consolidated graphically. The investigation ends with the presentation of the conclusions and some recommendations, which can be implemented legally, in order to specify the content of the legal obligation to ensure that the allocation of risks is not altered and to avoid addenda that incurs unjustified alterations of the risk distribution schemes. / Tesis

En mi experiencia profesional, me he desempeñado en el campo de las finanzas, en específico, viendo temas regulatorios, en consultoría empresarial, evaluación en proyectos de inversión1 , manejo fiduciario para programas del Estado y actualmente como Especialista Económico para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro del ámbito de mis actividades, está comprendida la revisión y estructuración de la información procesada respecto a la Red Vial Nacional Concesionada desde la posición del Concedente (Estado), donde se espera otorgar indicadores clave del cumplimiento y desviaciones presupuestarias en el marco de la implementación de un Sistema de Gestión de Activos. En ese sentido, existe información no estructurada que contiene variables clave, que junto con data externa y análisis multidisciplinario puede obtenerse la predicción de obligaciones y mejor toma de decisiones. Considerando aspectos regulatorios del régimen económico y compromisos derivados de contratos APP de este tipo de infraestructura, se clasifica y estructura. Posteriormente, nos centramos en el análisis de Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG) en contraste con casos de estudio hipotéticos de bandas superiores de ingresos que buscan mitigar las imprecisiones de las proyecciones de demanda.

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

1. Con relación al Capítulo I, establece los aspectos metodológicos de la tesis, que apunta a determinar cuáles son los factores de carácter normativo que determinan el probable no resguardo de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia Peruana en las actividades económicas de hidrocarburos. 2. Con relación al Capítulo II, se hace un análisis del derecho a la consulta previa y otros derechos indígenas asociados al mismo, revisando para ello la normatividad internacional y nacional, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hasta llegar al estado actual de desarrollo de dicho derecho, y mostrar las deficiencias en su implementación. 3. Con relación al Capítulo III, aborda la normatividad de concesiones en el sector de energía y minas, esto es en las actividades de hidrocarburos, minería y electricidad, para efectos de articularlas con el ejercicio de los derechos indígenas, y se concluye que en los mismos no se viene respetando los derechos indígenas como más adelante desarrollaremos. 4. Con relación al Capítulo IV, en el mismo se desarrolla el estado actual del derecho a la consulta previa y la propiedad comunal, en el contexto del aprovechamiento de los recursos naturales y el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. Advertimos en el mismo que la institucionalidad estatal en materia indígena a nivel del Estado, si bien siempre ha sido débil, en los últimos dos años ello se ha acentuado con la desaparición del INDEPA como Órgano Público mediante Decreto Supremo No 001-2010-MINCU, y la extinción del Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea (GTCI CAMISEA), mediante Decreto Supremo Nº 071-2009-EM. (...) 5. Con relación al Capítulo V, analiza las inconstitucionalidades de las que está preñada la normatividad sobre consulta previa vigente, especialmente teniendo en cuenta que sin una autoridad estatal indígena fuerte y autónoma, la legislación sobre protección de pueblos indígenas ha naufragado entre la desidia burocrática de los sectores responsables y la ausencia de voluntad política de los gobiernos de turno, así no sorprende que el régimen multisectorial ni el comité de gestión de protección de PIAV, ni el documentos de planificación para la protección de estas poblaciones se hallan elaborado, actualizado o puesto en vigencia la escazas normas al respecto. (...) / --- 1. With regard to Chapter I, provides the methodological aspects of the thesis, which aims to identify the factors that determine normative probably not guard the constitutional rights of isolated indigenous peoples of the Peruvian Amazon in the economic activities of hydrocarbons. 2. With regard to Chapter II, provides an analysis of the right to prior consultation and other indigenous rights associated with it, checking for this national and international norms and the jurisprudence of the Constitutional Court, up to the current state of development of the right, and show weaknesses in its implementation. 3. In relation to Chapter III addresses the regulation of concessions in the energy and mining sector, namely in hydrocarbon activities, mining and electricity, to articulate the purpose of the exercise of indigenous rights, and concludes that in the same not respecting indigenous rights comes as later develop. 4. With regard to Chapter IV, it is developed in the current state of the right to prior consultation and communal property, in the context of the use of natural resources and the national system of environmental impact assessment. Caution in the same state institutions on indigenous at the state level, but has always been weak in the past two years it has been accentuated by the disappearance of INDEPA as a public body by Supreme Decree No. 001-2010-Mincu, and extinction of Interagency Coordination Technical Group Camisea (GTCI CAMISEA), by Supreme Decree No. 071-2009-EM. (...) 5. With regard to Chapter V analyzes the unconstitutionality of which is pregnant on consultation regulations in force, especially considering that without a strong Indian state authority and autonomous legislation protecting indigenous peoples has sunk between the bureaucratic apathy responsible sectors and lack of political will by successive governments, so it is not surprising that the regime nor multisectoral committee PIAV protection management, nor the planning documents for the protection of these populations are developed, updated or placed in few force the rules. (...)

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Al respecto, cabe precisar que la investigación desarrollada se enmarca dentro de los lineamientos formulados en la mencionada Maestría en Ciencias Administrativas, la cual señala que al finalizar la misma, el egresado, entendiéndose como tal al candidato a Magíster, será capaz de aplicar métodos y técnicas de investigación para el diseño y ejecución de programas novedosos en la gestión y gerencia de empresas e instituciones, así como analizar la realidad nacional e internacional desde la perspectiva del cambio, en los aspectos económicos, sociales, políticos y tecnológicos. De la misma forma, dentro de las Líneas de Investigación establecidas, se desarrollará un modelo de gestión empresarial el planeamiento estratégico. En ese sentido, es necesario mencionar que la Tesis presentada, es producto de los cuatro semestres de investigación que comprendieron el desarrollo de la Maestría, en los cuales el Egresado cumplió con la correspondiente currícula obligatoria durante los Semestres Académicos de 2003 I y 2003 II, así como 2004 I y 2004 II, respectivamente. En este orden de ideas, en imperativo reseñar que en el devenir de la investigación la Provincia de Pisco ubicada en el Departamento de Ica, donde se encuentra ubicada la Reserva Nacional de Paracas fue duramente afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007, siendo que la misma Reserva sufrió daños irreversibles. Por tal razón, nuestra Tesis se orienta a demostrar que la generación de riquezas por medio del Ecoturismo en este sitio natural contribuirá al fortalecimiento del Eje Pisco – Paracas luego del fenómeno natural acontecido. / Tesis