El artículo presenta una revisión panorámica de la conformación histórica del Tribunal Constitucional peruano y los diferentes modelos de jurisdicción constitucional, los precedentes constitucionales y los controles constitucionales.

Como una forma de contribuir a la correcta comprensión del cumplimiento del principio de laicidad en un Estado constitucional democrático y laico, es menester establecer cómo es que no debe comprenderse dicho cumplimiento. En la actualidad, el TC está emitiendo jurisprudencia que mantiene una orientación basada en el modelo de la Laicidad Neutral respecto del cumplimiento del principio de laicidad. No obstante, tratándose de un Estado con mayorías religiosas, pocos años de laicidad y la creencia general de la obligatoriedad de la prestación de colaboración estatal a los credos, tanto por parte de los civiles como por los propios operadores de justicia, resulta menester pronunciarse para contribuir a expandir la correcta comprensión de lo que constituye un sano cumplimiento del principio de laicidad. Este trabajo apunta a analizar y criticar la postura del Tribunal Constitucional referida al cumplimiento del principio de laicidad establecida en sus sentencias del periodo 2004-2013 para determinar si es que adopta una postura orientada al modelo de la Laicidad Positiva. Se realizará este fin mediante un desarrollo teórico y el análisis de las sentencias seleccionadas. Se concluye no solo que el Tribunal Constitucional adoptó un modelo de Laicidad Positiva, sino también se constata los nocivos efectos que ello genera en un Estado con unas cuantas décadas de laicidad formal

Tesis (doctor en derecho) / En primer lugar, me interesa tratar algunos tópicos centrales sobre cómo la cuestión de los derechos humanos constituye uno de los ejes fundamentales en los sistemas normativos constitucional e internacional. Si hay una consecuencia directa de los horrores de que fue testigo la humanidad en la segunda guerra, es la convicción que los derechos de las personas no podían ser entregados a la voluntad soberana del Estado. Para limitar este poder se desarrollaron dos sistemas normativos: uno interno (sistema normativo constitucional) y uno internacional (derecho internacional de los derechos humanos). Estos sistemas fueron evolucionando en forma paralela, intentando diseños institucionales que permitieran cumplir con un objetivo común: garantizar los derechos humanos de todas las personas. Desde sus inicios, el sistema normativo constitucional de derechos individuales se ha visto enfrentado a dos preguntas: a) ¿cuál es el lugar que ocupan los derechos en la estructura constitucional? y b) ¿cuáles son los mecanismos idóneos para garantizar dichos derechos? Estos son temas debatidos tanto en el ámbito doctrinal como en la práctica codificadora, por lo que cualquier acercamiento a la idea de derechos individuales y constitución debe hacer frente a estas interrogantes.

La tesis central de la presente investigación consiste en que los llamados “peligros” de la ponderación, están por fuera de ella; es decir, no son atribuibles a la estructura interna de la ponderación. De otro lado, los “límites” de la ponderación, sí son connaturales a la misma. El problema de los límites de la ponderación es un problema de naturaleza epistemológico, mientras que el problema de los peligros de la ponderación es un problema de naturaleza axiológico. Mientras que los límites se abocan a las limitaciones del conocimiento que afectan a la ponderación (como también pueden afectar a la subsunción o a la analogía), los peligros de la ponderación están referidos a la valoración del juicio ponderativo en sí como procedimiento racional para la aplicación de normas con carácter de principios.

A la par del amplio reconocimiento de la sociedad a la tarea del Tribunal Constitucional, somos testigos, no desde poco tiempo, de los constantes cuestionamientos a su labor, que repercuten en el ataque a su autonomía incluso por parte de poderes del Estado como el Congreso de la República o el Poder Judicial. Esta falta de correspondencia, hace notar la necesidad de realizar una revisión sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional y las condiciones que se deben garantizar atendiendo a sus altas funciones, las que indudablemente deben iniciar por el análisis del vigente sistema de elección de sus magistrados. Ciertamente, la elección de los magistrados no ha sido en la experiencia peruana un proceso armonioso con la trascendental labor que este órgano comporta para la institucionalidad de la supremacía constitucional. A ello, debe sumarse la situación actual de renovación de magistrados, que además de exceder todo período regular, viene siendo materia de un replanteamiento en cuanto al procedimiento. Sin embargo, aun cuando se han producido algunos cambios al procedimiento de la elección, persisten los problemas que no permiten una designación democrática y oportuna. No existen en la actualidad las condiciones necesarias para asegurar un Tribunal Constitucional conformado por magistrados dotados de plena independencia y autonomía acorde con sus prioritarias funciones. En tal sentido, la presente investigación desarrolla los principales aspectos teóricos que determinan que el modelo de control constitucional peruano tiene como órgano central al Tribunal Constitucional, cuyos integrantes determinarán la eficacia de los principios elementales del Estado Constitucional de Derecho: la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. De esto, se reconoce que para garantizar dicha posición prioritaria debe partirse por asegurar un adecuado sistema de elección, cuyo estudio comprende diversos aspectos: procedimiento legislativo, órgano encargado de la elección, número de miembros, período del mandato y requisitos vinculados con la especialización y la trayectoria democrática. Con base en la experiencia práctica, se analiza y se concluye que el actual sistema de elección de magistrados constitucionales en el Perú no es coherente con el desarrollo de un proceso imparcial y objetivo, situación que es lesiva del principio – derecho del debido proceso que debe ser garantizado en todos los niveles, tal como la propia jurisprudencia constitucional lo ha establecido. En efecto, de acuerdo con los antecedentes nacionales en materia de elección de miembros del Tribunal Constitucional, la Comisión Especializada del Congreso no tiene parámetros normativos definidos para desarrollar sus funciones, habiendo ejecutado hasta la fecha un trabajo informal, poco transparente y ampliamente subjetivo, desplazando a la evaluación curricular y la trayectoria personal a un plano no decisivo, generando además, maltratos y acciones contrarias a la buena fe de los candidatos, que en muchos casos son juristas de reconocido prestigio. Asimismo, el actual procedimiento de designación desarrollado en el Pleno del Congreso de la República es la expresión categórica de un sistema de privilegio de intereses partidarios, contrarios a las misiones constitucionales del alto tribunal. La investigación determina que el desorden y la falta de predictibilidad en la elección contribuyen a la persistencia de los conflictos entre el Tribunal Constitucional y diversos órganos públicos, afectando no solo su legitimidad sino, peor aún, la ineficacia de sus decisiones jurisdiccionales; situación que resulta ampliamente grave. En esa línea de ideas, presentamos una detallada revisión de los procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional regulados en otros sistemas jurídicos y el ambiente en el que se desarrollan, lo que permitirá entender las deficiencias de nuestro sistema de designación y las propuestas adecuadas de reforma. Finalmente, el trabajo pretende ser un aporte desde las líneas de investigación histórica y comparativa, a una discusión vigente y de vital importancia para el Estado de Derecho Constitucional: la correspondencia entre la jurisdicción constitucional y el principio del debido del proceso. Luego de estudiar y analizar las bases teóricas de la naturaleza del Tribunal Constitucional, la regulación y los antecedentes de los procesos de elección de magistrados constitucionales en nuestro país, así como revisar los modelos correspondientes del Derecho Comparado; se pudo concluir en una estimación real de la hipótesis planteada, cual es que el actual modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional peruano no es adecuado para garantizar un proceso imparcial. / Tocouple of the widespread recognition of the society the task of the Constitutional Court, we are witnesses, not since shortly after, the constant questions to his work, which have an impact in attacking their autonomy even by powers of the State as the Congress or the judiciary. This lack of correspondence, noted the need for a review on the nature of the Constitutional Court and the conditions that must be guaranteed according to its high functions, which should certainly start by the analysis of the current system of election of its judges. Certainly, the election of the judges has not been in the Peruvian experience a harmonious process with the momentous work of this body behaves for the institutionalization of constitutional supremacy. The current situation of renewal of magistrates, which also exceeded all regular period, has been subject of a re-think in terms of the procedure must be added thereto. However, toa when there have been some changes to the procedure of the election, problems that do not allow a democratic and timely designation persist. There are currently no conditions necessary to ensure a constitutional court composed of judges with full independence and autonomy in accordance with its priority functions. In this sense, this research develops the main theoretical aspects that determine the Peruvian constitutional control model has as a central body to the Constitutional Court, whose members will determine the effectiveness of the elementary principles of the constitutional state of law: the supremacy of the Constitution and the protection of fundamental rights. This, it is recognized that to ensure such priority position should start by ensuring an adequate system of choice, whose study covers various aspects: legislative procedure, the Agency in charge of the election, number of members, period of the mandate and requirements associated with the specialization and the democratic path. Based on practical experience, discussed and it is concluded that the current system of election of the constitutional judges in the Peru is not coherent with the development of a fair and objective process, situation which is harmful from the beginning - right of due process that must be guaranteed at all levels, such as own constitutional jurisprudence has established it. Indeed, in accordance with the national record of election of members of the Constitutional Court, the specialized Commission of Congress has normative parameters defined to develop their functions, having executed to date informal, non-transparent and widely subjective work displacing the curriculum evaluation and personal path to a plane not decisive, in addition, generating violence and actions contrary to the good faith of the candidateswhich in many cases are jurists of recognized prestige. Also, the current designation procedure developed in the plenary of the Congress of the Republic is the expression of the categorical system of privilege of interest supporters, contrary to the constitutional mission of the High Court. The investigation determines that the disorder and lack of predictability in the election contribute to the persistence of the conflict between the Constitutional Court and various public bodies, affecting not only its legitimacy but, worse still, the ineffectiveness of its jurisdictional decisions; situation that is widely serious. In that line of ideas, we present a detailed review of the process of election of judges of the Constitutional Court regulated in other legal systems and the environment in which develop, allowing you to understand the shortcomings of our system of designation and the appropriate reform proposals. Finally, the work is intended to be a contribution from research historical and comparative, to a current discussion and of vital importance to the rule of constitutional law: the correspondence between the constitutional jurisdiction and the principle of the due process. After studying and analyzing the theoretical basis of the nature of the Constitutional Court, the regulation and the background of the process of election of the constitutional judges in our country, as well as review the various models of comparative law; could be conclude in a real estimation of the hypothesis, which is that the current model of election of judges of the Peruvian Constitutional Court is not suitable to guarantee a impartial process.

La explicación de los precedentes vinculantes en el ordenamiento constitucional peruano importa una labor en la cual se avizoran distintos contextos: de un lado se ha ido afianzando como categoría normativa dentro del sistema de fuentes que comunica la jurisdicción constitucional peruana y de otro lado, ha distinguido una estructura de suma polémica entre los jueces del Poder Judicial, en tanto se ha avispado su carácter de coerción y restricción como categoría sui generis respecto de la interpretación jurídica en general. Pese a este pormenor, suele afirmarse persuasivamente, que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes; sin embargo, no siempre quedan claros los alcances y matices de esta expresión. La presente investigación científica cualitativa está estructurada en tres partes. La primera parte dedicada a la interpretación constitucional y el neoconstitucionalismo como un nuevo modelo institucional del derecho. La segunda parte está dedicada a la teoría argumentativa general del precedente vinculante y sus aspectos conceptuales básicos. Y finalmente, la tercera parte de la tesis se denomina: exploración al precedente constitucional vinculante a partir de la exégesis del Código Procesal constitucional y la interpretación del Tribunal Constitucional peruano: marco legal y jurisprudencial. En definitiva, la visión del TC se deduce de toda una doctrina muy presente en la literatura jurídica contemporánea denominada neoconstitucionalismo, que se refleja en la llamada constitucionalización del ordenamiento jurídico. / Tesis

Manifiesta como el control de constitucionalidad difuso, poder y deber de los órganos jurisdiccionales del Estado ha sido desnaturalizado por el intérprete supremo de la Constitución peruana al menos en dos aspectos que son objeto de este trabajo cuando decidió que dicha potestad es extensiva a órganos y tribunales de la Administración Pública adscritos al Poder Ejecutivo y cuando fijó que su ejercicio debe estar condicionado a la acreditación de perjuicio y a la invocación de parte. Desarrollamos el carácter de poder-deber y la naturaleza eminentemente jurisdiccional del control de constitucionalidad difuso, a partir de comprender sus principales fundamentos históricos y jurídicos que dieron origen a esta institución del derecho constitucional, desde su adopción en Inglaterra hasta su desarrollo brillante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los cuales nos permiten confrontar las decisiones emitidas por nuestro Tribunal Constitucional así como de autores y académicos, en relación a los aspectos cuestionados. A partir de una interpretación válida de la Constitución y sus disposiciones respectivas, sustentamos el control de constitucionalidad difuso como poder-deber y su naturaleza eminentemente jurisdiccional, resultando impropio que la misma sea reconocida como atributo de otros poderes públicos y órganos distintos a los que integran el poder jurisdiccional del Estado. / Tesis

El presente trabajo tiene como aspecto central, la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional. No obstante lo expuesto, era necesario articular un contexto, un conjunto de aspectos previos, necesarios para finalmente observar y analizar lo que en la actualidad sucede entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través del acontecer de la sentencia 006-2006-PC/TC. Dichos aspectos previos considerados en el derecho y política comparada - como determinar históricamente la aparición del principio de la división de poderes, la función que cumple el Poder Judicial, el origen de la justicia constitucional, la aparición de un distinto poder constituido como el Tribunal Constitucional y cómo afecta esta aparición en la histórica tripartita existencia de poderes(ejecutivo, legislativo y judicial), y, asimismo, preguntarnos sobre si existe una distinta función de los jueces si estamos ante un Estado Legal o Estado Constitucional del Derecho – eran necesarios para desprender de su tratamiento una idea de si en otras realidades había sucedido o sucedía algo parecido con lo que acaecía en nuestro país. Asimismo, resultaba también necesario contextualizar sobre bases históricas y jurídicas referidas a nuestro país, lo que finalmente desembocaba en la sentencia antes dicha, es decir, la determinación de los términos de la relación en nuestro país del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial como poderes constituidos. Asimismo, si el modelo de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución peruana era la fuente de los conflictos o si, muy distintamente, el origen de las fricciones entre ambos poderes constituidos era una actitud invasiva del Tribunal. / Tesis

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